Panorama Mundial

Brasil es hoy en día, que duda cabe, uno de los grandes países emergentes. Es la séptima economía del mundo y se anuncia que en el 2020, esto es, cinco años antes de lo previsto, podría superar a Italia, que en el 2009 (es decir, siete años antes de lo previsto) podría igualar a Alemania y, aunque suene increíble, que en el 2034 podría equipararse al Japón. Y es que, su ortodoxia monetaria y fiscal, sumada a un ritmo creciente de sus exportaciones (soya, petróleo, minerales, productos de alta tecnología, etc.) y a un récord de inversiones, que en el 2008 superó los 45000 millones de dólares, han convertido a este país en una realidad de éxito económico. A todo esto podríamos agregar, que según el Financial Times, de las 500 mayores empresas del mundo, Petrobras ocupa el número 13, desplazando a BP y Shell, mientras Itaú Unibanco con el puesto 57, se coloca cerca de uno de los más importantes bancos europeos, el francés BNP Paribas.

Durante el gobierno del Presidente Lula, la economía brasileña se ha vigorizado, pero también se han producido notables avances en el campo social. Programas sociales como la “Bolsa de Familia”, “Luz para Todos”, “Mi Casa”, “Mi Vida”, entre otros, han tenido importantes resultados, calculándose que en los últimos ocho años, 28 millones de brasileños salieron de la miseria, 36 millones de personas engrosaron las filas de la clase media, y 14.5 millones de brasileños consiguieron empleos formales. Esto es mucho. Pero esto no es todo.

El prestigio internacional y el protagonismo en el escenario mundial viene siendo también un campo en el que Brasil ha alcanzado logros importantes. Sea en el G20, en el Fondo Monetario Internacional, en las discusiones sobre cambio climático o la utilización de la energía atómica, la posición del Brasil tiene un peso específico. En este sentido, la organización del mundial de futbol en el 2014 y de los juegos olímpicos en el 2016, la creación de 16 nuevas embajadas en el continente africano, o la instalación de Petrobras, Vale y Odebrecht en Angola y Mozambique, son sólo una muestra del rol global que Brasil quiere desempeñar en un futuro cercano.

Todo lo expuesto, explica en gran parte porqué en las recientes elecciones generales desarrolladas en ese país, la candidata oficialista del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Roussef, alcanzó el 46.9% de los votos, frente al líder opositor del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), José Serra, con el 32.6%. Si bien se esperaba que Roussef ganara en primera vuelta, las denuncias de corrupción formuladas contra el gobierno y las versiones de un supuesto apoyo al aborto, formuladas días antes de la votación, hicieron que la apadrinada por el Presidente Lula descendiera en las intenciones de voto.

Ahora, ambos candidatos buscarán conquistar el apoyo de la verdadera sorpresa de la elección, la ex Ministra del Ambiente, disidente del actual régimen y líder del Partido Verde (PV), Marina Silva, que obtuvo el respaldo de casi 20 millones de brasileños (19.3%).

Más allá de cual sea el resultado final que se produzca este 31 de octubre, cuando tenga lugar la segunda vuelta electoral, estamos convencidos que el próximo presidente continuará con los logros alcanzados, afirmando al Brasil como indiscutible líder regional y muy próximo protagonista mundial.

Antes fueron los denominados planes “Colombia” (2000), “Patriota” (2004) y “Victoria” (2006). En tiempos recientes se prefirió hablar de “operaciones”, de harto ruido mediático, que combinaron la guerra sicológica  con operaciones de información, tales como “Fénix” (2008), “Jaque” (2008), “Camaleón” (2010) y recientemente “Sodoma”. Parece pues que la seguridad en Colombia tiende a nomenclaturizarse.

En todo caso, más allá de las denominaciones, Colombia ha venido ejecutando en los últimos años, un conjunto de programas y planes contra las FARC que vienen dando resultado, contando para ello, con cuadros bastante profesionales, pero también con el apoyo norteamericano. En efecto, Colombia es el mayor beneficiario de la cooperación militar de los Estados Unidos de Norteamérica en la región, especialmente en armamento contra-insurgente, cuyo objetivo es apuntalar la capacidad helitransportada de Colombia  con el fin de dotar de la mayor movilidad posible a sus Fuerzas Militares y Policía, factor clave en esta cruenta lucha. Hay otros proveedores no menos desdeñables: Israel, Brasil, España y la Federación Rusa, con ciertas ventas importantes que incluso rebasan el concepto de armamento táctico; y, por su tecnología sirven más para el frente exterior (así tenemos a la FAC y sus proyectados dos escuadrones de aviones IAI Kfir C-10 con misiles AAM de Rafael Advanced Defense Systems: Derby, Python IV y Python V). Por su parte, Brasil le vendió los Embraer Super Tucano, aviones recurrentemente protagonistas en las operaciones represivas contra mandos clave de las FARC.

Tampoco tiene nada de secreto, como lo señaló el ex embajador de Estados Unidos en Colombia William Brownfield, el importante apoyo en Inteligencia brindado por Washington al sector militar y policial colombiano, desde hace más de 10 años. Esto, no obstante la crisis terminal  del servicio secreto “civil” o Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que será reemplazado por la Agencia Central de Inteligencia (ACI) de Colombia.

En este contexto, la operación “SODOMA” es sin duda un exitoso modelo, patrón, hoja de ruta o expertise de una forma de hacer la guerra por parte de las FFMM y de la PN colombiana, así como de la contribución que pueden aportar países aliados, y porque no decirlo, contratistas y empresas militares privadas a esta lucha (norteamericanas e israelíes como “GLOBAL CST”).

La muerte del líder militar de las FARC significa sin duda un golpe muy duro para unas fuerzas arrinconadas en la selva colombiana y con escasas posibilidades de recuperar el equilibrio estratégico.  Sin embargo, cabe preguntarse si  el abatimiento del líder de las FARC, Jorge Briceño Suárez alias “Mono Jojoy”, en septiembre pasado, marca el fin de las FARC como muchos señalan.

Enfático fue el general Miguel Pérez Guarnizo, jefe de la ya famosa Fuerza Omega, cuando al respecto señaló: “Estamos cerca de la victoria militar, pero solo [sic]. la consolidación absoluta de la presencia del Estado, asegurará esa victoria.”

Y es que la vieja guerra no convencional, irregular o revolucionaria, hoy rebautizada como de “baja intensidad”, “asimétrica” o “ambigua”, según “teóricos” del pentágono, es por naturaleza una guerra prolongada de desgaste, en la que el reiterado éxito obtenido en el plano táctico, no es necesariamente garantía de victoria en el nivel estratégico, especialmente en escenarios de alta conjunción y conexión de riesgos (narcotráfico, crimen organizado, para-militarismo clásico, etcétera). Por esta razón, creemos que no es hora de bajar la guardia sino por el contrario, de continuar golpeando militarmente y con inteligencia a unas fuerzas narcoterroristas cada vez más aisladas y debilitadas.

El jueves 30 de septiembre de 2010, se dio una huelga de policías en Ecuador. Los policías protestaban frente a las modificaciones hechas por el presidente de la República a la propuesta de Ley Orgánica de Servicio Público de la Asamblea Nacional, que reformaba algunos beneficios salariales a los policías. Una de las acciones de los huelguistas fue tomar las instalaciones del Regimiento Quito, un cuartel policial de la capital.

Frente a esta última situación, el presidente Correa intentó conversar con los manifestantes para que detuvieran la medida. Al no lograr disuadir a los manifestantes, cuando el presidente abandonaba el edificio frente al Regimiento, desde donde se dirigió a  los huelguistas, éstos lanzaron gases lacrimógenos a la comitiva presidencial. Este nuevo hecho tuvo como consecuencia que el presidente tenga que ser atendido en un hospital local, por las lesiones que sufrió producto del ataque. En el hospital, Correa fue tomado como rehén por los manifestantes por más de 10 horas, hasta su rescate por miembros del Ejército Ecuatoriano .

A continuación, queremos reflexionar sobre las acciones internacionales iniciadas por Estados y Organizaciones Internacionales frente a esta situación que fue considerada como un intento de Golpe de Estado. En especial, consideramos que las mismas pueden ser la prueba de la consolidación de una costumbre internacional por la cual la protección de la democracia sería obligatoria en el continente americano.

Un primer argumento para confirmar nuestra hipótesis, se demuestra con el apoyo de la comunidad internacional hacia la continuidad de Rafael Correa como presidente del Ecuador. Ejemplo de ello son los pronunciamientos de la ONU, la Organización de Estados Americanos, la Comunidad Andina, el MERCOSUR, la Unión Europea; agrupaciones como el Grupo de Río; y Estados como Estados Unidos y Cuba. Ello demuestra que existe un reconocimiento de la protección de la democracia, a nivel universal.

Segundo, y ya a nivel regional, los miembros de la OEA, en virtud de la Carta Constitutiva de la Organización y la Carta Democrática de la misma se ven obligados a proteger la democracia en la región. Estas obligaciones convencionales son, valga la redundancia, vinculantes y obligatorias.

Recordemos que la OEA, en el preámbulo de su Carta Constitutiva, reconoce que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y en su artículo segundo consagra como propósito esencial promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Lo anterior ha sido complementado por la Carta Democrática Americana, que contiene la obligación de los gobiernos de los Miembros de promover y defender la democracia, así como a sus elementos esenciales, entre ellos el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho.

Estas normas podrían ser una prueba de la costumbre regional, la cual se complementa con la respuesta, en el caso concreto, del Consejo Permanente de esta Organización, la misma que aprobó por aclamación una Resolución el 30 de septiembre mismo, en la cual se repudia cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática en el Ecuador, respalda al Gobierno del Presidente Correa en su deber de preservar el orden institucional, democrático y el estado de derecho; entre otras medidas concordantes con el acápite IV de la Carta Democrática. Igualmente, el Secretario General de la OEA hizo un llamamiento a los gobiernos e instituciones multilaterales de la región para “evitar que el golpe de Estado se consume” y los instó a actuar “de manera unánime”.

Tercero, es paradójico que los cancilleres se reunieran en Washington, pero que los presidentes, se reunieran en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); más aún, por que, a diferencia de lo que sucede con la OEA, no existe una obligación directa para los miembros de Unasur de colaborar en el restablecimiento de la democracia en otro Estado Miembro. En su Tratado Constitutivo, la democracia es abordada en dos momentos, uno primero, en el preámbulo donde se menciona que es un principio rector de la integración y unión sudamericana; en un segundo momento al mencionar que el objetivo de la organización es construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos con miras a, entre otros, fortalecer la democracia.

Si bien los miembros de la Unasur se ven vinculados por las obligaciones convencionales en el marco de la OEA, el pronunciamiento en el marco de la Unasur podría ser una manifestación de la opinio iuris de esta costumbre internacional paralela a las mencionadas obligaciones convencionales. Recordemos que en el ordenamiento jurídico internacional no existe jerarquía normativa y que las fuentes convencionales y consuetudinarias pueden convivir, incluso si de ellas nacen normas idénticas.

Cuarto esta opinio iuris se vería confirmada a lo largo del tiempo y espacio, componentes del elemento material de la costumbre. Prueba de ello, la constituyen no sólo la Declaración de Buenos Aires, para la situación ecuatoriana, sino también la Declaración de Quito, del 09 de agosto de 2009, donde se condena el Golpe de Estado en Honduras . Lo anterior, dejaría de lado el argumento de la mera conveniencia política, por tener Ecuador la Presidencia Pro tempore de Unasur para los años 2009-2010.

Quinto, las medidas adoptadas por los países vecinos limítrofes, Perú y Colombia, que ordenaron el cierre de las fronteras con Ecuador y la suspensión de los intercambios comerciales, hasta el restablecimiento del orden público e institucional interno, iban más allá de las medidas de negociación coordinadas en el marco de la OEA.

Por lo anterior, consideramos que nos encontramos ante pruebas de una posible costumbre que promueve la protección de la democracia en América del Sur, en especial mediante la protección de gobiernos electos frente a golpes de Estado. Si bien esta norma se ve opacada por la existencia de tratados específicos, su utilidad podría avizorarse en el futuro.

El 8 de octubre de 2008 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a la Corte Internacional de Justica (CIJ) que, en virtud a su función consultiva, se pronuncie sobre si ‘la declaración de independencia de las Instituciones Provisionales de Autogobierno de Kosovo’ de fecha 17 de febrero de 2008, fue hecha ‘de acuerdo al Derecho Internacional’.1

La propia Asamblea General reconoció al mismo tiempo que los Estados miembros de la Organización reaccionaron frente a la declaración de independencia de Kosovo de diferentes maneras, respecto a su compatibilidad con el ordenamiento jurídico internacional.2 En efecto, desde una perspectiva jurídica y a grandes rasgos, la declaración de independencia de Kosovo genera dos posiciones jurídicas opuestas:

– Por una parte, la postura que el principio de integridad territorial impide la secesión de parte del territorio de un Estado para conformar un nuevo Estado (o para pasar a formar parte de otro Estado), a menos que exista el consentimiento del propio Estado originario o que, en virtud al principio de libre determinación de los pueblos, exista una causal que permita la secesión (tal como el caso de un pueblo sometido a violaciones sistemáticas de sus derechos humanos por parte de otro pueblo, mayoritario, en el mismo Estado). En tanto Kosovo formaba parte del Estado de Serbia y no había una causal para la invocación del principio de libre determinación de los pueblos al momento de la declaración de independencia, esta posición, a nuestro criterio, se ajusta al Derecho Internacional contemporáneo. Cabe señalar que esta postura fue la adoptada por Estados con problemas secesionistas propios (España, Rusia, etc.).

– Por otra parte, se ha argumentado que el caso de Kosovo sí configura una excepción al principio de integridad territorial, en tanto una de las excepciones a tal principio se aplica al presente caso (violaciones sistemáticas de derechos humanos en el sentido explicado antes, a pesar que, a nuestro entender, ellas ya no se producen en Kosovo en la actualidad). Alternativamente, se ha argumentado que la particular y especial situación de Kosovo (graves violaciones de derechos humanos en el pasado, su administración internacional por parte de la ONU, etc.) amerita una ampliación de las excepciones al principio de integridad territorial que el ordenamiento jurídico internacional garantiza a los Estados. Tales han sido las posturas de Estados que, por diversos motivos, tienen un interés en que Kosovo adquiera su independencia (Estados Unidos, muchos Estados Europeos, etc.).

La CIJ tenía, por tanto, la oportunidad de pronunciarse en este caso sobre el contenido y aplicación particular de aspectos jurídicos internacionales de la mayor relevancia, tales como el principio de integridad territorial, de sus excepciones conforme al principio de libre determinación de los pueblos, sobre el rol del Derecho Internacional en la constitución de nuevos Estados, etc. Esta era, sin duda, una oportunidad para que la Corte echara luces sobre aspectos relevantes del Derecho Internacional contemporáneo en tanto estos se aplicaban al caso de Kosovo.

La CIJ, sin embargo, en su opinión consultiva de 22 de julio de 20103 optó por no emitir una opinión sobre el fondo del asunto sobre el cual se le consultaba y lo hizo no en virtud a su facultad discrecional de abstenerse de emitir una opinión,4 sino, en cambio, en base a consideraciones a nuestro parecer excesivamente formalistas sobre los términos (i.e. el lenguaje utilizado) de la solicitud de opinión consultiva.

En efecto, la Corte ha señalado que la pregunta hecha por la Asamblea General es ‘concreta y específica’, se trata, a entender de la Corte, de dar una opinión sobre si la declaración de independencia es conforme al Derecho Internacional, pero, señala, ‘no se pregunta sobre las consecuencias legales de tal declaración’.5 En particular, limita aún más la CIJ, ‘no se pregunta si Kosovo ha alcanzado la condición de Estado [statehood]. Ni se pregunta sobre la validez o efectos legales del reconocimiento de Kosovo por aquellos Estados que lo han reconocido como un Estado independiente.’6

Esta visión tan restrictiva de la CIJ, a nuestro juicio, convierte la pregunta formulada por la Asamblea General de la ONU en una consulta inocua ya que como la propia Corte señala, no existe una prohibición específica en el Derecho Internacional contra las declaraciones de independencia.7 La CIJ afirma que ‘[a]lgunas veces una declaración [de este tipo] ha resultado en la creación de un nuevo Estado, en otras veces no. En ningún caso, sin embargo, la práctica de los Estados sugiere que el acto de promulgar la declaración fue considerado [per se] como contrario al Derecho Internacional.’8 Así, la consulta de la Asamblea General, al margen de la aparente deficiencia en el lenguaje utilizado para su formulación, se convierte de una solicitud para que la Corte aclare aspectos jurídicos internacionales que han generado posturas encontradas respecto a Kosovo, en una discusión formalista y bastante restringida que gira en torno a si existe o no una prohibición específica en el Derecho Internacional.

No es lógico, por otro lado, pensar que la Asamblea General envíe una solicitud de opinión consultiva a la CIJ (que además ocurre con muy poca frecuencia) con el objeto de saber si una declaración de independencia concreta es per se contraria al Derecho Internacional, dejando de lado la aclaración de las consecuencias prácticas de tal declaración y sus efectos legales. La respuesta de la Corte, en efecto, no ha ayudado a resolver la cuestión de fondo y se mantiene invariable la duda que generó que la opinión consultiva sea solicitada; la Corte no ha dado un criterio jurídico que la Asamblea General deba seguir respecto a Kosovo.

No cabe duda, por otro lado, que han sido razones políticas las que han llevado a la Corte ha optar  dar su respuesta como lo hizo, evitando tomar posición sobre si Kosovo es o no un Estado. Así, la CIJ evita contrariar a uno u otro grupo de Estados poderosos que han apoyado las contrarias posturas antes señaladas.

Esta ha sido, entonces, una oportunidad perdida para que los verdaderos problemas legales del caso se aclaren, para que el Derecho Internacional aplicable al caso se desarrolle y especifique y se pueda saber de qué manera los Estados han debido actuar ante esta situación (y otras similares). La Corte, en otras palabras, ha optado por no dar su opinión sobre el tema real que generó la solicitud de opinión consultiva.