Es fácil perder la perspectiva ante el enjambre de acuerdos surgidos del II Gabinete Binacional Perú-Chile, realizado en Santiago el 27 de noviembre. Proyectos, intercambios de buenas prácticas y programas piloto en materias amplias de acceso de productos, propiedad intelectual, promoción de inversiones, salud pública, calidad educativa, vivienda y urbanismo, transportes y obras públicas, cooperación contra el narcotráfico y la trata de personas, entre muchos otros; o en materias más circunscritas de coproducción audiovisual, administración penitenciaria, desminado humanitario, turismo fronterizo, cooperación sur-sur conjunta, operaciones de mantenimiento de la paz o incluso protección de la ballena franca austral.

Sin embargo, de esa profusión emerge una evidencia: la coyuntura internacional y nacional reciente de ambos países ha impuesto una nueva complicidad peruano-chilena. En la escena mayor: la desaceleración del crecimiento mundial, el proteccionismo estadounidense; la compleja oferta china de integración supraregional; la retracción del multilateralismo comercial y ambiental; los riesgos muy similares ante el cambio climático y los desastres naturales; y en la escena más cercana: la inminente realineación diplomática y reapertura del mercado brasileño; la persistencia de la crisis argentina; la regresión institucional y humanitaria venezolana; las nuevas prioridades comerciales colombianas y mexicanas; y el interregno electoral boliviano; entre otras evoluciones. En la intersección de estos vectores lejanos y cercanos, Perú y Chile se aproximan al mundo desde puntos de vista muy parecidos.

No es casual que, en esa coyuntura, se profundice la integración económica vecinal, se multiplique el comercio y las inversiones recíprocas, se dinamicen las conversaciones del llamado 2+2 y las rondas de las instituciones armadas de ambos países y, por supuesto, se consolide el mecanismo de gabinetes binacionales, esa invención diplomática sudamericana en la que el Perú se distingue por la antigüedad y cantidad de sus esquemas vecinales.

Para quienes, por nuestras funciones, conocemos más de cerca el gabinete peruano-chileno, resulta notable comprobar cómo, desde su inicio en julio del 2017, el encuentro personal de presidentes y ministros ha desencadenado una dinámica de rendición de cuentas, de sana competencia sectorial y de pro-actividad general entre funcionarios de nivel alto y medio, la cual, como ha escrito recientemente El Mercurio, ha sido facilitada por “el profesionalismo de las Cancillerías y de los embajadores” en ambas capitales y se traduce este año en 14 instrumentos suscritos y 163 compromisos asumidos entre los distintos ministerios.

Entre esos compromisos, varios se enfocan a la administración de la relación en el corto y mediano plazo, muchos de ellos en proceso de cumplimiento, así como otros todavía pendientes y de gran interés público, como el acuerdo de reconocimiento de estudios, grados y títulos; la aplicación del acuerdo de reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir; o la definitiva eliminación del roaming telefónico entre ambos países.

Pero entre la plétora de compromisos también hay algunos que proyectan, incluso en modo incipiente, una mirada de largo plazo. Entre estos destaca la visión de una agenda de productividad y competitividad para las macro-regiones costeras del sur peruano y norte-chileno, que puede transformar la relación política y económica vecinal con oportunidades de integración en infraestructuras y cadenas de valor minera y agro-exportadora. Al mismo tiempo, se abre sin duda el potencial de la interconexión eléctrica entre Tacna y Arica, cuyo marco financiero y regulatorio se espera despejar el próximo año, y que puede ser vista en el marco más amplio del abaratamiento notable de las energías renovables y de la consiguiente oportunidad de desalinización de agua de mar que, en la desértica costa peruano-chilena, anuncia una revolución agrícola y social para los dos países en las próximas décadas. En ese contexto, cobran también pleno sentido las etapas sucesivas de la facilitación fronteriza de personas, cargas y vehículos, así como el eventual establecimiento de un sistema de control migratorio expreso y mecanizado para los residentes de Tacna y Arica.

Al vislumbrar todas estas perspectivas, la relación inter-estatal peruano-chilena se puede tal vez dirigir hacia esquemas de integración más intensivos y prospectivos, por ejemplo en materia de planificación de la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria e intermodal, y el desarrollo de plataformas logísticas, digitales y productivas con proyecciones al Pacífico y al hinterland sudamericano.

Sin embargo, para ser completa, la visión del largo plazo no puede pasar por alto la dimensión simbólica, marcada por las memorias que unen y separan a peruanos y chilenos y que, al pervivir en la sicología popular de ambos países, con contenidos distintos, arriesgan siempre con afectar la relación bilateral. Por eso, seguramente, la sostenibilidad de la actual cercanía política y económica entre los dos Estados dependerá también de un incremento radical de escala en la promoción cultural recíproca, para poner en valor el patrimonio ancestral compartido y acentuar la curiosidad por el arte y pensamiento actuales de ambas sociedades. En ese sentido, el futuro tal vez apela asimismo a un nuevo diálogo institucional e intelectual sobre el mestizaje contemporáneo y la educación intercultural, tema que sigue definiendo la evolución cívica peruana y que, a su vez, se vuelve crucial en Chile por la persistente crisis araucana. En fin, la sostenibilidad de la cercanía peruano-chilena exige seguramente también la promoción de discursos constructivos y el combate de discursos destructivos en las redes sociales y los medios de comunicación, con especial atención en el modo en que los jóvenes de ambos países se conocen, se vinculan e imaginan su futura vecindad.