Casi doce años después de haberse establecido el VRAEM como zona de intervención estratégica, y pese a haberse abatido a importantes mandos militares terroristas como “Alipio”, “Gabriel” y “Alfonso”, los remanentes senderistas liderados por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino siguen allí. Al parecer más fuertes que nunca. No sólo controlan el territorio con una fuerza de no más de cuatrocientos efectivos armados, según los especialistas, sino que se transformaron en una muy afianzada organización narcotraficante conectada con las más importantes redes internacionales.
En 2017 el VRAEM aportó el 67% de la producción de hoja de coca ilegal sobre 21,646 hectáreas ilegales, 7% más que en el 2016 (UNODC, 2018). Además hubo cero hectáreas erradicadas. A estas cifras oficiales, de la UNODC y DEVIDA, se agrega el informe del Comando Especial VRAEM de marzo de 2018, citado por Mariella Villasante en un artículo publicado por el IDEHPUCP (junio, 2018): “de las 230 toneladas de cocaína que elaboran anualmente las bandas de narcotráfico en esta zona, solo el 4,3% es decomisada por las fuerzas del orden. Se estima que funcionan más de 150 laboratorios, los más grandes pueden producir hasta 500 kilos de cocaína por semana, y están destinados al tráfico internacional […]”.
Así, la propia información oficial disponible demuestra que la lucha del Estado en el VRAEM —ministerios de Defensa y del Interior y DEVIDA― ha fracasado totalmente. Solicité información oficial sobre lo invertido. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas contestó que 3,317 millones de soles entre 2008 y 2018, fue lo destinado a operaciones militares en el VRAEM y a la lucha contra el terrorismo.[1]
Estas cifras sólo atañen al sector Defensa. Si se considera el presupuesto asignado por otros sectores y entidades del Estado (Interior, Educación, Salud, Agricultura, DEVIDA, etc.) para programas y actividades en el VRAEM durante la última década, es muy probable que estemos hablando de una cifra cercana a los siete mil millones de soles. Queda claro entonces que el fracaso de la lucha en el VRAEM no ha sido por carencia de recursos económicos. Quizá, en parte, a una poco eficiente gestión de los mismos.
¿Qué ha generado el evidente fracaso de la lucha del Estado contra las actividades del narcoterrorismo en el VRAEM? ¿La decisión política, el enfoque, la estrategia, la estructura institucional, la gestión de recursos, la falta de capacidades, la lucha contra el poder corruptor del narcotráfico?
Decisión política hubo, al menos entre el 2007 y el 2010. Durante ese período los sucesivos Ministros de Defensa priorizaron dos factores en su gestión: un fortalecimiento básico de las capacidades militares a través del denominado “Núcleo Básico de Defensa” y la lucha contra los remanentes senderistas en el VRAEM. También pareciera haber sido ese el caso entre el 2012 y 2015, durante el gobierno del Presidente Humala, a juzgar por los presupuestos asignados para la lucha en el VRAEM. Sin embargo, entre el 2016 y el presente, pareciéramos haber caído en una suerte de inercia en lo que a decisión política se refiere.
Cuando se concibió el Plan VRAE original en el ya lejano 2007, se partió de la premisa según la cual en dicha zona existían dos problemas, vinculados pero diferentes: por un lado los remanentes de Sendero Luminoso y por otro la creciente actividad del narcotráfico. Pareciera que esa idea subyace al día de hoy, lo que desde nuestra perspectiva constituye un grave error.
Sobre la base de un enfoque equivocado, se ha determinado una estrategia en la que, de un lado, los militares se encargan de enfrentar a los remanentes senderistas liderados por el “Camarada José”; y del otro, la policía lidera la lucha contra el narcotráfico en la zona, cuya principal organización es justamente la que también lidera el propio “Camarada José”.
Pese a tener una importante presencia en el VRAEM a nivel de bases, efectivos, inteligencia y equipamiento, las Fuerzas Armadas prestan un apoyo muy limitado a la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico. Una estructura diseñada sobre un enfoque y estrategia errados ocasiona una muy poco eficiente gestión de recursos humanos y materiales.
Ello no tiene sentido alguno considerando no sólo que se trata del mismo enemigo, sino que este financia su estructura militar con los ingentes beneficios económicos del narcotráfico en el VRAEM.
Sin duda este no es un tema menor. Baste recordar que hace unas semanas el Jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, Roy Carbajal Tarazona, renunció ante el Ministro de Defensa, General (r) José Huerta, frente a las críticas del Jefe del CCFFAA, el General César Astudillo, quien imputaba la responsabilidad de dicha entidad por el presunto retraso en la ejecución de diversos procesos de adquisición, los cuales habrían afectado directamente las operaciones militares en el VRAEM.
Finalmente, está el tema de la corrupción y la lucha contra el poder del narcotráfico. Hay quienes consideran que los importantes recursos financieros que el Estado destina anualmente a la lucha contra el narcoterrorismo en el VRAEM[2], sumado a la gran cantidad de dinero negro que mueve el narcotráfico en la zona, constituyen un incentivo perverso de alto poder, que genera que a malos funcionarios civiles, policiales y militares no les interese realmente solucionar los problemas de seguridad en el VRAEM, pues ello supondría “matar a la gallina de los huevos de oro”. Sin duda, algo de esto también hay.
Recuérdese, sobre el particular, que en 2016, el programa “Panorama” denunció el negociado del pago a falsos informantes de inteligencia en el VRAEM, actividad ilícita a cargo de presuntamente algunos oficiales corruptos del Ejército, justamente durante el período del General César Astudillo, actual Jefe del CCFFAA, quien entonces se desempañaba como jefe del Comando Especial VRAEM y que no fue comprendido en la investigación del caso.
Todo lo expuesto hasta aquí, y sin perder de vista además que el Perú es el segundo productor mundial de cocaína, abona en la necesidad urgente de replantear la estrategia del Estado en el VRAEM aprendiendo de la experiencia y de los errores cometidos. Con la mayor objetividad posible, con serenidad y sin el complejo de Adán que suele atacar a los políticos en el gobierno y a los altos funcionarios del Estado.
No obstante, el pasado 12 de octubre, a través del Decreto Supremo N° 102-2018-PCM, el gobierno del Presidente Martín Vizcarra, aprobó un nuevo plan multisectorial de desarrollo denominado “Estrategia VRAEM 2021”, iniciativa que pone el énfasis en el desarrollo económico e institucional de la zona, pero que en muchos aspectos parece compartir el espíritu de iniciativas anteriores, con el riesgo de convertirse en más de lo mismo, y peor aún, más de lo mismo que no funciona.
El desarrollo del VRAEM pasa por un combate directo y eficaz al narcotráfico, sin ello difícilmente tendrá éxito cualquier iniciativa de desarrollo social, y eso necesariamente supone entre otros factores, contar con planes y metas de erradicación o sustitución de cultivos, planes que no parecen contemplar la flamante “Estrategia VRAEM 2021”.
La lucha del Estado en el VRAEM debe estar liderada por un funcionario empoderado al más alto nivel político; y a la par de iniciativas de desarrollo económico y social, debe estar sustentada por una muy estrecha colaboración estratégica entre las FF.AA. y la PNP en las actividades contra el narcotráfico, tanto para fines operativos (patrullajes, destrucción de pozas de maceración, destrucción de laboratorios clandestinos, interdicción aérea, destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas, etc.), como en el desarrollo de labores de inteligencia. Finalmente, de lo que se trata es de atacar al enemigo común, creando sinergias entre las instituciones, mejorando la eficacia operativa y gestionando mejor los recursos públicos disponibles para tal fin.
Ello es perfectamente posible y factible. Hay que dejar de lado viejos prejuicios y complejos sobre la colaboración militar-policial en la lucha contra el narcotráfico. Además, existe un marco legal vigente que permitiría ese mayor nivel de coordinación e interoperabilidad.
[1] Dicha solicitud fue derivada al CCFFAA, siendo respondida a través del Oficio N° 4921-CCFFAA/OAJ del 26 de diciembre de 2018. Allí se señala que según lo informado por la Jefatura de la Oficina de Planes, Presupuestos y Racionalización del CCFFAA, en su calidad de Unidad Ejecutora, “este Comando Conjunto no asigna directamente presupuesto público al Comando Especial del VRAEM, razón por la cual no se cuenta con la información requerida”. Y añade, “sin perjuicio de lo antes mencionado, se adjunta un cuadro de ejecución presupuestaria de las Instituciones Armadas en el marco de las operaciones militares en apoyo a la lucha contra la subversión, operaciones militares contra terroristas en el VRAE y el programa presupuestal 032: “Lucha contra el Terrorismo”, correspondiente al período 2008 al 10 de diciembre del 2018”. El indicado cuadro da cuenta que, entre el año 2008 y el 2018 se ha contado con 3317’954,107 millones de soles, habiéndose devengado 2954’284,617 al 10 de diciembre de 2018, lo que equivale al 89% del total del presupuesto asignado a los conceptos establecidos.
[2] Más de 3,330 millones de soles en diez años considerando solamente los recursos asignados al sector Defensa.