Venezuela ha estado tradicionalmente catalogada como “país puente” en relación al tráfico de drogas. Por su posición geográfica estratégica fue utilizada por mafias internacionales y algunas operaciones menores de origen local, siempre contando con la cocaína proveniente de Colombia. Pero ese esquema comenzaría a transformarse a partir de 1999.

Unos meses después de asumir por primera vez la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez convoca al Ministro de la Defensa, General Raúl Salazar, a una reunión informal en la residencia del entonces canciller, José Vicente Rangel. Salazar era un alto oficial respetado dentro de la institución castrense, por rango y jerarquía le correspondía la cartera de Defensa; mientras que Rangel fue un veterano político de izquierda y periodista, varias veces candidato a la presidencia. Luego de palabras preliminares y servirse unos tragos, el canciller entra en materia y expone que la relación con Colombia debe revisarse a fondo, comenzando por eliminar los planes y protocolos de las fuerzas armadas venezolanas que consideraban como hostiles y enemigos a los grupos subversivos de las FARC y el ELN del vecino país. El general Salazar escucha en silencio, no dice una palabra y se retira.

Al día siguiente, se presenta en el Palacio de Miraflores y pide ser recibido de urgencia por el Presidente Chávez. Le entrega un sobre cerrado. El presidente le sonríe, no abre el sobre, le pregunta al alto oficial qué contiene la carta. El general Salazar le explica que él no puede ni aprobar ni instrumentar la propuesta del Canciller José Vicente Rangel y por eso presenta su renuncia.

El presidente Chávez estalla en una sonora carcajada, toma el sobre y lo rompe, mientras exclama: “Raúl, esas son vainas de José Vicente… No te preocupes. Tu eres mi ministro de la defensa y lo seguirás siendo”.

Venezuela está en efervescencia política, en pleno proceso constituyente. El asunto queda olvidado. Sin embargo, unas semanas después, el Presidente Chávez declara que Venezuela será “neutral” frente al conflicto colombiano, equiparando así a los grupos guerrilleros con el gobierno de Bogotá. Una vez concluidas diversas elecciones inherentes al proceso constituyente y fortalecida su autoridad y popularidad, el Presidente Chávez designa a José Vicente Rangel como el primer ministro de la Defensa “civil” de la historia. El general Raúl Salazar pasa a retiro. Desde su nueva cartera, Rangel se encarga de ir dando paso a paso las medidas para que la guerrilla colombiana ya no sea considerada como el “enemigo” por las fuerzas armadas venezolanas. Un proceso delicado, minucioso, que incluirá también los cuerpos policiales y organismos de inteligencia.

Al cambio de concepción de estrategia militar pronto se añadirán los acuerdos secretos con las FARC para que la cocaína que ya comenzaba a controlar para esos años el grupo terrorista pudiera tener en Venezuela ruta franca y sirviera de herramienta para “debilitar” a la sociedad estadounidense y de paso, generar recursos para continuar y profundizar el conflicto armado en Colombia.

El presidente Chávez permitió que altos oficiales se “ensuciaran las manos” y se hicieran escandalosamente ricos sirviendo de intermediarios en estas operaciones, pero de ese modo aseguraba sus lealtades y debilitaba la institucionalidad castrense venezolana.

En el 2005 Venezuela no renueva los tratados de cooperación con los Estados Unidos y la DEA es expulsada del país.

Durante varios años, hasta el 2008, el traficante venezolano Walid Mackled, sirvió de gestor y promotor. Conocía a los oficiales corruptibles, tenía contacto con los carteles mexicanos. Pero luego ya no fue necesario, se convierte en un personaje incómodo y se le persigue. Pero los altos oficiales comprometidos en operaciones de narcotráfico, a los que ya se venían llamando localmente como “Cartel de Los Soles”, habían aprendido y no lo necesitaban.

Entre el 2008 y el 2010, como ministro del Interior Tareck El Aissami se asegura de perseguir, encarcelar o deportar a todos los capos que operaban en Venezuela que no fueran miembros o socios de las FARC, eliminando así toda la competencia.

Los militares corruptos asociados al narcotráfico por sus funciones en puertos, aeropuertos, fronteras, radares, patrullaje naval o inteligencia, al rotar a otros cargos desean y necesitan mantener sus altísimos ingresos y así propagan la corrupción y operaciones criminales a otras áreas como el contrabando masivo de gasolina, el llamado “Arco Minero” en el sur del país, las cárceles, las tierras y empresas nacionalizadas por el gobierno, los alimentos, medicinas y otros productos o servicios subsidiados por el Estado.

La izquierda históricamente participó en dos grandes áreas de la sociedad civil venezolana: las universidades públicas y el sector cultural. Durante la segunda presidencia de Rafael Caldera, en 1994, accede a algunos ministerios y cargos públicos. Pero para las siguientes elecciones apoya con entusiasmo al joven militar golpista Hugo Chávez. Pero pronto, al ir descubriendo la naturaleza poco democrática del “comandante”, muchos se irán separando y distanciando. Así, al morir el presidente Chávez en 2013, los que heredarán el gobierno serán sus más leales partidarios, hombres de pocos principios éticos, morales y ya corrompidos, acostumbrados a enriquecerse y abusar del Poder y sometidos al tutelaje político de La Habana.

En el 2013 informes de Naciones Unidas alertan que el 51% de la cocaína que llega a los Estados Unidos o a Europa sale de Venezuela.

Ese mismo año, el ahora Presidente Nicolás Maduro inicia una curiosa política de “Zonas de Paz” en sitios en donde operaban grupos delictivos. Estos dejarían las actividades criminales para dedicarse a tareas “socio-productivas” con el apoyo del Estado y bajo la condición de que a esas “Zonas de paz” no entrarían cuerpos policiales. Los delincuentes no cumplieron y aprovecharon para fortalecerse y convertirse en “Megabandas” con territorios a los que ahora controlaban y rápidamente comenzaron a aplicar en ellos la extorsión y la venta local de droga.

A partir de 2015 el gobierno comienza una represión brutal y selectiva hacia las “Megabandas” eliminando a muchos de sus jefes y de paso obligándolos a abastecerse en drogas para vender en sus territorios solo a través de algunos proveedores, intentando así asegurar también el control del menudeo.

Los acuerdos de paz firmados en Colombia y el nuevo rol de las FARC como partido político abren interrogantes sobre el devenir del narcotráfico en Venezuela. Los sembradíos de coca han alcanzando cifras sin precedentes en Colombia y especialmente en el Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela. La caída de los precios petroleros y la crisis social, económica, política, migratoria y generalizada están alcanzando en Venezuela extremos de desesperación. Altos oficiales corruptos siguen usando las facilidades que brinda el país para sus operaciones de tráfico de cocaína. El ELN tiene una alta y fuerte penetración en amplios territorios del sur del país, especialmente en el estado de Bolívar. Las sanciones aplicadas por Washington, Canadá y la Unión Europea han golpeado duramente las finanzas y operatividad del gobierno de Nicolás Maduro que busca desesperadamente recursos para cubrir los costos y gastos que implican su permanencia en el Poder.

Parecen estar sembradas las bases de una reconfiguración del tráfico de cocaína y quizás hasta de producción o procesamiento en el que Venezuela, de continuar todo igual, podría desempeñar un papel de aún mayor importancia y convertirse en algo más que en un puente o autopista del narcotráfico.