Panorama Mundial

Es innegable que la nueva política exterior que ha inaugurado el flamante inquilino de la Casa Blanca, en relación con el armamento nuclear, está generando un soplo de optimismo en este planeta invadido por la desorientación y la crisis financiera.

Desde la presencia del vice-Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Conferencia de Ministros de Defensa europeos en la hermosa y gótica ciudad de Münich, hace pocos días, donde portando una rama de olivo en una mano y la otra con la palma abierta para estrechársela a los rusos, indicaba un signo diferente al que habían tenido los antecesores de la administración norteamericana.

Posteriormente, la Secretaria de Estado Hillary Clinton ha tenido expresiones de inequívoco acercamiento a la República Popular China y hacia la Rusia de Dmitri Medvedev.

Pero para confirmar lo que habían manifestado sus adelantados, ahora el mismísimo Barack Obama, líder de una de las potencias nucleares del planeta, anuncia, tras su primer encuentro con el Presidente ruso Medvedev en Londres, que se va a iniciar una etapa singular, dirigida a reducir sus arsenales atómicos y desmontar algunas amenazantes panoplias que se cernían sobre nuestras cabezas.

Este reescribir la historia de Obama con el otrora “Imperio del Mal”, es una alentadora muestra del realismo político del presidente norteamericano. Todo esto en el marco de una crisis económica que aprieta a ambas naciones y en el que Obama ha propuesto a su par ruso cooperación para regular conflictos, erradicar ese jinete oscuro del Apocalipsis llamado terrorismo y estabilizar la economía mundial, lo que es sin lugar a dudas una importante muestra de responsabilidad de potencia.

Aunque se esperaba más del primer encuentro de los dos líderes, consideramos que el paso dado marca una tendencia que revierte las anteriores posiciones. Esta cumbre ha permitido que Obama y Medvedev se perciban y se aquilaten mutuamente y también para que establezcan agendas posteriores para reducir el armamento estratégico.

Sin embargo, como era de esperar, no todo tiene color de rosas. Algunas hipotecas alteran el crédito de estas dos naciones, una de ellas es el de la cooperación y asesoría nuclear de Rusia a Irán, considerada tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea, uno de los más agudos problemas para la seguridad colectiva del planeta. El otro tema, es el de la colocación de un escudo antimisiles en Polonia y la República Checa que los rusos lo perciben como una seria amenaza a su seguridad y un desafío a su soberanía. El tercer tema es el de la invasión rusa a Georgia que está íntimamente ligado al juego estratégico que se le da al material energético.

Uno de los logros de esta primera reunión, es la aceptación del Presidente norteamericano para un próximo encuentro en Moscú y donde todo parece indicar se negociarán puntualmente los contenidos para sustituir el acuerdo del START-1, que anteriormente fueron comentados por Putin y Bush, pero que no lograron concretarse. Se especula que los acuerdos podrían ir más allá de lo esperado, como el de la reducción de cabezas nucleares, como también de misiles portadores de su mortífera carga.

Tal vez el tema de Irán no sea abordado en esta oportunidad. Consideramos que los temas estrictamente de reducción del arsenal nuclear son tan “pesados”, que conviene sustraerlo de los otros temas, no sólo como una conveniencia de metodología política, sino como una forma de darle un perfil más claro a la materia y no se confunda con otras hipotecas.

Es posible que se limiten a hacer un llamado al gobierno de los “ayatolas” para que se acoplen al sistema internacional y restablezcan con ello la confianza que los ha aislado.

Un tema que sólo ha sido citado, pero que precisa de abrirle un espacio en la agenda, es el de Afganistán, país que la ex Unión Soviética invadió y estuvo empantanada, a punto de sufrir una derrota no sólo militar sino política, y que la OTAN considera que Rusia podría jugar un rol vital. La importancia reside en que Rusia por su acercamiento político con algunas naciones del Asia central y por su posición geoestratégica podría garantizar el suministro de pertrechos para las tropas ubicadas en este conflictivo teatro de operaciones.

Lo cierto es que todo este ajedrez político ha variado notablemente al ponerse una voluntad de solución a algunos problemas de la seguridad mundial, desde que Barack Obama está ocupando la sala oval de la Casa Blanca.

Con la asunción del nuevo gobierno del Presidente Obama en los Estados Unidos de América y con la celebración de la Cumbre de las Américas en abril de 2009 en Trinidad y Tobago, mucho se especula sobre si habrá un cambio en la política del gobierno norteamericano y, en particular, de la Organización de los Estados Americanos con relación a Cuba. Si bien es difícil prever algún cambio inmediato, el correr de los años ha hecho perder un poco la perspectiva de cómo se desarrollaron los hechos que condujeron a la suspensión del gobierno de Cuba del sistema, cuál es su situación jurídica actual y cuál es el camino para su eventual reinserción.

En noviembre de 1961, Colombia solicitó la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, en virtud del artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)[1], para considerar las amenazas a la paz y a la independencia política de los Estados Americanos que puedan surgir de la intervención de potencias extracontinentales encaminadas a quebrantar la solidaridad americana.[2] Dicha reunión se celebró en Uruguay, del 22 al 31 de enero de 1962, la que comprobó una intensificación de la ofensiva subversiva de gobiernos comunistas con el propósito de destruir las instituciones democráticas y establecer dictaduras totalitarias al servicio de potencias extracontinentales. Señaló además que los principios del comunismo eran incompatibles con los del sistema interamericano. Dicha Reunión estableció que el gobierno de Cuba había establecido un régimen político, económico y social fundado con los principios de la ideología marxista-leninista; y que aceptaba la ayuda militar de las potencias comunistas extracontinentales e inclusive la amenaza de intervención armada de la Unión Soviética en América. Estableció además que dichas vinculaciones eran incompatibles con los principios y normas que rigen el sistema regional y, en especial, el de seguridad colectiva; inhabilitaban al gobierno de Cuba para cumplir las obligaciones estipuladas en la Carta de la OEA y en el TIAR; quebrantaban la unidad y solidaridad del Hemisferio; y destruían la eficacia defensiva del sistema interamericano.

Con base en todo lo anterior, la Octava Reunión de Consulta resolvió que el gobierno de Cuba, como consecuencia de sus actos reiterados, se había colocado voluntariamente fuera del sistema interamericano; que al identificarse como un gobierno marxista-leninista, era incompatible con los principios y propósitos del sistema interamericano; y que dicha incompatibilidad lo excluía de su participación en el sistema interamericano. Resolvió asimismo suspender inmediatamente el comercio y tráfico de armas e implementos de guerra de cualquier índole con Cuba, y solicitó al Consejo de la OEA y a otros órganos y organismos del sistema interamericano que adopten las providencias necesarias para cumplir con estas decisiones.

Varios Estados miembros hicieron declaraciones escritas, y México dejó constancia de que, en su concepto, la exclusión de un Estado miembro no era jurídicamente posible sin la modificación previa de la Carta de la OEA. En febrero de 1962, el Consejo de la OEA decidió que quedaba establecido que el gobierno de Cuba había quedado excluido de su participación en el Consejo, sus Comisiones y sus Órganos.

Posteriormente, y a solicitud del gobierno de Venezuela, una Comisión designada por el Consejo de la OEA presentó un informe estableciendo que Venezuela había sido objeto de una serie de actos auspiciados y dirigidos por el gobierno de Cuba, encaminados abiertamente a subvertir sus instituciones y derrocar a dicho gobierno por medio de terrorismo, sabotaje, asaltos y guerrillas. Con base en dicho informe, la Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que se realizó en la sede de la OEA en julio de 1964 declaró que los actos comprobados por la Comisión Investigadora constituían una agresión y una intervención por parte del gobierno de Cuba en los asuntos internos de Venezuela, lo que afectaba a todos los Estados miembros, por lo que resolvió aplicar una serie de medidas de conformidad con el TIAR, a saber, que los gobiernos de los Estados americanos no mantengan relaciones diplomáticas ni consulares con el gobierno de Cuba, que interrumpan todo su intercambio comercial, directo o indirecto con Cuba, con excepción de los alimentos, medicinas y equipo médico que por razones humanitarias puedan ser enviados a Cuba, y que interrumpan todo transporte marítimo con excepción del necesario por razones de índole humanitaria. Asimismo facultó al Consejo de la OEA para que, mediante el voto afirmativo de dos tercios de sus miembros, deje sin efecto las medidas adoptadas, a partir del momento que el gobierno de Cuba haya cesado de constituir un peligro para la paz y la seguridad del Continente.

Cabe recordar que las sanciones contra Cuba en 1962 y 1964 no fueron aprobadas por unanimidad. Asimismo, a partir de 1970 varios países reasumieron relaciones económicas y/o diplomáticas con Cuba. En julio de 1975, algunos gobiernos dirigieron al Presidente del Consejo Permanente de la OEA una nota para que convocara a una sesión extraordinaria de dicho Órgano para la consideración de asuntos relativos a Cuba. El Consejo Permanente convocó a la Décimo Sexta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual resolvió dejar en libertad a los Estados parte en el TIAR para que de acuerdo con la política e intereses nacionales de cada uno, normalicen o conduzcan sus relaciones con Cuba al nivel y en la forma que cada Estado estimare conveniente. Si bien dicha resolución no levantaba las sanciones contra el gobierno de Cuba, dejaba en libertad a los Estados de aplicar o no dichas sanciones.

Desde la adopción de la Resolución VI de 1962, el gobierno de Cuba no ha participado en ninguna de las reuniones celebradas por los Órganos y organismos del sistema interamericano y tampoco la Secretaría General ha tenido contacto institucional con dicho Gobierno, salvo dos excepciones: la participación del gobierno de Cuba en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y las acciones que desarrolla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con relación a Cuba, basándose en el hecho de que Cuba no ha denunciado la Carta de la OEA y por lo tanto continúa obligado a respetar los principios contenidos en ella.

No obstante todo lo que a veces se afirma, Cuba sigue siendo un miembro de la OEA en virtud de su firma y posterior ratificación de la Carta de dicha Organización. Cuba en ningún momento denunció la Carta y por ende los Estados miembros de la OEA siguen siendo 35 y no 34, como a veces se señala. La Resolución VI adoptada en 1962 tampoco expulsó al Estado cubano de la OEA sino que excluyó al gobierno de Cuba de participar en el sistema interamericano, y ello en base a las estipulaciones del TIAR (no las de algún otro instrumento) que Cuba tampoco ha denunciado. Y tal como se decidió en la Novena Reunión de Consulta, el voto afirmativo de dos tercios de los Estados Parte del TIAR, a solicitud de uno de ellos, podría dejar sin efecto las medidas adoptadas con relación al gobierno cubano.

[1] El TIAR cuenta actualmente con 22 Estados parte. Perú lo denunció en 1990 pero retiró dicha denuncia en 1991. México lo denunció en 2002.

[2] El artículo 6 del TIAR establece que “si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Órgano de consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en case de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente.”

[*] “Funcionario de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las ideas expresadas son responsabilidad del autor y no reflejan la posición oficial de la OEA en la materia”

Luego de veinte años de ser gobernados por la Alianza Republicana Nacionalista(ARENA), fundada por el fallecido ex líder de escuadrones de la muerte, Roberto D’aubuisson, durante la guerra civil ocurrida en ese país entre 1980 y 1992, los salvadoreños eligieron cambiar de rumbo, en las últimas elecciones presidenciales celebradas el domingo 15 de marzo.

En efecto, la ex-guerrilla marxista-leninista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con su candidato Mauricio Funes, convertida en partido político desde 1992 —cuando se firmaron los acuerdos de paz que le pusieron fin a la sangrienta guerra civil de 12 años— alcanzó el poder en su quinto intento, tras derrotar ajustadamente al candidato oficialista Rodrigo Ávila.

La elección de Funes implica no sólo un giro hacia la izquierda en el pequeño país centroamericano, sino también dificultades para la gobernabilidad de ese país, si tenemos en cuenta que el FMLN sólo tiene 35 diputados, de un total de 84 escaños. Funes, periodista que no tiene pasado guerrillero, tendrá además que enfrentar desde el primero de junio enormes desafíos, tales como el incremento de la violencia de las pandillas que, según cifras de las Naciones Unidas, ha dejado en estos últimos veinte años varios miles de muertos; una disminución de las remesas recibidas de los migrantes salvadoreños en el exterior debido a la crisis financiera internacional (monto ascendente a 4000 millones de dólares, esto es, el 20% de su PBI); así como altos niveles de pobreza que afectan al 35% de los 5.8 millones de salvadoreños.

Este difícil panorama obligará a Funes a la búsqueda de consensos con los partidos políticos de derecha, para lo cual, tendrá que moderar el discurso y la acción. Dehecho, sus primeras declaraciones como Presidente electo han sido positivas y tranquilizadoras, pues ha convocado a la “unidad nacional” y a “dejar de lado los revanchismos”, invitando a ARENA para que asuma su papel de una “oposición democrática”. Pero, quizás lo más relevante, es que ha reconocido la importancia de “respetar la propiedad privada a incentivar las inversiones”, “convertir a El Salvador en la economía más dinámica de Centroamérica”, distanciándose claramente de Hugo Chávez y sus acólitos, al afirmar que “no tiene que hacer lo que están haciendo presidentes de otros países”. Este discurso, sin duda, no sólo busca promover consensos que permitan la gobernabilidad de ese país, sino también aquietar los temores y las dudas de los inversionistas extranjeros y de países como Estados Unidos, donde 46 legisladores republicanos se manifestaron en contra de su elección, a la que calificaron de peligrosa y pro-terrorista.

Y es que en los veinte años de gobierno de ARENA, más allá de los problemas señalados y ciertos escándalos de corrupción, son muchos los logros alcanzados. El desarrollo de una economía de libre mercado, de incentivo a las inversiones extranjeras y de privatización de la banca, los fondos de pensiones y los servicios de electricidad y telecomunicaciones, trajeron confianza en la población y en los agentes económicos. No hay que olvidar que ARENA, tras cuatro mandatos presidenciales sucesivos, cuenta aún con el respaldo de casi la mitad de la población y que, quizá con un mejor candidato y menos pugnas internas, hubiera podido gobernar cinco años más.

Se abre entonces, una gran incógnita, sobre cómo será realmente el nuevo gobierno de Funes en El Salvador. Esperemos que al menos respete lo dicho como Presidente electo, por el bien de ése país.

En enero de 2008 el Perú presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda para la determinación del límite marítimo entre Perú y Chile en el Océano Pacífico. Convocados por la Presidenta de la CIJ, los agentes de las partes acordaron los plazos de presentación de los documentos de la etapa escrita del procedimiento. Correspondió al Perú como demandante presentar la Memoria, hecho que se verificó el 20 de marzo pasado. La Memoria contiene la exposición de los hechos y el derecho que invoca el demandante, así como las conclusiones de parte. El demandado tiene un plazo similar (cerca de un año) para presentar la Contramemoria. En ese caso, una vez recibida la Contramemoria, el demandante tiene derecho a una réplica y el demandado a una dúplica, con lo que se cierra la etapa escrita. Sin embargo, el demandado puede, dentro del plazo de tres meses de presentada la Memoria, deducir excepciones de competencia o de admisibilidad, a tenor del artículo 79 del Reglamento de la CIJ. En el caso de ser deducidas las excepciones, estas tienen un carácter preliminar, por lo que se suspende el procedimiento de fondo y se deben resolver previamente las excepciones para determinar si el alto tribunal puede abocarse al fondo del asunto.

La excepción de competencia se refiere a la capacidad de la CIJ de conocer del asunto, visto que la jurisdicción internacional es voluntaria. En este caso, debe existir un consentimiento previo de los Estados para acudir o ser llevados ante un tribunal internacional. El Perú y Chile son Estados Partes del Tratado Americano sobre Solución Pacífica de Controversias (Pacto de Bogotá) de 1948, instrumento que en su artículo XXXI expresa el reconocimiento de los Estados Partes a la competencia de la CorteInternacional de Justicia para la solución de controversias internacionales. En tal sentido, la competencia de la Corte está acreditada por lo que se hace muy difícil pensar que se presente una excepción de competencia.

La excepción de admisibilidad puede estar referida a un aspecto sustantivo, como por ejemplo determinar si el asunto es en realidad una controversia o se trata de un tema ya resuelto, conforme lo dispone el artículo VI del referido Pacto de Bogotá; en tal casola Corte puede decidir si acepta la excepción, la rechaza, o si la excepción no tiene un carácter puramente preliminar y debe ser resuelta con el fondo del asunto. En la primera situación, si la Corte acepta la excepción, finaliza el procedimiento. Si la Corterechaza la excepción o considera que no tiene un carácter puramente preliminar, se retoma el fondo del asunto y la Corte dicta las provisiones necesarias para continuar el procedimiento hasta dictar sentencia.

En la situación actual del diferendo peruano – chileno, las partes ya han designado a sus jueces ad hoc, el Perú al Profesor Gilbert Guillaume y Chile al Profesor Francisco Orrego, el Perú ha presentado la Memoria y queda por ver si Chile optará por la continuación del procedimiento o presentará excepciones preliminares y de qué tipo, si de competencia, o de admisibilidad, o tal vez ambas. En cualquier caso, el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia es un medio de solución pacífica de controversias que permitirá zanjar el diferendo que opone a los dos Estados ribereños del Océano Pacífico y establecerá una frontera marítima que ambos deberán respetar, siguiendo su condición de naciones civilizadas.

La Corte Penal Internacional (CPI) ha hecho historia el 04 de marzo de 2009, al ordenar por primera vez el arresto de un jefe de Estado en ejercicio. Esta decisión implica un importante cambio en la figura de la inmunidad de un presidente de Estado en ejercicio, la que había resultado inviolable hasta este momento.

Se trata de Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, presidente de Sudán desde 1993 y de quién existirían fundamentos suficientes para considerarlo criminalmente responsable de dirigir ataques directos e intencionales contra una parte importante de la población civil de la provincia de Darfur, como coperpetrador indirecto o coperpetrador.

En dichos ataques se ha asesinado, exterminado, violado, torturado y transferido por la fuerza a gran número de civiles, así como también se ha saqueado su propiedad. De este modo, la responsabilidad de Al Bashir gira en torno a la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, desestimándose el cargo de genocidio por falta de pruebas.

En Darfur se han dado enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno sudanés, las milicias progubernamentales y los movimientos rebeldes, ocasionando la muerte de al menos 200.000 personas y el desplazamiento de más de 2,5 millones desde el año 2003 hasta  la actualidad.

Sobre el particular, el 31 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1593, por la que remitió al Fiscal de la Corte Penal Internacional la situación en Darfur para su estudio, determinando que lo acontecido en Sudán continuaba constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Dicha decisión se tomó al amparo del artículo 13 b) del Estatuto de Roma, según el cual, la CPI podrá ejercer su competencia si el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de los crímenes a cuya investigación pueda abocarse.

La reciente orden de arresto en contra de Al-Bashir, es en realidad la tercera emitida por la Corte Penal Internacional  respecto al mismo caso. El 2 de mayo de 2007 la CPI emitió órdenes de arresto por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en contra de Ahmad Muhammad Harun y Ali Kushayb, ministro de estado y jefe de las milicias yanyawid respaldadas por el gobierno respectivamente

Sin embargo,  estas órdenes de arresto no han sido cumplidas hasta el momento. Desde un inicio, el gobierno de Sudán ha rechazado cualquier tipo de cooperación con la CPI, calificando la decisión del Tribunal como parte de una conspiración occidental destinada a desestabilizar el país.

El abierto desacato del presidente Al-Bashir se ha manifestado en las visitas a Eritrea, Libia, Egipto, Qatar y Arabia Saudita luego de la expedición de la orden de arresto y ha obtenido un claro respaldo en la XXI Cumbre de la Liga Árabe, la que concluyó el 30 de marzo con un rechazo regional hacia la decisión del tribunal internacional y el respaldo a Sudán en todo lo que pueda afectar a su integridad y unidad.

No obstante la reacción adversa antes descrita, la CPI considera la prevalencia de la obligación de cooperar plenamente con el Tribunal sobre cualquier otra obligación internacional de Sudán. Como sustento de esta posición se debe tener en cuenta la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad ya mencionada, así como los artículos 25 y 103 de la Carta de la ONU, lo que compromete no solo a Sudán, sino a todo miembro de la Organización.

La CPI no cuenta con mecanismos internacionales para concretar los arrestos que ha ordenado, tan solo los Estados pueden realizarlos. En tal sentido, la presión diplomática sobre los países se convierte en el instrumento para lograr éste objetivo.

Sobre el particular, el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, señaló que la posibilidad de arrestar a Al Bashir puede darse cuando viaje por el espacio aéreo internacional. Asimismo, ha afirmado que en caso de un incumplimiento de la orden de arresto por parte de Sudán,  será el Consejo de Seguridad de la ONU quién tendrá que hacerla cumplir.

De otro lado, la decisión de la CPI bajo comentario ha sido precedida por el inicio, el 26 de enero de 2009, del juicio contra Thomas Lubanga Dyilo, líder de la Unión Patriótica Congolesa y acusado del crimen de alistamiento y reclutamiento de menores soldados para participar activamente en las hostilidades en la República Democrática del Congo, constituyéndose en el primer proceso llevado ante éste órgano jurisdiccional.

Los recientes acontecimientos en el ámbito de la CPI, así como las primeras reacciones a los mismos demuestran que el camino que conduce a acabar con la impunidad de los grandes responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad se encuentra aún en sus inicios, pero a su vez evidencian que en dicha senda no hay posibilidad de retorno. La detención de Omar Al-Bashir ya ha sido ordenada y es solo cuestión de tiempo que ésta se concrete.

Malasia es una de las economías del Sudeste asiático que ha tenido mayor éxito económico en los últimos años, lo que le ha permitido tener un pujante sector productivo orientado hacia las exportaciones. Sus exportaciones e importaciones como porcentaje de su PBI crecieron de 55% y 42% en 1960 a 110% y 90% en el 2007, respectivamente.  Sin duda las exportaciones fueron uno de los motores del crecimiento económico de este país con un PBI de US$ 170 mil millones, pero el otro gran motor ha sido la propia demanda interna.

La crisis internacional, como a todos los países, le viene afectado de una manera significativa.  Aun está presente el impacto de la crisis financiera del año 1998 que hizo colapsar al sistema financiero y afectó  a su sector productivo con una caída récord del PBI de 27%.  Sin embargo, hoy en día, la situación económica es distinta, sus niveles de reserva de divisas es alta US$ 90 mil millones, el sistema financiero tiene el 90% de sus activos en moneda local (Ringgit) con una mejor supervisión bancaria, mantiene un alto ratio de ahorro interno (36.7% del PBI) que se ha constituido en la principal fuente de inversiones y la afluencia de inversiones extranjeras (US$ 17.4 miles de millones del 2008) también ha sido un componente importante de su crecimiento económico.

Una economía globalizada como la de Malasia, sin duda se verá fuertemente afectada por la retracción de la demanda internacional y de los precios de los commodities, así como sus efectos en los flujos financieros internacionales de inversiones y crédito.  Sin embargo Malasia está mucho mejor preparada que el año 1998 como se ha indicado.  Además una de las características de esta economía está constituida por el fuerte liderazgo de su Estado, con instituciones públicas relativamente sólidas y modernas.  Con experiencia de planeamiento de mediano y largo plazo, que le ha permitido proyectar objetivos y metas y sobre todo cumplirlas, actualmente expresados en su Noveno Plan de Malasia 2006-2010 (9MP) y su Tercer Master Plan Industrial 2006-2020 (IM3).

Un primer paquete de estímulos para enfrentar la crisis internacional  se lanzó en noviembre de  2008 de US$ 2 mil millones, sin embargo la magnitud de la crisis, la caída de cerca del 30% de la exportaciones en los primeros meses del año, están presionando al gobierno de Malasia, que ha anunciado un segundo paquete de estímulo de US$  9 mil millones.  Estas medidas gubernamentales tendrán un efecto muy grande en el manejo fiscal que proyecta un déficit de 7%, el más grande desde 1987.

La participación de Malasia en la economía global ha sido creciente en los últimos años.  Ha firmado tratados de libre comercio con sus socios de ASEAN, así como con Pakistán y Japón.  Ha progresado en la liberalización su sector de servicios e inversiones  y ha realizado esfuerzos significativos para facilitar el flujo de su comercio internacional.  Las medidas diseñadas para enfrentar la crisis mantienen la decisión de Malasia de profundizar su proceso de globalización, de seguir liberalizando su economía y promover una mayor presencia de inversionistas extranjeros, así como de reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional.

En resumen, la situación macroeconómica, la implementación de los paquetes de estímulos, la apuesta a la globalización y el liderazgo del Estado; permiten afirmar que Malasia está en una posición expectante para enfrentar la crisis internacional, en la medida en que ésta no se profundice, sus efectos negativos podrán ser mitigados.