Panorama Mundial

El proceso Brexit es confuso y alambicado. El propósito de esta nota es señalar algunos momentos claves del mencionado proceso hasta hoy y realizar algunas anotaciones respecto a las opciones que se abren a partir de la fecha límite del 29 de marzo, hasta hoy la fecha límite para la separación del Reino Unido de la Unión Europea. La nota concluirá enmarcando y dando una perspectiva de este proceso en el orden económico internacional.

La fecha límite de fines de marzo pende hasta hoy, al menos oficialmente, como una espada de Damocles sobre la posibilidad óptima de arribar a un plan de retiro negociado entre la UE y el Reino Unido y constituye la fecha de salida fijada por el mecanismo previsto en el artículo 50 del Tratado de Lisboa a partir de la notificación oficial de intención de retiro de la UE por parte del gobierno del Reino Unido.

La opción de un retiro duro o sin acuerdo (Hard Brexit) constituiría una alternativa trágica para el Reino Unido a la luz de una serie de pronósticos y proyecciones que han llamado la atención sobre lo oneroso que sería para la economía británica enfrentar un divorcio violento de su relación comunitaria. Así, por ejemplo, el Banco de Inglaterra reveló en noviembre de 2018 sus estimaciones pronosticando que luego de 15 años la economía británica crecería 3.9% menos por el Brexit, pero que dicha cifra subiría a 9.3% en caso de un Brexit sin acuerdo con la UE.

Es importante señalar que existía otra fecha límite importante, perturbadoramente cercana a los idus de marzo de la tragedia Julio César de William Shakespeare. En efecto, el pasado martes 12 de marzo era la fecha límite establecida por la Primera Ministra Teresa May para la realización de la segunda votación en la Cámara de los Comunes de un proyecto de acuerdo de separación civilizada con Bruselas. Era, por tanto, también la fecha límite para que Geoffrey Cox, el Fiscal General (Attorney General) del Reino Unido, acordara con Bruselas cambios en el proyecto de acuerdo de separación finalizado entre el gobierno británico y la Unión Europea recién el pasado mes de noviembre de 2018.

La versión actual de ese documento consta de 585 páginas y fue estruendosamente rechazada por la Cámara de los Comunes el pasado mes de enero por 230 votos (432 a 202) y llegó incluso a poner en la agenda política británica la supervivencia de May.

El proyecto de acuerdo actual evita una disrupción violenta precisamente porque contempla un plan ordenado de salida del Reino Unido de la Unión Europea que incluye un período de transición de 21 meses que debería servir para que Londres y Bruselas negocien un acuerdo de libre comercio.

Sin embargo, la versión actual de ese plan de salida no resulta satisfactoria para la mayoría de parlamentarios británicos, principalmente, debido a la denominada cuestión del Irish border backstop. El backstop busca evitar la materialización de una frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y colisiona con la intención del gobierno británico de salir de la Unión Europea dejando irrestrictas sus posibilidades de negociar acuerdos de libre comercio con terceros países, sin el corsé de la Unión Europea. El proyecto actual de acuerdo Brexit prevé que tanto el Reino Unido como la Unión Europea harán sus mejores esfuerzos para arribar a un acuerdo de libre comercio 6 meses antes del fin del período de transición previsto para diciembre de 2020 y que en caso de no llegar a un acuerdo hasta esa fecha la UE y el Reino Unido podrían extender dicho período de transición por un período indeterminado. En caso no haya acuerdo sobre dicha extensión operaría el famoso backstop. Dicho backstop consiste en una unión aduanera entre la Unión Europea y el Reino Unido que operaría desde el fin del período de transición (diciembre de 2020) hasta que se arribe a un nuevo acuerdo. Esta indefinición es la que no resulta digerible aún para la mayoría en el Parlamento británico porque podría significar el quedar atrapados en una unión aduanera con la UE, máxime si el propio proyecto de acuerdo establece que el desmantelamiento del backstop requiere un acuerdo entre ambas partes (UE y Reino Unido). En este contexto, el Parlamento inglés ha buscado, infructuosamente, introducir compromisos por parte de la UE que garanticen la independencia de la política comercial británica en cuanto a negociaciones de acuerdos de libre comercio con terceros países.

Por su parte, la UE ha sostenido repetidamente que los términos de la salida del Reino Unido ya fueron negociados, que dichos términos han sido recogidos en el proyecto de acuerdo de separación actual y que dicho proyecto no es susceptible de negociaciones.

Dicho entrampamiento determinó que la propuesta de May volviera a perder el 12 de marzo. Esta vez por 321 contra 278 votos. Sin embargo, también se puso al voto la posibilidad de un Brexit sin acuerdo con la UE y el Parlamento también la rechazó aunque de manera mucho más apretada (312 a 308). La pregunta de rigor, evidentemente, es qué sucederá a partir de ahora, pero queda claro que la situación es de entrampamiento.

Entremos a analizar, entonces, los diversos escenarios posibles que se han abierto después del resultado de la segunda votación en el Parlamento británico.

Todo indica que la negociación entre Geoffrey Cox y Michel Barnier, el Jefe Negociador del Brexit nombrado por la Comisión Europea, se encuentra ya estancada y no se vislumbra la posibilidad de mayores cambios en el proyecto de acuerdo.

Por su parte, May anunció que llevará el proyecto a una tercera y, presumiblemente, última votación la semana del 18 de marzo. Su estrategia es poner a los Brexiters duros entre la espada y la pared a fin de que finalmente acepten, aún a su pesar, el proyecto negociado con la UE.

La primera alternativa es que, a regañadientes, acepten el proyecto de acuerdo actual. Ello le permitiría a May regresar a Bruselas a solicitar una extensión de la aplicación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. La nueva fecha límite de Brexit ya no sería entonces el 29 de marzo pero sería una relativamente cercana a fin de dar tiempo al Reino Unido para ordenar la casa y salir de la UE bajo los términos del proyecto de acuerdo actual.

Sin embargo, si la Cámara de los Comunes vuelve a rechazar el proyecto entonces May iría a Bruselas a perseguir una extensión mucho más larga, que podría alcanzar los dos años, con lo cual la incertidumbre se apoderaría incluso de la materialización del propio proyecto Brexit. Ello porque probablemente May dejaría el gobierno al rechazarse su proyecto de acuerdo y un período tan largo de espera jugaría como una señal política de no querer o no poder irse en definitiva, acrecentando la posibilidad de un segundo referéndum y determinaría que el Reino Unido participe en las elecciones del 23 de mayo.

Parecería que la apuesta arriesgada de May está dando resultado porque el jueves 14 de marzo la Cámara de los Comunes votó abrumadoramente (402 a 212 votos) encargar a May negociar con la UE una extensión, como mínimo hasta el 30 de junio.

La fórmula sería la siguiente: si la propuesta de acuerdo de salida logra finalmente ganar en el Parlamento la próxima semana, la extensión que deberá buscarse sería hasta el 30 de junio, buscando evitar de esta manera la participación del Reino Unido en las elecciones parlamentarias europeas de mayo.

En caso no se logre la mayoría para aprobar el proyecto de salida negociado con la UE, May deberá igual ir a Bruselas pero a fin de negociar un plazo de salida mucho mayor, más de un año previsiblemente e incluso hasta dos. Estaríamos entonces en el escenario descrito líneas arriba que pondría en duda al Brexit mismo. Aunque hoy por hoy la posibilidad de un segundo referéndum no está madura aún, lo que quedó demostrado en la votación del mismo jueves 14 pasado que categóricamente descartó un segundo referéndum (334 a 85 votos). Este escenario de una negociación larga con la UE tampoco descarta la posibilidad de un resultado a la noruega, dejando al Reino Unido en el mercado común europeo.

Mucha incertidumbre aún, pero todo indicaría, entonces, que la fecha límite hasta hoy oficial del 29 de marzo está muerta. Sin embargo, esto no trae claridad del todo en el panorama político porque no existe certeza de que la próxima semana se apruebe el proyecto de acuerdo que hasta ahora provocaba tanta indigestión en la Cámara de los Comunes. No obstante, la maniobra política de May, basada en el miedo a no salir nunca de la UE, ha puesto al Reino Unido más cerca que nunca al resultado de la aprobación del proyecto y de una salida rápida y ordenada de la aventura comunitaria que inició el 1 de enero de 1973.

Lo que sí parece seguro es poder concluir que el transcurrir del tiempo y la configuración de las fuerzas políticas en el Reino Unido han llevado a evitar a toda costa un Hard Brexit. La razón detrás de dicha tendencia es que esas mismas fuerzas y partidos políticos se han enfrentado finalmente a la compleja realidad de materializar una promesa política que respondía a la inmediatez de una determinada coyuntura de sensación de inseguridad que la emprendió en contra del libre flujo de personas y se desbordó al punto de identificar como enemigo a todo el proceso de integración británica con el continente, siempre difícil.

En la teoría de las relaciones internacionales es prominente la literatura respecto a los regímenes internacionales y dentro de esta destacan los estudios sobre las características del régimen que gobierna las relaciones económicas internacionales a partir de la Segunda Guerra Mundial.

John Gerard Ruggie, escribiendo en 1982, en su célebre artículo International regimes, transactions and change: embedded liberalism in the postwar economic order, bautizó a este orden económico como liberalismo embebido o embedded liberalism, porque era un liberalismo inmerso y consciente de un compromiso político que reconocía un rol del Estado en la provisión de ciertas necesidades sociales fundamentales.

De igual forma existe un consenso que en la década de los noventa este régimen económico internacional que reconocía y hasta cierto punto promocionaba el rol del Estado bienestar cedió paso a uno en que la versión del liberalismo embebido con una cara más social fue sustituido por una versión neoliberal más agresiva en materia de desregulación.

También se debe reconocer que este régimen se encuentra hoy por hoy bajo un fuego nutrido de críticas a partir de la crisis financiera internacional del año 2008. El proceso Brexit es un episodio sin duda importante enmarcado en este proceso de revisión de lo que alguna vez se conoció como el Consenso de Washington, sin duda atizado por preocupaciones en materia de seguridad que siguen un eje Septiembre 2001 —terrorismo internacional— salvaguardias y restricciones en materia migratoria.

Sin embargo, se debe tener cuidado de los posibles excesos de esta serie de críticas e intentos de corte populista de hacer leña de un pretendido árbol caído del liberalismo a partir de la experiencia de la gran crisis financiera de 2008. La verdad es que, vista en retrospectiva, esa crisis fue bien manejada por los mecanismos informales de cooperación en materia de coordinación de políticas económicas que existen entre las autoridades monetarias y económicas de las economías más desarrolladas del planeta y del G-20. Basta comparar el resultado de esta crisis con la Gran Crisis de 1929 para justificar la conclusión precedente.

Parafraseando a Bhagwati, el hecho de estar a favor del libre comercio y economías más abiertas en general no significa que necesariamente se deba estar de acuerdo con la migración libre, el amor libre y con todo aquello que sea libre.

El proceso Brexit es un buen ejemplo de esa falacia y de cómo se debe tener cuidado en la implementación de ajustes en un modelo de economía abierta que a diferencia de sus competidores autárquicos, ha demostrado empíricamente sus ventajas. Amparándose en la necesidad legítima de realizar ajustes al modelo no se debe llegar al extremo de tirar el agua de la tina de baño junto con el bebé, para utilizar una expresión muy popular en el Reino Unido. Lección del Brexit.

En sus Cuadernos de la prisión, el filósofo italiano Antonio Gramsci escribió: ‘La crisis consiste precisamente en que lo viejo se está muriendo y lo nuevo no puede nacer; en este interregno aparece una gran variedad de síntomas mórbidos’. En cierto modo, esta es una descripción acertada del orden mundial actual.

Informe de Seguridad de Múnich 2019: “El gran rompecabezas: ¿Quién recogerá las piezas?” (p. 16).

En cumplimiento de sus “promesas” de campaña, tal como ocurrió con el Acuerdo de París y el TPP, el 08 de mayo de 2018 Donald Trump anunció el retiro de los Estados Unidos (EE.UU.) del Plan Acción Integral Conjunta (PAIC), celebrado el 14 de junio de 2015 entre Irán y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania (P5 +1).

Si bien el mandatario estadounidense no descartó retomar las negociaciones, las posiciones adoptadas por los EE.UU. en las conferencias sobre seguridad (Varsovia y Múnich en febrero) y la conclusión de la segunda fase de implementación de sanciones en noviembre pasado, han generado reacciones de desconcierto y rechazo por las partes involucradas, ante la ruptura de los compromisos asumidos, que incluso fueron subsumidos en la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad.

A diferencia de lo que ocurrió entre 2006 y 2013, cuando las sanciones aplicadas a Irán se motivaron en el incumplimiento del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y las resoluciones del Consejo de Seguridad, en esta ocasión no existen razones justificantes;[1] más allá de la posición unilateral adoptada por los Estados Unidos, liderado por Trump. Extensamente se habla precisamente, que mucho o casi todo depende de la voluntad del mandatario, sin embargo ¿qué riesgos ha asumido al “patear el tablero”?

Entre algunos de los riesgos aceptados, cuenta primero, que se ha incrementado la potencialidad de agravar las tensiones en materia de seguridad con los socios europeos, quienes se han mantenido hasta ahora firmes en sostener el PAIC. Segundo, al resquebrajar viejas alianzas occidentales los EEUU necesitan contar con seguidores proclives a las ideas que guían su “nueva” política exterior (junto a Polonia organizó la “Conferencia para la Promoción de la Paz y la Estabilidad” —en Oriente Medio— realizada el 13 de febrero en Varsovia). Tercero, la actitud sistemática de abandono de regímenes demuestra que los compromisos no resultan ser duraderos, lo cual podría incidir negativamente en las negociaciones con Corea del Norte, lideradas entusiastamente por el propio Trump. Cuarto, podría ocurrir que las sanciones resulten ser infructuosas para la consecución de los intereses de los EE.UU. y sus aliados Israel y Arabia Saudita en el Medio Oriente. Contrariamente a lo esperado, podrían impeler el ascenso al poder de facciones políticas iraníes radicales y poco afines a negociar con Occidente. Quinto, también podría contribuir a incrementar el acercamiento político y económico de Irán con China e India, sus principales compradores de petróleo, lo cual inclinaría el balance de poder desfavorablemente a los EE.UU., en un contexto signado por la incertidumbre propia de la transición a un nuevo orden internacional.

En esta coyuntura de “síntomas mórbidos”, los intereses en juego, tanto de seguridad como económicos han sido sopesados para lidiar con los efectos de la decisión estadounidense sobre los socios europeos y por supuesto Irán.

Alemania, Francia y Gran Bretaña se han mostrado convencidos de sostener el PAIC, como mecanismo que permite las inspecciones de la OIEA y abre la puerta para el comercio e inversiones hacia ese país. Así se lo han hecho saber a los Estados Unidos en la última Conferencia de Seguridad de Múnich. Concretamente, desde el año pasado, a fin de contrarrestar el impacto de las sanciones, la Unión Europea (UE) actualizó el “reglamento de bloqueo” para recuperación de daños generados a empresas por el incumplimiento de las sanciones, así como la regulación del Banco Europeo de Inversiones para que Irán siga siendo destino de inversiones. Asimismo aprobó un paquete de ayuda, se encuentra promoviendo el comercio con Irán a nivel de PYMES y lanzó el INSTEX, un instrumento para facilitar el “comercio legítimo” de medicamentos y alimentos.

Por su parte, a 40 años de su fundación, la República Islámica de Irán nuevamente se encuentra en un escenario de hostilidad con los EE.UU. Si bien a nivel macroeconómico, los índices experimentaron una mejoría entre 2015 y 2017, el malestar de la población por la gestión y la corrupción institucional ha ido en aumento. Y se ha agravado por la restauración de las sanciones que han deteriorado la economía precipitadamente: la inflación está por encima del 35%, el rial perdió 70% de su valor, el desempleo se extiende y el comercio total se ha reducido en casi un 50%, debido a que las exportaciones de petróleo y sus derivados, que concentran el 80%, han caído en más de la mitad. Para este año, la situación se muestra poco auspiciosa para el pueblo iraní; según estimaciones del FMI la economía se contraerá en un 3.6% respecto al 2018.

Ante una crisis económica que necesita ser abordada de forma comprehensiva, tanto en el plano externo como interno, Hassan Rouhani ha perdido popularidad en la presidencia, al igual que Mohammad Zarif en la cartera de Asuntos Exteriores (a fines de febrero presentó su renuncia al cargo, sin que fuera aceptada). Frente a los factores adversos, el gobierno iraní ha optado, por lo que no pocos analistas occidentales consideraban improbable: mantener su compromiso con el PAIC, bajo la premisa de “resistencia económica”.

En el ámbito regional, su accionar guiado por sus intereses geopolíticos (de liderazgo regional con elementos religiosos-chiísmo) con posterioridad a las sanciones estadounidenses no ha mermado en dinamismo: pruebas de misiles, lanzamiento de satélites, respaldo al régimen de Bashar al Assad y a los hutíes en Yemén, y lucha contra el Daesh. Inclusive, junto a Turquía ha planeado realizar una operación conjunta transfronteriza contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PPK) y su afiliado, el Partido de la Vida Libre de Kurdistán (PJAK).

En el plano económico-comercial, el gobierno de Rouhani ha procurado estrechar vínculos con Iraq, con miras a duplicar comercio (la devaluación del rial ha abaratado los productos iraníes) y sobre todo, para buscar mecanismos de pago a las exportaciones de petróleo sorteando las sanciones. Hacia la contraparte europea ha mostrado una actitud asertiva al cuestionar que el INSTEX no cubra los productos sancionados y que su implementación sea vinculada por algunos países al programa de misiles balísticos, que no forma parte del PAIC.

Para concluir, un enfoque reflexivo de los hechos brevemente referidos conduce hacia el cuestionamiento de las sanciones no por el lado de su efectividad potencial para desaparecer un régimen político, sino para infligir sufrimiento en la población del país gobernado por dicho régimen. La prevalencia del “poder duro” sobre el “poder suave” soslayando el factor coyuntural y las implicancias de su ejercicio (entre ellas, las humanitarias) constituye un “poder ingenuo, obcecado, poco inteligente”.[2]

[1] El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha avalado el cumplimiento iraní del PAIC en trece informes, al igual que las agencias de inteligencia de los EE.UU.

[2] Para denominar de algún modo, la antítesis del “poder inteligente” (smart power) propuesto por Joseph S. Nye.

Hasta este fin de semana, parecía que el presidente Emmanuel Macron había logrado domar el movimiento de protesta de los “chalecos amarillos” que lo puso en serios aprietos en diciembre pasado, al punto de poner seriamente en duda la continuidad de su gestión.

Para aplacar la ira de los manifestantes que cada sábado pedían abierta y casi literalmente su cabeza, el mandatario, no solo anuló la medida que inició el fuego, es decir, el impuesto a los combustibles más contaminantes, sino que también emitió disposiciones en materia tributaria y económica que favorecieron a parte de los sectores sociales representados en el movimiento.

Por otro lado, Macron llamó a todos sus compatriotas a un “gran debate nacional” para discutir de las reformas necesarias en 4 grandes aspectos: transición ecológica, tributación, democracia y ciudadanía y organización del Estado y de los servicios públicos. A pesar del escepticismo de muchos, la convocatoria fue un éxito. Los ciudadanos acudieron en buen número a las reuniones convocadas a nivel de los municipios, mientras que otros presentaron sus aportes y propuestas en la página web creada por el gobierno para ese efecto. Ello se explicaría, según han anotado varios analistas, porque los franceses tenían embalsadas unas ansias enormes de hacerse escuchar directamente, y no solo a través de las elecciones y de sus representantes, así como de debatir, por lo que la iniciativa de Macron les cayó a pelo.

La primera fase del ejercicio terminó el 15 de marzo, iniciándose a continuación la etapa de las discusiones a nivel de las regiones.

El resultado para el mandatario fue muy auspicioso, pues, por un lado, el número de participantes en las manifestaciones de cada sábado fue reduciéndose sensiblemente al punto de llegar, el 9 de marzo, a menos de 30,000 a nivel nacional, muy lejos del pico de 220,000 alcanzado en diciembre; por otro lado, sus índices de popularidad comenzaron a remontar en las encuestas. Tan relajado y aliviado se sintió, que se permitió tomarse el fin de semana del 16 para ir esquiar con su esposa en las alturas de los Pirineos.

Lamentablemente, al mismo tiempo que se deslizaba placenteramente en la nieve, en París, la famosa avenida de los Campos Elíseos era pasto de una horda de manifestantes incendiarios y vándalos que quemaron y saquearon establecimientos comerciales de lujo y un banco. No le quedó más remedio que colgar los esquís y volver precipitadamente a la capital, pasando así, literal y simbólicamente, del cielo al infierno.

Más que el número de manifestantes, que no creció mucho, es el recrudecimiento de la violencia y el desafío que ello implica para la autoridad del Estado que pone nuevamente en serias dificultades al mandatario. Lo llamativo es que días antes, la policía había advertido, a partir del análisis de los mensajes en las redes sociales, de lo que podía venir. Aparentemente, según explicó luego el ministro del Interior, alguien cambió algunas de las órdenes impartidas previamente por él, y así el dispositivo de seguridad no funcionó plenamente. El prefecto capitalino fue destituido.

Nuevamente, los analistas especulan con la posibilidad de que Macron no pueda culminar su mandato. Más aun teniendo en cuenta que, tras recibir el informe final con las propuestas vertidas durante el “Gran Debate”, muy probablemente, va a decepcionar a muchos a la hora de decidir sobre cuáles recoger y cuáles no. Ese momento puede ser muy delicado y riesgoso.

Lo anterior se da en paralelo con el activismo del presidente en la arena de la Unión Europea, en la que también optó por jugársela con una serie de propuestas para la reforma de la organización supranacional y que han sido recibidos educadamente, pero sin bombos y platillos, por los demás gobernantes. Ello, en el contexto de la cercanía de las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo y que podrían ver surgir una bancada de extrema derecha y populista bastante más numerosa que la actual. Por ahora, en Francia, el partido macronista encabeza las encuestas, pero habrá que ver qué sucede tras lo sucedido del 16 de marzo.

En todo caso, salvo que la indignación de la población por la violencia en París reduzca considerablemente las simpatías por los “chalecos amarillos”, parece que el inquilino del Eliseo se encuentra nuevamente en zona de peligro. Veremos cuán precario es.

Casi doce años después de haberse establecido el VRAEM como zona de intervención estratégica, y pese a haberse abatido a importantes mandos militares terroristas como “Alipio”, “Gabriel” y “Alfonso”, los remanentes senderistas liderados por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino siguen allí. Al parecer más fuertes que nunca. No sólo controlan el territorio con una fuerza de no más de cuatrocientos efectivos armados, según los especialistas, sino que se transformaron en una muy afianzada organización narcotraficante conectada con las más importantes redes internacionales.

En 2017 el VRAEM aportó el 67% de la producción de hoja de coca ilegal sobre 21,646 hectáreas ilegales, 7% más que en el 2016 (UNODC, 2018). Además hubo cero hectáreas erradicadas. A estas cifras oficiales, de la UNODC y DEVIDA, se agrega el informe del Comando Especial VRAEM de marzo de 2018, citado por Mariella Villasante en un artículo publicado por el IDEHPUCP (junio, 2018): “de las 230 toneladas de cocaína que elaboran anualmente las bandas de narcotráfico en esta zona, solo el 4,3% es decomisada por las fuerzas del orden. Se estima que funcionan más de 150 laboratorios, los más grandes pueden producir hasta 500 kilos de cocaína por semana, y están destinados al tráfico internacional […]”.

Así, la propia información oficial disponible demuestra que la lucha del Estado en el VRAEM —ministerios de Defensa y del Interior y DEVIDA― ha fracasado totalmente. Solicité información oficial sobre lo invertido. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas contestó que 3,317 millones de soles entre 2008 y 2018, fue lo destinado a operaciones militares en el VRAEM y a la lucha contra el terrorismo.[1]

Estas cifras sólo atañen al sector Defensa. Si se considera el presupuesto asignado por otros sectores y entidades del Estado (Interior, Educación, Salud, Agricultura, DEVIDA, etc.) para programas y actividades en el VRAEM durante la última década, es muy probable que estemos hablando de una cifra cercana a los siete mil millones de soles. Queda claro entonces que el fracaso de la lucha en el VRAEM no ha sido por carencia de recursos económicos. Quizá, en parte, a una poco eficiente gestión de los mismos.

¿Qué ha generado el evidente fracaso de la lucha del Estado contra las actividades del narcoterrorismo en el VRAEM? ¿La decisión política, el enfoque, la estrategia, la estructura institucional, la gestión de recursos, la falta de capacidades, la lucha contra el poder corruptor del narcotráfico?

Decisión política hubo, al menos entre el 2007 y el 2010. Durante ese período los sucesivos Ministros de Defensa priorizaron dos factores en su gestión: un fortalecimiento básico de las capacidades militares a través del denominado “Núcleo Básico de Defensa” y la lucha contra los remanentes senderistas en el VRAEM. También pareciera haber sido ese el caso entre el 2012 y 2015, durante el gobierno del Presidente Humala, a juzgar por los presupuestos asignados para la lucha en el VRAEM. Sin embargo, entre el 2016 y el presente, pareciéramos haber caído en una suerte de inercia en lo que a decisión política se refiere.

Cuando se concibió el Plan VRAE original en el ya lejano 2007, se partió de la premisa según la cual en dicha zona existían dos problemas, vinculados pero diferentes: por un lado los remanentes de Sendero Luminoso y por otro la creciente actividad del narcotráfico. Pareciera que esa idea subyace al día de hoy, lo que desde nuestra perspectiva constituye un grave error.

Sobre la base de un enfoque equivocado, se ha determinado una estrategia en la que, de un lado, los militares se encargan de enfrentar a los remanentes senderistas liderados por el “Camarada José”; y del otro, la policía lidera la lucha contra el narcotráfico en la zona, cuya principal organización es justamente la que también lidera el propio “Camarada José”.

Pese a tener una importante presencia en el VRAEM a nivel de bases, efectivos, inteligencia y equipamiento, las Fuerzas Armadas prestan un apoyo muy limitado a la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico. Una estructura diseñada sobre un enfoque y estrategia errados ocasiona una muy poco eficiente gestión de recursos humanos y materiales.

Ello no tiene sentido alguno considerando no sólo que se trata del mismo enemigo, sino que este financia su estructura militar con los ingentes beneficios económicos del narcotráfico en el VRAEM.

Sin duda este no es un tema menor. Baste recordar que hace unas semanas el Jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, Roy Carbajal Tarazona, renunció ante el Ministro de Defensa, General (r) José Huerta, frente a las críticas del Jefe del CCFFAA, el General César Astudillo, quien imputaba la responsabilidad de dicha entidad por el presunto retraso en la ejecución de diversos procesos de adquisición, los cuales habrían afectado directamente las operaciones militares en el VRAEM.

Finalmente, está el tema de la corrupción y la lucha contra el poder del narcotráfico. Hay quienes consideran que los importantes recursos financieros que el Estado destina anualmente a la lucha contra el narcoterrorismo en el VRAEM[2], sumado a la gran cantidad de dinero negro que mueve el narcotráfico en la zona, constituyen un incentivo perverso de alto poder, que genera que a malos funcionarios civiles, policiales y militares no les interese realmente solucionar los problemas de seguridad en el VRAEM, pues ello supondría “matar a la gallina de los huevos de oro”. Sin duda, algo de esto también hay.

Recuérdese, sobre el particular, que en 2016, el programa “Panorama” denunció el negociado del pago a falsos informantes de inteligencia en el VRAEM, actividad ilícita a cargo de presuntamente algunos oficiales corruptos del Ejército, justamente durante el período del General César Astudillo, actual Jefe del CCFFAA, quien entonces se desempañaba como jefe del Comando Especial VRAEM y que no fue comprendido en la investigación del caso.

Todo lo expuesto hasta aquí, y sin perder de vista además que el Perú es el segundo productor mundial de cocaína, abona en la necesidad urgente de replantear la estrategia del Estado en el VRAEM aprendiendo de la experiencia y de los errores cometidos. Con la mayor objetividad posible, con serenidad y sin el complejo de Adán que suele atacar a los políticos en el gobierno y a los altos funcionarios del Estado.

No obstante, el pasado 12 de octubre, a través del Decreto Supremo N° 102-2018-PCM, el gobierno del Presidente Martín Vizcarra, aprobó un nuevo plan multisectorial de desarrollo denominado “Estrategia VRAEM 2021”, iniciativa que pone el énfasis en el desarrollo económico e institucional de la zona, pero que en muchos aspectos parece compartir el espíritu de iniciativas anteriores, con el riesgo de convertirse en más de lo mismo, y peor aún, más de lo mismo que no funciona.

El desarrollo del VRAEM pasa por un combate directo y eficaz al narcotráfico, sin ello difícilmente tendrá éxito cualquier iniciativa de desarrollo social, y eso necesariamente supone entre otros factores, contar con planes y metas de erradicación o sustitución de cultivos, planes que no parecen contemplar la flamante “Estrategia VRAEM 2021”.

La lucha del Estado en el VRAEM debe estar liderada por un funcionario empoderado al más alto nivel político; y a la par de iniciativas de desarrollo económico y social, debe estar sustentada por una muy estrecha colaboración estratégica entre las FF.AA. y la PNP en las actividades contra el narcotráfico, tanto para fines operativos (patrullajes, destrucción de pozas de maceración, destrucción de laboratorios clandestinos, interdicción aérea, destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas, etc.), como en el desarrollo de labores de inteligencia. Finalmente, de lo que se trata es de atacar al enemigo común, creando sinergias entre las instituciones, mejorando la eficacia operativa y gestionando mejor los recursos públicos disponibles para tal fin.

Ello es perfectamente posible y factible. Hay que dejar de lado viejos prejuicios y complejos sobre la colaboración militar-policial en la lucha contra el narcotráfico. Además, existe un marco legal vigente que permitiría ese mayor nivel de coordinación e interoperabilidad.

[1] Dicha solicitud fue derivada al CCFFAA, siendo respondida a través del Oficio N° 4921-CCFFAA/OAJ del 26 de diciembre de 2018. Allí se señala que según lo informado por la Jefatura de la Oficina de Planes, Presupuestos y Racionalización del CCFFAA, en su calidad de Unidad Ejecutora, “este Comando Conjunto no asigna directamente presupuesto público al Comando Especial del VRAEM, razón por la cual no se cuenta con la información requerida”. Y añade, “sin perjuicio de lo antes mencionado, se adjunta un cuadro de ejecución presupuestaria de las Instituciones Armadas en el marco de las operaciones militares en apoyo a la lucha contra la subversión, operaciones militares contra terroristas en el VRAE y el programa presupuestal 032: “Lucha contra el Terrorismo”, correspondiente al período 2008 al 10 de diciembre del 2018”. El indicado cuadro da cuenta que, entre el año 2008 y el 2018 se ha contado con 3317’954,107 millones de soles, habiéndose devengado 2954’284,617 al 10 de diciembre de 2018, lo que equivale al 89% del total del presupuesto asignado a los conceptos establecidos.

[2] Más de 3,330 millones de soles en diez años considerando solamente los recursos asignados al sector Defensa.