Panorama Mundial

Las elecciones generales del 20 de octubre último en Bolivia han configurado una grosera burla de la voluntad popular. La prueba más fehaciente es que hasta las últimas horas del domingo 20, la distancia entre Evo Morales y Carlos Mesa era de 7%. Ello obligaba a ir a una segunda vuelta electoral. Esta información pública era transmitida por una empresa contratada por el organismo electoral boliviano. Sorpresivamente, sin que mediara una información creíble, el cómputo se suspendió hasta el día siguiente. Coinciden los profesionales de la estadística que a esas alturas ya la muestra estaba estabilizada y por lo tanto no era posible una modificación extraordinaria del resultado. Sin embargo, al día siguiente, al reanudarse, Morales ganaba por 10.12% a Carlos Mesa, en el borde casi exacto que establece la ley boliviana; con lo cual quedaba el camino abierto para que el Tribunal Electoral, en el recuento oficial, proclamase a Evo Morales como Presidente de Bolivia para un cuarto periodo consecutivo.

Las irregularidades anotadas fueron consideradas “inexplicables” por la Misión Observadora de la OEA, la cual puso en blanco y negro que dichas irregularidades afectaban seriamente la confiabilidad de las elecciones. Sin ningún empacho, el gobierno atribuyó el cambio al voto que venía de las áreas rurales y del exterior. Otro aspecto que ensombreció la elección boliviana es que en la cadena de custodia de los votos se encontraron graves deficiencias, como la presencia de cédulas electorales, sin ninguna custodia, en depósitos privados o en algunos automóviles. Estas evidencias delictuosas han sido debidamente comprobadas mediante testimonios tanto en la prensa internacional como en las redes sociales.

Para entender esta grosera manipulación de la voluntad popular, primero es preciso ubicarse en el contexto latinoamericano. La izquierda latinoamericana orientada y financiada por el Foro de Sao Paulo, el chavismo venezolano y la inteligencia cubana, no podía permitir la pérdida del Poder en Bolivia que le ha sido muy funcional a sus intereses y proyecciones. Se hacía imprescindible apostar a fondo por Morales a la espera de un triunfo más o menos predecible de Fernández en Argentina y a los resultados del proceso de desestabilización y desinformación que se está desarrollando en Chile. No se necesita ser un analista muy agudo para tener claro que la presencia de asesores cubanos y venezolanos ha sido determinante para la conducción de este proceso electoral fraguado por dos países, Cuba y Venezuela, en los cuales la democracia no existe.

Las circunstancias internas llevaban a la conclusión de que la cuarta reelección de Morales no estaba asegurada y es así que se habría optado por poner todas las cartas sobre la mesa, sin el menor escrúpulo, y sin tener en cuenta los cuestionamientos de la comunidad internacional a la que se pretendía hacer comulgar con ruedas de molinos. Así vemos como la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica asumieron que las elecciones en Bolivia habían sido fraguadas.

La popularidad de Evo Morales había ido declinando por la corrupción en su entorno, por serias denuncias sobre su conducta homofóbica y machista y por la gestión errada que tuvo en los incendios de La Chiquitanía lo cual dio lugar a cuestionamientos de la comunidad internacional y de los sectores ambientalistas bolivianos. Al mismo tiempo, el apoyo a Morales y a su formación política, el MAS, ha ido mermando en las zonas altas de su país por la cercanía con la dictadura venezolana y por una seria violación de un aspecto de la cosmovisión aymara que establece la necesidad de que los líderes de las comunidades se renueven con cierta frecuencia. En este contexto, 14 años de gobierno consecutivos, eran inaceptables.

Otro factor que estaba jugando en contra de Morales, es que la economía boliviana ya no era el ejemplo perfecto a seguir del que tanto se le ha hecho alarde. El crecimiento económico permitió políticas populistas que instalaron un bienestar engañoso. Sin embargo, los precios de las materias primas que dieron origen a este fenómeno, comenzaron a perder piso. La disminución de las compras de gas desde Argentina y Brasil tiene un peso muy importante en los ingresos por exportación del producto estrella boliviano que es el gas natural. Por ello el déficit presupuestal ha llegado al 9% del PBI y esto ha debido ser cubierto con endeudamiento externo. Como consecuencia, la caída de la pobreza se detuvo por carencia de recursos y las nacionalizaciones y subsidios se están evaporando. Ergo, el paraíso prometido, ya no está a la vuelta de la esquina y aquellos sectores, principalmente ubicados en las ciudades, que apoyaron a Morales desde un inicio, comenzaron a dudar del futuro que su líder les había prometido.

Hay otro ángulo sobre el cual se especula cada vez más. La salud de Evo Morales es un misterio. Según algunas fuentes el año 2017 viajó a la Habana para extirpar unos tumores aparentemente cancerosos en la garganta y, también según las mismas fuentes, cuando el “gurú” de la izquierda latinoamericana, el expresidente Lula Da Silva, estaba en el poder, puso a disposición de su amigo boliviano, una clínica paulista donde fue tratado en forma muy reservada por dolencias no divulgadas.

A mi entender no cabe duda que el deterioro de la situación económica y de los apoyos ciudadanos antes asegurados, hacían necesario que los asesores de Morales, liderados por el Vicepresidente García Linera, optaran por burlar la voluntad popular para así evitar, por todos los medios, ir a una segunda vuelta en la cual las posibilidades de triunfo de Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC) apuntaban como muy seguras, habida cuenta del apoyo adelantado por el líder del partido Demócrata Cristiano, Chi Hyun Chung y por el senador Ortíz, Presidente del partido “Bolivia Dice No”, quienes se ubicaron en los puestos tercero y cuarto, respectivamente, en las elecciones generales. Esa perspectiva de derrota en la segunda vuelta hacía necesario burlar al pueblo boliviano no respetando su voluntad expresada en las urnas electorales.

La Organización de Estados Americanos y el Gobierno boliviano, pactaron una auditoría a las elecciones, la cual se extendería por 12 días. Según lo acordado, la auditoría era vinculante. Sin embargo, las organizaciones políticas y los sectores sociales de la oposición, acordaron no aceptar la auditoría de la OEA argumentando que las condiciones del estudio “fueron pactadas unilateralmente entre la OEA y el gobierno y no se consultó al país”. Los grupos de oposición sostenían que era necesario anular las elecciones del 20 de octubre “por estar viciadas de nulidad y fraude”. Así mismo pidieron la conformación de un nuevo Tribunal Superior Electoral, por estimar que el que estaba en funciones había sido el instrumento para organizar y consumar el fraude.

Los resultados de la auditoría OEA, señalaron la presencia de fraude en varias etapas del proceso electoral, recomendando una nueva elección conducida por un organismo electoral independiente y confiable.

Conocido el pronunciamiento de la OEA, la sociedad civil liderada por un empresario cruceño, Luis Fernando Camacho y por Marco Antonio Pacori, un ciudadano potosino que había iniciado sus actividades públicas en las luchas sindicales; radicalizó su discurso y exigió la renuncia de Morales. Esta se produjo luego que las fuerzas armadas y policiales se sumaron a la protesta civil. Acorralado por la oposición y por las fuerzas armadas Morales renunció y optó por el exilio en México.

Lo que vino a continuación es un rebrote de la violencia teniendo esta vez como actores a los seguidores de Morales. Se produjo también un vacío de poder ya que la sucesión constitucional encarnada primero en la Presidenta de la cámara alta y luego en el Presidente de la Cámara de Diputados, había colapsado ya que ambos habían renunciado. Como consecuencia, asumió la presidencia de la república la primera vicepresidenta del Senado, Jianina Añes, quien juró luego que el Tribunal Constitucional avalara su elección.

La señora Añes ha nombrado un gabinete ministerial con figuras muy destacadas de la vida pública boliviana. Destaca la doctora Karen Longaric, profesora de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, quien goza de mucho prestigio por sus actividades académicas. Al mismo tiempo la Presidenta designó a un nuevo Comando para las Fuerzas Armadas y Policiales. La responsabilidad del nuevo gobierno es de convocar a elecciones generales a la mayor brevedad para de esa manera dejar de lado los cuestionamientos que se han surgido en ciertos sectores de la comunidad internacional.

El futuro no se presenta muy alentador para la próxima administración boliviana. El país está dividido y la violencia, una vez más, está presente en el centro de la escena política boliviana. Las diferencias entre la ciudad y el campo, entre La Paz (los collas) y Santa Cruz (los cambas) y entre las diferentes etnias que se ubican en Bolivia, han alcanzado extremos muy preocupantes, más aún cuando la voluntad popular ha sido vulnerada. Todo configura serias interrogantes sobre el futuro inmediato del país altiplánico.

En Bolivia han desaparecido los partidos tradicionales, las instituciones ciudadanas son prácticamente inexistentes y las ideologías libran una batalla que más parece tema para las élites que preocupación para las masas. Estas últimas tienen un porvenir muy incierto ante el deterioro de una economía que les hizo albergar ilusiones que, más temprano que tarde, se van a estrellar contra una cruel realidad.

En cuanto al Perú, que esto suceda en un país como Bolivia con el cual comparte una extensa frontera y el Lago Titicaca y con el cual tenemos una rica agenda en nuestra relación bilateral, la prudencia tiene que instalarse. Ello sin dejar de tener en cuenta que Evo Morales ha querido entrometerse en el desarrollo de las regiones del sur del Perú, ofreciendo contratos de empresas estatales bolivianas con los gobiernos regionales y sin acudir al Gobierno Central. El delicado equilibrio entre el principio de no interferir en los procesos internos y el respeto a las formas democráticas será materia de trabajo para una cuidadosa diplomacia profesional.

Desde el 18 de octubre Chile experimenta un estallido social sin precedentes. El anuncio del alza en el boleto del metro de Santiago detonó una escalada vandálica contra la infraestructura crítica del país, que más allá de los costos materiales demostró que el eslogan “la alegría ya viene” con que la Concertación para la Democracia venció hace más de treinta años al régimen de Pinochet, no se cumplió.

La violencia desatada por grupos sin conducción visible, evidenció un descontento profundamente enrraizado en la población, a partir de deficiencias o limitaciones del modelo político y económico adoptado por el país. Estas se expresan —entre otras factores— en un incremento de la desigualdad, a partir del encarecimiento excesivo del costo de la vida respecto al nivel de ingreso promedio de la población, las dificultades para acceder a planes de salud y de pensiones adecuados y en el plano político, la permanencia de la Constitución heredada por la Dictadura militar, el descrédito de la democracia como forma de gobierno, el declive de los partidos políticos tradicionales y escándalos de corrupción que han involucrado a algunas de las instituciones mejor valoradas por la población, como el Ejército y Carabineros. Escándalos que aún no han sido debidamente sancionados, generando en la ciudadanía la sensación de impunidad.

Estos factores, gatillados con el alza del transporte y declaraciones poco afortunadas de algunos ministros de Estado, motivaron el accionar violentista para el cual el gobierno del Presidente Piñera no estaba preparado. Sus dos primeras acciones fueron establecer el estado de excepción, entregando el control de la seguridad interna a los militares y anunciar un paquete de medidas sociales, que no fueron realmente satisfactorias para el conjunto de la sociedad.

A partir de esta reacción gubernamental, el movimiento adquirió otro carácter. A la par de los actos vandálicos, que se concentraron en saqueos, incendios intencionales, irrupciones en espacios relacionados con la élite y obstrucciones a la libre circulación; se desarrollaron protestas pacíficas —la más significativa convocó a un millón doscientos mil personas—, en que los distintos actores sociales fueron posicionando la agenda que marcará el derrotero político del resto de la administración Piñera, como también de los próximos gobiernos chilenos. Evidenciando así que, más allá de la coyuntura, esta no es una crisis del gobierno, sino es una crisis del Estado y ha demostrado la incapacidad de este en los más diversos sectores.

¿Cuál es esta agenda? ¿Cuáles son las prioridades de la nueva etapa en Chile? Primero, la generación de una nueva Constitución, que no solo responda de manera adecuada al cambio experimentado por Chile, sino que también dé un marco adecuado para la expresión de las minorías y los distintos grupos de interés que han surgido en la sociedad chilena durante los últimos cincuenta años. Segundo, el establecimiento de un nuevo pacto social, en el que los distintos actores se comprometan a la construcción de una sociedad menos desigual y se aborde de manera adecuada la agenda de futuro, la de las expectativas. Tercero, el fortalecimiento de la legitimidad de la clase política y de las distintas instituciones, de cara a los próximos procesos electorales.

No obstante, en estas prioridades es necesario diferenciar entre objetivos de corto, mediano y largo plazo. Más allá de las negociaciones políticas para la nueva Carta Magna y la conformación de la Convención Constituyente que la redactara, la población está exigiendo medidas inmediatas, que disminuyan la incertidumbre y restablezcan la paz social. El estallido ha tenido considerables costos, no solo en vidas humanas. El accionar de las fuerzas del orden y seguridad ha sido cuestionado por organizaciones nacionales e internacionales. La agenda de derechos humanos ha resurgido con fuerza y se han cuestionado los procedimientos aplicados por carabineros en el control de la seguridad pública. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros, han alertado respecto las prácticas desarrolladas durante las manifestaciones, que han generado por ejemplo gran número de lesiones oculares. Esto ha motivado a que el Congreso inicie un proceso de acusación constitucional contra el ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick, que tiene altas probabilidades de ser aprobada, inhabilitándolo a este para futuros cargos públicos.

Asimismo, a nivel económico las consecuencias han sido amplias. El dólar ha alcanzado niveles superiores a los últimos cuarenta años, las empresas —especialmente las PYMES— han experimentado una drástica caída de sus ingresos, temiéndose el incremento sustantivo del desempleo. Durante el 2019 el gobierno del Presidente Piñera había reajustado ya dos veces la expectivas de crecimiento hacia la baja. Producto del estallido social ya se habla de la posibilidad de que Chile entre en recesión. Agudizando así los costos del modelo especialmente para la clase media, la más afectada por las políticas adoptadas los últimos treinta años, ya que los sectores de menor poder adquisitivo se ven beneficiados por la política de subsidios.

Un nuevo Chile

Sin embargo, junto con la necesidad de enfrentar las consecuencias inmediatas de la crisis y los procesos de largo plazo, de generación de una nueva institucionalidad, está la necesidad de asumir lo inesperado: un Chile nuevo, el que despertó junto con el inicio del estallido el 18 de octubre. El que demanda nuevas acciones, nuevas políticas, pero también mayor prevención, preparación y respuesta. Si antes de esa fecha los mayores desafíos del gobierno eran la próxima realización de APEC y la COP25, hoy son la canalización de las demandas hacia nuevas formas de conducción del modelo, más inclusivas y equitativas, que pueden requerir una acción conjunta del gobierno y de los empresarios, junto con otros actores sociales.

Como también abordar reformas sectoriales vitales. Entre estas cabe destacar la reforma educativa. A pesar de las transformaciones realizadas los últimos años en este ámbito, no se ha logrado terminar con dos limitaciones fundamentales, que afectan de manera sustantiva a las expectativas de la juventud. Las menores oportunidades que tienen los estudiantes de educación pública respecto a los de educación privada, respecto a la capacidad de ingresar a la Universidad y el alto costo de la educación universitaria. Esto se ha intentado subsanar a través de becas y créditos, pero estos últimos tienen altos intereses y han generado que un número importante de jóvenes al egresar tengan hipotecado su futuro al pago de créditos educativos.

Otro sector con altos niveles de conflictividad es el de la salud. Los altos costos de esta y de los medicamentos, ha repercutido que haya aumentado la presión hacia el aparato público y consecuentemente las listas de espera para atención, especialmente para enfermedades de mayor complejidad.

El sistema de pensiones es una de las grandes falencias. El sistema privado, al que accede la mayoría de la población significa que al jubilarse el trabajador ve considerablemente disminuida su capacidad adquisitiva, en contraposición a las considerables ganancias de las Asociaciones de Fondos Previsionales y del sistema especial de jubilación al que acceden las fuerzas armadas, a partir de los veinte años de servicio.

Por último, una de las áreas en que se han evidenciado mayores necesidades de cambio es la seguridad. Sobre todo en lo que hace referencia al sector inteligencia. Fue notoria la falta de capacidades preventivas para enfrentar el estallido, lo que afectó no sólo la imagen del gobierno, sino del diseño de la seguridad pública post dictadura. La construcción de nuevas instancias y normativas que fortalezcan las capacidades civiles, es una las mayores tareas futuras.

Chile en el escenario regional

El estallido social de Chile se enmarca en un escenario de movimientos similares en otros países de la región. Sin duda existen algunos elementos similares con ellos, como la crisis del modelo político y económico, las acciones de violencia y la opción por la fuerza militar para enfrentar la crisis. Sin embargo, en el caso chileno el factor detonante dice relación con una coyuntura, pero es reflejo de una disconformidad de más largo plazo con una política que fue asumida durante la Dictadura militar y que se ha mantenido, con algunas variaciones, durante los últimos treinta años. Es decir, no tiene relación con una ideología determinada. Esto se evidencia en las manifestaciones, en la que no hay representación de los diferentes partidos políticos, sino de movimientos y grupos de intereses.

Eso lo han entendido las fuerzas políticas como un desafío mayor y han realizado notables esfuerzos para incrementar su legitimidad, incluso reduciendo sus sueldos en un cincuenta por ciento. No obstante, un malestar tan enraizado exige respuestas profundas y multidimensionales para enfrentar algunos de los riesgos que algunos analistas plantean en un Chile en el que no cesa la violencia, como la posibilidad de una fractura social o de un cuadro de inestabilidad democrática. Opciones que antes del 18 de octubre eran vistas como imposibles en un país que era considerado como ejemplo de estabilidad, con un modelo desarrollo exportable y que había dado por superadas una serie de etapas hacia una sana convivencia democrática. Sin embargo, el estallido social evidenció que las transformaciones no generaron el debido consenso, que se han agudizado las diferencias y que hay malestar ciudadano frente a la no resolución de algunos casos de corrupción. Es decir, Chile despertó exigiendo que después de treinta años la alegría finalmente venga.

Mientras que Bolivia ha comenzado a liberarse del corrosivo problema del racismo que Evo Morales construyó identificando a sus cocaleros del Chapare con “el” movimiento indígena, Ecuador se interna cada vez más en ese drama divisivo que empujan las izquierdas.

El carácter “plurinacional” del Estado no fue una originalidad acuñada por el Movimiento al Socialismo (MAS) que Morales y su inseparable ex vicepresidente comunista García Linera formaron para hacerse del poder en 2006. El concepto de la “plurinacionalidad” andina fue una fórmula que surgió veinte años antes en el Ecuador, cuando gobernaba el líder conservador guayaquileño León Febres Cordero (quien liquidó la guerrilla de “Alfaro Vive Carajo” apadrinada por las FARC). En esa coyuntura se formó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que tiene en su haber las caídas de los ex Presidentes Bucaram y Jamil Mahuad, así como la desafortunada entronización en la presidencia del coronel Lucio Gutiérrez, a quien luego se empeñaron en hundir desde la oposición.

Es la Confederación liderada desde 2017 por Jaime Vargas, el aguaruna (achuar) de ultraizquierda con aspiraciones presidenciales que en connivencia con el movimiento indígena serrano de Cotopaxi, organizó el violento levantamiento que sitió Quito y obligó al Presidente Lenin Moreno a refugiarse con su gobierno en Guayaquil, por primera vez en la historia moderna del Ecuador. El motivo —o pretexto— fue un decreto que no solo eliminaba el subsidio a los combustibles (la gasolina ecuatoriana es más barata que en Arabia Saudita) sino que establecía medidas mínimas para una economía sana y competitiva en un país que no tiene moneda propia (el Banco Central anticipa un 0.2% de crecimiento en 2019).

Recuérdese que la ola de desmanes en Ecuador (con 9 muertos, 1507 heridos) fue la primera explosión en la cadena sudamericana de violencias sincrónicas (cada una en contextos diferentes pero con disparadores similares); una oleada que todavía planea sobre Chile y Colombia. En la crisis ecuatoriana se acudió a mediación (nada imparcial) de NN.UU. y la Iglesia ideologizada de nuestros días. Después de derogar las medidas económicas cuestionadas, el Presidente Lenin Moreno fue empujado a una mesa de diálogo en que la representación gubernamental, en ostensible desventaja numérica, tuvo que enfrentar un manejo cuasi arbitral que no solo permitió a los indígenas ir mucho más allá de la negociación de un nuevo decreto de medidas económicas concertadas sino que abrió la puerta para que presentaran verdaderos planes de gobierno alternativos que nada tenían que ver con el propósito de la mediación. Ese fue el contexto en que se repotenciaron las bases ideológicas del movimiento indígena, alentando otra iniciativa que, en tiempo record, ha culminado con el ya inaugurado Parlamento de los Pueblos instalado en Quito doce días después de la intervención mediadora.

En estas desfavorables condiciones el gobierno de Moreno debe hacer frente a una complicada situación en que la corrupción heredada de Rafael Correa se mezcla con la conflictividad política, el déficit fiscal y una deuda pública que llega al 49.17% del PBI. Es el saldo de los diez años que duró el gobierno correista en estrecha asociación con el chavismo, el ALBA y los poderosos intereses de Estados como Rusia, China e Irán, cuyos onerosos préstamos (especialmente los chinos) han hipotecado la producción petrolera del país.

Según los cálculos pormenorizados del prestigioso ex Ministro de Economía y ex Presidente del Banco Central ecuatoriano Francisco Swett, el volumen de la corrupción ecuatoriana supera largamente al del Perú. El desbalance fiscal obligó a Moreno a recurrir al financiamiento del FMI y a la firma de un acuerdo que ha provocado los ataques de encabezados por la belicosa CONAIE. El gobierno parece encajonado e incapaz de responder con la energía que demanda una tensa situación que, en caso de explotar de nuevo, podría llegar a extremos indeseables.

Entre las sorpresas que la historia y las civilizaciones nos deparan destaca la antinomia de los notables sucesos en Ecuador y Bolivia, dos vecinos de nuestra misma raigamble socio-cultural. Cualquier observador atento habría incurrido en el error de pronosticar lo contrario de lo que hemos visto con asombro en Bolivia. El fraude electoral planificado de la mano con la inteligencia cubana se proponía perpetuar a Evo Morales en una posición geoestratégica crucial para la sobrevivencia y los afanes expansivos del proyecto chavista. Sin embargo, quienes se excedieron en la manipulación del poder terminaron perdiéndolo. Y fue entonces que, increiblemente, el aleas de la historia colocó en la Presidencia a una desprevenida parlamentaria, la señora Jeanine Áñez, quien tuvo la inteligencia y entereza de armar un equipo de primera. En un par de meses dio la vuelta al caos que reinaba en un país que parecía ingobernable. Progresivamente, Evo Morales se convirtió en una aparición carticaturesca desde el dorado exilio mexicano que, gracias a un sorprendente error diplomático, le otorgó López Obrador. Mientras tanto, el líder derechista santacruceño Fernando Camacho y el indígena potosino Mateo Pumari comenzaron a forjar una deseable candidatura binominal para encarnar, por primera vez, la unidad entre collas y cambas en el país que el MAS convirtió en un Estado plurinacional y divisivo.

En sentido contrario, lo extraordinario del caso ecuatoriano es que el apacible Lenin Moreno haya sido el candoroso heredero de la llamada “Revolución Ciudadana” y del partido Alianza País, ambas creaciones de Rafael Correa, el exhuberante megalómano que después de tenerlo como vicepresidente, lo designó como candidato para sucederlo —con el evidente propósito de manipularlo desde su residencia en Bélgica—. Pero el modesto Lenin, oriundo del pueblito de Roca Fuerte (en la vecindad amazónica con el Perú, a orillas del río Napo) hizo gala de rectitud y valentía frente a la corrupción acumulada por Correa, especialmente con Odebrecht y los préstamos bancados por China. Transformado en su peor enemigo, el hiperactivo ex presidente le echó encima a su partido y sus compinches chavistas. Lamentablemente, el pasado de Moreno y su asociación con el proyecto chavista de la Revolución Ciudadana condicionaron sus decisiones políticas, condenándolo a una incómoda indefinición que todavía se percibe en la esfera económica.

Entre los muchos problemas políticos del Perú no figuran las diferencias y antagonismos profundos que existen entre Quito y Guayaquil o entre La Paz y Santa Cruz, con el cargado factor indígena presente tanto en Ecuador como en Bolivia. En el primer caso, destaca nítidamente la próspera economía que caracteriza a la región que tiene como centro de gravedad a Guayaquil, la capital portuaria del país que domina su faja costeña, vecina al Perú. El correlato boliviano de esa configuración se da en la vasta zona que tiene como centro de gravitación a la dinámica Santa Cruz y su poderoso empresariado, cívicamente comprometido en el quehacer de la renovación nacional. El protagonismo decisivo de sus élites en la superación de la virulenta crisis boliviana contrasta con el fenómeno inverso que se observa en Ecuador a causa del beligerante e ideologizado activismo indígena, que puede generar problemas mucho mayores en el país.

En medio de la turbulencia que sacude a la región, la problemática del espacio andino central —Perú, Ecuador y Bolivia— debería ser objeto de un eficiente intercambio de inteligencia entre los gobiernos de los tres países, en los que se ha registrado la presencia subversiva de agentes del castrochavismo que perturba tan severamente las interrelaciones regionales.

Contrastando con la vecindad peruano-boliviana —predominantemente altiplánica— nuestro territorio norteño colindante con Ecuador en las tres regiones geográficas ha sido beneficiado por el sistema de integración que fue decisivamente potenciado en los Acuerdos de Paz de 1998 y, muy particularmente, por el Plan Binacional Perú-Ecuador, que es su elemento más dinámico. Las ambiciosas metas de este instrumento bilateral, que aun no se cumplen totalmente, han tenido un impulso destacable en la última reunión del Gabinete Binacional, como lo evidencian las decisiones registradas en la reciente Declaración Presidencial de Tumbes[1], en la que se evidencia el propósito compartido de concretar todos los objetivos acordados hace 21 años.

Desde la guerra que le declaró Bolívar en 1828, el Perú ha sido un factor determinante en la historia republicana del Ecuador. Un conflicto limítrofe tan tempranamente provocado generó una perdurable rivalidad que solo pudo superarse casi dos siglos después, a raíz de las negociaciones que pusieron fin a la Guerra del Cenepa y los Acuerdos de Paz de Brasilia. Los enemigos en más de un enfrentamiento bélico se convirtieron en los socios fraternos de una relación que no solo los beneficia recíprocamente sino que ha tenido frutos en toda la región al liberarla de un contencioso que complicaba a los cuatro países que garantizaron el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro de1942.

Como todos los países de América Latina, Ecuador enfrenta grandes desafíos. Pero el largo y difícil camino que tiene por delante lo recorrerá de la mano con el Perú.

[1] Véase: https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/68366-declaracion-presidencial-de-tumbes

El referéndum que decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tuvo lugar el 23 de junio de 2016.

Han transcurrido casi 3 años y medio y, hasta ahora, la separación no se concreta. La fecha original establecida para la ruptura era el 29 de marzo de este año. Sin embargo, al fracasar la ex primera ministra conservadora Theresa May, en sus repetidos intentos por obtener la aprobación por el Parlamento del acuerdo que había negociado con las autoridades de Bruselas sobre las condiciones de la salida, se tuvo que extender el plazo hasta el 31 de octubre.

El aspecto más álgido era el relacionado con Irlanda del Norte, donde, en 1998, se había logrado poner fin a la guerra civil entre católicos y protestantes, bajo la condición exigida por los primeros, entre otras, de que no existiera una frontera física con la República de Irlanda. Estaba claro que el Brexit llevaría al establecimiento de controles aduaneros y, por lo tanto, a poner en serio riesgo la paz. Para evitarlo, May aceptó que el Reino Unido permaneciera en la unión aduanera, y, por lo tanto, siguiera sujeta a las normas comerciales e industriales emitidas por Bruselas. Sin embargo, sus aliados del Partido Unionista Democrático, la formación protestante de Irlanda del Norte que cuenta con una bancada en la Cámara de los Comunes, se opusieron, impidiéndole alcanzar una mayoría de respaldo suficiente.

May tuvo que renunciar, y su sucesor en el cargo, Boris Johnson, prometió que concretaría el Brexit con o sin acuerdo con la Unión Europea. Con ese objetivo en mente, buscó asegurarse que el Parlamento no adoptara una resolución que lo obligara a llegar a un nuevo entendimiento con la organización supranacional antes de la nueva fecha. Para ello, obtuvo de la Reina que suspendiera el órgano legislativo entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, dejándole así muy poco tiempo como para actuar. Sin embargo, el 24 de septiembre, el Tribunal Supremo declaró que la suspensión era ilegal, con lo cual los diputados retornaron a sus labores y pudieron emitir la resolución tan temida por el jefe del Ejecutivo.

Ante ello, Johnson renegoció con Bruselas, llegando a un feliz resultado el 17 de octubre. El Reino Unido ya no formará parte de la unión aduanera europea, como preveía el texto suscrito por Theresa May y, por lo tanto, restablecerá los controles aduaneros en su comercio con los países de la Unión; no lo hará, sin embargo, en la frontera entre las dos Irlandas, lo que, en la práctica, equivale a someter a Irlanda del Norte a las reglas comerciales e industriales europeas.

El primer ministro quería que el Parlamento británico votara sobre el acuerdo antes del 31 de octubre, pero la mayoría de los diputados rechazaron esa posibilidad. Ante ello, el primer ministro no tuvo más remedio que pedir a la Unión Europea una postergación del Brexit hasta el 31 de enero de 2020, lo que le fue concedido.

Al mismo tiempo, Johnson ha convocado a elecciones para elegir a un nuevo Parlamento el 12 de diciembre. Su apuesta es obtener una mayoría absoluta que le permita obtener la aprobación del acuerdo. Las encuestas parecen augurarle el triunfo; y es que tiene a su favor, que gran parte de la población británica está cansada de los vaivenes respecto del Brexit y de la incertidumbre resultante, y quiere resolver sin más demora el asunto. Su discurso empalma con esa aspiración. Por contraste, su principal oponente, el laborista Jeremy Corbyn, plantea una nueva negociación con la Unión Europea y un referéndum al respecto, lo que significaría alargar aún más lo que ya es vivido como una agonía. A ello se añaden sus propuestas en materia económica que incluyen nacionalizaciones y fuerte alzas de impuestos, es decir, un regreso a políticas que fueron desechadas por Margaret Thatcher en la década de 1980, lo que espanta a muchos o es considerado irrealista. Corbyn, además, es fuertemente cuestionado por su actitud ambivalente respecto de las posturas antisemitas de un sector de su partido.

Los liberales demócratas, por su parte, los únicos claramente en contra del Brexit, han retrocedido en los sondeos, pasando del 20% al 15% de las preferencias en las últimas semanas.

El Partido del Brexit, de Nigel Farage, no parece estar en condiciones de amenazar seriamente al Primer Ministro que, por cierto, rechazó una oferta de alianza que le hicieron llegar.

Claro está, no solo los resultados electorales pueden ser muy distintos de lo que indican los vaticinios, sino que, también podría ocurrir que aun cuando Johnson alcance la victoria, no lo haga con la contundencia suficiente como para obtener la mayoría absoluta. En ese caso, podría llegarse al 31 de enero del próximo año, sin que se concrete el Brexit, para el fastidio incluso de la Unión Europea, cuyas autoridades están también ansiosas por cerrar el tema y concentrarse en otros desafíos que tienen que enfrentar.

En este tipo de situaciones, el humor se hace presente y, así circula en las redes, con mucho éxito, un meme que muestra un escenario digno de la película Mad Max, con una leyenda que indica que, en 2128, el primer ministro británico acude nuevamente a Bruselas, como todos los años, para pedir una extensión del plazo, sin que nadie recuerde el origen de esa extraña costumbre que atrae a numerosos turistas.

Lo cierto es que, aun cuando el acuerdo fuera validado y se concretara el Brexit en la fecha prevista, la cuestión no estaría concluida, pues, se abriría entonces el proceso de negociaciones para determinar la futura relación comercial y de seguridad, entre otros aspectos, entre el Reino Unido y la Unión Europea; ello tomará muy probablemente varios años, contrariamente a la promesa de Johnson de no ir más allá del 31 de diciembre de 2020. Algunos hablan entonces de “Brexeternity”.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el Brexit podría llevar a una disgregación del Reino Unido. Al prever de facto que las normas europeas se seguirán aplicando en Irlanda del Norte, el acuerdo con la Unión Europea puede favorecer una dinámica de unificación con la República de Irlanda. Más aún si se tiene en cuenta que la evolución demográfica favorece a los católicos.

Por otro lado, en Escocia, que votó mayoritariamente en contra del Brexit, las encuestas indican que existe ahora una ligera mayoría a favor de la independencia.

Otra incógnita es el real impacto del divorcio en la economía británica. Los analistas coinciden, en general, que en el corto plazo, esta se verá bastante afectada. Lo que no está muy claro es lo que sucederá en el mediano y largo plazos. En ese aspecto las opiniones son discrepantes.

Los más entusiastas partidarios del Brexit no tienen dudas de que le espera al Reino Unido un futuro promisorio. Son frecuentes los discursos sobre el genio británico y el espíritu de pionero que permanece entre la población, lo que abriría perspectivas brillantes, por ejemplo, en materia de innovación tecnológica y, especialmente, de inteligencia artificial.

Un sector ultraliberal sueña con convertir a su país en una suerte de Singapur, con una apertura comercial absoluta, reducción de impuestos para atraer inversiones masivas de todo el mundo y, en general, eliminación de regulaciones de distinta índole como las que emite la Unión Europea.

La pregunta es si esa es la línea que seguirá Boris Johnson. Más allá de que participe de la euforia adelantada por las posibilidades que, supuestamente, se le abrirían al Reino Unido al retomar nuevamente las riendas de su destino, sus promesas en la actual campaña incluyen planteamientos como el aumento de los gastos del Estado, en particular, en salud. Ello, tal vez, como una manera de hacer frente a las acusaciones de los laboristas de ser un pelele de Donald Trump y de estar dispuesto a desmantelar el sistema de salud pública para venderlo a las grandes corporaciones estadounidenses. Por su parte, Nigel Farage tiene un talante más nacionalista que lo puede acercar a posturas proteccionistas. En otras palabras, el mundo de los “brexiters” es bastante diverso.

En todo caso, está claro que más allá de lo que ocurra el 12 de diciembre de este año, le espera al Reino Unido un largo período de incertidumbre.

1. Introducción

Al revisar la historia de la humanidad, las guerras por los recursos naturales han sido uno de los eventos más constantes que incluso han enfrentado a sociedades afines por miles de años. En un primer momento, la disputa por metales preciosos como el oro y la plata fueron el anhelo de muchos monarcas de la Europa del Siglo XVI, pasando posteriormente a recursos más esenciales como el carbón y el petróleo tras el avance de la Revolución Industrial. Sin embargo, recursos como los peces de los océanos y de los ríos no tuvieron la misma relevancia, pues eran considerados recursos renovables e inagotables debido a su abundancia en los vastos océanos.

Hoy en día una persona consume cada año 20,3 kg de pescado, el doble de lo que se consumía en los años 60[1]. Ante esta demanda, países como China —que actualmente es el mayor exportador de recursos pesqueros en el mundo[2], al igual que el país que contiene la población que consume más pescado a escala global[3]— han formulado una serie de estrategias para asegurar el aprovisionamiento de tal recurso. Debido a ello, disputas por extensas masas de agua que concentran grandes cantidades de recursos hidrobiológicos han sido llevadas ante tribunales internacionales, sin olvidar estrategias como la presencia naval en dichas zonas.

2. La exuberante riqueza de los océanos

El océano es el mayor ecosistema del mundo[4] pues es una gran fuente de recursos biológicos y no biológicos. En la actualidad, los océanos albergan a 200 000 especies identificadas hasta ahora[5], siendo muchas de esas especies propicias para el consumo humano, mientras otras son utilizadas en industrias como la química en el caso de la producción de fertilizantes. Estas especies que se encuentran compuestas por peces[6], mamíferos marinos, crustáceos, moluscos e incluso el fitoplancton reciben el nombre de recursos hidrobiológicos. Es decir, se entiende por recursos hidrobiológicos a aquellos organismos que habitan en un ambiente acuático y que posteriormente serán utilizados por el hombre.

Por otro lado, en los fondos marinos también se encuentran los llamados recursos no biológicos como el petróleo y algunos minerales que son muy apreciados por el hombre. Asimismo, como sus homólogos en tierra firme, estos tipos de recursos existentes presentan una alta demanda entre los diversos mercados mundiales, no sólo por los Estados sino por diversas transnacionales dedicadas al rubro de los hidrocarburos y minería.

3. Una demanda generadora de futuros conflictos

Según un estudio del 2016 de Global Fishing Watch, son cinco los países que acapararon el 85% de la pesca industrial del mundo, siendo estos: China, España, Taiwán, Japón y Corea del Sur[7]. Estos países se disputan las aguas de regiones del sur y el noreste asiático, América Central y América del Sur, y finalmente de África; convirtiéndose posteriormente estas regiones en focos de conflicto por sus abundantes recursos pesqueros[8].

Debido a ello, se podría pronosticar que en algunos cuantos años se podría avecinar “una guerra pesquera”, dada: a) la naturaleza finita y fundamental de los recursos hidrobiológicos, b) su oferta concentrada y, c) la pesca como herramienta de poder político.

En cuanto a la primera razón, concerniente a la naturaleza finita y fundamental de los recursos hidrobiológicos es necesario, en primer lugar, enfatizar que si bien se conoce que los recursos hidrobiológicos son renovables y no renovables, se precisa que la producción pesquera no alcanzará la demanda en siete años más, debido a factores externos como el cambio climático[9]. Ello debido a que sus repercusiones afectarían a la fauna marina pues el cambio climático constantemente altera el hábitat de estas especies, generando una ola de migraciones que alteran los ecosistemas acuáticos. Asimismo, tanto el Estado como las personas que se dedican a esta actividad primaria de índole extractiva serán afectadas a nivel socioeconómico, en el caso del Estado, en sus exportaciones. Ante esa disyuntiva, soluciones como la acuicultura han sido abordadas, aunque sin tener en cuenta la excesiva demanda que existe.

Por otro lado, al también ser de naturaleza fundamental, significa que en el mundo hay una gran cantidad de personas que dependen de la pesca para satisfacer sus necesidades[10]. Esto se debe a que en 2017, la pesca proporcionó 173 millones de toneladas de productos pesqueros, 153 millones para el consumo humano directo, es decir, siete veces más que en 1960[11]. El pescado es ciertamente relevante en países con déficit de alimentos; baste señalar que de las 30 naciones donde más pescado se consume, 17 son de bajos ingresos, estando ubicados en las costas de África, Asia y Oceanía[12].

La segunda razón de una guerra pesquera se basa en que la oferta de estas especies se encuentra en los océanos Pacífico y Atlántico. El Pacífico es la región que concentra el 60% del atún capturado en el mundo[13], por lo que pronto se convertiría en una zona de conflicto entre navíos como los chinos y las propias flotas nacionales, convirtiendo a esta área en el llamado “Medio Oriente del atún”. Por otro lado, en casos como el de la totoaba —especie marina que se encuentra en la costa pacífica de México— lo que ha ocurrido es la sobreexplotación de esta especie por navíos chinos, alterando el ecosistema, poniendo al borde de la extinción a fauna como la vaquita marina que se alimenta de este pez[14]. Aparte de ello, algunas formas de extracción de estos recursos, como la pesca de arrastre y la pesca eléctrica, han sido cuestionadas debido al impacto ambiental en los fondos marinos de los océanos, pues los convierten en desiertos permanentes[15].

Por último, el factor de la pesca como herramienta de poder político versa en la búsqueda de establecer una soberanía efectiva y con alcance sobre las aguas que contienen estos recursos, teniendo como principal exponente a China. El gigante asiático posee la mayor flota pesquera de ultramar[16], la que usa como herramienta geopolítica. Esto se debe a que utiliza a embarcaciones pesqueras para expandir su presencia en aguas disputadas, tal como lo hace en el Mar del Sur de China. En el caso de América Latina, la presencia de embarcaciones chinas cerca a las costas de estos países, ha generado una serie de conflictos con Colombia y Ecuador por la pesca de tiburón[17], especialmente, por sus aletas; aunque el caso más sonado se dio cuando barcos guardacostas argentinos hundieron un pesquero chino que estaba faenando dentro de la zona económica exclusiva[18].

4. Una seria alerta para el Estado peruano

Las aguas del Mar peruano presentan aspectos físico-químicos de gran importancia para la riqueza ictiológica[19], debido a ello se estima que dentro de sus aguas se han identificado 750 especies de peces, 872 de moluscos, 412 de crustáceos, 45 de equinodermos y 240 de algas, así como mamíferos acuáticos.

A finales de 2018, el consumo per cápita anual de productos hidrobiológicos ascendió a 16.8 kilogramos por persona[20], cifra que superó a los 14.6 kilogramos registrados en el año 2013, siendo el Perú el país líder en el consumo de pescado en la región[21].

La pesca ilegal es uno de los mayores problemas que presenta el Perú, en especial del gigante asiático. Este país se adentra dentro de la zona económica exclusiva con el fin de obtener al calamar gigante o comúnmente llamado “pota”. Este tipo de pesca trae una serie de consecuencias negativas para el ecosistema marino peruano, pues no sólo daña el entorno marino sino también conduce a una sobrepesca que tarde o temprano conduce a la extinción de alguna especie marina. Asimismo, ello también tiene un matiz geopolítico por parte de la potencia oriental, pues su alcance militar, al proteger a su escuadra pesquera, busca garantizar las tan ansiadas rutas de navegación en el Pacífico, como también posicionarse en todas partes del mundo para asegurar su influencia, especialmente con sus socios de América Latina. En el caso peruano, al saciarse con los abundantes recursos del Mar, inclusive desplazando al Perú como mayor productor de “pota”, ocasiona un déficit en la extracción de este recurso para las embarcaciones nacionales[22].

5. Conclusiones

Actualmente, los recursos hidrobiológicos han tomado la misma importancia que el petróleo y otros minerales. Es por ello, que en un futuro cercano, las contiendas internacionales versarían en torno a qué Estado se puede hacer consigo de grandes extensiones de masas de agua que contengan este tipo de recursos, lo cual ya está pasando con países como China y sus vecinos en el Mar del Sur de China. Asimismo, la preservación de los ecosistemas marinos, eliminado de sus métodos la pesca de arrastre y la pesca con mayas eléctricas, debe ser un tema fundamental para obtener el binomio de pesca sostenible, preservando el lecho marino y recolectando los recursos que se necesitan.

En cuanto al Perú, el consentimiento de la sobrepesca por parte de navíos extranjeros debería ser una preocupación, por lo que una participación integral de la Marina y los demás entes fiscalizadores del sector pesquero debería ser decisivo. El Perú no debe estar ciego ante estos futuros conflictos, por lo que adoptar medidas preventivas como el uso de la diplomacia serían sumamente importante, en especial con socios como China.

[1] BBC News Mundo. 5 razones que muestran que “se aproxima” una guerra pesquera global (y por qué los conflictos están aumentando). 21 septiembre 2018. Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias-45491997

[2] Stavridis, J. G. and J. Bergenas. The fishing wars are coming. The Washington Post. 13 septiembre 2017. Véase: https://www.washingtonpost.com/opinions/the-fishing-wars-are-coming/2017/09/13/05c75208-97c6-11e7-b569-3360011663b4_story.html

[3] Idem.

[4] Naciones Unidas (2019). La vida subacuática: para las personas y el planeta. Véase:     https://www.youtube.com/watch?v=AVZXC344wEY&feature=emb_logo

[5] Noticias ONU. “Cuidar las especies marinas significa cuidar nuestro futuro”. 3 marzo 2019. Véase: https://news.un.org/es/story/2019/03/1452102

[6] Donde se encuentran comprendidos especies como los escualos, siendo su mayor representante todas las especies de tiburones que se encuentran en todos los océanos del mundo.

[7] BBC News Mundo. Los mapas que muestran cómo solo 5 países acaparan el 85% de la pesca industrial del mundo. 27 febrero 2018. Véase en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-43177526

[8] BBC News Mundo. 5 razones que muestran que “se aproxima” una guerra pesquera global (y por qué los conflictos están aumentando). 21 septiembre 2018. Véase en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-45491997

[9] Idem.

[10] Idem.

[11] Noticias FAO. La pesca necesita una nueva visón por la creciente inquietud sobre el estado de los océanos. 18 noviembre 2019. Véase: http://www.fao.org/news/story/es/item/1251660/icode/

[12] Idem.

[13] BBC News Mundo. 5 razones que muestran que “se aproxima” una guerra pesquera global (y por qué los conflictos están aumentando). 21 septiembre 2018. Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias-45491997

[14] BBC News Mundo. La totoaba, el pez mexicano cuya vejiga es tan valiosa que la llaman “la cocaína acuática”. 17 mayo 2017. Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias-39949636

[15] BBC News Mundo. ¿Cómo funciona la controvertida técnica de electrocutar a los peces que usaba la Unión Europea?”. 16 enero 2018. Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias-42703581

[16] BBC News Mundo. La enorme operación ilegal de barcos pesqueros de China en aguas de América Latina”. 21 marzo 2016. Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160316_enorme_operacion_ilegal_barcos_pesqueros_china_aguas_america_latina_dgm

[17] Idem.

[18] BBC News Mundo. 5 razones que muestran que “se aproxima” una guerra pesquera global (y por qué los conflictos están aumentando). 21 septiembre 2018. Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias-45491997

[19] Alba, W. (2009). Geografía General del Perú. Tercera edición. Lima: Editorial San Marcos.

[20] Andina. Produce espera que el consumo de pescado anual sea 30 kilos por habitante. 05 febrero 2019. Véase: https://andina.pe/agencia/noticia-produce-espera-que-consumo-pescado-anual-sea-30-kilos-habitante-741516.aspx

[21] Andina. Perú es líder en consumo per cápita de pescado en América Latina. 25 marzo 2018. Véase: https://andina.pe/agencia/noticia-peru-es-lider-consumo-per-capita-pescado-america-latina-704358.aspx

[22] Gestión. China desplaza a Perú como mayor productor de pota pero pescaría en aguas nacionales. 28 enero 2019. Véase: https://gestion.pe/economia/china-desplaza-peru-mayor-productor-pota-pescaria-aguas-nacionales-256951-noticia/