En la última Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, en diciembre de 2017, un grupo de países, entre los que se encontraba el Perú, suscribieron una Declaración Conjunta resaltando la importancia de preservar y fortalecer el sistema multilateral de comercio, incluyendo su mecanismo de solución de diferencias (WT/MIN(17)/53). Esa sería una de las primeras expresiones que anticiparía lo que a todas luces ha devenido en la profundización de la crisis del sistema multilateral de comercio.

A fin de colocar en contexto a la referida Declaración Conjunta, cabe destacar una serie de hechos que son el punto de partida de la actual tendencia hacia el proteccionismo económico.

El más antiguo de esos hechos se remonta a la carta del 30 de enero de 2017 (USTR, https://bit.ly/2JAlek4), mediante la cual Estados Unidos manifiesta su intención de no ser parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Aproximadamente tres meses después, el 29 de marzo de 2017, Reino Unido formaliza su salida de la Unión Europea, mejor conocida como “Brexit” (Consejo Europeo, https://bit.ly/2DmcZZM). Seguidamente, el 18 de mayo de ese año, el Presidente de los Estados Unidos notifica al Congreso de ese país su intención de renegociar y modernizar el TLCAN (USTR, https://bit.ly/2qAGey0), la cual es finalmente aceptada el mes siguiente.

Esos tres eventos no pueden considerarse aisladamente, pues involucran a los más importantes actores del comercio internacional optando por acciones drásticas frente a la crisis recesiva mundial. Ese tipo de aproximación alentó una escalada de tensiones comerciales en el mundo, la que ha derivado en la llamada “guerra comercial”, con graves resultados para el sistema multilateral de comercio.

Cabe precisar que la “guerra comercial” solo ha profundizado una crisis que era evidente en la OMC. Desde el inicio de la Ronda de Doha en el año 2001, no ha habido mayores avances en la regulación de temas pendientes (como agricultura, subsidios a la pesca, prácticas antidumping, propiedad intelectual y salud pública), ni mucho menos en temas actuales del comercio internacional (economía digital, coherencia regulatoria, medioambiente y comercio).

En ese sentido, aquellos miembros de la OMC que comparten un mismo ideal hacia la mayor liberalización del comercio (“like-minded countries”) han encontrado espacios de negociación fuera del sistema multilateral para atender sus requerimientos. Una muestra de ello ha sido el TPP, ahora rediseñado como Acuerdo Comprehensivo y Progresivo Transpacífico (CPTPP), así como la Alianza del Pacífico.

Inicialmente, esta “guerra comercial” fue producto de la insistencia del gobierno de los Estados Unidos sobre la necesidad de reformar a la OMC, a fin de que esta haga frente de manera eficaz las crisis económicas, manifestando su malestar a través de dos acciones concretas:

  1. i) El bloqueo a la designación de nuevos miembros del Órgano de Apelación, el cual lleva ya más de un año.

Durante el año 2017, el mandato de tres (3) de los siete (7) miembros de ese ente han vencido y el de un cuarto miembro culmina este mes septiembre de 2018.

Estados Unidos considera que la labor de ese ente cuasi-jurisdiccional excede sus funciones distorsionando las preferencias y obligaciones acordadas por los miembros de la OMC en la Ronda de Uruguay en su labor interpretativa.

Esta falta de nombramiento quiebra el pleno funcionamiento del Órgano de Apelación, el cual se ve imposibilitado de analizar los casos pendientes y emitir reportes sobre la actual situación de intensificación de la carrera proteccionista de las grandes economías mundiales.

Precisamente, dado que a los Estados Unidos no le convendría que se recomiende la modificación de sus medidas por atentar contra las normas de la OMC, no se avizora una solución a mediano plazo para ese bloqueo.

  1. ii) La imposición de medidas adicionales al acero (25%) y el aluminio (10%), entre otras importaciones (lavadoras para uso doméstico, células fotovoltaicas de silicio y cristalino), desde marzo de 2018, amparado en la excepción de seguridad nacional del artículo XXI del GATT de 1994.

El objetivo de los Estados Unidos con las referidas medidas es contrarrestar el alegado déficit comercial que ese país tendría con China; sin embargo, al ser una medida de alcance general, sus efectos repercuten en las industrias nacionales de Canadá, la Unión Europea, México, India, Turquía, entre otros.

Sobre el particular, China considera que las medidas estadounidenses configurarían medidas de salvaguardia, por lo que, junto con los anteriormente mencionados países han impuesto medidas “retaliatorias” (suspensión de concesiones y preferencias arancelarias, por ejemplo) de igual magnitud (“sustancialmente equivalente”) en perjuicio de diversos productos de exportación que resultan clave para los Estados Unidos, principalmente, en los sectores agrícola, automotor y construcción.

Asimismo, tanto Estados Unidos como todos aquellos miembros de la OMC afectados con las medidas estadounidenses (China, Canadá, India, México, Noruega, Rusia, Suiza, Turquía y la Unión Europea) han solicitado la celebración de consultas al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, en una ola de acusaciones de ambos bandos, basadas en el supuesto incumplimiento de sus obligaciones del GATT de 1994.

De conformidad con el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (anexo 2 de los acuerdos abarcados de la OMC), las partes tienen sesenta (60) días para llegar a una solución acordada desde el inicio de la celebración de consultas. De no lograrlo, podrán solicitar al OSD la constitución de un Grupo Especial que resuelva la diferencia en un plazo formal de seis (6) hasta nueve (9) meses, pero que en la realidad puede extenderse por varios años.

De obtenerse un reporte, este puede ser apelado ante el mencionado Órgano de Apelación con un plazo formal similar que en la etapa previa, pero dada la situación de estancamiento de dicho ente, las probabilidades de tener un reporte conclusivo del caso con la posibilidad de hacer valer el derecho de la OMC son muy bajas.

Recientemente, el 25 de julio de 2018, Estados Unidos y la Unión Europea acordaron desacelerar la escalada arancelaria, obligándose a no crear nuevas medidas, pero manteniendo las existentes. Lamentablemente, esta iniciativa es aún muy limitada en comparación con la posibilidad de que el proteccionismo se extienda a los países en desarrollo con consecuencias inciertas para aquellos que, como el Perú, buscan mayores mecanismos de apertura comercial.

*Las ideas expresadas en el artículo son propias y no vinculan a las instituciones en las que trabajo.