Panorama Mundial

El mundo ha cambiado drásticamente en apenas unos pocos meses del 2020 y, aunque suene contradictorio, es aun pronto para conocer todo lo que implican estos cambios —que a primera vista parecen profundos— para el sistema internacional. Los alcances y desafíos de la pandemia COVID-19 son coyunturales, pero también estructurales y resulta difícil catalogarlos y separarlos en este momento. Sin embargo, es claro que las consecuencias políticas y socioeconómicas de la crisis presente no son menores, y que habrán de condicionar fuertemente el futuro de las relaciones internacionales.

Diversos analistas coinciden en señalar que se han acelerado las tendencias —los nacionalismos y los proteccionismos— adversas a la globalización y al multilateralismo, lo que se acentúa con medidas de restricción a la movilidad y al cierre de fronteras dispuestos en todo el planeta. A ello se suma la agudización de la rivalidad y la creciente desconfianza entre las principales potencias. No ha existido un liderazgo capaz de articular una lucha más efectiva contra el coronavirus; capaz, por ejemplo, de anteponer la solidaridad y la cooperación a la especulación y las disrupciones al libre comercio observadas en torno a suministros médicos esenciales.

Así, se han hecho patentes las debilidades e insuficiencias de la gobernanza global, así como las desigualdades existentes entre los países y al interior de estos. Ante la apremiante vulnerabilidad humana, las primeras respuestas han priorizado la seguridad y la resiliencia nacional. Se ha puesto de manifiesto la importancia de contar con instituciones eficaces, inclusivas y rendidoras de cuentas, para atender y superar la crisis. El Estado nación ha vuelto a ejercer el rol protagónico que parecía haber perdido frente a otros actores de la globalización. Por un lado, esto ha significado una revaloración de su rol. Por otro, ha evidenciado sus limitaciones, sobre todo en países en desarrollo y en países con contextos políticos disfuncionales. Todo ello representa oportunidades de reforma, pero, en un contexto recesivo, de demandas sociales crecientes y márgenes fiscales decrecientes, nuevas derivas populistas y autoritarias también son posibles.

Las implicancias socioeconómicas de mediano y largo plazo son igualmente preocupantes. Los especialistas apuntan a disrupciones que trascienden los costos asociados a la caída de la demanda y la distancia social impuestas por la emergencia sanitaria. Se habla de reestructuraciones de las cadenas globales de valor, disminuciones en los flujos de inversión para países emergentes, y la pérdida de puestos de trabajo, entre otras consecuencias que repercutirán en el incremento de la pobreza y la vulnerabilidad para cientos de millones en todo el mundo. El transporte y el turismo son sectores seriamente afectados. Pero la crisis también traería oportunidades, por ejemplo, en el ámbito de la economía digital, la integración regional, o la formalización, que conllevan el potencial de reorientar la proyección exterior de un país como el Perú, cuyo crecimiento tradicionalmente ha estado guiado por sus exportaciones.

Sin duda, el mundo pos-COVID-19 plantea desafíos mayores para el Perú. Más que nunca, se requiere del compromiso, la solidaridad, la creatividad y la capacidad de resiliencia de los peruanos y las peruanas. Se requiere, asimismo, de una gestión pública con un gran sentido de realismo, pragmatismo e imaginación. La política exterior y la Cancillería no son ajenos a estas realidades. Dado el estado de emergencia, hemos reaccionado de manera profesional y con eficacia, siendo de destacar el fortalecimiento de dos aspectos centrales de nuestra labor: la atención a los connacionales en el exterior y la cooperación internacional.

En efecto, a mayo de 2020, dos meses después del cierre efectivo de fronteras y aeropuertos, en coordinación con otros sectores del Estado y con aerolíneas y hoteles privados, hemos logrado repatriar a alrededor de catorce mil personas, y seguimos realizando intensas gestiones para apoyar a un número creciente de connacionales que requieren volver o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta tarea ha tenido su contraparte en el apoyo que se ha brindado en territorio peruano a los países extranjeros que han deseado también repatriar a sus connacionales, muchos de ellos turistas, desde el Perú.

Asimismo, en atención a los requerimientos del Ministerio de Salud y del Comando Covid, hemos recurrido a la cooperación de países amigos y de instituciones internacionales para gestionar la adquisición de suministros médicos. En ello hemos tenido que competir con terceros países, algunos con mayores recursos, y enfrentar restricciones al libre comercio y al libre tránsito impuestas unilateralmente por algunos gobiernos. El Presidente de la República ha sostenido fructíferos diálogos con sus pares de China, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, países que vienen cooperando con nuestros esfuerzos por enfrentar la emergencia sanitaria. Del mismo modo, el Presidente Vizcarra ha participado ya hasta en tres videoconferencias en el marco de PROSUR, con el propósito de analizar las medidas que se han adoptado en la región, tanto en salud como en la economía, principalmente. Este diálogo permanente con países de la región se da de manera directa o en videoconferencias como la del Mecanismo de Consulta y Coordinación Política (2 + 3) Perú-Colombia, entre las autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa, del Interior y Salud, que puso énfasis en los temas sanitarios y de seguridad en la zona fronteriza entre ambos países.

El Perú participa activa y constructivamente en una serie de diálogos con países afines, interesados en encontrar soluciones a los problemas suscitados o agudizados por la pandemia, y reflexionar sobre el futuro del sistema internacional. En el marco de la Alianza por el Multilateralismo, iniciativa franco-alemana lanzada el 2019, nuestro país fue uno de los promotores de la declaración del pasado 16 de abril, llamando a una mayor solidaridad y cooperación internacional para hacer frente al COVID-19, que ya ha sido suscrita por 54 países e incluye contribuciones específicas del Perú a favor de la categorización de los eventuales tratamientos y vacunas como bienes públicos globales, así como de la universalización de la cobertura de salud, y de alentar en los organismos financieros internacionales políticas que permitan atender los actuales desafíos sanitarios y socioeconómicos.

La Cancillería promueve también una mayor atención de la comunidad internacional a la creciente situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes venezolanos en el Perú, acentuada en el contexto de la pandemia, frente a la cual trabajamos intensamente con el sistema de Naciones Unidas en el Perú. El 26 de mayo, a instancias del Perú y otros países de la región, junto a socios importantes como España y la Unión Europea, y en coordinación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se realizará una Mesa de Donantes virtual a nivel internacional. Esto al tiempo de mantener una estrecha coordinación con los países que conforman el Grupo de Lima y otros interesados en propiciar una solución política, que permita a los venezolanos recuperar su democracia y superar la grave crisis política, económica y social que se vive en ese país, agravada además por la pandemia.

Finalmente, la Cancillería viene monitoreando los desarrollos globales con miras a dar las respuestas que se requieren en lo inmediato, y a partir de ello estar en la capacidad de adecuarse al mediano y largo plazo del mundo post-COVID-19 en función a los valores e intereses que orientan nuestra política exterior en tanto política de Estado, contribuyendo también a identificar buenas prácticas alrededor del mundo, particularmente en las estrategias gubernamentales para la reactivación económica. Algunos elementos de esa adecuación aparecen ya delineados en la actual coyuntura: la necesidad de fortalecer la atención a los peruanos en el exterior, la cooperación internacional y el multilateralismo para prevenir y responder a desafíos globales. Otros requerirán de una mayor articulación con los sectores económicos, productivos y sociales para favorecer la reactivación, la resiliencia y el desarrollo sostenible del país, así como su integración estratégica con nuestros vecinos, con la región y con el mundo.

Un tema puntual cuyo necesario desarrollo se ha visto acelerado como consecuencia de las medidas de distanciamiento social, es el de la llamada diplomacia digital. Es necesario poner en marcha una diplomacia de redes, que entre otros alcances facilite la realización de trámites en línea, y fomente la difusión y el intercambio de imágenes y contenidos que puedan suplir las actividades tradicionales de promoción cultural y turística, generando oportunidades para la vinculación de las comunidades peruanas en el exterior y la exportación de servicios asociados a la cuarta revolución industrial.

Desde las múltiples reuniones que he sostenido virtualmente, a las llamadas que me han permitido dialogar en estos meses con cancilleres de todo el mundo —llamadas que como señalé ha sostenido el señor Presidente de la República— puedo afirmar que esta contradicción que mencionaba al inicio, hacen que el Perú esté por un lado temporal y parcialmente cerrado al mundo en sus fronteras, pero esté también más unido que nunca con el mundo, dispuesto a cooperar con el sistema multilateral y con sus principales socios y amigos, para que una vez superada la pandemia, desde la Cancillería podamos ayudar a hacer del Perú un mejor país.

Una amenaza inesperada, invisible y de alcance global, ha sido capaz de “infectar” también las relaciones internacionales, fundamentalmente de las principales potencias en muy corto tiempo, acentuando rivalidades, tendencias, poniendo a prueba la eficiencia del orden internacional vigente, de sus instituciones y liderazgos para atender de modo eficaz la crisis causada por el Covid 19.

El coronavirus que origina la pandemia que hoy vivimos no discrimina nacionalidad, ideología, etnias, clases sociales, etc. y afecta tanto a países desarrollados como emergentes y en desarrollo. Sin embargo, sus efectos sí resultan desiguales en distintas partes del mundo según sus circunstancias políticas, económicas y sociales, evidenciándose claras diferencias en las capacidades de respuesta y estilos de liderazgo.

Una definición coloquial de globalización, difundida apenas terminado el periodo de posguerra fría era que el grado de interdependencia era tan grande que si uno estornudaba el otro se refriaba. Lamentablemente, hoy esa frase resulta literal. El coronavirus que a fines de año se percibía como un evento lejano, en Oriente es hoy planetario, ha provocado y sigue causando importantes pérdidas humanas, altísimos costos sociales, económicos y políticos cuyo impacto redunda sin duda en las relaciones internacionales y en la configuración de un nuevo orden mundial.

La dimensión y efectos de esta pandemia en el escenario internacional remite a la frase acuñada luego de las guerras mundiales: a problemas globales, soluciones globales. La gobernanza global construida con el fin de salvaguardar la paz y atender justamente amenazas transversales como esta, debía actuar en estas circunstancias y ser capaz de coordinar un trabajo conjunto que sume esfuerzos para optimizar resultados y no solo lograr vencer al Covid 19 sino contribuir a abordar de la mejor manera el periodo pos-pandemia en todas sus dimensiones, el cual podría ser más complicado aún.

El nivel de incertidumbre y desconcierto frente a un virus nuevo, su rápido y altísimo nivel de contagio, el limitado manejo de la información sobre su comportamiento y el dispar manejo de cifras luego de su aparición en Wuhan, China, explica que los gobiernos hayan tenido que dar respuestas inmediatas a su población, a su manera, atendiendo demandas de acuerdo a sus circunstancias y capacidades en una dinámica de ensayo – error dada la novedad del coronavirus.

Pero las medidas internas no tienen que ser excluyentes de aquellas que se elaboren desde la gobernanza global, desde instituciones multi o plurilaterales y foros internacionales y subregionales especializados, a fin de contribuir a brindar una guía, un referente, para abordar los diferentes impactos de esta crisis. Se esperaría que, los liderazgos mundiales sean capaces de plantear estrategias, de impulsar medidas efectivas para afrontar amenazas de esta dimensión e impacto, teniendo como plataforma los espacios existentes creados con este fin.

La globalización representada por una muy estrecha interdependencia entre los actores internacionales, una gran intensidad de las relaciones, principalmente comerciales, ha sido considerada como una gran ventaja para maximizar resultados, propiciar ganancias para todos (win/win), e incluso como una garantía de paz. El mundo habría aprendido a inclinarse por enfoques cooperativos en sus relaciones, principalmente las grandes potencias que han sufrido en carne propia los costos de las guerras mundiales, a fin de construir el orden pacífico, basado en una significativa institucionalidad internacional. Esta lección aprendida se habría traducido en la creación de instancias como la ONU y otras organizaciones de dimensión regional o subregional, así como otros foros que han proliferado basados en que la cooperación es esencial y que solos no somos capaces de abordar los temas más relevantes.

Sin embargo, esta pandemia llega en un momento de menor entusiasmo frente a los méritos de la globalización entre algunos actores, en el cual el fraccionamiento y polarización ya estaba instalado, donde la desconfianza y las rivalidades entre las dos principales potencias priman, la interdependencia es cuestionada por quienes la consideran una vulnerabilidad, en un momento en que el multilateralismo está siendo desafiado y los liderazgos se encuentran debilitados. Por ello, seria errado decir que el escenario que hoy atestiguamos de posiciones nacionalistas, tendencias autoritarias, desconfianza, o cuestionamiento al orden internacional liberal son nuevos o producto del COVID 19.  Lo que sí se puede afirmar es que la pandemia ha acelerado estas tendencias y agudiza fenómenos que ya se venían dando en las últimas décadas.

Es así que la pandemia pone reflectores sobre la rivalidad entre las dos principales potencias mundiales: China y EE.UU. A las divergencias existentes se suman aquellas vinculadas al origen, tratamiento del COVID 19, respaldo a la OMS, las acusaciones mutuas y teorías de conspiración.

El mundo busca referentes, liderazgos que impulsen los espacios multilaterales, quienes activen mecanismos internacionales capaces de afrontar efectivamente esta crisis. Sin embargo, las dos principales potencias mundiales, EE.UU. y la China se encuentran enfrentadas, principalmente por aspectos comerciales, con un transfondo mayor de pugna en términos geopolíticos y liderazgo global.

Es indudable que el estilo de los líderes de estas potencias marca la dinámica de su política exterior y del orden internacional. Su estrategia en esta crisis no ha hecho sino agudizar la confrontación, que ya desde antes de la aparición del coronavirus era considerada por muchos como la antesala a una nueva Guerra Fría.

Por un lado, Donald Trump, es un personaje con un estilo particular en la historia de la presidencia de los EE.UU. que desde el inicio de su mandato ha adoptado decisiones que han sido percibidas por muchos como un alejamiento del tradicional liderazgo de la potencia en el ámbito internacional, al cuestionar las bases del orden que cimentó, como el multilateralismo. El retiro del Acuerdo de Paris, cuestionamientos a la OMC, a la OTAN, y últimamente, en directa relación con esta crisis, la suspensión temporal de su financiamiento a la OMS aduciendo “mala gestión y encubrimiento del coronavirus” serían ejemplo de ello. En el plano doméstico, es conocida la polarización existente, agudizada estos días por la carrera presidencial en marcha.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, ha cambiado el tono de sus predecesores, tanto en el plano doméstico como internacional. Ha emprendido una política exterior más agresiva y asertiva como los reclamos de soberanía territorial sobre las islas del Mar del sur de China o la Nueva Ruta de la Seda (Belt and Road Iniciative). En el ámbito doméstico, XI recientemente modificó las reglas internas, alejándose del liderazgo colectivo de Deng Xioping y eliminando la limitación de mandatos. La transparencia es reclamada en el frente interno y externo y ha transcendido la existencia de divisiones y malestares dentro del PC y la sociedad en general.

Las acciones de ambas potencias en esta crisis han contribuido a debilitar su poder blando, en el caso de EE.UU. por liderar el número de muertos y contagiados en el mundo y no desarrollar una política efectiva para detener el avance del coronavirus así como tener una posición negacionista y errática en el manejo del Covid 19. Hasta el momento, no logra articular una estrategia clara y en algunos casos los gobiernos estatales se han distanciado de la posición del gobierno federal. Las medidas adoptadas por EE.UU. para afrontar la crisis se asocian inevitablemente a la campaña electoral donde la retórica populista y la demagogia se acentúan y se alimentan las divisiones internas.

China por su parte, carga con el peso de haber albergado al primer caso en su territorio y se le acusa de haberlo manejado con secretismo exponiendo al mundo entero, por lo que se encuentra ejerciendo una política agresiva, a través de la que han llamado diplomacia de los lobos para defender el manejo de la pandemia y de las mascarillas, para promover la cooperación particularmente en América Latina, con el fin de revertir estos rumores y percepción negativa.

En este sentido, China ha prometido un importante fondo para luchar contra la Covid 19 y señala que la vacuna que logre será tratada como un bien público global. Ha marcado distancia así de reclamos de derecho exclusivo de una eventual vacuna. Asimismo, ha manifestado su apoyo a la labor de la OMS, reiterando la importancia de la cooperación global para luchar contra el coronavirus.

Los esfuerzos de ambas potencias para controlar la situación en sus propios países son atentamente observados por el mundo en busca de estrategias efectivas y de un liderazgo que conduzca al mundo a una efectiva atención de la pandemia y sus consecuencias. Quien responda mejor, quien descubra tratamiento o vacuna, quien pueda aliviar mejor los efectos económicos y sociales de esta crisis logrará un mejor posicionamiento en el orden internacional.

Cabe destacar que esta crisis no es solo sanitaria y sus efectos impactan dramáticamente el ámbito económico y social a nivel global por lo que su manejo será de largo aliento. Nos encontramos en un orden internacional de transición en el que se están definiendo posiciones, tendencias, de modo que el escenario pos Covid 19 será decisivo para terminar de darle forma, ratificando los pilares que hoy lo sostienen o marcando el rumbo para nuevos paradigmas. Todos enfrentamos la pandemia y particularmente las grandes potencias tienen una gran responsabilidad para responder a los desafíos de modo efectivo. China y EE.UU. tienen bastante en juego y del mismo pueden salir fortalecidos o debilitados en términos de protagonismo en el orden internacional. Por ahora notamos que además de los graves impactos económicos y sociales, ambos han sido afectados en su poder blando y con ello su capacidad de ser referentes. Pero como siempre se señala, las crisis son una oportunidad, la agenda internacional se contaminó con el Covid 19, el desafío es superarla atenuando las rivalidades, sumando esfuerzos, activando los mecanismos y espacios de cooperación existentes. La lección aprendida puede ser, como a fines de las grandes guerras y crisis del siglo XX que las plataformas colectivas son esenciales para abordar los problemas globales. El sistema internacional necesita de la pronta recuperación de esta pandemia y sus graves consecuencias, a todos conviene que así sea y ello podrá lograrse fundamentalmente a través del fortalecimiento de la gobernanza global, impulsado por el liderazgo y compromiso de las principales potencias.

Introducción

La pandemia del COVID-19 en muy poco tiempo —90 días (marzo, abril y mayo)— ha traído consigo un despliegue de medidas a nivel global como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad, 212 países y territorios han sido afectados.

Las medidas adoptadas por todos los países, aunque de diversa índole y magnitud, buscan contener el avance de la pandemia. Las principales acciones de contención han sido: aislamiento social, incluido el cierre de fronteras y suspensión de actividades económicas; fortalecimiento de los sistemas de salud, para una identificación y atención inmediata de los casos de infectados; y, el despliegue de una serie de medidas de apoyo a las poblaciones económicamente más afectadas por la pérdida de ingresos económicos (social safety nets).

En la actualidad, luego de la etapa de contención, los países vienen diseñando diversas acciones post aislamiento social para reactivar las economías fuertemente golpeadas. Además de las medidas económicas y financieras para el rescate económico de las empresas y los sistemas financieros, se desarrollan nuevos protocolos de salud y trabajo, se incentivan los medios electrónicos y de comunicaciones para las gestiones administrativas y burocráticas (e-government), comerciales (e-commerce), educativas (teleeducación), entre otras. Todos estos cambios se darán en muy poco tiempo y se describe como la “nueva normalidad”.

Todos estos cambios globales en los últimos tres meses y los cambios que se vienen también han impactado e impactarán en el tráfico global de drogas y en particular de la cocaína. Las organizaciones criminales también se están adaptando a la “nueva normalidad”. Hay impactos coyunturales y habrán otros más de mediano plazo, no está muy claro aún si se traten cambios estructurales o simples adaptaciones a los nuevos escenarios.

Otro aspecto a resaltar son las acciones antidrogas que han privilegiado los países en la actual coyuntura de enfrentamiento al COVID-19, así como la atención política y de la opinión pública al tráfico de drogas y particularmente de la cocaína.

Las principales medidas que han adoptado los gobiernos para enfrentar el COVID-19 y que tienen impacto directo sobre el tráfico de cocaína son las siguientes:

1. Aislamiento social: el confinamiento de las familias en sus hogares, los toques de queda y las reglas impuestas para movilizarse dentro de los ámbitos urbanos y rurales.
2. Cierre de fronteras: principalmente impide la movilización internacional de las personas en los pasos formales de frontera, puertos (suspensión de arribos de cruceros y embarcaciones de recreo) y aeropuertos (suspensión de vuelos de pasajeros).
3. Suspensión de actividades económicas: La interrupción de actividades empresariales y la producción de bienes y servicios, insumos y bienes finales.
4. Mantenimiento del comercio internacional: En casi todos los países se ha mantenido el movimiento internacional de mercancías, pero su impacto real es de un fuerte decrecimiento y desaceleración. Sin embargo, se mantienen las rutas y frecuencias marítimas y aéreas.
5. Despliegue de controles de seguridad: Todas las fuerzas de seguridad (policiales y militares) han sido convocadas y han desplegado controles en todos los territorios, en las principales vías de comunicación: terrestre, fluvial, lacustre y marítimo y en fronteras.
6. Suspensión de la actividad judicial: Los sistemas judiciales (jueces y fiscales) están paralizados, atendiendo solo casos urgentes.
7. Medidas Penitenciarias: Los sistemas penitenciarios ya en crisis en la mayor parte de países ha requerido la toma de medidas dirigidas por un lado a fortalecer el control carcelario y por otro, programas de excarcelación, indultos y condonación de penas.

1. Impactos en el corto plazo

Se han registrado un conjunto de impactos en la producción, tránsito y consumo de cocaína. Son cambios coyunturales, es decir, no se trata de cambios estructurales que signifiquen una nueva reconfiguración del narcotráfico.

1.1. Disminución de la oferta de cocaína

Las medidas tomadas por los países productores (Bolivia, Colombia y Perú) son similares y han traído consigo principalmente:

1. Menor acceso a los precursores químicos: debido a la interrupción de actividades empresariales como la de los productores y usuarios de insumos químicos desde donde se desvían la mayor parte de precursores. Además la relativa inmovilización de personas y mercancías también ha limitado el traslado hacia los puntos de elaboración de drogas. Esto ha llevado a una menor producción de cocaína.
2. Menor disponibilidad de medios para el trasiego de la droga desde los lugares de producción hacia las rutas de exportación. Debido a los controles de seguridad implementados para el control de la movilización social y de mercancías.
3. Reducción de los inventarios de cocaína en poder de la cadena de distribución de las organizaciones de narcotraficantes, desde los clanes familiares encargados del trasiego de la droga en los países productores hasta las organizaciones criminales exportadoras.

La menor producción de cocaína y la reducción de los stocks están llevando a un rápido desabastecimiento de la droga para el consumo de los mercados finales, lo que también se refleja en el incremento de precios al consumidor final.  En la situación actual el efecto podría estar en un rango de 15% a 30% de disminución de la oferta global de cocaína.

1.2. Estabilización de la producción de hoja de coca

El efecto de las medidas para atenuar el COVID-19 ha impactado coyunturalmente en la reducción del precio de la hoja de coca, esta reducción ha sido mayor mientras mayor es la distancia de los puntos de exportación. En el caso de zonas de frontera como la Triple Frontera Amazónica (Perú, Colombia y Brasil) los precios siguen estables.

Lo que se ha reducido temporalmente es la cosecha de las hojas de coca y la siembra de nuevas áreas. Pero el área cocalera sigue intacta, es más en el caso de Bolivia y Perú se ha suspendido la erradicación manual del cultivo de coca, que de mantenerse esta medida en los próximos meses ambos países registrarían un mayor hectareaje de coca en 2020 en comparación con 2019.  En el caso de Colombia se había propuesto como meta la erradicación de 130 mil hectáreas en 2020, lo que implicaría una reducción neta del área y de la producción potencial de cocaína. La erradicación se mantiene activa en Colombia, a diferencia de Perú y Bolivia, pero no está muy claro si lograrán la enorme meta propuesta.

En el caso particular de Bolivia se ha reportado la dificultad de la comercialización de coca para el consumo legal que representan más de 12,000 hectáreas y alrededor de 22,000 tn de hoja de coca que se podría estar desviando al narcotráfico.

El impacto económico de la pandemia en Bolivia, Colombia y Perú, la pérdida de empleos e ingresos de las familias, sobre todo las rurales, conllevarán a un rápido retorno a la actividad cocalera conforme se vayan levantando las restricciones impuestas o se agudicen las necesidades de ingresos de las personas para su sobrevivencia.  El impacto sanitario del COVID-19 puede jugar en contra, en la medida en que la propagación del contagio y la falta de infraestructura sanitaria en las zonas cocaleras pueden afectar seriamente la salud de los cocaleros.

En resumen los cultivos de coca, materia principal para la elaboración de cocaína, están intactos y la reactivación de sus cosechas podría ser muy rápida.

1.3. Mantenimiento de las operaciones de interdicción e incautación de cocaína

En general los operativos de interdicción, principalmente dirigidos a la incautación de cocaína, se mantiene relativamente estables en los países productores y de tránsito, en particular en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia. Aunque la movilización de la droga como se ha indicado es menor, hay un inventario de cocaína en los distintos eslabones de la cadena de tráfico que sigue abasteciendo la cocaína para su exportación. Particularmente el caso de Brasil refleja un crecimiento de 10.4% en la incautación de cocaína en sus puertos durante el período de la pandemia 06.02.2020 – 28.04.2020, comparado con similar período de 2019.

De hecho las operaciones de interdicción coordinadas por el US Southern Command en el Pacífico y el Caribe se mantienen muy activas y siguen reportando la incautación de cocaína durante todo este período de la pandemia. Sigue activa la Operación Martillo liderada por los EE.UU. con la participación de Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Holanda, Nicaragua, Panamá y Reino Unido, así como el bloqueo aeronaval frente a las costas de Venezuela, que coincidentemente se ha implementado durante la pandemia y que se ha convertido en una barrera para el tránsito marítimo de la cocaína. La asistencia militar de los EE.UU. a Ecuador a través de los aviones Orión P3 y Awac, desde septiembre de 2018 ha permitido la incautación de más de 30,000 kg de cocaína que utilizan la vía marítima con destino a Centro América, México y EE.UU.

En la medida en que se prolongue la pandemia se pueden presentar dos tendencias. Por un lado, las medidas de seguridad tomadas por los gobiernos y la prioridad política y económica que implica el COVID-19 influirá en una mayor reducción de los inventarios de cocaína y su disponibilidad para la exportación y por lo tanto una reducción en la incautación de cocaína. Por otro lado, ya el narcotráfico está dando muestras de respuestas frente a las medidas para controlar la pandemia, se están redefiniendo las rutas, como se explicará más adelante, se reactivaría la producción de drogas con el reinicio de actividades económicas y la provisión de precursores químicos.

1.4. Reorientación de rutas para el tráfico de cocaína

Sin duda las principales medidas descritas líneas arriba, tanto para enfrentar la pandemia como el bloqueo aeromarítimo en las costas del Caribe venezolano, influyen en la búsqueda de rutas más efectivas para el trasiego de la cocaína. Se puede analizar tres trayectos o tramos de rutas: a) Desde las zonas de elaboración de la droga hacia los puntos de exportación en los países productores; b) Las rutas en los países de tránsito en la región; y c) las rutas de exportación hacia los mercados globales de consumo de cocaína de EE.UU. y Europa principalmente.

a) Desde las zonas de elaboración de drogas: Regularmente se tratan de zonas alejadas y aisladas contiguas a las zonas de producción de la hoja de coca, lo que dificulta el acceso a los precursores químicos y la elaboración de las drogas cocaínicas, además estas mismas limitaciones desfavorecen el traslado de la droga por las vías tradicionales regularmente terrestres hasta los puntos de exportación, mayoritariamente en las costas marítimas de Colombia y Perú.

Coyunturalmente las nuevas rutas estarían aprovechando las cercanías a las fronteras menos controladas como el caso de Venezuela y Ecuador para Colombia, y Brasil para Bolivia, Colombia y Perú. Además se vienen reactivando las rutas aéreas con narcoavionetas de Perú a Bolivia, que habrían retornado al mismo centro de producción del VRAEM (suspendidos desde 2016); de Colombia hacia Venezuela y Brasil (en la frontera Amazónica) y la fluvial a través de la vasta red de ríos que comparten los países.

b) Rutas en los países de tránsito: La salida terrestre a través de la frontera entre Colombia y Panamá parece estar relativamente bloqueada y no se estaría utilizando en las dimensiones normales. En la frontera Colombo-Ecuatoriana también se ha intensificado el control fronterizo en ambos lados de la frontera pero los innumerables pasos ilegales siguen activos y facilitan el trasiego de la droga. Con Perú sucede una situación similar pero de menor magnitud pues la frontera es amplia y porosa. Pero es la frontera con Venezuela la que probablemente esté siendo priorizada por las organizaciones narcos, principalmente porque las organizaciones criminales que operan en Venezuela en alianza con altos mandos militares y funcionarios públicos involucrados en el narcotráfico facilitan el tránsito de la cocaína por todo el territorio venezolano.

En el caso de Perú, las rutas de salida de la cocaína hacia la costa del Pacífico se habrían contraído y se potenciaron las rutas fluviales y los pasos terrestres con Colombia, Brasil y Bolivia. Otro efecto que se ha registrado en días recientes es la reactivación de narcovuelos desde el mismo VRAEM (zona que produce el 70% de la cocaína peruana) hasta Bolivia, que habían sido suspendidos y trasladados 400 km al norte del VRAEM en 2016.

Bolivia además de país productor (150 a 240 tn anuales de cocaína) también lo es del tránsito de cocaína peruana (otros 200 a 250 tn anuales de cocaína), tiene 320 pasos fronterizos ilegales, 110 con Chile, 60 con Argentina, 100 con Brasil y 30 con Perú y 20 con Paraguay, que es imposible controlar, además de los vuelos clandestinos y el uso de las vías fluviales. Solo 16 pasos son legales y tienen la custodia de las fuerzas de seguridad, el resto es imposible de controlar. Los narcovuelos siguen activos principalmente de Perú a Bolivia y de Bolivia hacia Paraguay y Brasil. La diversidad de rutas en Bolivia no son un impedimento para la salida de la cocaína.

c) Rutas de exportación hacia los mercados de consumo global: De acuerdo al UNODC Monitoring Platform, el transporte global de la cocaína se realiza en un 88% por vía marítima, 8% por vía terrestre y 4% por vía aérea. Estando la vía aérea prácticamente paralizada para el transporte de pasajeros y con los controles fronterizos terrestres, lo más probable es que se mantengan las rutas marítimas como principal vía de ingreso de la cocaína.

De alguna manera las incautaciones que se vienen dando desde el inicio de la pandemia a la fecha confirman el uso de la vía marítima.  El uso de naves recreacionales (yates y veleros) y cruceros están prácticamente paralizados por el momento. No se ha registrado a la fecha nuevas modalidades de infiltración de la droga y aunque se prevé una fuerte reducción de la frecuencia del transporte global de carga, entre 15 y 20% en el corto plazo, esta reducción significativa en el volumen global de mercancías no es de ninguna manera un impedimento para el tráfico de cocaína.

Dos tendencias que ya se venían registrando antes de la pandemia y que ahora se podrían consolidar son: i) La mayor relevancia que está teniendo Venezuela en el tránsito de la cocaína con sus múltiples alternativas de traslado de la droga. Ya se venía registrando un mayor tránsito hacia la zona oriental del país a través de la península de Paria y la frontera con Guyana, así como un mayor tráfico de cocaína hacia la frontera con Brasil.  ii) El fuerte ingreso de cocaína a Brasil desde Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay que se viene confirmando con el fuerte incremento de la incautación de cocaína (104 tn en 2019, 27 tn el 2015) y la gran diversificación de rutas debido a su vasto sistema de interconectividad de sus “rodovías” y más de 43 puertos que movilizan carga internacional y sobre todo la infiltración de la cocaína en los puertos del Nordeste.

Otros países de tránsito que podrían tomar mayor relevancia en el próximo futuro son Argentina y Chile. Ambos cuentan con rutas marítimas que conectan a los principales mercados globales de consumo de cocaína y están menos supervisados y controlados y sus puertos no son considerados, por ahora, como de alto riesgo para el tráfico de cocaína.

1.5. Efecto sobre las organizaciones criminales

Por la forma como está configurado el narcotráfico global o la delincuencia organizada transnacional de cocaína se puede definir una clasificación de las organizaciones criminales domésticas (clanes familiares, carteles criollos, bandas criminales, etc.) y otra de organizaciones criminales internacionales (carteles o mafias internacionales).

La división del trabajo se ha ido consolidando en los últimos años. Así el negocio de la promoción de cultivos ilícitos, la elaboración de cocaína, la provisión de insumos químicos, el trasiego de la droga a los puntos de exportación y la infiltración en los embarques de carga están a cargo de organizaciones criminales domésticas.  Los carteles internacionales controlan la calidad, pureza y peso de la droga, asimismo se hacen cargo del desembarque, almacenaje, mezcla con otros químicos y distribución de la droga para su micro-comercialización en los mercados de destino.

A la fecha no se han detectado cambios estructurales en sus modus operandi. En el caso de las organizaciones criminales domésticas también han visto reducidas otras actividades ilícitas conexas como la trata de personas, tráfico ilícito de personas, minería ilegal, entre otros. Quizás su preocupación más inmediata es resolver la provisión de los precursores químicos y la búsqueda de nuevas rutas. La paralización de la mayor parte de actividades de los sistemas judiciales (jueces y fiscales) favorece el desempeño de estas organizaciones criminales. La situación de los penales, particularmente el caso de Brasil que ha reforzado el control, ha implicado una seria barrera de comunicación para las principales organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico organizadas a través de los penales como el PCC, el Comando Vermelho, Familia del Norte, entre otras.

En el caso de los cárteles internacionales, no se registra aún algún cambio significativo, lo más probable es que las principales consecuencias en el corto plazo tengan que ver con la rápida redefinición de algunas rutas de tráfico de cocaína como se ha indicado anteriormente, y la organización de los mercados de consumo, con nuevas formas de distribución y entrega, como los deliveries y venta por internet (darknet), implementación de “protocolos” para evitar contagios, la reducción de la pureza de la droga y del precio de venta para abastecer la demanda insatisfecha y recuperar el consumo de cocaína que puede verse afectado.

El efecto económico y financiero en el financiamiento del tráfico de cocaína implicará también la recomposición de la cadena de pagos narco que se debe haber afectado. El reinicio de las actividades de cultivo y cosecha de coca y la elaboración de cocaína requerirá de apoyo financiero de las organizaciones criminales.

1.6. Efectos en el consumo de cocaína

Sin duda existen varios factores de la pandemia que están afectando el consumo de cocaína. El propio confinamiento social, la suspensión de actividades recreacionales (discotecas, conciertos, bares, clubes, etc.) y grupales disminuyen el consumo, así como el mayor control del tránsito de personas disminuye la disponibilidad de conseguir la droga.

Asimismo, los efectos del desabastecimiento de la droga, por la menor producción y exportación de cocaína reducen los inventarios en los mercados globales de consumo y tienen un efecto en el incremento de precios y la disminución de la pureza y calidad de la cocaína comercializada, como ya han sido reportados.

En el corto plazo se empieza a percibir también el impacto económico en los ingresos de los consumidores que reduce sus posibilidades de acceder a una droga tan cara como la cocaína.  También se viene impulsando la darknet markets o criptomarkets con ventas on-line de drogas como lo reportó EMCDDA y EUROPOL, que aunque todavía es una fracción de la microcomercialización de drogas, ahora tendrá un gran impulso. Igual se prevé el impulso de los deliveries.

2. Impactos en el largo plazo

Aún es prematuro hacer escenarios sobre los cambios en mediano plazo que se podrían dar en el tráfico de drogas y particularmente en el de cocaína. Un factor importante será el devenir de la pandemia, no está claro que se esté transitando hacia una etapa de control y contención de la pandemia y de sus efectos en todos los ámbitos económicos y sociales.

Por otro lado, sí está más claro el gran impacto económico de la pandemia que ha afectado la situación económica y fiscal de todos los países y el ingreso de la mayor parte de sus familias. Es más probable que los impactos económicos sí influyan en escenarios más negativos sobre la evolución del narcotráfico, salvo que los países revisen sus políticas y estrategias para enfrentar al narcotráfico, lo que parece poco probable ya que actualmente no está en la prioridad política requerida.

Los déficits fiscales proyectados en todos los países pueden llevar a priorizar otros tipos de gastos sociales y reducir los presupuestos para la lucha contra el narcotráfico como sucedió en la crisis financiera internacional de 2008. Por su parte el impacto en los ingresos de las familias puede provocar una mayor incursión, de las personas afectadas, en las economías ilícitas. Más de 300 mil familias (1.5 millones de personas) están involucradas en el cultivo de coca en Bolivia, Colombia y Perú, sin considerar el gran número de jornaleros que se requieren para la cosecha de la hoja de coca.

Efectos sanitarios en los lugares de producción sí podrían originar un colapso del abastecimiento de cocaína en caso se complique más el contagio del COVID-19 en los productores cocaleros y la escasa presencia de los programas sanitarios de los gobiernos de Bolivia, Colombia y Perú.

Hasta donde se puede avizorar los impactos actuales en el mediano plazo, no se prevé cambios estructurales en el tráfico de cocaína. La producción de cocaína se puede reactivar muy rápidamente, el tránsito podrá redefinir nuevas rutas pero esencialmente el transporte no es una limitante, el consumo puede tener una disminución en la demanda pero las organizaciones criminales tienen suficiente espacio para ajustar precios, reducir la pureza de la droga e implementar nuevas formas de distribución y comercialización que se adapte a la “nueva normalidad”.

A partir de la propagación a nivel internacional de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, mejor conocida como Covid-19, ha surgido la interrogante acerca de si sería posible llevar a China ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la alerta tardía a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que podría haber sido un factor importante en el la recalificación —igualmente tardía— de epidemia a pandemia por parte de la OMS en marzo del presente año.

En la actualidad, el derecho ofrece tres (3) vías posibles a fin de lograr una eventual reparación por parte de la República Popular China (RPC): (i) proceso ante la CIJ; (ii) arbitraje internacional; y, (iii) medidas de compensación determinadas por las Cortes Supremas —o equivalentes— de cada Estado lesionado o perjudicado (e.g., procesos iniciados en Estados Unidos, Reino Unido y Egipto).

El presente estudio se concentrará en la primera hipótesis. Al respecto es preciso advertir que, a efectos de determinar una eventual responsabilidad internacional a raíz del supuesto incumplimiento de una obligación susceptible de reparación, habría justamente que demostrar que la RPC contravino una obligación internacional. Asimismo, debe demostrarse el nexo de causalidad entre el hecho internacionalmente ilícito y el daño sufrido a efectos de asignar la correspondiente reparación.

El gran inconveniente constituye el hecho de que la RPC nunca haya aceptado la competencia de la CIJ. Sin embargo, en caso se interpretará la Constitución de la OMS en el mismo sentido del pronunciamiento sobre las objeciones preliminares del asunto de Ucrania contra la Federación de Rusia podría admitirse la posibilidad de someter casos de violación de dicho tratado en virtud de su artículo 75 con la sola condición de una negociación previamente validada ante la Asamblea Mundial de Salud (AMS).

Una primera posibilidad sería alegar violaciones del Reglamento Sanitario Internacional sobre la base de los artículos 21 y 22 de la Constitución de la OMS. En efecto, el artículo 21 otorga a la Asamblea Mundial de la Salud la autoridad para adoptar reglamentos, como el Reglamento Sanitario Internacional. El artículo 22, por su parte, establece que las reglamentaciones entrarán en vigor para todos los Miembros después de que se haya notificado debidamente. Por consiguiente, se podría argumentar que las presuntas violaciones del Reglamento Sanitario Internacional por parte de la RPC se refieren a la interpretación o aplicación de la Constitución de la OMS. Sin embargo, es posible argüir como contraargumento que los artículos 21 y 22 se refieren únicamente a la autoridad para adoptar reglamentos y su entrada en vigencia, mas no a la obligación legal de los Estados miembros de cumplir con esos reglamentos (“enforcement”).

Adicionalmente, se podría afirmar que la RPC ha violado el artículo 64 de la Constitución de la OMS, el cual establece que: “Cada Miembro transmitirá informes estadísticos y epidemiológicos en la forma que determine la Asamblea de la Salud”. La AMS expresamente determinó que, en virtud del artículo 64, las estadísticas deben ser preparadas de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de Nomenclatura de la OMS.

El artículo 6, Literal 1, del Reglamento Sanitario Internacional contempla la obligación de todo Estado Parte de notificar a la OMS acerca de: “[T]odos los eventos que ocurran en su territorio y que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional de conformidad con el instrumento de decisión”.

Sin embargo, la supuesta omisión de informar o notificar sobre toda emergencia de salud suscitada en su territorio únicamente sería alegada por Estados Unidos y Taiwán. Mientras que la omisión de informar a la OMS con exactitud y suficiente detalle sería alegada por una mayor cantidad de países. En efecto, el presunto incumplimiento por parte de la RPC en relación con el ocultamiento o manipulación de datos referentes al número total de personas fallecidas por causa del Covid-19 podría comportar una vulneración al Literal 2 del artículo 6 del Reglamento Sanitario Internacional, el cual prescribe que: “Una vez cursada la notificación, el Estado Parte seguirá comunicando a la OMS información oportuna, exacta y suficientemente detallada sobre la salud pública de que disponga relativa al evento notificado, con inclusión, en lo posible, de […] número de casos y defunciones […]”.

Además, el artículo 7 del Reglamento Sanitario Internacional exige a los Estados Parte que, en caso tengan evidencia de un evento que pueda constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII o PHEIC, por sus siglas en inglés), “facilit[en] a la Organización Mundial de la Salud toda la información concerniente a la salud pública”. En consecuencia, un determinado Estado podría afirmar que la RPC ha vulnerado el artículo 64 de la Constitución de la OMS al incumplir lo dispuesto por los artículos 6 y 7 del Reglamento Sanitario Internacional.

De igual manera, podría alegarse una violación del artículo 63 en virtud del alegado incumplimiento del deber de transmitir “sin demora” a la OMS “los informes y las estadísticas oficiales de importancia”. En efecto, existe la posibilidad de que las supuestas publicaciones de médicos chinos en redes sociales, que habrían sido censuradas por el gobierno de la RPC, puedan constituir medios probatorios a efectos de demostrar el incumplimiento de la referida obligación. Asimismo, se aduce que China también habría estado reteniendo datos clasificados en relación con el número de personas infectadas asintomáticas, elemento crucial para determinar el mecanismo de contagio del Covid-19.

Por otra parte, teniendo en cuenta las afirmaciones de diversos medios de comunicación a nivel internacional (e.g., taiwaneses, hindúes y estadounidenses), podría considerarse que la RPC habría vulnerado el artículo 37 de la Constitución de la OMS, el cual dispone que “Cada uno de los Miembros de la Organización se compromete, por su parte, a respetar el carácter exclusivamente internacional del Director General y del personal y a no tratar de influir sobre ellos”.

Adicionalmente, existe la posibilidad de una contravención de la obligación del derecho internacional general de no ir en contra del objeto y propósito de un tratado (artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), aduciendo que la RPC habría frustrado el objeto y propósito de la Constitución de la OMS, es decir, “alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud” (artículo 1 de la Constitución de la OMS). No obstante la CIJ ya ha declarado, en la Sentencia de Fondo recaída en el asunto relativo a las caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Párrafo 271), que una cláusula jurisdiccional —como la contemplada en el artículo 75 de la Constitución de la OMS— no cubriría un reclamo basado en dicha obligación, podría sostenerse en cambio que el artículo 75 no solo otorga jurisdicción sobre “[t]oda divergencia o disputa” sino también sobre cualquier controversia en relación con la interpretación o aplicación de la Constitución de la OMS, habilitando de esta manera la competencia consultativa de la CIJ.

Por último, no debería descartarse una eventual violación al derecho a la salud, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Al respecto, cabe recordar que la CIJ ya se ha pronunciado sobre vulneraciones a los derechos sociales de los individuos con ocasión del fallo recaído en el asunto “Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado”. Asimismo, con anterioridad al mencionado pronunciamiento, cabe destacar el voto disidente del Juez Weeramantry en el asunto relativo a la “Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares”, en el cual consideró que se habían violado los derechos a la protección de la maternidad y la infancia (artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos – DUDH), a la vida cultural (artículo 27 Numeral 1 de la DUDH) y a la salud (artículo 12 del PIDESC), calificando a este último de obligación erga omnes.