Panorama Mundial

Chile constituye probablemente un caso singular dentro de los procesos más representativos de transiciones a la democracia y relaciones político militares de la región. Desde 1990 con la Concertación en el poder (coalición PDC, PS, PPD y PRSD) y hasta nuestros días, ese país  no ha podido afirmar un modelo de relaciones entre el poder político y las Fuerzas Armadas afincado en la subordinación y control, menos en la pérdida de autonomía política del estamento castrense.

Dura tarea fue para su primer Ministro de Defensa, Patricio Rojas (en el gobierno del Presidente Aylwin) enfrentar sucesos como el boinazo y el ejercicio de coordinación en los alrededores del Ministerio de Defensa. Fueron demostraciones de fuerza que mostraban indicadores muy poco alentadores de las percepciones del mundo militar chileno sobre su rol, ubicación y lugar  dentro de una nueva y diferente sociedad democrática.

Las adquisiciones de armas fueron entonces un libre albedrío gubernamentalmente delegativo y concesional del nuevo poder político bajo estado de derecho, en la idea de calmar las demandas de la corporación, apostando a aquella  relativa tesis  de asumir el  apoliticismo vía el  “profesionalismo” militar. Estas teorías también fueron revestidas desde los propios partidos políticos oficialistas en su discurso como un asunto de Estado.  El gasto en compras de armas se sustentó por intermedio de una gran ventaja: la Ley reservada (del cobre) que en el marco de un contexto favorable en materia de precios internacionales, ha colocado a Chile junto con Venezuela en los países más  pudientes en materia de importación de armamento.

Bajo la siempre justificación eufemística de la renovación (probablemente justificable en términos estrictamente cuantitativos en los casos de la Fuerza Aérea y Armada, pero no en el Ejército), las Fuerzas Armadas de Chile prosiguen en una vorágine de adquisiciones que supera límites tolerables, tanques, vehículos blindados, aviones de combate, buques de superficie, cohetería, etc, como lo más visible, pero al mismo tiempo tales adquisiciones son trasladadas a modo de concentración de fuerzas al norte del país,  bajo el paraguas de una novedosa teoría de disuasión no provocativa,  la señal es, por decir lo  menos, coincidente, cuando “por cuerda separada” corre la demanda presentada por el gobierno del Perú en materia de límites marítimos.

Sin medidas de confianza mutua bilateral (FMCMS) y mecanismo del 2 más 2 suspendido indefinidamente, sin procesos multilaterales de medición, estandarización o reducción del gasto militar,  ni menos aún de lejano desarme concertado, parece poco probable a mediano y largo plazo neutralizar los diversos planes y capacidades militares del vecino del sur. Las instancias internacionales como la OEA y el naciente Consejo Sudamericano de Defensa carecen de los mecanismos y aparente voluntad real para encarar estos hechos. Ante ello, el Perú debe responder con una actitud estratégica; ¿pero cuál?

En primer lugar aceptando que debemos convivir con Chile en el marco de una lógica de relaciones interestatales que sería la de la vieja Paz Westfaliana de equilibrio de poderes y de geopolítica militar setentista del siglo pasado; un neo pretorianismo Portaliano muy acendrado y todavía vigente en el pensamiento de los militares chilenos.

Por nuestra parte, nos hemos concentrado en avivar y reseñar exclusivamente las políticas unilaterales de adquisiciones militares chilenas que, finalmente pertenecen a la  esfera de la soberanía de cada Estado,  pero no hemos explotado todavía aspectos angulares de las vulnerabilidades de una más o menos reciente política de Chile que es la de país exportador de armas, específicamente de segunda mano excedente,  a países de la región y que introducen márgenes insospechados de inestabilidad: venden dos fragatas “Leander” repotenciadas (Condell y Lynch) y repara dos submarinos 0-209 (Shiry y Huancavilca) a la Armada del Ecuador en sus astilleros de ASMAR; ofrece a Colombia sus 25 Mirage 5M Elkan, exporta repuestos y aviones de instrucción a Paraguay, Uruguay y Centroamérica (A-37b, Pillán) y posee hoy un impresionante arsenal y stock “de segunda” pero con buen mantenimiento y estado operativo, adquirido desde mediados de los años noventa.

Probablemente el material caerá en manos de terceros Estados cercanos y limítrofes, con el agravante de estar en conflicto o al menos bajo tensión política (Ecuador y Colombia). Le sobran todavía para tales efectos –entre otros elementos bélicos- sus lotes de tanques Leopard I, aviones Mirage 50 Pantera y F-5E repotenciados, y más buques de superficie de varios tipos.

Tampoco hemos hurgado sobre la corrupción en sus compras militares; tres ex altos oficiales FACh –entre ellos un ex Comandante en Jefe (Vega Hidalgo)-,  se encuentran actualmente ante la justicia por el caso de soborno en la compra de los aviones Mirage Elkan a Bélgica en 1994, mostrando que  en el rubro,  no son pues tan impolutos como suelen ufanarse frente a sus contrapartes peruanas. También persisten cuestionamientos  sobre la adquisición del primer lote de tanques Leopard I.

Probablemente nos encontremos hoy  en la lógica de una posmoderna e inusual carrera armamentista en el área, pero esta vez no solamente estimulada exógenamente por consabidas empresas y exportadores de armas; ésta contendría como novedad  “de coyuntura” un factor endógeno, como parte de una estrategia integral de política exterior, de defensa, de comunicación y propaganda del gobierno de Santiago frente a la demanda peruana en La Haya.

Nos correspondería entonces responder en la misma nomenclatura. Chile, con su poder militar no pudo disuadirnos de optar por la Corte Internacional de Justicia en el diferendo marítimo, a ella iremos con argumentos jurídicos y sin nuestro Núcleo Básico de Defensa (NUBE & NBD), bienvenido proceso de recuperación de capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas iniciado por el Ministro Allan Wagner. Pero nuestra cuerda separada para fortalecer la posición negociadora propia en el marco general de las relaciones y frente a la comunidad internacional debería comenzar por la afirmación de una necesaria y apremiante seguridad regional compartida, a la que Chile no está contribuyendo no solo con su unilateral y finalmente solitaria carrera armamentista en el ámbito vecinal, sino en la desestabilizadora condición  de riesgoso exportador de armamento para con varios de nuestros vecinos.

A casi dos meses de finalizada la Quinta Cumbre de las Américas que se desarrolló del 17 al 19 de abril de 2009 en Puerto España, Trinidad y Tobago, es conveniente reflexionar sobre los resultados de la misma.

Las primeras particularidades que saltan a la vista y las diferencias con relación a otros procesos de Cumbres es que el documento final fue una Declaración que no vino acompañada de un Plan de Acción como sucedió en anteriores oportunidades. En segundo lugar, fue firmada por el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning, quien hizo las veces de Presidente de dicha Cumbre. En su propia declaración del día 19 de abril de 2009, mencionó que se había llegado al acuerdo de que él mismo firmaría la declaración como aprobada por todos los Jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la Cumbre. Ello en atención a que si bien algunos países habían presentado reservas sobre aspectos particulares de la Declaración, en palabras del propio Primer Ministro, sus líderes quisieron enviar una señal de solidaridad y cooperación. Es interesante, sin embargo, ver cómo semanas después, en las diversas resoluciones que se aprobaron durante la Asamblea General de la OEA, celebrada en San Pedro Sula, Honduras, del 2 al 4 de junio de 2009, Nicaragua introdujo un pie de página en todas aquellas que hacían referencia a la Cumbre, dejando constancia de su expresa reserva a la Declaración de Puerto España, por considerarla inaceptable e insuficiente, por no dar respuesta a una serie de temas de trascendental importancia para el Hemisferio y que aún continúan pendientes de discusión. Cabe hacerse la pregunta de cuántos países más, de una manera menos expresa, consideran o no que la firma de dicha Declaración por parte del Primer Ministro de Trinidad y Tobago, compromete a los 34 países presentes en dicho evento.

Evidentemente, y a pesar de que la agenda de la Cumbre había sido establecida muchos meses antes, dos temas que fueron tratados pero que no culminaron con una decisión definitiva fueron el tema de Cuba y el tema de la crisis financiera internacional, respecto del cual si bien se hace una referencia, no aborda en detalle ninguna medida específica. El tema de Cuba fue abordado en la más reciente Asamblea General de la OEA en la que se decidió que la Resolución VI, adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, y mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, quedaba sin efecto en la Organización de los Estados Americanos. Dicha Asamblea General decidió a su vez que la participación de la República de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de la República de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA, AG/RES.2438 (XXXIX-O/09).

Ya en aspectos más particulares, la Cumbre se centró en tres temas fundamentales: prosperidad humana, seguridad energética y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, como sucedió ya en otras Cumbres, los Jefes de Estado y de Gobierno aprovecharon para discutir e incluir en el texto final de la Declaración cuanto tema figuraba en sus respectivas agendas y consideraban importantes, volviendo el texto final mucho más extenso del que originalmente se había pensado y añadiendo tres capítulos más, a saber, seguridad pública, gobernabilidad democrática y el reforzamiento del seguimiento de la Cumbre y la efectividad en su implementación.

No sabemos si debido a la decisión de no incluir un Plan de Acción en esta oportunidad, o a la diversidad de temas abordados no obstante la agenda inicial, pero lo cierto es que la generalidad de la Declaración es grande, y pocas veces, salvo alguna que otra fecha optimistamente agregada como para fijar un plazo determinado, se logra aterrizar en acciones concretas que vayan más allá de reiterar compromisos previamente asumidos o que fijen metas que deberían ser ya parte de cualquier plan de acción de todo Gobierno en el Hemisferio.

Las excepciones sin embargo son importantes, y aunque escasas, pueden constituir avances en el compromiso hecho por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno de intensificar su lucha contra la pobreza, el hambre, la exclusión social, la discriminación y la desigualdad; de promover la inclusión y la cohesión social para mejorar las condiciones de vida de los pueblos en América y alcanzar el desarrollo y la justicia social, así como de asegurar mayores oportunidades de trabajo decente, mejorar la nutrición y el acceso a la salud, la educación de calidad y la vivienda, promover un acceso adecuado y sostenible a la energía, los alimentos y el agua y manejar responsablemente el medio ambiente.

Entre dichos logros podemos mencionar el apoyo al establecimiento de una Red Interamericana de Cooperación para la Protección Social a fin de fortalecer los esfuerzos para reducir la desigualdad y las disparidades sociales y disminuir la pobreza a la mitad para el año 2015, y al compromiso por identificar oportunidades para una mayor cooperación multilateral en el área de desarrollo social durante la Segunda Reunión de Ministros y Autoridades de Alto Nivel de Desarrollo Social a llevarse a cabo en Colombia en 2010. Cabe recordar también el compromiso de adoptar las medidas necesarias y factibles para simplificar los procesos correspondientes al establecimiento y cierre de empresas, con el objeto de reducir el tiempo requerido para poner en funcionamiento una empresa en un máximo de 30 días, a más tardar en 2015.

Los Jefes de Estado y de Gobierno también renovaron su apoyo al Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (2006-2009) e instruyeron a los Ministros pertinentes y a todas las autoridades responsables del desarrollo sostenible a que se reúnan en 2010 con el fin de evaluar los logros del Programa y renovarlo o modificarlo según sea el caso.

En otro plano, se alentó a la OEA a elaborar una estrategia integral y hemisférica para promover la cooperación interamericana en el tratamiento de las pandillas delictivas, y también se incluyó el compromiso de continuar trabajando para incorporar los temas de la vejez en las agendas de políticas públicas y con ese objetivo se solicitó a la CEPAL que refuerce sus programas en esta área, a través de la creación y el mejoramiento de los sistemas de datos e información sobre los impactos social y económico del envejecimiento, así como la asistencia técnica, según corresponda, para desarrollar políticas y programas de apoyo para las personas adultas mayores. En ese contexto, se comprometieron a promover un examen sobre la viabilidad de elaborar una convención interamericana sobre los derechos de las personas mayores. La reciente Asamblea General de la OEA, en su resolución AG/RES.2455 (XXXIX-O/09), instó al Consejo Permanente de la Organización que convoque a una sesión especial con el objetivo de examinar la viabilidad de elaborar una convención sobre la materia.

Esto último es un buen ejemplo de cómo los compromisos derivados de las Cumbres deben tener su caja de resonancia en los diversos organismos y mecanismos que componen el sistema interamericano, con el objetivo de irles dando forma y contenido y poder ir viendo un avance en el cumplimiento de la agenda interamericana. Sin ello, se corre el peligro de que la Declaración de la Cumbre, no obstante el complejo proceso que la vio nacer, quede en letra muerta, máxime si se plantea la posibilidad de convocar en el futuro la Cumbre de las Américas con regularidad y al menos cada tres años.
[*] “Funcionario de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las ideas expresadas son responsabilidad del autor y no reflejan la posición oficial de la OEA en la materia”

En los últimos dos meses, el Estado peruano ha otorgado protección a cuatro ciudadanos extranjeros, un venezolano y tres bolivianos, lo que ha ocasionado una importante y confusa cobertura internacional que requiere algunas aclaraciones.

En primer lugar, existe una confusión terminológica, pues mientras en el ámbito universal asilo y refugio son términos equivalentes, en América Latina, constituyen dos figuras jurídicas distintas. En Latinoamérica, el asilo, es una figura que sin descuidar el aspecto humanitario, tiene un contenido político fundamental. La norma nacional, Ley Nº 27840, define el asilo como la protección que el Estado otorga en su territorio al extranjero por motivos o delitos políticos y cuya libertad o vida se encuentra en peligro. El asilo político puede ser diplomático, cuando se otorga fundamentalmente en las embajadas y también puede ser territorial, cuando se concede dentro de las fronteras del Perú.[1] Por su parte, el refugio es la protección que se brinda a una persona que tiene un temor fundado de sufrir persecución fundamentalmente por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por opiniones políticas.[2]

Respecto al señor Manuel Rosales, quien recibió el asilo en abril de este año, las acciones administrativas y judiciales dictadas en Venezuela en su contra tuvieron como marco las elecciones presidenciales venezolanas de 2006 y las elecciones de 2008, en las que ganó la alcaldía de Maracaibo. La clara politización del caso Rosales se fue evidenciando con las numerosas declaraciones públicas por parte de representantes del Poder Ejecutivo de dicho país sobre la supuesta conducta delictiva del señor Rosales, y la aparición de un proyecto de sentencia condenatoria en el Congreso, entre otras situaciones irregulares. Asimismo, respecto a la administración de justicia en dicho país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación por la independencia de los magistrados en su Informe Anual 2007. De este modo, el Estado peruano contó con todos los elementos de hecho y de derecho necesarios para otorgar el asilo al señor Rosales.

En el caso de los ex ministros bolivianos, Javier Torres Goitia y Mirtha Quevedo, quienes recibieron el refugio y Jorge Torres Obleas, quien recibió el asilo, se presentó el temor  a sufrir persecución por la falta de garantías para un debido proceso, es decir, por la ausencia de condiciones para la realización de un juicio justo.

Como se sabe, el refugio requiere la presencia de dos elementos: uno subjetivo marcado por la existencia de un temor por parte de la persona que solicita la protección y otro objetivo en el sentido de que dicho temor debe ser fundado. Si bien en el caso del asilo la decisión no exige la existencia de estos dos elementos, este análisis servirá también para entender el asilo concedido al señor Torres Obleas ya que su caso deriva de la misma situación.

Como ya se ha dicho el elemento subjetivo radica en el temor de persecución, por lo que debemos centrarnos en el elemento objetivo para ver si dicho temor tenía justificación en el presente caso. Respecto a la situación de la justicia en Bolivia la CIDH también “observó diversos elementos que pueden cuestionar la independencia, imparcialidad e idoneidad de los jueces en Bolivia”. Asimismo ha sostenido que “existe una percepción muy fuerte de que los poderes Ejecutivo y Legislativo no respetan la independencia judicial. En tal sentido se recibieron denuncias sobre la continuidad de la injerencia desde las más altas autoridades del Estado mediante declaraciones públicas manifestando oposición directa a ciertas decisiones judiciales, o posicionándose sobre casos pendientes de decisión, particularmente los de mayor sensibilidad para la opinión pública.”[3]

En el mismo informe la CIDH indica que las garantías de independencia e imparcialidad de la administración de justicia son presupuesto del cumplimiento de las normas del debido proceso. La posición de la CIDH se ve reforzada por las declaraciones de autoridades de Bolivia que evidencian la interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial de ese país.  Así, al inicio del Año Judicial 2009, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “La crisis generalizada que vive Bolivia ha ingresado a una fase en la que los signos de violencia estatal, la vulneración de la norma establecida, la trasgresión de los derechos ciudadanos y la agresión a las instituciones de la democracia, han herido de muerte al estado de derecho; siendo el Poder Judicial una de las víctimas de este deterioro.”

En la actualidad, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se encuentra suspendido y acusado por negativa de justicia en tres juicios de responsabilidad; asimismo, la única magistrada que permanecía en el Tribunal Constitucional ha renunciado, con lo cual puede afirmarse que en la actualidad en Bolivia no hay justicia constitucional, tal como ya lo había presagiado la renunciante en enero de 2009.

En tal sentido, ante la falta de garantías de un proceso judicial justo y la fuerte politización de estos casos, puede concluirse que el temor de persecución se encuentra justificado en los hechos, cumpliéndose con los elementos subjetivo y objetivo.

Estas situaciones son frecuentes dentro de las figuras del asilo y el refugio. Basta mencionar los numerosos casos de personas con requisitoria por terrorismo refugiadas en diversos países hace varios años atrás, precisamente por la falta de garantías para un debido proceso, situación que no obstante haber sido superada hace ya bastante tiempo, no ha generado la finalización de la protección internacional en varios de estos casos.

A diferencia del Perú, que respeta la decisión de cualquier país de otorgar asilo a nuestros connacionales, el Gobierno boliviano ha emprendido una campaña para descalificar la decisión del Perú de brindar protección a los tres ex ministros antes señalados y exigir su devolución, en una reacción que atenta contra estas figuras de protección, así como contra el Derecho Internacional que las ampara.

Finalmente, respecto a la supuesta pretensión boliviana de acudir a la Corte Internacional de Justicia para someter a su revisión el presente asunto, es necesario recordar que dicho tribunal ya estableció en el caso Haya de la Torre, que el Estado asilante es el único que califica a la persona como asilado o no, como también que dicho Estado no está obligado a devolver al asilado. Por lo tanto, en nuestro criterio, esta vía no servirá a las pretensiones del Gobierno boliviano.

[1] Los tratados sobre asilo de los que el Perú es parte son: la Convención sobre el Asilo de La Habana de 1928, la Convención sobre el Asilo Político de Montevideo de 1933, la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas de 1954, que es el más reciente y completo instrumento internacional sobre la materia.

[2] Los instrumentos fundamentales sobre la materia son: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Sin embargo, la Ley Nº 27891, Ley del Refugiado, contempla otros supuestos adicionales a la Convención, recogiendo todas las definiciones aceptadas internacionalmente.

[3] Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Acceso a la Justiciae Inclusión Social. El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”. Washington, 2007, párr. 70.

El pasado 16 de mayo el gobierno de Sri Lanka proclamó su victoria en la guerra civil que venía asolando a este Estado insular desde 1983. Se estima que, en total, más de 70,000[1] personas perdieron la vida durante el conflicto que involucró al gobierno con los Tigres de Liberación del Eelam Tamil o Tigres Tamiles, grupo separatista —calificado por numerosos Estados como terrorista— que buscaba la constitución de un Estado independiente en el noreste de la isla.

Las raíces del conflicto pueden identificarse en las tensiones presentadas para lograr la convivencia entre la minoría tamil que habita principalmente el noreste de la isla, y la población mayoritaria cingalesa, las cuales forman parte de un único Estado desde que Sri Lanka —entonces llamada Ceilán— obtuvo su independencia del Reino Unido en 1948. Ambos grupos humanos son étnica y religiosamente diferentes, los cingaleses son originarios de la isla y de religión budista, mientras que los tamiles son originarios de la India —donde la gran mayoría de ellos todavía habita— y de religión principalmente hinduista.

Los Tigres Tamiles iniciaron sus acciones en busca de la independencia en 1976, ante lo que percibían como abusos por parte del gobierno nacional en contra de la minoría tamil. En concreto, la mayoría cingalesa gobernaba al país y había establecido algunas medidas que consideraban reivindicativas frente a la situación colonial previa, como declarar al idioma cingalés como único oficial y estableciendo acciones afirmativas para la población cingalesa. Tales medidas alienaron a la población tamil y favorecieron la aparición de grupos extremistas entre los que pronto resaltaron los Tigres Tamiles por los métodos horrendos que utilizaron para conseguir sus objetivos.

La primera gran acción del conflicto se dio el 23 de julio de 1983, cuando un transporte de tropas fue emboscado por los Tigres Tamiles en las afueras de Jaffna, causando la muerte a 13 soldados. Ese ataque generó una masiva y violenta reacción de la población cingalesa contra la tamil, causando -en lo que se conoce como julio negro– la muerte de más de 3000 personas a lo largo de la isla.

Esos hechos precedieron la violenta campaña que emprendieron los Tigres Tamilesdurante los siguientes 26 años, incluyendo asesinatos (como el del Presidente Ranasinghe Premadasa en 1993 y el ex Primer Ministro de la India, Rajiv Gandhi, en 1991), ataque a civiles (como la masacre de Anuradhapura, en la que 146 hombres, mujeres y niños perdieron la vida) y otras violaciones a los Derechos Humanos, como el reclutamiento de niños soldados y la limpieza étnica en las zonas de la isla bajo su control (sólo en la Provincia Norte de la isla, se estima que unas 12,700 familias musulmanas fueron expulsadas forzosamente[2]).

Más aún, los Tigres Tamiles fueron pioneros en el empleo de los ataques suicidas, particularmente a través de su escuadrón de elite, los Tigres Negros, quienes muchas veces no tomaban responsabilidad por los asesinatos y ataques en masa que cometían.[3]

La gran capacidad de acción y de recursos con los que contó este grupo terrorista fue demostrada por sus operaciones tanto en tierra, como en el mar y en el aire; siendo capaz de ataques a embarcaciones y asaltos anfibios, así como habiendo contando, incluso, con cinco aviones ligeros convertidos en bombarderos rudimentarios.[4]

A lo largo del conflicto los Tigres Tamiles obtuvieron progresivamente el control de facto del área nororiental de la isla, en el cual proclamaron un ‘Estado’ Tamil —denominado Eelam Tamil— que no fue reconocido internacionalmente por su clara creación contraria al Derecho Internacional. En particular, luego del cese al fuego de 2002, tras el cuarto intento de conversaciones de paz desde iniciado el conflicto, losTigres Tamiles quedaron en posesión de una importante área de territorio desde la cual lanzarían nuevos ataques durante los siguientes años.

La situación antes descrita generó que en enero de 2008 el gobierno de Sri Lanka diera por terminado el acuerdo de cese al fuego e iniciara la campaña para dar fin al conflicto. Tras meses de intenso combate, las fuerzas armadas del Estado isleño consiguieron recapturar una a una las ciudades ocupadas por los terroristas y rodear a las fuerzas restantes hasta derrotarlas militarmente. En los combates murieron los miembros de la cúpula terrorista, incluyendo a su líder y fundador Velupillai Prabhakaran.[5]

La situación actual de la isla es incierta. Si bien oficialmente la guerra ha terminado y el gobierno se ha proclamado victorioso, las secuelas del conflicto tendrán, sin duda, profundas consecuencias en el futuro. Con más de 70,000 fallecidos, cientos de miles de heridos, 271,967 refugiados que han pedido asistencia del gobierno, 10,000 terroristas capturados y en custodia,[6] etc. serán muchos los retos que Sri Lanka deberá afrontar para cerrar este capítulo de su historia.

Uno de esos retos será, ciertamente, encontrar y mantener una fórmula que garantice la participación activa de la minoría tamil en la vida política de la isla y elimine de plano cualquier argumento en torno a la necesidad de una lucha armada para constituir un Estado independiente, lo cual no debe servir nunca para justificar acciones como las llevadas a cabo durante 26 años por los Tigres Tamiles.
[1] Tomado deHTTP://IN.REUTERS.COM/ARTICLE/SOUTHASIANEWS/IDININDIA-32243020080301, visualizado por última vez el 4 de junio de 2009.

[2]HTTP://WWW.SUNDAYTIMES.LK/080817/INTERNATIONAL/SUNDAYTIMESINTERNATIONAL_02.HTML, visualizado por última vez el 4 de junio de 2009.

[3]HTTP://TOPICS.NYTIMES.COM/TOP/REFERENCE/TIMESTOPICS/PEOPLE/P/VELUPILLAI_PRABHAKARAN/INDEX.HTML, visualizado por última vez el 4 de junio de 2009.

[4] HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/2/HI/SOUTH_ASIA/6597959.STM, visualizado por última vez el 4 de junio de 2009.

[5] HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/2/HI/SOUTH_ASIA/8066129.STM, visualizado por última vez el 4 de junio de 2009.

[6] HTTP://DEFENCE.LK/NEW.ASP?FNAME=20090524_01, visualizado por última vez el 4 de junio de 2009.

El día 22 de enero de 2009, dos días después de su toma de posesión, el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, emitió una orden ejecutiva que dispone la apropiada disposición de los individuos detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo y el cierre de las instalaciones de detención. De conformidad con dicha orden, las medidas referidas favorecerían la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de los Estados Unidos, así como los intereses de la justicia.[1]

La orden ejecutiva representa un cambio drástico respecto al manejo de la seguridad nacional por parte del gobierno de George W. Bush. Desde enero del año 2002, luego del inicio de la campaña militar en Afganistán, cientos de personas detenidas con ocasión del conflicto armado contra el régimen talibán y de la “guerra contra el terrorismo” emprendida por Estados Unidos fueron transferidas a las instalaciones de detención en la base naval de Guantánamo. Posteriormente, a ellas se sumarían los detenidos con ocasión de la campaña militar norteamericana en Irak. La elección de Guantánamo habría sido un intento por sortear la aplicación de las normas de protección de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y el acceso a los tribunales estadounidenses por parte de los detenidos, en la medida que las autoridades norteamericanas consideraban que dicha base naval se encontraba más allá de su soberanía territorial. De este modo se pretendía convertir a la base naval de Guantánamo en un “limbo legal”.

Al respecto, cabe recordar que Estados Unidos obtuvo una concesión perpetua de la Bahía de Guantánamo por parte de la República de Cuba en el año 1903, mediante un tratado que pese a mantener la soberanía de Cuba sobre el territorio, establecía elcompleto control y jurisdicción estadounidense con el propósito de operar estaciones navales y de embarque. Por tanto, la pretendida condición de “limbo legal” se ve desvirtuada si recordamos que -tal y como ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su solicitud al gobierno norteamericano sobre la adopción de medidas preventivas en la Bahía de Guantánamo del 13 de marzo de 2002- la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violaciones a los derechos humanos de un individuo no depende de su presencia en un área geográfica particular, sino de que dicho individuo se encuentre bajo la autoridad y el control del Estado en cuestión.[2] Las obligaciones en materia de derechos humanos se aplican a todas las personas sometidas a la jurisdicción de un Estado, la cual puede extenderse más allá de sus fronteras hasta donde quiera que ejerza su autoridad o control de facto. Asimismo, la Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex – Yugoslavia estableció que la aplicación del Derecho Internacional Humanitario —marco normativo correspondiente a los detenidos en relación con un conflicto armado— no está limitada geográficamente a las inmediaciones de las hostilidades.[3]

En consecuencia, todos aquellos detenidos en relación con los conflictos armados de Afganistán e Irak deben beneficiarse de la aplicación del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (en la medida que se tratara de miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, tales como los talibanes) o del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (en la medida que se tratara de civiles capturados por Estados Unidos en un territorio ocupado). Paralelamente, todos aquellos detenidos en relación con la denominada “guerra contra el terrorismo”, al margen de los conflictos armados de Afganistán e Irak, deben beneficiarse de la aplicación de los derechos humanos.

La Corte Suprema de los Estados Unidos dio un primer paso destinado a revertir la pretendida condición de “limbo legal” de la base naval de Guantánamo al establecer que las cortes federales estadounidenses tienen jurisdicción para determinar la legalidad de las detenciones potencialmente indefinidas de individuos por parte del Ejecutivo.[4] Posteriormente, las circunstancias inusuales asociadas con las detenciones en Guantánamo llevaron al presidente Obama a decidir el cierre de las instalaciones de detención en el lapso de un año a partir de la emisión de la orden ejecutiva, disponiendo que todos los detenidos deberán ser repatriados, liberados, transferidos a un tercer país, o transferidos a otra instalación militar de los Estados Unidos con arreglo a derecho. Así, queda por superar el escollo del Congreso de los Estados Unidos, cuyas Cámara de representantes y Senado han votado por abrumadora mayoría contra la solicitud de fondos del Ejecutivo para llevar a cabo el cierre referido.

[1] Executive order, Review and disposition of individuals detained at the Guantánamo Bay Naval Base and closure of detention facilities, 22 de enero de 2009.

[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medidas cautelares enla Bahía de Guantánamo, Cuba, 13 de marzo de 2002.

[3] Prosecutor v. Tadic a/k/a “Dule”, No. IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, para. 68, 02 de octubre de 1995.

[4] Rasul v. Bush, Al Odah v. United States (Casos 03-334 y 03-343), Supreme Court Certiorari to the United States Court of Appeals for the District of Columbia, 28 de junio de 2004.

[*] Las opiniones del autor no representan necesariamente las opiniones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).