Panorama Mundial

Recientemente, el 4 de junio de 2020, los embajadores de Australia (Diane Nelson), Canadá (Ralph Jansen), Colombia (María Claudia Mosquera) y Francia (Antoine Grassin), dirigieron una carta al presidente del Congreso peruano, Manuel Arturo Merino de la Lama, ante el impacto que podría derivarse de la Ley N° 31018 aprobada por ese poder del Estado, para diversas empresas concesionarias de la red vial nacional, cuyas inversiones tienen su origen en esos países. En esa carta, entre otras cosas le expresan su:

[…] profunda preocupación ante medidas como las previstas en la Ley N° 31018, que vulneran seriamente la estabilidad y seguridad jurídica y contractual. También, comprometen peligrosamente las inversiones privadas tan importantes y necesarias en un contexto como el actual en el que el Perú requiere enfrentar decididamente los impactos económicos de la pandemia del covid-19.

El tenor de la carta y la forma en que fue comunicada, claramente violaron las normas más básicas del derecho internacional público, pero también del derecho diplomático. En cuanto a lo primero, se trató sin duda de una clara violación del principio de no intervención y de la soberanía del Estado peruano, al pronunciarse sobre normas del derecho interno y sobre los actos dados por un poder del Estado, normas consagradas no solo por la costumbre internacional general sino también por el artículo 2, párrafo 7 de la propia Carta de las Naciones Unidas, tratado del cual los cuatro países remitentes son Estados Parte.

En lo que toca al derecho diplomático, los ahora célebres diplomáticos violaron el artículo 41, inciso 1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, de la cual todos ellos son también Estados Parte, norma que les prohíbe “inmiscuirse en los asuntos internos del Estado” donde cumplen funciones. Todos los autores, desde los más clásicos a los modernos, coinciden además en señalar que tal prohibición es muy amplia, y que comprende por ejemplo, la prohibición de “discutir la legislación nacional” (Arredondo, 2016; Novak y Pardo, 2001, p. 238; Pastor Ridruejo, 1986, p. 433; Fenwick, 1963, p. 532), lo que precisamente hicieron en su carta. Los mismos autores, señalan asimismo que en tales casos, según la práctica diplomática, los agentes diplomáticos suelen ser declarados personas no gratas, para luego ser expulsados del país.

Pero eso no es todo. Los cuatro diplomáticos extranjeros, también violaron el artículo 41, inciso 2 de la misma Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que les ordena que todo asunto oficial de la misión en el país de acogida sea tratado “con el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese Estado o por conducto de él”, lo que tampoco hicieron en este caso, sino que, violentando esta norma, entablaron contacto directo con el Congreso peruano. Como señala Cahier (1965, p. 200), esta norma, busca evitar precisamente, que los agentes diplomáticos extranjeros tengan contacto directo con otros funcionarios del Estado receptor, lo que los cuatro embajadores precisamente no cumplieron.

La reacción adversa de la opinión pública peruana y el malestar expresado por la Cancillería, motivó a estos cuatro embajadores a enviar una carta al ministro de Relaciones Exteriores, el 7 de junio, en la que dicen:

[…] ser plenamente conscientes de la importancia de seguir los procedimientos establecidos en el derecho internacional para comunicarse con las instituciones del Estado peruano y lamentamos que nuestra carta se haya prestado a un malentendido respecto a su objeto, por lo que presentamos nuestras sinceras disculpas. […] Reiteramos nuestro absoluto respeto a la soberanía del Perú y a la autonomía de los poderes del Estado.

Esta carta, sin embargo, no solo es desconcertante (pues si eran conscientes de la importancia de seguir los procedimientos establecidos por el derecho internacional para comunicarse con el Estado peruano, entonces, cabe plantearse por qué no lo hicieron) sino que es poco honesta, al trasladar la responsabilidad del error diplomático que cometieron como jefes de Misión a sus destinatarios que, presuntamente, la “malinterpretaron”. Pero eso no es todo. También en la carta se incurre en una nueva infracción del derecho internacional, al reiterar su cuestionamiento a la referida norma y luego pedirle al Canciller interponga sus buenos oficios para entrevistarse con el presidente del Congreso.

Cuando uno revisa estas dos comunicaciones, que de hecho son magníficos ejemplos para mis clases de derecho internacional y derecho diplomático, el tiempo parece retroceder al siglo XIX, donde las potencias europeas intervenían en los asuntos internos de las jóvenes naciones americanas para tratar de modificar su voluntad. El problema es que estamos en el siglo XXI, aunque algunos, aun no lo comprendan.

Referencias bibliográficas

Arredondo, R. (2016).  Derecho diplomático y consular. Buenos Aires: Abeledo Perrot.

Cahier, P. (1965). Derecho Diplomático Contemporáneo. Madrid: Rialp.

Fenwick, Ch. (1963). Derecho Internacional Público. Buenos Aires: Bibliográfica Omeba.

Novak, F. y F. Pardo. (2001). Derecho Diplomático. Lima: Fondo Editorial- Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pastor Ridruejo, J.A. (1986). Curso de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos.

A mediados de mayo último, en plena pandemia, los noticieros internacionales reportaron sobre unos serios enfrentamientos en la denominada “Línea de Control Actual” (o “LAC”, por sus siglas en inglés) entre la República Popular China y la India. Ahora bien, la cordillera del Karakórum ha sido el escenario de múltiples escaramuzas fronterizas en las últimas décadas. Sin embargo, fue la primera vez desde 1967 que estas produjeron víctimas mortales (63, según fuentes indias; Beijing prefirió no dar números). Aún se desconoce lo que habría provocado el incidente. Según algunas fuentes, todo habría empezado con un encuentro sorpresivo entre ambas partes en un sendero montañoso; para otras se produjo en el marco de negociaciones, precisamente dirigidas a disminuir las tensiones, acumuladas en las semanas anteriores. Según la versión oficial de Nueva Delhi, apenas días antes se había acordado en el terreno, el retiro de un grupo de guardias chinos que durante un mes habían construido puestos de vigilancia y carpas en territorio indio. Empero, Beijing niega cualquier tipo de violación de la frontera por parte de sus tropas y acusa a la India de constantes provocaciones en la zona. Esto sí: durante el incidente no se habrían usado armas de fuego, prohibidas por un acuerdo de 1993 para las guardias fronterizas en las zonas disputadas por ambas potencias, lo que hace suponer que las muertes habrían caído en luchas ‘de cuerpo a cuerpo’. Al menos en el corto plazo, China y la India lograron desescalar la situación: a inicios de junio se produjo una ronda de conversaciones de alto nivel que resultó en el retiro mutuo de las guardias desde la LAC. Sin embargo, todo indica que podremos esperar nuevos enfrentamientos —esperemos que sólo diplomáticos— entre Beijing y Nueva Delhi, por una serie de razones que se mencionarán a continuación.

Cuando la India proclamó su independencia en 1947, las relaciones con la China (aun gobernada por el Kuomintang) parecían prometedoras: finalmente las dos principales civilizaciones de Oriente podrían, libres del yugo imperialista de Occidente, recuperar su status en el sistema internacional y trabajar conjuntamente por un Asia libre, pacífico y próspero. Jawaharlal Nehru —primer ministro indio desde la independencia hasta 1964— incluso propuso la creación de una “Federación Oriental” entre ambos y otros Estados poscoloniales. La Revolución china de 1949 tampoco parecía generar algún impacto negativo para esta Hindi-Cheeni bhai bhai (o “hermandad indio-china”): India no sólo fue el primer Estado no socialista en reconocer a la República Popular, sino que además rechazaría la política occidental de aislamiento de Beijing, por considerarla contraproducente, y hasta rehusó la oferta estadounidense para ocupar el asiento reservado para China en el Consejo de Seguridad. Finalmente, la incorporación en 1950 del Tíbet, una histórica zona amortiguadora entre el Raj y el Imperio Chino, a la República Popular, sólo traería críticas verbales, para ser reconocida cuatro años después, con la suscripción de un acuerdo comercial con la “región china de Tíbet”[1]. En el mismo acuerdo también se presentaron, por primera vez, los cinco principios de coexistencia pacífica (o Panchsheel) entre ambas potencias, los mismos que inspiraron el establecimiento del Movimiento de Países No Alineados en 1961.

Sin embargo, a mediados de los cincuenta, las relaciones empezaron a deteriorarse. Por un lado, en el marco del “Gran Salto Adelante”, Mao consideraría cada vez más a Nueva Delhi como un “agente de los imperialistas” en los foros tercermundistas, donde ambos se presentaron como su líder natural. Por otro lado, el “respeto mutuo por la integridad territorial”, uno de los panchsheel, requería, claro está, contar con fronteras mutuamente aceptadas. En cambio, China y la India mantuvieron diferentes interpretaciones sobre su frontera bilateral[2]. Mientras que Nueva Delhi acepta la frontera heredada desde la colonia —conocida en el sector oriental como la “Línea McMahon”— como legítima, Beijing la considera ilegal, al ser producto del imperialismo británico y, además, por haber sido negociada por un Estado no soberano (Tíbet). Como tal, la República Popular sigue reclamando soberanía sobre el estado indio de Arunchal Pradesh, así como sobre la zona de Aksai Chin —muy estratégica al ser el nexo geográfico entre Tíbet y Sinkiang— y el Paso Karakórum. Luego de una reunión convocada entre Nehru y Zhou Enlai en el año 1960, donde el último se mostró dispuesto a aceptar la Línea McMahon a cambio del reconocimiento indio de los reclamos chinos en el oeste —algo rechazado por Nehru—, se acumularon las tensiones, hasta que finalmente se produjo la Guerra sino-india de 1962. Pese a que la contienda sólo duraría un mes, significó un shock para el mandatario indio, quien hasta el último momento desvaloró la probabilidad de un ataque chino. Además, si bien las tropas chinas se retirarían detrás de la Línea McMahon al final del conflicto, trajeron bajo su control el territorio de Aksai Chin, imponiendo así a Nueva Delhi la mencionada “LAC”, como línea de demarcación entre este territorio y el Ladakh indio. A partir de la humillación sufrida, Nueva Delhi abandonaría la dimensión idealista de su política exterior posindependencia y se iniciaría un periodo de más de veinticinco años de congelamiento de las relaciones con su vecino del norte. Cabe anotar que, además de la disputa fronteriza, también la creciente cercanía china con Pakistán, sobre todo en el ámbito militar, dificultaría seriamente las relaciones bilaterales.

Recién con la visita oficial de Rajiv Gandhi a Beijing en 1988 y la suscripción, cinco años después, del mencionado Border Peace and Tranquility Agreement, se inició un proceso de normalización de las relaciones entre China y la India. Clave para este acercamiento, tangible hasta inicios de la presente década, fue la postura crítica que compartieron hacia la potencia hegemónica —y sus políticas de promoción de la democracia, intervenciones “humanitarias” y el modelo neoliberal—, así como el potencial económico de una aproximación. En cuanto a la creciente convergencia política, mencionamos el establecimiento del grupo trilateral “RIC” (Rusia-India-China) —precursor de los BRICS— en 1996 y de una “asociación estratégica y cooperativa para la paz y la prosperidad” en 2005; la coordinación entre Beijing y Nueva Delhi durante las negociaciones globales del comercio global (en el seno de la OMC) y el cambio climático (con la alianza BASIC); así como la suscripción de numerosos acuerdos bilaterales en diversas materias. De la misma manera, las relaciones económicas prosperaron dramáticamente. Así, para el año 2011, China se convertiría en el primer socio comercial de la India y también los flujos de inversión entre ambos países pasaron por un boom (aunque en ambos ámbitos, con una clara ventaja para Beijing[3]).

No obstante, simultáneamente, se acumularon cada vez más elementos de discordia. Algunos de ellos tuvieron un carácter histórico, como la disputa fronteriza o el constante apoyo chino a Islamabad, mientras que otros un origen más reciente, tales como el perfil asimétrico de la relación económica, las pugnas entre ambos países por la adquisición de hidrocarburos en el África, o la oposición china al ingreso de la India al Grupo de Abastecedores Nucleares y al Consejo de Seguridad de la ONU (como miembro permanente). Con todo, durante las administraciones de Hu Jintao (2002-2012) y Manmohan Singh (2004-2014), se mantuvo una especie de política de “cuerdas separadas”, desde una conciencia compartida que un alejamiento, o peor aún, un conflicto entre los dos sólo beneficiaría a Occidente. Además, para el entonces mandatario indio primó el objetivo de la “autonomía estratégica” —una actualización de la histórica doctrina de no alineamiento, propagada por su país/partido durante toda la Guerra Fría— y China resultó siendo una pieza clave en esta política. Cabe mencionar que el documento No Alignment 2.0, uno de los más influyentes working papers sobre política exterior india publicado en 2012, ya reconocía lo complejo que sería mantener una relación positiva y sostenible en el tiempo con Beijing, tal como lo ilustra el siguiente fragmento:

On the global canvas, China looks upon India not as a threat in itself, but as a ‘swing state’ whose association with potential adversaries could constrain China. The challenge for Indian diplomacy will be to develop a diversified network of relations with several major powers to compel China to exercise restraint in its dealings with India, while simultaneously avoiding relationships that go beyond conveying a certain threat threshold in Chinese perceptions. This will require a particularly nuanced handling and coordination of our foreign policy, both through diplomatic and military channels. If China perceives India as irrevocably committed to an anti-China containment ring, it may end up adopting overtly hostile and negative policies towards India, rather than making an effort to keep India on a more independent path. (2012, p. 14)

Ya es un cliché afirmar que el arribo de Xi Jinping como secretario general del PCCh, ha constituido un hito en la historia política reciente; así también lo fue para la relación con la India. Como tal, las dos prioridades del mandatario chino, la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (o “BRI” por sus siglas en inglés) y la afirmación de soberanía por parte de la República Popular en el Mar de la China Meridional, han contribuido con el reciente deterioro de las relaciones bilaterales. Así también, la victoria del partido nacionalista BJP y su líder Narendra Modi en las elecciones de 2014 en la India, con una agenda de política exterior más ambiciosa que la del Partido del Congreso, hizo que gradualmente la desconfianza empezara a dominar la relación. En tal sentido, la invitación al presidente de Taiwán y al representante del gobierno tibetano en el exilio para asistir a la ceremonia de inauguración de Modi, no fueron un mero detalle.

En cuanto al BRI, al momento de su lanzamiento, Nueva Delhi tenía dos principales objeciones. Primero, uno de sus seis corredores, el de mayores avances, constituye el denominado “Corredor de Crecimiento China-Pakistán” (o “CPEC”), que busca estimular el comercio entre Kasgar (Sinkiang) y el puerto pakistaní de Gwadar, ubicado en el estratégico Mar Arábigo. Desde la perspectiva india, se trata de otra arista más de la alianza Beijing-Islamabad. Por otro lado, contrariamente a Rusia, miembros de la UE o países del Medio Oriente, Beijing apenas involucró a Nueva Delhi en el diseño del megaproyecto. Si bien los mapas semioficiales del corredor “Bangladesh-China-India-Myanmar” (o “BCIM”) incluirían a puertos indios, ello no se basó en ningún acuerdo suscrito con Nueva Delhi. Por estas razones, el gobierno indio decidió boicotear el Foro BRI de 2017 en Beijing (aunque el país sí participa en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura).

También la creciente asertividad china en el Mar de la China Meridional no solo preocupa a la India —un estimado 55% del comercio indio pasa por este mar— sino que además acerca al país a la estrategia del Free and Open Indo-Pacific de Trump y, en general, a los socios de Washington en su política de contención (estrenada con el Pivot to Asia de Obama) contra China. Así, por ejemplo, Nueva Delhi es un integrante de la “Iniciativa Cuadrilateral”, en materia de seguridad, con Estados Unidos, Australia y Japón y con el último se acordó elaborar el proyecto Asia-Africa Growth Corredor, generalmente considerado como una contrapropuesta al BRI. A raíz de esta tendencia, más la creciente cooperación en temas de defensa con Estados Unidos, Francia, Japón e Israel (entre otros) —más allá de su histórico socio, Moscú— Nueva Delhi se arriesga a ser percibido, cada vez más, por Beijing como un participe de esta política occidental. A su vez, con Xi, la presencia china en el Asia Meridional, considerada la zona de influencia de la India, se ha fortalecido enormemente, sobre todo a través del desarrollo de infraestructura portuaria —como lo demuestran los casos de Hambantota (Sri Lanka), Chittagong (Bangladesh) y Kyaukpyu (Myanmar)— así como mecanismos de “diálogo político” y diplomacia militar. Esto, a su vez, tiende a reafirmar la teoría, sumamente popular en la India, sobre una política de circunvalación del país (mejor conocida como el “Collar de Perlas”) por China. En otras palabras: ambas potencias parten de una política de contención del “otro” dirigida en su contra.

Respaldado por una tasa de crecimiento económico superior a la de China desde el 2016 —el PBI indio ya es el tercero del mundo, en términos PPA—, Modi claramente se muestra más firme hacia el vecino, en comparación de administraciones anteriores. Así, apenas un mes luego de la ausencia india del Foro BRI en el 2017, se produjo otro incidente entre ambos Estados en la zona de Doklam (el límite de China con Bután), cuando China empezó a construir una carretera muy cercana al corredor del “Cuello de la Gallina” —que conecta el noreste de India con el resto del país—. Sin embargo, por primera vez, tropas indias (armadas esta vez) entraron en acción y obligaron a China a detener las obras. Además, el mandatario indio se pronunció frecuentemente en contra de la construcción de represas en la parte superior del rio Brahmaputra, vital para el este de la India y Bangladesh, así como de las prácticas, según él neo-imperialistas, de China en países subdesarrollados. Finalmente, y así llegamos a nuestro punto de partida, durante los últimos años se han intensificado las obras de construcción de una vía en el valle Galwan, muy cerca a la LAC, reflejando así una dinámica de “toma y daca” en la relación bilateral. Precisamente esta obra, más el retiro de autonomía para el Estado de Jammu y Cachemira en agosto del 2019 por Nueva Delhi, y considerada “no aceptable” por la República Popular, parecen haber originado el último enfrentamiento (en un contexto, como es sabido, de múltiples tensiones geopolíticas y una anunciada recesión global).

Si bien ambos países parecen tratar de limitar los daños colaterales generados por las últimas escaramuzas, Nueva Delhi ya aprobó una norma que dificultará la presencia china en sectores estratégicos, como las telecomunicaciones —en miras a la proyectada introducción de redes 5G— y acaba de bloquear más de cincuenta aplicaciones telefónicas chinas en el país, alegando motivos de ciberseguridad. Sin embargo, la principal interrogante gira en torno al hecho de si la India podrá mantener su histórica autonomía estratégica —con toda la creatividad diplomática que esta exigirá— en el contexto de bipolarización del orden internacional o si, por la cercanía de Beijing, se optará por una alianza con Washington, algo que tendría serias consecuencias para la geopolítica del Asia… y el mundo entero.

Mapa de la frontera entre India y la R.P. China (The Economist) – leyenda:

1. Aksai Chin, separado por la Linea de Control Actual (“LAC”) de Ladakh
2. Doklam, cerca al corredor Siliguri (o: “Cuello de la Gallina”)

[1] Posteriormente, el Tíbet causaría problemas bilaterales cuando India apoyó a los militantes durante el levantamiento tibetano de 1959 y otorgó el asilo al Dalai Lama en el mismo año. Hasta la actualidad, el líder tibetano reside en Dharamsala (Himachal Pradesh).

[2] La frontera entre India y China, de 3488 kilómetros de largo, cuenta con tres sectores: el sector occidental que colinda con los estados indios de Jammu-Cachemira, Himachal Pradesh y Utarrakhand; un pequeño sector central (Sikkim); y un sector oriental alrededor del estado de Arunachal Pradesh, denominado “Tíbet del Sur” por Beijing.

[3] Por ejemplo, en el mismo año 2011, las importaciones indias desde la China llegaron a unos $55.3 mil millones, mientras que sólo exportaba por un valor de $19.1 mil millones hacia el mercado chino. Para el año 2019, el déficit comercial indio incluso había aumentado con $68.3 miles de millones de importaciones versus $17.3 mil millones de exportaciones. Además, mientras que la mayor parte de productos chinos tienen valor agregado, los indios constituyen principalmente materia prima (como el hierro). Dicha asimetría también se manifiesta en los flujos de inversión entre ambas economías.

Desde el Tratado de Roma que se firmó en 1957 para crear la Comunidad Económica Europea, el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población ha estado presente en los acuerdos comerciales regionales. La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 17 de diciembre de 1991 sobre la integración económica regional de los países en desarrollo destacó la importancia de los procesos de integración para lograr el desarrollo socioeconómico de los países en desarrollo. En América Latina cada país ha seguido el proceso de integración de la manera que ha considerado más conveniente en función a sus intereses. Si algo caracteriza al proceso de integración en América Latina es que es un proceso fragmentado donde los países latinoamericanos están divididos en grupos, como la Comunidad Andina y el MERCOSUR o en acuerdos bilaterales. No obstante, este objetivo del Tratado de Roma, que se ha expresado también en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no ha sido ajeno a los procesos de integración en América Latina. Estos acuerdos han buscado reducir la pobreza, lograr el desarrollo económico y social y generar empleo.

El artículo 1 del Acuerdo de Cartagena precisa que los objetivos señalados en la misma norma “tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión”. Por su parte, el Preámbulo del Tratado de Asunción que dio origen al MERCOSUR destaca de qué manera la integración contribuye con el “desarrollo económico con justicia social” y expresa la necesidad de modernizar sus economías con el fin de “ampliar la oferta y la calidad de los bienes y servicios disponibles a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes”.

Los países de América Latina desde la década de los 60 han visto a los procesos de integración como un medio para enfrentar los nuevos retos que se les presenta en el escenario internacional. Los acuerdos comerciales regionales fueron vistos como una herramienta para la cooperación, entendiendo que a problemas comunes se necesitaban soluciones comunes.

Frente a los objetivos de los procesos de integración en América Latina, la pregunta es qué desafíos enfrentan estos procesos en el 2020. El más reciente estudio titulado “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe”, publicado este año por la CEPAL, nos muestra unas cifras que son preocupantes. Esta publicación sobre la situación de América Latina muestra que la pobreza ha aumentado en 4,4% (34,7% de la población latinoamericana, es decir, 214,7 millones de personas). Además, se ha producido un aumento de la pobreza extrema en 2,6% (13% de la población latinoamericana, es decir, 83,4 millones de personas) y se presenta un incremento del desempleo de 3,4% hasta en 11,5%, es decir, más de 11,5 millones de nuevos desempleados.

Asimismo, otro problema que se ha mantenido en América Latina es la desigualdad. Este problema se agrava porque, como estima la CEPAL en la publicación antes mencionada, se ha producido un aumento en la desigualdad («con incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%»). Además, como plantea el mismo informe de la CEPAL, «En América Latina se estima que un 42,4% del empleo se encuentra en sectores de riesgo alto y otro 16,5%, en sectores de riesgo medio-alto». Por su parte, la publicación de la CEPAL de este año titulada “El desafío social en tiempos del COVID-19” advierte que «el aumento de la pobreza proyectado por la CEPAL para 2020 implica un retroceso de 13 años».

En este escenario, cuál es el rol de los acuerdos comerciales regionales en América Latina a la luz de los objetivos que se han planteado desde sus orígenes. La posibilidad de otra década perdida plantea un reto a los países que los integran. Los acuerdos comerciales regionales, como por ejemplo la Unión Europea (UE), han tenido dificultades para hacer frente a la actual crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, en determinado momento cuando Italia enfrentaba los momentos más críticos de la pandemia, no recibió el apoyo que pedía a la UE. Esto llevó a que la misma presidenta de la Comisión de la UE pidiera disculpas a Italia por dejarlos solos. ¿Por qué resulta interesante recordar lo que sucedió en la UE? A pesar de su experiencia en la salida de crisis económicas, la infraestructura e institucionalidad con la que cuenta, cuando los países europeos más afectados por la pandemia clamaban por ayuda, se encontraron con que la UE tenía limitaciones para responder a este desafío. El debate continúa con respecto a la cooperación entre sus miembros.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) titulado “Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19”, publicado este año, ve en los acuerdos comerciales un canal que puede ser utilizado para hacer frente a la pandemia en el área de la seguridad alimentaria. En este contexto, se ha recomendado a la CELAC trabajar para lograr el fortalecimiento de “acuerdos políticos” entre sus miembros con el fin de desarrollar uno de los elementos esenciales para la población, el comercio de alimentos.

Los acuerdos comerciales regionales en América Latina han sufrido avances y retrocesos, nuevos acuerdos se crean y otros están en camino de la desaparición. Además, si bien los países en América Latina son países en desarrollo; existen las asimetrías. No todos los países están en las mismas condiciones. Hay diferencias estructurales, de nivel de desarrollo, de ideologías, de política económica, de política de desarrollo nacional, de población, de territorio, etc. Sin embargo, la cooperación en América Latina puede servir para que los acuerdos comerciales regionales intenten una respuesta conjunta frente a la pandemia de COVID-19 en la medida que los países que la integran vean en estos acuerdos un instrumento de ayuda para lograr sus objetivos.

En América Latina las diferencias de política económica e ideologías marca la conceptualización de los procesos de integración. En este sentido, el reto es encontrar un balance que permita que las políticas económicas nacionales adoptadas respondan a los intereses nacionales sin descuidar los intereses regionales. La integridad de los propios procesos de integración como la CAN y el MERCOSUR va a depender de cómo estos procesos trabajen para ayudar al bienestar de la población en medio de la crisis.

La Declaración de Presidentes del Mercosur, sobre coordinación regional para la contención y mitigación del Coronavirus y su impacto, de 18 de marzo de 2020, abordó las acciones conjuntas frente a la pandemia y destacó la necesidad de una “coordinación regional eficiente y permanente” ante esta crisis sanitaria. En esa misma línea, el Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR de 2 de julio de 2020 llama a la “cooperación horizontal” entre sus miembros para controlar la pandemia y evitar su expansión. De manera similar, la Segunda Declaración Presidencial de PROSUR sobre Acciones Conjuntas para Enfrentar la Pandemia del Coronavirus de 19 de mayo de 2020 expresa el interés por afianzar la cooperación regional frente a este reto que representa la pandemia.

Por su parte, la Declaración del Consejo Presidencial Andino de 8 de julio de 2020 reafirma los objetivos de la CAN y refleja el interés de los Países Miembros por colaborar como bloque de integración para adoptar medidas a fin de hacer frente a la actual pandemia. Se explora, por ejemplo, la posibilidad de realizar la compra conjunta de insumos médicos.

En este sentido, el aprovechar estos acuerdos como instrumento de cooperación en diferentes áreas y sectores va a depender de la voluntad política para avanzar y fortalecer estos procesos de integración. En la CAN puede contribuir a lograr uno de los objetivos del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena: el fortalecimiento de la solidaridad subregional.