Panorama Mundial

Después de dos años y medio, el conflicto sirio ya ha causado alrededor de cien mil muertos y millones de civiles desplazados tanto internamente como en países vecinos como Turquía y Jordania. Lo que comenzó como una ola de protestas contra el autoritarismo del régimen de Bashar al-Assad y en denuncia de las precarias condiciones socio-económicas a raíz de la liberalización económica en el país árabe a partir de 2000, se ha convertido en una atroz guerra civil sin esperanzas de solución a corto plazo. Dos causas principales explican el curso de este conflicto.

En primer lugar, como es sabido, la sociedad siria está profundamente dividida por razones tanto étnicas como religiosas: aproximadamente sesenta por ciento de la población es de tendencia sunita del islam, mientras que el otro cuarenta por ciento pertenece a las minorías alauita, kurda, ismaelita y cristiana, entre otras. Desde la llegada al poder de los al-Asad (un clan alauita) en 1970, las funciones claves del régimen han estado en mano, aunque no exclusivamente, de estas minorías. El miedo de las minorías a perder el control del aparato estatal ante una insurgencia mayoritariamente sunita, explica no sólo el apoyo a al-Asad entre una parte considerable de la población, que dura hasta hoy, sino también la relativa coherencia del régimen en general y las fuerzas armadas en particular – contrariamente a lo sucedido en Túnez o Egipto, donde los militares se solidarizaron con los manifestantes desde un inicio. En este sentido, la crisis siria, al igual que en Iraq, ha originado un creciente sectarismo de la sociedad según la procedencia étnica y la fragmentación del país en, grosso modo, tres zonas: el occidente bajo control gubernamental, una zona central-noroccidental dominada por grupos sunitas –entre ellos los salafistas– y una pequeña región en el nordeste, controlada por milicias kurdas – incluido el PKK turco.

En segundo lugar, el conflicto sirio coincide con la existencia de tres agendas internacionales, simultáneas aunque no necesariamente convergentes: una agenda geo-estratégica de Estados Unidos, una agenda económica de Europa y una agenda religiosa de ciertos países del Golfo.

Primero, Siria entró en el denominado big game post-guerra fría, que consiste básicamente en los intentos estadounidenses de impedir la emergencia de cualquier potencia regional en Eurasia: después de Serbia en los años noventa e Iraq a inicios de la década pasada, ahora la política de Washington en la zona está orientada a evitar el surgimiento de Irán como actor regional, país aliado de Siria desde hace décadas y, paradójicamente, con una creciente influencia en el Medio Oriente y Asia Central después de las invasiones estadounidenses en Afganistán e Iraq, respectivamente. Ante el reducido entusiasmo de la administración de Obama para invadir a Irán – algo aún menos justificable luego de la elección del reformista Rouhaní en Teherán – sólo quedan medidas indirectas para combatir la influencia internacional de esta nación, entre ellas un conflicto por proxy como el sirio. Un cambio de régimen en Siria además significaría un golpe duro para Rusia y los demás países del llamado eje revisionista (entre ellos, China, los países bolivarianos y los miembros “progresistas” de la Liga Árabe, tales como Argelia y Líbano), que comparten un interés en el establecimiento de un orden mundial multipolar.

Segundo, aunque Siria no es un importante exportador de hidrocarburos, sí es un país clave en el trazado de un gasoducto planificado desde los yacimientos de South Pars/North Dome, ubicados en el Golfo Pérsico, hacia Europa. Por el momento Catar ya está exportando una parte de este gas natural por vía marítima (por el Estrecho de Ormuz), lo que lo vuelve muy vulnerable frente a Irán. Sumada al proyecto de Nabucco entre Azerbaiyán y Austria, dicha tubería sería crucial para los europeos (sobre todo Alemania) en sus intentos de disminuir la dependencia de hidrocarburos provenientes de Rusia.

Por último, el conflicto sirio, tal como durante la guerra civil en Libia, ha sido aprovechado por las monarquías (sunitas) del Golfo, no sólo para disminuir la influencia del eje chiita, sino para desestabilizar las últimas repúblicas laicas que quedan en la región. Mientras que países como Catar y Kuwait, juntos con Turquía, han optado por un apoyo a la Hermandad Musulmana, de perfil más moderado, Arabia Saudita ha apostado por una política ya conocida de financiamiento de salafistas; combatientes extranjeros con amplia experiencia de lucha en países como Afganistán, Argelia, Bosnia, Chechenia o Libia. Según algunos analistas, aproximadamente un cuarto de la oposición armada pertenecería a esta tendencia radical. La presencia de estos combatientes en Siria llevó a serias tensiones dentro de la oposición armada – por ejemplo los enfrentamientos continuos entre salafistas y kurdos –, y complicó además un eventual suministro directo de armamento a la oposición desde el Occidente.

A pesar de algunas victorias recientes del régimen de al-Asad, un pronto fin a las hostilidades parece poco probable – aún menos cuando la Unión Europa, bajo el impulso de Francia y del Reino Unido, tomó la decisión de levantar el embargo de armas en mayo de este año. Así las cosas, Siria está en camino a convertirse en otro Estado fallido más de la región, fácil de manipular por las potencias, y un refugio ideal para el terrorismo transnacional y el tráfico ilícito de armas, droga y personas…

Hacia finales del mes pasado, el gobierno israelí y la Autoridad Nacional Palestina, anunciaron el restablecimiento de las negociaciones de paz, luego de que ambas abandonasen las conversaciones en el año 2010. Por este motivo, desde fines de julio, ambas partes han venido reuniéndose en Washington para emprender nuevamente el difícil camino hacia una paz que, con el pasar de los años, se torna cada vez más elusiva. No obstante, las dos partes deberán hacer frente a los mismos problemas de fondo, que han venido ralentizando o estancando el proceso de paz durante décadas y que amenazan con agudizarse.

A diferencia de otras oportunidades, se han incluido como parte de la agenda programática la adopción de medidas para que el diálogo entre las partes sea más fluido o, no se corte intempestivamente. Para empezar, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció la decisión de liberar a poco más de un centenar de presos palestinos, que habían sido encarcelados previamente a la adopción de los acuerdos de Oslo en 1993. No obstante, las últimas decisiones que ha tomado ese mismo gobierno ponen en peligro esta nueva ronda de negociaciones.

Así, mientras los equipos negociadores se reunían en Washington, el gobierno israelí anunció la construcción de más de 1,000 nuevos establecimientos en la ribera occidental. Frente a ello, la reacción del gobierno palestino no se ha hecho esperar, mientras que la Autoridad Nacional Palestina, a través del portavoz Yasser Abed Rabo, mencionó que prevé “enormes dificultades” para las conversaciones luego de la decisión de Israel de crear nuevos establecimientos, agregando que la intención del gobierno israelí de poner todos los platos sobre la mesa al mismo tiempo (refiriéndose a los múltiples problemas limítrofes y políticos entre ambos) puede ser un intento por minar todo el proceso de paz. Por su parte, el gobierno de Al Fatah en la ribera occidental, ha señalado que el primer asunto que debe resolverse es aquel relativo a las fronteras del año 1967, que hasta ahora Israel se rehúsa a respetar (ya que ello impediría la construcción de nuevas viviendas y asentamientos para colonos israelíes) y que la Autoridad Nacional considera como requisito indispensable para negociar.A ello hay que sumar las declaraciones de Saeb Ekarat, negociador palestino de Al Fatah, quien ha mencionado que los nuevos asentamientos harán que la Autoridad Nacional Palestina deje la mesa de conversaciones, añadiendo que “Israel está haciendo insostenibles las negociaciones”.Estos nuevos asentamientos a ser construidos beneficiarían al partido político que forma parte de la coalición con el partido del primer ministro, nos referimos al partido HaBayit HaYehudi (El Hogar Israelí), de ultraderecha.

Posteriormente, el día 11 de agosto Israel anunció que iba a liberar un primer grupo de 26 palestinos, lo que se materializó al día siguiente.Sin embargo, paralelamente, el mismo 12 de agosto, el gobierno israelí autorizó la construcción de 2,300 asentamientos más, elevando la suma a cerca de 3,300, que se adentran cada vez más en el territorio palestino gobernado por Al Fatah.

Podría argumentarse que esta paradójica decisión de incrementar los asentamientos por parte de Netanyahu tuvo como finalidad conseguir el apoyo político de los opositores, para que estos voten a favor de la liberación de los presos palestinos.

Sin embargo, ello parecería estar mas bien demostrando el empoderamiento de la extrema derecha israelí y la debilidad política de Netanyahu, evidenciada en su aquiescencia respecto a las demandas de partidos extremistas, lo que dificulta considerablemente la puesta en marcha del nuevo proceso de paz, en medio de un resurgimiento del radicalismo religioso en Medio Oriente.

Esta situación podría complicarse aun más, tras el anuncio de la ultraderecha israelí que ha manifestado su deseo de edificar mas asentamientos el año próximo, poniendo en evidencia que las posibilidades de terminar el conflicto son cada vez más remotas. Desafortunadamente, todos los hechos apuntan a que esta será otra oportunidad perdida.

Un uso indebido de información clasificada, ha remecido los cimientos de los más pétreos sistemas políticos del mundo. Sin embargo, las filtraciones deliberadas de documentación secreta, como ocurrió con los Pentagon Papers en los Estados Unidos de fines de los sesenta e inicios de los setenta, a veces, suelen provocar cambios positivos en la búsqueda de otorgar más transparencia, legalidad y legitimidad a las controvertidas operaciones clandestinas, encubiertas o intrusivas de la inteligencia clásica.

Así, ante la crisis de las filtraciones deliberadas de los Pentagon Papers, realizada por Daniel Ellsberg, fueron creados en el Congreso de los Estados Unidos, a mediados de la década de los setenta, los Comités Selectos de Inteligencia en el Senado y en la Cámara de Representantes: Comités Pyke y Church, que se constituyeron en punto de partida de la fiscalización de unas siempre esquivas y díscolas agencias de inteligencia. Luego vendrían los patéticos Wilkileaks, del periodista australiano y activista de internet Julián Assange, para culminar en el reciente caso del tecnólogo e informático Edward Snowden, ex agente de la CIA, y tercerizado servidor de la discreta, escaso conocida y criptógrafa NSA (Agencia de Seguridad Nacional), creada en 1952 por el mandatario Harry Truman, cuya exclusiva misión, llevada a cabo predominantemente por matemáticos y calculistas, son las comunicaciones o inteligencia de señales, SIGINT.

Snowden reveló harta información acerca de agresivos e invasivos programas de espionaje de alcance global, como el PRISM, justificados exclusivamente en el contexto de la guerra al terrorismo declarada por el gobierno de los Estados Unidos tras los atentados contra las torres gemelas de Nueva York el 2001, los mismos que se entienden en la lógica de un unilateralismo y realismo político, que sigue primando como el eje preponderante de las relaciones internacionales.

Es paradójico que en los Estados Unidos fuera promulgada, en años recientes, una amplia gama de legislación que prohíbe expresamente que personal de inteligencia extranjero realice cualquier tipo de actividad en territorio norteamericano, como la Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978, la controvertida Patriot Act de 2001, la Protect America Act de 2007, y la Amendiments Act de 2008.

De otro lado, la profusa información dada a conocer por Snowden es de tal envergadura que no basta, desde luego, el nimio y frugal pedido de “comprensión” efectuado por el Secretario de Estado norteamericano John Kerry en su visita a Brasil, teniendo al frente a su contraparte de Itamaraty, embajador Antonio Patriota, particularmente cuando los países más cercanos y confiables a Washington en la región (Brasil, México, Colombia y Perú), serían los más intensamente monitoreados por los fisgones programas norteamericanos de espionaje del siglo XXI.

Resulta saludable al menos, que el Presidente Barack Obama declare públicamente, ante los hechos conocidos gracias a Snowden, su intención de trabajar con el Congreso para dotar de más transparencia e información a los programas, y lograr un balance apropiado entre libertad y seguridad, lo que pasará forzosamente por un complicado escenario de búsqueda de consensos entre Poderes del Estado, demócratas y republicanos, establishment de la seguridad y activistas de derechos civiles, para revisar y modificar normas como el Acta Patriótica, específicamente la sección 215, en torno al tema de los registros telefónicos, y los alcances de otras instancias dedicadas a autorizar y realizar actividades de inteligencia en el extranjero.

Esperemos que esta iniciativa se plasme en una realidad, para resguardo de los derechos y libertades de los ciudadanos del mundo, y para el mantenimiento del respeto al Estado de derecho.

Siempre es difícil y complejo el iniciar un sistema democrático en un país con enraizadas costumbres autoritarias, como es el caso de los países árabes, pues no basta la realización de elecciones generales sino la utilización de mecanismos de participación directa o indirecta del pueblo y, sobre todo, un cambio profundo en la mentalidad de los diversos actores de la sociedad. Por esta razón, en las incipientes democracias es muy común que a la primera desavenencia con el gobierno elegido, el pueblo recurra a las fuerzas armadas, al ser una institución que representa orden y seguridad.

Esto fue lo sucedido en Egipto luego de que, en julio de este año, el pueblo decidiera apoyarse en sus fuerzas armadas al estar convencido de que el gobierno de un año de Mohamed Mursi —primer presidente elegido de ese país— no podía continuar en el poder por considerar que su actuar era poco democrático y que se había radicalizado en su contenido religioso. Así, desde las primeras declaraciones, el ministro de Defensa Abdel Fattah El Sissi señaló que este apoyo se daba para “ahorrar al país los estragos de una guerra civil” y aseguró que los militares no tendrían ningún papel en la política y que solo estaban cumpliendo un rol entregado por el propio pueblo. No obstante, es claro que el simple hecho de arrebatar el poder al primer presidente democráticamente electo y mantener el control del Estado era ya comprometer y arriesgar el corto camino recorrido por el pueblo egipcio hacia una real democracia.

Además, el entregar el gobierno a las fuerzas armadas egipcias significaba un retorno al antiguo régimen —liderado por Hosni Mubarak durante 30 años— contra el cual se había luchado en la llamada “primavera árabe”. Se debe recordar que, desde 1952, estas fuerzas han sido quienes verdaderamente han ostentado el poder en Egipto al controlar sectores importantes de la economía, poseer empresas que representan el 40% del PBI de ese país y recibir una parte importante de lo aportado económicamente por los EE.UU. al permitir el paso de los ductos de petróleo por su territorio; adicionalmente, estas fuerzas han estado tradicionalmente opuestas a los Hermanos Musulmanes, a quienes reprimieron desde los tiempos de Gamal Abdel Nasser, en los años cincuenta.

En este contexto, nada de lo sucedido a partir del 14 de agosto debió sorprendernos. El control violento de las legítimas protestas de la Hermandad Musulmana y de los simpatizantes del depuesto presidente Mursi, con más de 900 muertos y 3.500 detenidos, así como la persecución de los líderes de esta organización —quienes han sido calificados como terroristas por las nuevas autoridades—, solo nos confirma que el camino político en Egipto ha sido circular y que no se puede llegar a ningún resultado positivo si se compromete la legitimidad de sus gobernantes al apoyar un golpe de estado que, finalmente, es un golpe contra las propias decisiones del pueblo.

El resultado final de esta hipoteca es que hoy en día el pueblo egipcio está totalmente polarizado, se ha consolidado el rol intervencionista de las fuerzas armadas en la política de ese país, la mayoría de los inversionistas se han retirado y se ha desencadenado un estallido de violencia que pudiera llevar a Egipto a convertirse en un Estado anárquico.

Frente a esta situación, es evidente la limitada influencia de las grandes potencias en los hechos que puedan acontecer, quienes solo lanzan llamados a una reconciliación que cada vez se vuelve más lejana y costosa para su pueblo. Quizás la Unión Europea pueda lograr algún éxito en las negociaciones al ser considerado el interlocutor más imparcial, además de ser su mayor socio comercial y de donde procede la mayor parte de la inversión y apoyo no militar, así como el 80% de los turistas.

Incierto es, entonces, el futuro del país más grande de África y enlace desde hace más de 60 años entre el mundo árabe y occidente.