Panorama Mundial

El golpe de Estado ocurrido en Honduras el pasado 28 de junio, no sólo ha puesto en evidencia la precariedad que todavía tienen algunas democracias latinoamericanas, sino también la debilidad de nuestras organizaciones regionales y universales para hacerle frente a los golpes de estado de manera efectiva, así como ciertas inconsistencias, en lo que debería ser un recto proceder en pro de la defensa de la democracia en la región.

En lo que toca a la debilidad de Organizaciones Internacionales como la OEA y la propia ONU, baste recordar que ante la expulsión del presidente constitucional Manuel Zelaya y la designación de Roberto Micheletti, ambas organizaciones condenaron enérgicamente el golpe de Estado,[1] pero además la OEA lanzó un ultimátum de 72 horas al gobierno de facto, para reponer a Zelaya en el poder;[2] sin embargo, esto no sólo no ocurrió, sino que además dio lugar a que Honduras presentara una comunicación reiterándose del Organismo regional,[3] señalando irónicamente: “Honduras puede vivir sin ningún problema fuera de la Organización de Estados Americanos”. Así, siguen pasando las semanas y el fracaso de las gestiones diplomáticas desarrolladas por la OEA se hacen mas que evidentes, poniéndose en cuestión la Carta Democrática Interamericana y la suspensión del Estado, como mecanismos eficaces de presión para lograr el retorno del orden constitucional, sentando un grave precedente para la estabilidad de la democracia en nuestra región en pleno siglo XXI. Sin duda, faltó una reacción más temprana por parte del organismo regional americano, que evitara el desenlace que hoy resulta difícil de revertir.

De otro lado, en cuanto a las inconsistencias, no deja de asombrar el “activismo” de la organización regional americana una vez producido el golpe de Estado en Honduras, el mismo que no se presentó ante los sucesivos golpes de Estado (directos o indirectos) ocurridos en Ecuador con Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) o en Argentina con Fernando de la Rúa (2001) y en Bolivia con Gonzalo Sánchez de Lozada (2003), sólo por mencionar algunos ejemplos. Lo que es peor aún, tampoco se ha observado ninguna reacción de la organización frente a regímenes que han utilizado los mecanismos de la democracia representativa para hacerse del poder y desde ahí implantar un régimen que desconoce la libertad de expresión, las libertades individuales, el equilibrio de poderes, el respeto a los derechos humanos, la alternancia en el poder, entre otros conceptos, que la propia Carta Democrática Interamericana señala como componentes de toda democracia.[4]En este sentido, sorprende que ante el pedido de los países que conforman el ALBA, el organismo regional haya actuado con tanta rapidez, cuando muchos de ellos (como Venezuela, por ejemplo) no cumplen con los requisitos mínimos de una democracia. No es que la condena continental de lo ocurrido en Honduras sea incorrecta, lo que sorprende, es el doble estándar de la organización para medir las democracias en la región. ¿Qué es entonces lo importante en una democracia? ¿Basta sólo con acceder al poder por mecanismos constitucionales? La democracia que la OEA defiende ¿sólo se sustenta en el voto libre, universal y secreto? Por último, si bien en Honduras existió un golpe que debía ser condenado ¿no existían circunstancias internas que debían ser tomadas en cuenta para una primera aproximación al tema más moderada y dialogante?[5]

Finalmente, en lo que toca al papel desempeñado por el Gobierno de Barack Obama, no son pocos los analistas dentro y fuera de los Estados Unidos que lo han criticado por sumarse sin reparos al concierto de la OEA, tomando en cuenta que Zelaya se acababa de sumar al bloque del ALBA, liderado por Hugo Chávez. Si bien esta posición principista de respeto al mecanismo multilateral, marca un claro deslinde con la política exterior de George W. Bush, lo que es altamente positivo, de otro lado, extraña que Estados Unidos no haya calibrado desde un primer momento que mas allá del golpe de Estado en Honduras, aquí se está jugando un partido mas importante. Quizás la comprensión de esto último, haya motivado que Estados Unidos haya luego promovido la mediación del Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, sabiendo que lo máximo que éste podrá obtener es un adelanto de las elecciones generales (programadas para el 29 de noviembre), lo que por un lado mantendrá el statu quo hasta esa fecha, y luego de ella, permitirá la elección de un nuevo Presidente que seguramente no se sumará al concierto de Hugo Chávez, lo cual, resulta altamente favorable para los intereses de los Estados Unidos y para la democracia que este país busca consolidar en nuestra región.

Al respecto, resulta entonces importante no caer en el juego que algunos países vienen promoviendo al interior de la OEA, consistente en no reconocer los resultados de las elecciones de noviembre, en caso no se permita el retorno de Zelaya al poder, aunque sea simbólicamente. Como lo señala el ex canciller de México, Jorge Castañeda, “la cuestión no es quien administra las elecciones, sino si son libres y limpias. En lugar de insistir en la índole ilegítima de los sucesores de Zelaya (lo cual es un argumento indisputable pero ocioso), los países deben concentrar su presión en asegurarse de que el régimen de facto de Micheletti respete los estándares hemisféricos e internacionales en la organización de las próximas elecciones […] Si los demócratas no se dan cuenta de esta estratagema, los países del ALBA se robarán la situación, como han tendido a hacer hasta ahora”.[6]

En todo caso, el golpe de Estado en Honduras debe servir para promover una reflexión profunda sobre cómo fortalecer las democracias en la región así como los mecanismos destinados a su defensa y protección, a efectos de no seguir siendo meros espectadores de interrupciones democráticas que en nada contribuyen a nuestro bienestar y desarrollo.

[1] Véanse las Resoluciones CP/RES. 953 (1700/09) de 28 de junio de 2009 del Consejo Permanente y AG/RES.1 (XXXVII-E/09) de 1 de julio de 2009 de la Asamblea General de la OEA, donde se acuerda “condenar enérgicamente el golpe de Estado”, “no reconocer ningún gobierno que surja de esta ruptura constitucional” y “exigir la restauración inmediata e incondicional del Presidente Zelaya a sus funciones constitucionales”. Asimismo, véase la Resolución A/RES/63/301 de 1 de julio de 2009 de la Asamblea General de la ONU en exactos términos.

[2] Véase la Resolución de la Asamblea General de la OEA de 4 de julio de 2009, en la cual se resuelve “suspender al Estado de Honduras del ejercicio de su derecho de participación en la OEA” y “alentar a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que revisen sus relaciones con la República de Honduras”.

[3] Basados en el artículo 143 de la Carta de la OEA.

[4] Véanse los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.

[5] Como fue el desconocimiento del Presidente Zelaya de las decisiones de la Corte Suprema, el Congreso y el Fiscal General de Honduras, quienes habían dictaminado que la consulta (reeleccionista) que pretendía formular era ilegal. Véase en este sentido la Constitución hondureña: Artículo 4: “[…] La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria”.

Artículo 239: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.

[6] Diario “El Comercio”, Lima 16 de agosto de 2009.

I. Origen, actores y calificación del conflicto

Como el lector recordará, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 el presidente Bush declaró que el resto de países debían escoger entre apoyar a Estados Unidos en su “guerra contra el terror” o apoyar al terrorismo y que aquellos que albergaran a Al-Qaeda serían tratados como el enemigo [1] . A raíz de ello, Pakistán se vería presionado para realizar operaciones militares en su región montañosa limítrofe con Afganistán, Estado donde el régimen talibán gobernó entre 1996 y 2001, cuando fue derrocado por una coalición internacional liderada por Estados Unidos.

En efecto, la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán albergaba ya la presencia de Al-Qaeda, de talibanes y, en general, de extremistas extranjeros[2]. Cuando en julio de 2002 tropas militares pakistaníes ingresaron por primera vez en la zona, particularmente en la región autónoma de Waziristán, lo hicieron solo tras largas negociaciones con la población tribal local, la cual se oponía a toda presencia militar.

Luego de los dos atentados de diciembre de 2003 contra el entonces Presidente Pervez Musharraf, las operaciones militares se intensificaron en la región, [3] produciéndose el enfrentamiento directo entre las fuerzas militares pakistaníes y rebeldes tribales locales. Así, el Estado pakistaní se encontraba en la compleja situación de enfrentarse, a la vez, contra grupos radicales extranjeros que se encontraban en su territorio y a la población tribal rebelde que se oponía a la presencia militar en la zona fronteriza. [4]

Ahora bien, el Estado pakistaní ha tenido un importante apoyo financiero, logístico y militar extranjero para afrontar el conflicto. Entre 2001 y 2008 Estados Unidos proporcionó once mil millones de dólares a Pakistán para financiar las operaciones militares en su territorio. Adicionalmente, empezando el 2005, la administración Bushproporcionó seiscientos millones de dólares anuales como ayuda al desarrollo. Mas tarde, el presidente Obama ha prometido aumentar considerablemente el monto de ayuda económica a mil quinientos millones de dólares anuales, por cinco años, además de proporcionar otros dos mil ochocientos millones de dólares para equipamiento, entrenamiento e infraestructura directamente relacionada a las operaciones de contrainsurgencia. [5]

Por su parte, personal militar británico, junto a asesores militares estadounidenses, se encuentran capacitando a una fuerza policial fronteriza de sesenta mil efectivos destinada a realizar acciones de contrainsurgencia. [6]

Estados Unidos no se ha limitado a brindar apoyo a la acción militar pakistaní sino que ha realizado acciones militares propias en Pakistán. Así, ante lo que percibía como ausencia de una acción efectiva pakistaní, Estados Unidos ha realizado diversas operaciones clandestinas, principalmente a través de aeronaves no tripuladas en las zonas fronterizas donde se encontraban las fuerzas de Al-Qaeda y sus aliados [7] . Tales acciones generaron la continua protesta de Pakistán por la violación de su soberanía y las muertes de civiles durante los ataques [8] . Afortunadamente, esas controversiales operaciones han dejado de registrarse tras la asunción del actual presidente estadounidense.

La compleja situación que se vive en Pakistán se identifica, por tanto, con una de las formas contemporáneas de conflictividad en las que proliferan los actores no estatales y se vuelve un fenómeno complejo de violencia transnacional. Así, en Pakistán se desarrolla un conflicto asimétrico en el que se enfrenta el Estado pakistaní contra actores terroristas globalizados con redes en diferentes partes del planeta [9] . Por otro lado, las operaciones militares clandestinas realizadas por Estados Unidos sin el consentimiento de Pakistán podrían generar que, respecto a tales operaciones, se apliquen normas correspondientes a los conflictos armados internacionales.

II. Estado actual del conflicto

El acuerdo de paz de Waziristán de septiembre de 2006 marcó un punto de quiebre en el desarrollo del conflicto, al significar el cese de las hostilidades entre el gobierno pakistaní y los líderes tribales alzados en armas. A partir de entonces el gobierno de Pakistán ha podido centrar sus acciones militares directamente contra los terroristas islámicos que se encuentran en la región fronteriza.

Uno de los mayores atentados sufridos en el país durante el conflicto se produjo el 20 de septiembre de 2008 cuando un camión bomba detonó frente al Hotel Marriott de la capital Islamabad , matando a decenas e hiriendo a varios cientos de personas [10] . Como consecuencia, el gobierno ordenó una masiva contraofensiva en la zona fronteriza.

En marzo de 2009 Pakistán logró finalmente vencer a los talibanes y otros extremistas islámicos en la región fronteriza de Bajaur pero, como retaliación, comandos talibanes atacaron la academia policial local matando y tomando como rehenes a numerosos cadetes policiales. La ofensiva talibán continuó con la toma progresiva de numerosos pueblos al punto que en abril de este año ocupaban diversas plazas a tan solo 100 kilómetros de Islamabad. [11]

Para junio de este año las fuerzas militares pakistaníes habían conseguido recuperar el control del valle del río Swat, próximo a la capital, pudiendo nuevamente montar una ofensiva contra la región montañosa fronteriza, donde continúan en la actualidad los enfrentamientos.

III. Problemática a futuro

La naturaleza asimétrica del conflicto armado en la frontera noroccidental de Pakistán implica que la solución al problema no se encontrará en una victoria militar dentro de su territorio ya que las organizaciones terroristas internacionales a las que enfrenta podrían continuar operando desde otros Estados vecinos y, así, continuar enviando personal y recursos a territorio Pakistaní. En tal sentido, el conflicto armado se encuentra vinculado a los conflictos armados en Afganistán e Irak, así como a la problemática situación de Irán.

Por otro lado, la falta de autoridad estatal, la gran cantidad de armamento y el incremento de la militancia islámica en la región fronteriza hacen que ésa sea una zona en la que el conflicto armado pueda continuar durante muchos años. En tal sentido, son múltiples los retos que enfrenta Pakistán para detener la saga de destrucción, pérdida de vidas humanas y desplazamiento interno que vive. [12]

[1] “The War in Pakistan”. Editorial del Washington Post del 25 de enero de 2006. HTTP://WWW.WASHINGTONPOST.COM/WP-DYN/CONTENT/ARTICLE/2006/01/24/AR2006012401528.HTML. Consultado por última vez el 10 de agosto de 2009.

[2] “Al Qaeda Finds Its Center of Gravity”. Artículo del New York Times del 10 de septiembre de2006.HTTP://WWW.NYTIMES.COM/2006/09/10/WEEKINREVIEW/10ROHDE.HTML?_R=1. Consultado por última vez el 10 de agosto de 2009.

[3] Idem.

[4] “Pakistan’s undeclared war”. Artículo de BBC News de 10 de septiembre de 2004.HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/2/HI/SOUTH_ASIA/3645114.STM. Consultado por última vez el 10 de agosto de 2009.

[5] “Obama to propose 2.8 million dollars military aid for Pakistan”. Artículo de Thaindian News. HTTP://WWW.THAINDIAN.COM/NEWSPORTAL/SOUTH-ASIA/OBAMA-TO-PROPOSE-28-BILLION-DOLLARS-MILITARY-AID-FOR-PAKISTAN_100173583.HTML. Consultado por última vez el 10 de agosto de 2009.

[6] “British forces train Pakistan′s Frontier Corps to fight al-Qaeda”. Artículo de The Times Online del 21 de marzo de 2009.HTTP://WWW.TIMESONLINE.CO.UK/TOL/NEWS/WORLD/ASIA/ARTICLE5946916.ECE.Consultado por última vez el 10 de agosto de 2009.

[7] “The War in Pakistan”. Véase nota no.1 supra. Véase también “U.S. attack on Taliban kills 23 in Pakistan” Artículo de The New York Times del 9 de septiembre de 2008. HTTP://WWW.NYTIMES.COM/2008/09/09/WORLD/ASIA/09IHT-09PSTAN.15996896.HTML. Consultado por última vez el 10 de agosto de 2009.

[8] “Pakistan protest to US ambassador”. Artículo de BBC News del 20 de noviembre de 2008. HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/2/HI/SOUTH_ASIA/7738966.STM. Consultado por última vez el 10 de agosto de 2009.

[9] SALMÓN, Elizabeth. Introducción al Derecho Internacional Humanitario. Lima: Comité Internacional de la Cruz Roja, p.155.

[10] “Dozens killed in Pakistan attack”. Artículo de BBC News del 20 de septiembre de 2008. HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/2/HI/SOUTH_ASIA/7627135.STM. Consultado por última vez el 10 de agosto de 2009.

[11] “Taleban storm district near Swat”. Artículo de BBC News del 8 de abril de 2009.HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/2/HI/SOUTH_ASIA/7990401.STM. Consultado por última vez el 10 de agosto de 2009.

[12] “Pakistán: un difícil regreso a la Provincia de la Frontera Noroccidental”. Resumen de actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja de 13 de agosto de 2009.HTTP://WWW.ICRC.ORG/WEB/SPA/SITESPA0.NSF/HTML/PAKISTAN-UPDATE-130809. Consultado el 13 de agosto de 2009.

Las recientes elecciones en Irán hay que analizarlas desde la doble perspectiva del resultado que han arrojado y de lo que cabe esperar a futuro. Convocadas para elegir entre el radical presidente-candidato Ahmadineyad y el opositor moderado Mussavi, la ventaja del presidente-candidato era evidente por tener a su favor los resortes electorales y todos los medios a su disposición en un sistema de autoritarismo religioso con ropajes de laicismo democrático. No obstante, ha sorprendido encontrar una vigorosa oposición que no sólo se movilizó a votar a favor del opositor Mussavi, sino que estuvo dispuesta a reclamar la legitimidad de una victoria en las urnas desafiando la represión gubernamental y poniendo en evidencia una fisura significativa en el otrora régimen de los ayatollahs chiítas, de quienes Ahmadineyad es continuador. El apoyo incondicional del ayatollah Jamenei, máxima autoridad política religiosa iraní, así como de los segmentos más conservadores del espectro político (que controlan la mayor parte del aparato burocrático, militar y policial) ha permitido que Ahmadineyad se sobreponga a las protestas internas, acallando el clamor de un fraude electoral.

Irán es un actor regional de primer orden. Su posición geográfica lo convierte en lugar donde convergen múltiples intereses, puesto que su influencia puede percibirse en todo el vecindario del Medio Oriente. Si bien el discurso radical de Ahmadineyad resulta provocador frente a los países occidentales por sus continuos retos y bravatas, lo cierto es que la acción política discurre por otros caminos. Irán resulta esencial al ser el segundo país con mayores reservas de petróleo, por detrás de Arabia Saudita, y aunque el precio del barril de petróleo esté a la baja, igual percibe ingentes ingresos que permiten al Estado iraní tener una participación determinante en la vida económica del país. Irán es indispensable para la pacificación de Irak por su influencia en la minoritaria pero no poco importante facción chiíta; un papel parecido puede cumplir para ayudar a estabilizar Afganistán al margen de los talibanes (que pertenecen al Islam sunita). La normalización de la situación de Irak y Afganistán alejaría de la zona a los norteamericanos y fortalecería la posición iraní.

Mención aparte merece el programa nuclear que pretende desarrollar Irán y que constituye para sus vecinos, especialmente Israel, un motivo de serias dudas y preocupaciones. Todo parece indicar que un programa nuclear de uso no militar podría ser tolerado, siempre que aceptara la supervisión internacional para garantizar que no se use con fines bélicos, sin embargo, el discurso más que las acciones de Irán y especialmente del reelecto Ahmadineyad arrojan serias dudas sobre la conveniencia de tolerar el avance del programa nuclear.

En definitiva, más allá de lo cuestionable del resultado electoral, el régimen iraní, del que Ahmadineyad es sólo una parte visible, tendrá que bajar el tono de la confrontación con Occidente para poder aprovechar las ventajas que de momento su situación geoestratégica le puede permitir si pretende tener un papel más importante en el escenario de la política internacional en el Oriente Medio.

Estado provocador, una frase acuñada por la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, durante la administración demócrata del Presidente Bill Clinton, parece ser el término más ejemplificador de lo que significa para las relaciones internacionales en nuestros días, Corea del Norte.

Monocracia marxista y típico régimen unipartidista oriental de guerra fría, de sucesión dinástica y fortísimo culto a la personalidad de sus líderes, su sistema político se ha mantenido incólume e impermeable a pesar de la caída del muro de Berlín (1989) y la desintegración de la Unión Soviética (1991).

La guerra fría contribuyó decisivamente a la escalada armamentista tanto en arsenales de armas convencionales y no convencionales (nucleares, químicas y bacteriológicas). En tal contexto, Corea del Norte afirmó una estrecha relación de cooperación militar con la ex Unión Soviética, constituyéndose como importante ficha del tablero de ajedrez de la península de Corea. Sus Fuerzas Armadas se encuentran consideradas como una de las diez más numerosas del mundo, y su gasto militar en relación al PBI es probablemente uno de los más altos del planeta. Su proyecto nuclear militar, y abierta intención de empleo como instrumento de política exterior, cubierto eufemísticamente de un concepto tan trajinado y ambiguo como el de disuasivo y eminentemente defensivo, ha colocado en la mira al régimen de Pyong Yiang frente a diversas potencias y organismos internacionales de verificación (ONU / sistemas de salvaguardia AIEA) y evoca viejas reminiscencias de nomenclatura de seguridad, de conflicto este-oeste (Destrucción Mutua Asegurada – MAD, equilibrio del terror, contención, esferas de influencia, fronteras ideológicas, armas de destrucción masiva, etc.).

Su abierta intención de desarrollar un programa de tecnología nuclear data de fines de los años cuarenta, con asesoramiento soviético, pero es recién durante el año 2005 que el gobierno realiza ante la comunidad internacional una declaración unilateral afirmando que poseía armamento nuclear. Corea del Norte dentro de su política exterior plantea persistentes reparos a la filosofía procedimental del Tratado de No Proliferación Nuclear –TNP– del cual formó parte, siendo especialmente díscola a los procedimientos de verificación e inspección a los que denominó “una herramienta de presión” de Estados Unidos, como parte de sus intereses particulares dentro del denominado “club nuclear”, que tiene base en los componentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo las señales emitidas por Corea del Norte no han sido coherentes; así en 1991 firmaba un acuerdo con su homóloga del sur en materia de desnuclearización y en 1993 se retira del TNP, produciendo recurrente y deliberadamente “crisis nucleares” regionales e internacionales, introduciendo evidentes factores de inestabilidad en distintos niveles geográficos. Su tecnología balística vigente podría llegar a la categoría de sistemas intercontinentales ICBM, por intermedio de sus ingenios de modelos TAEPODONG I (alcance efectivo estimado en 2,800 km.) y TAEPODONG II (alcance efectivo estimado en 7,000 km.), los que han sido recientemente probados (lanzados), al parecer con poco alentadores resultados, lo que no es de ninguna manera una señal positiva para sostener que tal amenaza no sería lo suficientemente efectiva en el futuro.

Un ámbito especialmente peligroso en tal contexto es el de la “exportación” de tecnologías nucleares. Tal es el caso de Irán, país que también se encuentra embarcado en un programa más o menos similar, apelando en muchas ocasiones al tradicional e histórico estilo y tono confrontacional desafiante de Corea del Norte, en el tema de sus intenciones sobre el acceso y soberanía estatal para con armamento de destrucción masiva. Los misiles iraníes de la clase Shehab (3), guardan asombrosa similitud en materia de alcance y otras ciertas características para con sus contrapartes norcoreanas.

Debo en este punto dejar constancia de mi escasa vocación y débil entusiasmo frente a cualquier tipo de teorías conspirativas, particularmente en el análisis de las relaciones internacionales, pero existen diversos indicadores reales de la existencia de una política exterior y de defensa (que incluye el tema nuclear), bastante clara en cuanto a objetivos estratégicos de Irán (principalmente) y Corea del Norte (en segundo orden) hacia América Latina, donde habrían echado raíces en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, inicialmente a través de una activa diplomacia presidencial. En ese sentido, la transferencia de tecnologías militares convencionales, el incremento como consecuencia de ello de cooperación para con programas adicionales paralelos de desarrollo de energía nuclear (seguramente con fines pacíficos, y negada para fines militares), y el incremento de la cooperación política e ideológica entre fundamentalismos islámicos y populismos radicales, nos colocaría en riesgosa cercanía a situaciones de conflicto abierto, jugando en contra de importantes instrumentos de tradición, sello y diseño propio: el Tratado de Tlatelolco y la OPANAL, que han sido sin duda para nuestro hemisferio sur, aportes precursores en tan especializado campo y tema de la seguridad.

Los recursos genéticos marinos desempeñan un importante rol como elementos constitutivos de la diversidad biológica marina y de sustento de la vida. Laconservación y uso sostenible de dichos recursos son fundamentales para la salvaguarda de los beneficios que se derivan de ellos. No obstante, diversas amenazas vinculadas a la contaminación, cambio climático, sobreexplotación o prácticas pesqueras destructivas, influyen en su vulnerabilidad.

Como es bien sabido, los Estados ribereños tienen soberanía o derechos soberanos respecto de los recursos existentes (incluidos los recursos genéticos marinos) en las zonas de jurisdicción nacional. Sin embargo, el régimen jurídico aplicable a dichos recursos cuando éstos estuvieren situados fuera de las zonas de jurisdicción nacional de los Estados, constituye en la actualidad, uno de los temas de mayor debate en el campo del Derecho Internacional del Mar.

Así, existen diversas posiciones sobre el particular, las cuales han venido siendo expresadas en distintos foros internacionales, las mismas que se exponen a continuación:

a) Diversos Estados señalan que todos los recursos de la Zona, [1] incluidos los recursos genéticos marinos, forman parte del “patrimonio común de la humanidad”. En este sentido, sostienen que las actividades relativas a los recursos biológicos de los fondos marinos –entre ellos los recursos genéticos– fuera de las zonas de jurisdicción nacional, deberían llevarse a cabo en beneficio de toda la humanidad, en consonancia con los principios aplicables de la Convención del Mar y sus disposiciones, que rigen la investigación científica marina y la Zona.

En este orden de ideas, el régimen aplicable a los recursos genéticos marinos no debiera asimilarse al de los recursos marinos vivos de la alta mar. Asimismo, el acceso y reparto de los beneficios –señalan– debería basarse en el principio del “patrimonio común de la humanidad”.

El principio del patrimonio común de la humanidad es anterior a la Convención del Mar y su codificación no debe reducir sus alcances. En base a esto, se señala que el artículo 133 de la Convención [2] no se puede interpretar en el sentido de excluir los recursos genéticos marinos de los fondos marinos fuera de las zonas de jurisdicción nacional, del ámbito del patrimonio común de la humanidad. Sin perjuicio que los recursos genéticos marinos forma parte del patrimonio común de la humanidad, de conformidad con la Convención , cualquier futuro acuerdo de aplicación de la Convención debería aclarar este punto.

De igual modo, los recursos genéticos marinos deberían utilizarse de forma equitativa y eficiente de conformidad con el cuarto párrafo del preámbulo de la Convención. [3] En dicha medida, los recursos genéticos marinos situados fuera de las zonas de jurisdicción nacional no pueden considerarse de acceso libre ni ser objeto de propiedad privada, ya que dichos modelos no son equitativos.

b) Otros Estados expresan una opinión distinta acerca de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos fuera de las zonas de jurisdicción nacional, en el sentido que los recursos marinos vivos no están sujetos a las disposiciones de la Parte XI de la Convención del Mar relativa a la Zona, quedando fuera del mandato de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, excepto en la medida en que dichos recursos formaran parte del medio marino a ser protegido en el contexto de actividades de explotación minera. Según estos Estados, las disposiciones pertinentes de la Convención aplicables a los recursos genéticos marinos figuran en la Parte VIIrelativa a la Alta Mar , en particular los artículos 117 y 118 de la sección 2, [4] así como en las Partes XII (Protección y preservación del medio marino), XIII (Investigación científica marina) y XIV (Desarrollo y transmisión de tecnología marina).

c) Aun cuando compartan la opinión de que los recursos genéticos marinos situados fuera de las zonas de jurisdicción nacional no quedan comprendidos en la definición de recursos de la Zona , varios Estados opinan que la Convención del Mar no ofrece un marco global claro para el ordenamiento de los recursos genéticos marinos de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Dichos Estados proponen la elaboración de un marco global y práctico para la exploración y explotación de todos los recursos genéticos marinos situados fuera de las zonas de jurisdicción nacional en el marco de la Convención, con el fin de protegerlos y conservarlos y a los efectos del acceso y reparto de beneficios.

Estos Estados se declaran dispuestos a considerar, sin perjuicio de los derechos soberanos y de la jurisdicción de los Estados ribereños en las zonas marítimas sometidas a su jurisdicción, una regulación más formal de todos los recursos genéticos marinos fuera de las zonas de jurisdicción nacional (tanto respecto de la columna de agua como de la zona de los fondos marinos) sobre la base de un enfoque integrado más amplio de la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica marina, teniendo en cuenta los legítimos intereses de todos los Estados.

d) Finalmente, algunos Estados declaran que no están convencidos de la necesidad ni la conveniencia de un nuevo régimen internacional para proteger los recursos genéticos marinos fuera de las zonas de jurisdicción nacional, y destacan los riesgos de que inhiba la investigación. Señalan que se opondrían a un régimen que pudiera interferir las libertades de la alta mar y manifiestan que el marco jurídico existente proporcionado por la Convención y otros instrumentos aplicables ofrece la flexibilidad necesaria para la conservación y utilización de los recursos genéticos marinos.

En todo caso, este no es el único tema en debate. Otro tema jurídico que genera controversia es el correspondiente a los regímenes de propiedad intelectual relativos a los recursos genéticos marinos. Se trata de uno de los aspectos de más complejidad legal y que requieren mayor examen por parte de los países, en coordinación con los organismos internacionales competentes, como por ejemplo, la Organización Mundialde la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio, los cuales podrían brindar sus conocimientos especializados. A manera de ejemplo, se requeriría examinar temas relativos a la divulgación del origen de los recursos genéticos marinos, los vínculos con los conocimientos tradicionales, los efectos en el intercambio de conocimientos y las consecuencias en materia de acceso y reparto de los beneficios.

En los próximos años, podremos apreciar finalmente hacia donde se inclina la mayoría de Estados en torno a estos y otros temas actualmente en debate.

[1] De acuerdo con el artículo 1.1.1 de la Convención del Mar referente a los “Términos empleados y alcance” “1. Para los efectos de esta Convención: 1) Por ‘Zona’ se entiende los fondos marinos y oceánico y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional”.

[2] El artículo 133 de la Convención del Mar en la Parte XI relativa a La Zona, establece que “Para los efectos de esta Parte: a) Por ‘recursos’ se entiende todos los recursos minerales sólidos, líquidos o gaseosos in situ en la Zona, situados en los fondos marinos o en su subsuelo, incluidos los nódulos polimetálicos; b) Los recursos, una vez extraídos de la Zona, se denominarán ‘minerales'”.

[3] El párrafo cuarto de la Convención del Mar señala lo siguiente: “Reconociendo la conveniencia de establecer por medio de esta Convención, con el debido respeto de la soberanía de todos los Estados, un orden jurídico para los mares y océanos que facilite la comunicación internacional y promueva los usos con fines pacíficos de los mares y océanos, la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos”.

[4] El artículo 117 (Deber de los Estados de adoptar medidas para la conservación de los recursos vivos de la alta mar en relación con sus nacionales) de la Sección 2 de la Convención del Mar relativa a la Conservación y Administración de los Recursos Vivos en la Alta Mar, señala que “Todos los Estados tienen el deber de adoptar las medidas que, en relación con sus respectivos nacionales, puedan ser necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar, o de cooperar con otros Estados en su adopción”. Asimismo, el artículo 118 (Cooperación de los Estados en la conservación y administración de los recursos vivos) de la misma Convención, dispone que “Los Estados cooperarán entre sí en la conservación y administración de los recursos vivos en las zonas de la alta mar. Los Estados cuyos nacionales exploten idénticos recursos vivos, o diferentes recursos vivos situados en la misma zona, celebrarán negociaciones con miras a tomar las medidas necesarias para la conservación de tales recursos vivos. Con esta finalidad cooperarán, según proceda, para establecer organizaciones subregionales o regionales de pesca”.