Introducción
La pandemia del COVID-19 en muy poco tiempo —90 días (marzo, abril y mayo)— ha traído consigo un despliegue de medidas a nivel global como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad, 212 países y territorios han sido afectados.
Las medidas adoptadas por todos los países, aunque de diversa índole y magnitud, buscan contener el avance de la pandemia. Las principales acciones de contención han sido: aislamiento social, incluido el cierre de fronteras y suspensión de actividades económicas; fortalecimiento de los sistemas de salud, para una identificación y atención inmediata de los casos de infectados; y, el despliegue de una serie de medidas de apoyo a las poblaciones económicamente más afectadas por la pérdida de ingresos económicos (social safety nets).
En la actualidad, luego de la etapa de contención, los países vienen diseñando diversas acciones post aislamiento social para reactivar las economías fuertemente golpeadas. Además de las medidas económicas y financieras para el rescate económico de las empresas y los sistemas financieros, se desarrollan nuevos protocolos de salud y trabajo, se incentivan los medios electrónicos y de comunicaciones para las gestiones administrativas y burocráticas (e-government), comerciales (e-commerce), educativas (teleeducación), entre otras. Todos estos cambios se darán en muy poco tiempo y se describe como la “nueva normalidad”.
Todos estos cambios globales en los últimos tres meses y los cambios que se vienen también han impactado e impactarán en el tráfico global de drogas y en particular de la cocaína. Las organizaciones criminales también se están adaptando a la “nueva normalidad”. Hay impactos coyunturales y habrán otros más de mediano plazo, no está muy claro aún si se traten cambios estructurales o simples adaptaciones a los nuevos escenarios.
Otro aspecto a resaltar son las acciones antidrogas que han privilegiado los países en la actual coyuntura de enfrentamiento al COVID-19, así como la atención política y de la opinión pública al tráfico de drogas y particularmente de la cocaína.
Las principales medidas que han adoptado los gobiernos para enfrentar el COVID-19 y que tienen impacto directo sobre el tráfico de cocaína son las siguientes:
- Aislamiento social: el confinamiento de las familias en sus hogares, los toques de queda y las reglas impuestas para movilizarse dentro de los ámbitos urbanos y rurales.
- Cierre de fronteras: principalmente impide la movilización internacional de las personas en los pasos formales de frontera, puertos (suspensión de arribos de cruceros y embarcaciones de recreo) y aeropuertos (suspensión de vuelos de pasajeros).
- Suspensión de actividades económicas: La interrupción de actividades empresariales y la producción de bienes y servicios, insumos y bienes finales.
- Mantenimiento del comercio internacional: En casi todos los países se ha mantenido el movimiento internacional de mercancías, pero su impacto real es de un fuerte decrecimiento y desaceleración. Sin embargo, se mantienen las rutas y frecuencias marítimas y aéreas.
- Despliegue de controles de seguridad: Todas las fuerzas de seguridad (policiales y militares) han sido convocadas y han desplegado controles en todos los territorios, en las principales vías de comunicación: terrestre, fluvial, lacustre y marítimo y en fronteras.
- Suspensión de la actividad judicial: Los sistemas judiciales (jueces y fiscales) están paralizados, atendiendo solo casos urgentes.
- Medidas Penitenciarias: Los sistemas penitenciarios ya en crisis en la mayor parte de países ha requerido la toma de medidas dirigidas por un lado a fortalecer el control carcelario y por otro, programas de excarcelación, indultos y condonación de penas.
- Impactos en el corto plazo
Se han registrado un conjunto de impactos en la producción, tránsito y consumo de cocaína. Son cambios coyunturales, es decir, no se trata de cambios estructurales que signifiquen una nueva reconfiguración del narcotráfico.
1.1. Disminución de la oferta de cocaína
Las medidas tomadas por los países productores (Bolivia, Colombia y Perú) son similares y han traído consigo principalmente:
- Menor acceso a los precursores químicos: debido a la interrupción de actividades empresariales como la de los productores y usuarios de insumos químicos desde donde se desvían la mayor parte de precursores. Además la relativa inmovilización de personas y mercancías también ha limitado el traslado hacia los puntos de elaboración de drogas. Esto ha llevado a una menor producción de cocaína.
- Menor disponibilidad de medios para el trasiego de la droga desde los lugares de producción hacia las rutas de exportación. Debido a los controles de seguridad implementados para el control de la movilización social y de mercancías.
- Reducción de los inventarios de cocaína en poder de la cadena de distribución de las organizaciones de narcotraficantes, desde los clanes familiares encargados del trasiego de la droga en los países productores hasta las organizaciones criminales exportadoras.
La menor producción de cocaína y la reducción de los stocks están llevando a un rápido desabastecimiento de la droga para el consumo de los mercados finales, lo que también se refleja en el incremento de precios al consumidor final. En la situación actual el efecto podría estar en un rango de 15% a 30% de disminución de la oferta global de cocaína.
1.2. Estabilización de la producción de hoja de coca
El efecto de las medidas para atenuar el COVID-19 ha impactado coyunturalmente en la reducción del precio de la hoja de coca, esta reducción ha sido mayor mientras mayor es la distancia de los puntos de exportación. En el caso de zonas de frontera como la Triple Frontera Amazónica (Perú, Colombia y Brasil) los precios siguen estables.
Lo que se ha reducido temporalmente es la cosecha de las hojas de coca y la siembra de nuevas áreas. Pero el área cocalera sigue intacta, es más en el caso de Bolivia y Perú se ha suspendido la erradicación manual del cultivo de coca, que de mantenerse esta medida en los próximos meses ambos países registrarían un mayor hectareaje de coca en 2020 en comparación con 2019. En el caso de Colombia se había propuesto como meta la erradicación de 130 mil hectáreas en 2020, lo que implicaría una reducción neta del área y de la producción potencial de cocaína. La erradicación se mantiene activa en Colombia, a diferencia de Perú y Bolivia, pero no está muy claro si lograrán la enorme meta propuesta.
En el caso particular de Bolivia se ha reportado la dificultad de la comercialización de coca para el consumo legal que representan más de 12,000 hectáreas y alrededor de 22,000 tn de hoja de coca que se podría estar desviando al narcotráfico.
El impacto económico de la pandemia en Bolivia, Colombia y Perú, la pérdida de empleos e ingresos de las familias, sobre todo las rurales, conllevarán a un rápido retorno a la actividad cocalera conforme se vayan levantando las restricciones impuestas o se agudicen las necesidades de ingresos de las personas para su sobrevivencia. El impacto sanitario del COVID-19 puede jugar en contra, en la medida en que la propagación del contagio y la falta de infraestructura sanitaria en las zonas cocaleras pueden afectar seriamente la salud de los cocaleros.
En resumen los cultivos de coca, materia principal para la elaboración de cocaína, están intactos y la reactivación de sus cosechas podría ser muy rápida.
1.3. Mantenimiento de las operaciones de interdicción e incautación de cocaína
En general los operativos de interdicción, principalmente dirigidos a la incautación de cocaína, se mantiene relativamente estables en los países productores y de tránsito, en particular en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia. Aunque la movilización de la droga como se ha indicado es menor, hay un inventario de cocaína en los distintos eslabones de la cadena de tráfico que sigue abasteciendo la cocaína para su exportación. Particularmente el caso de Brasil refleja un crecimiento de 10.4% en la incautación de cocaína en sus puertos durante el período de la pandemia 06.02.2020 – 28.04.2020, comparado con similar período de 2019.
De hecho las operaciones de interdicción coordinadas por el US Southern Command en el Pacífico y el Caribe se mantienen muy activas y siguen reportando la incautación de cocaína durante todo este período de la pandemia. Sigue activa la Operación Martillo liderada por los EE.UU. con la participación de Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Holanda, Nicaragua, Panamá y Reino Unido, así como el bloqueo aeronaval frente a las costas de Venezuela, que coincidentemente se ha implementado durante la pandemia y que se ha convertido en una barrera para el tránsito marítimo de la cocaína. La asistencia militar de los EE.UU. a Ecuador a través de los aviones Orión P3 y Awac, desde septiembre de 2018 ha permitido la incautación de más de 30,000 kg de cocaína que utilizan la vía marítima con destino a Centro América, México y EE.UU.
En la medida en que se prolongue la pandemia se pueden presentar dos tendencias. Por un lado, las medidas de seguridad tomadas por los gobiernos y la prioridad política y económica que implica el COVID-19 influirá en una mayor reducción de los inventarios de cocaína y su disponibilidad para la exportación y por lo tanto una reducción en la incautación de cocaína. Por otro lado, ya el narcotráfico está dando muestras de respuestas frente a las medidas para controlar la pandemia, se están redefiniendo las rutas, como se explicará más adelante, se reactivaría la producción de drogas con el reinicio de actividades económicas y la provisión de precursores químicos.
1.4. Reorientación de rutas para el tráfico de cocaína
Sin duda las principales medidas descritas líneas arriba, tanto para enfrentar la pandemia como el bloqueo aeromarítimo en las costas del Caribe venezolano, influyen en la búsqueda de rutas más efectivas para el trasiego de la cocaína. Se puede analizar tres trayectos o tramos de rutas: a) Desde las zonas de elaboración de la droga hacia los puntos de exportación en los países productores; b) Las rutas en los países de tránsito en la región; y c) las rutas de exportación hacia los mercados globales de consumo de cocaína de EE.UU. y Europa principalmente.
a) Desde las zonas de elaboración de drogas: Regularmente se tratan de zonas alejadas y aisladas contiguas a las zonas de producción de la hoja de coca, lo que dificulta el acceso a los precursores químicos y la elaboración de las drogas cocaínicas, además estas mismas limitaciones desfavorecen el traslado de la droga por las vías tradicionales regularmente terrestres hasta los puntos de exportación, mayoritariamente en las costas marítimas de Colombia y Perú.
Coyunturalmente las nuevas rutas estarían aprovechando las cercanías a las fronteras menos controladas como el caso de Venezuela y Ecuador para Colombia, y Brasil para Bolivia, Colombia y Perú. Además se vienen reactivando las rutas aéreas con narcoavionetas de Perú a Bolivia, que habrían retornado al mismo centro de producción del VRAEM (suspendidos desde 2016); de Colombia hacia Venezuela y Brasil (en la frontera Amazónica) y la fluvial a través de la vasta red de ríos que comparten los países.
b) Rutas en los países de tránsito: La salida terrestre a través de la frontera entre Colombia y Panamá parece estar relativamente bloqueada y no se estaría utilizando en las dimensiones normales. En la frontera Colombo-Ecuatoriana también se ha intensificado el control fronterizo en ambos lados de la frontera pero los innumerables pasos ilegales siguen activos y facilitan el trasiego de la droga. Con Perú sucede una situación similar pero de menor magnitud pues la frontera es amplia y porosa. Pero es la frontera con Venezuela la que probablemente esté siendo priorizada por las organizaciones narcos, principalmente porque las organizaciones criminales que operan en Venezuela en alianza con altos mandos militares y funcionarios públicos involucrados en el narcotráfico facilitan el tránsito de la cocaína por todo el territorio venezolano.
En el caso de Perú, las rutas de salida de la cocaína hacia la costa del Pacífico se habrían contraído y se potenciaron las rutas fluviales y los pasos terrestres con Colombia, Brasil y Bolivia. Otro efecto que se ha registrado en días recientes es la reactivación de narcovuelos desde el mismo VRAEM (zona que produce el 70% de la cocaína peruana) hasta Bolivia, que habían sido suspendidos y trasladados 400 km al norte del VRAEM en 2016.
Bolivia además de país productor (150 a 240 tn anuales de cocaína) también lo es del tránsito de cocaína peruana (otros 200 a 250 tn anuales de cocaína), tiene 320 pasos fronterizos ilegales, 110 con Chile, 60 con Argentina, 100 con Brasil y 30 con Perú y 20 con Paraguay, que es imposible controlar, además de los vuelos clandestinos y el uso de las vías fluviales. Solo 16 pasos son legales y tienen la custodia de las fuerzas de seguridad, el resto es imposible de controlar. Los narcovuelos siguen activos principalmente de Perú a Bolivia y de Bolivia hacia Paraguay y Brasil. La diversidad de rutas en Bolivia no son un impedimento para la salida de la cocaína.
c) Rutas de exportación hacia los mercados de consumo global: De acuerdo al UNODC Monitoring Platform, el transporte global de la cocaína se realiza en un 88% por vía marítima, 8% por vía terrestre y 4% por vía aérea. Estando la vía aérea prácticamente paralizada para el transporte de pasajeros y con los controles fronterizos terrestres, lo más probable es que se mantengan las rutas marítimas como principal vía de ingreso de la cocaína.
De alguna manera las incautaciones que se vienen dando desde el inicio de la pandemia a la fecha confirman el uso de la vía marítima. El uso de naves recreacionales (yates y veleros) y cruceros están prácticamente paralizados por el momento. No se ha registrado a la fecha nuevas modalidades de infiltración de la droga y aunque se prevé una fuerte reducción de la frecuencia del transporte global de carga, entre 15 y 20% en el corto plazo, esta reducción significativa en el volumen global de mercancías no es de ninguna manera un impedimento para el tráfico de cocaína.
Dos tendencias que ya se venían registrando antes de la pandemia y que ahora se podrían consolidar son: i) La mayor relevancia que está teniendo Venezuela en el tránsito de la cocaína con sus múltiples alternativas de traslado de la droga. Ya se venía registrando un mayor tránsito hacia la zona oriental del país a través de la península de Paria y la frontera con Guyana, así como un mayor tráfico de cocaína hacia la frontera con Brasil. ii) El fuerte ingreso de cocaína a Brasil desde Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay que se viene confirmando con el fuerte incremento de la incautación de cocaína (104 tn en 2019, 27 tn el 2015) y la gran diversificación de rutas debido a su vasto sistema de interconectividad de sus “rodovías” y más de 43 puertos que movilizan carga internacional y sobre todo la infiltración de la cocaína en los puertos del Nordeste.
Otros países de tránsito que podrían tomar mayor relevancia en el próximo futuro son Argentina y Chile. Ambos cuentan con rutas marítimas que conectan a los principales mercados globales de consumo de cocaína y están menos supervisados y controlados y sus puertos no son considerados, por ahora, como de alto riesgo para el tráfico de cocaína.
1.5. Efecto sobre las organizaciones criminales
Por la forma como está configurado el narcotráfico global o la delincuencia organizada transnacional de cocaína se puede definir una clasificación de las organizaciones criminales domésticas (clanes familiares, carteles criollos, bandas criminales, etc.) y otra de organizaciones criminales internacionales (carteles o mafias internacionales).
La división del trabajo se ha ido consolidando en los últimos años. Así el negocio de la promoción de cultivos ilícitos, la elaboración de cocaína, la provisión de insumos químicos, el trasiego de la droga a los puntos de exportación y la infiltración en los embarques de carga están a cargo de organizaciones criminales domésticas. Los carteles internacionales controlan la calidad, pureza y peso de la droga, asimismo se hacen cargo del desembarque, almacenaje, mezcla con otros químicos y distribución de la droga para su micro-comercialización en los mercados de destino.
A la fecha no se han detectado cambios estructurales en sus modus operandi. En el caso de las organizaciones criminales domésticas también han visto reducidas otras actividades ilícitas conexas como la trata de personas, tráfico ilícito de personas, minería ilegal, entre otros. Quizás su preocupación más inmediata es resolver la provisión de los precursores químicos y la búsqueda de nuevas rutas. La paralización de la mayor parte de actividades de los sistemas judiciales (jueces y fiscales) favorece el desempeño de estas organizaciones criminales. La situación de los penales, particularmente el caso de Brasil que ha reforzado el control, ha implicado una seria barrera de comunicación para las principales organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico organizadas a través de los penales como el PCC, el Comando Vermelho, Familia del Norte, entre otras.
En el caso de los cárteles internacionales, no se registra aún algún cambio significativo, lo más probable es que las principales consecuencias en el corto plazo tengan que ver con la rápida redefinición de algunas rutas de tráfico de cocaína como se ha indicado anteriormente, y la organización de los mercados de consumo, con nuevas formas de distribución y entrega, como los deliveries y venta por internet (darknet), implementación de “protocolos” para evitar contagios, la reducción de la pureza de la droga y del precio de venta para abastecer la demanda insatisfecha y recuperar el consumo de cocaína que puede verse afectado.
El efecto económico y financiero en el financiamiento del tráfico de cocaína implicará también la recomposición de la cadena de pagos narco que se debe haber afectado. El reinicio de las actividades de cultivo y cosecha de coca y la elaboración de cocaína requerirá de apoyo financiero de las organizaciones criminales.
1.6. Efectos en el consumo de cocaína
Sin duda existen varios factores de la pandemia que están afectando el consumo de cocaína. El propio confinamiento social, la suspensión de actividades recreacionales (discotecas, conciertos, bares, clubes, etc.) y grupales disminuyen el consumo, así como el mayor control del tránsito de personas disminuye la disponibilidad de conseguir la droga.
Asimismo, los efectos del desabastecimiento de la droga, por la menor producción y exportación de cocaína reducen los inventarios en los mercados globales de consumo y tienen un efecto en el incremento de precios y la disminución de la pureza y calidad de la cocaína comercializada, como ya han sido reportados.
En el corto plazo se empieza a percibir también el impacto económico en los ingresos de los consumidores que reduce sus posibilidades de acceder a una droga tan cara como la cocaína. También se viene impulsando la darknet markets o criptomarkets con ventas on-line de drogas como lo reportó EMCDDA y EUROPOL, que aunque todavía es una fracción de la microcomercialización de drogas, ahora tendrá un gran impulso. Igual se prevé el impulso de los deliveries.
- Impactos en el largo plazo
Aún es prematuro hacer escenarios sobre los cambios en mediano plazo que se podrían dar en el tráfico de drogas y particularmente en el de cocaína. Un factor importante será el devenir de la pandemia, no está claro que se esté transitando hacia una etapa de control y contención de la pandemia y de sus efectos en todos los ámbitos económicos y sociales.
Por otro lado, sí está más claro el gran impacto económico de la pandemia que ha afectado la situación económica y fiscal de todos los países y el ingreso de la mayor parte de sus familias. Es más probable que los impactos económicos sí influyan en escenarios más negativos sobre la evolución del narcotráfico, salvo que los países revisen sus políticas y estrategias para enfrentar al narcotráfico, lo que parece poco probable ya que actualmente no está en la prioridad política requerida.
Los déficits fiscales proyectados en todos los países pueden llevar a priorizar otros tipos de gastos sociales y reducir los presupuestos para la lucha contra el narcotráfico como sucedió en la crisis financiera internacional de 2008. Por su parte el impacto en los ingresos de las familias puede provocar una mayor incursión, de las personas afectadas, en las economías ilícitas. Más de 300 mil familias (1.5 millones de personas) están involucradas en el cultivo de coca en Bolivia, Colombia y Perú, sin considerar el gran número de jornaleros que se requieren para la cosecha de la hoja de coca.
Efectos sanitarios en los lugares de producción sí podrían originar un colapso del abastecimiento de cocaína en caso se complique más el contagio del COVID-19 en los productores cocaleros y la escasa presencia de los programas sanitarios de los gobiernos de Bolivia, Colombia y Perú.
Hasta donde se puede avizorar los impactos actuales en el mediano plazo, no se prevé cambios estructurales en el tráfico de cocaína. La producción de cocaína se puede reactivar muy rápidamente, el tránsito podrá redefinir nuevas rutas pero esencialmente el transporte no es una limitante, el consumo puede tener una disminución en la demanda pero las organizaciones criminales tienen suficiente espacio para ajustar precios, reducir la pureza de la droga e implementar nuevas formas de distribución y comercialización que se adapte a la “nueva normalidad”.