Panorama Mundial

La respuesta del gobierno israelí a la iniciativa palestina de buscar el reconocimiento de su Estado en Naciones Unidas constituye un ejemplo consumado de “Neolengua” orwelliana. Por ejemplo, cuando la califican reiteradamente como una acción unilateral. ¿Puede concebirse algo menos unilateral que apelar a la máxima instancia multilateral del mundo, como es Naciones Unidas? Prácticas unilaterales son la construcción de asentamientos para colonos judíos en tierras confiscadas a sus legítimos propietarios palestinos, o construir en territorios ocupados un muro que anexa de facto un 15% de Cisjordania y todo Jerusalén Oriental.

Se indica luego que la parte palestina es la que impide la reiniciación de las negociaciones bilaterales al poner como condición que Israel cese la construcción tanto de los asentamientos como del muro. Olvida el gobierno israelí que una de las primeras acciones de Netanyahu como Primer Ministro fue condicionar el reinicio de las negociaciones al reconocimiento por la parte palestina de Israel como un “Estado judío”, cosa a la que no está obligado bajo el derecho internacional, y condición que sólo le compete definir a los ciudadanos de Israel (20% de los cuales no son judíos). Por lo demás no son los palestinos quienes demandan que cesen esas construcciones: lo demanda el derecho internacional. Por ejemplo, la resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU dice a la letra que la construcción de asentamientos “no tiene validez legal y constituye un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera”. Por su parte, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sostiene textualmente que “la construcción del muro (…), y su régimen conexo, contradicen el derecho internacional”, y que “Israel tiene la obligación de poner fin a sus violaciones al derecho internacional; tiene la obligación de detener de inmediato las obras de construcción del muro (…)”.

Y son precisamente esas acciones unilaterales e ilegales de Israel las que, en opinión de la mayoría de los palestinos, explican el que dieciocho años de negociaciones intermitentes no hayan llevado a ninguna parte: porque antes que buscar una solución negociada, Israel está ganando tiempo para poner en práctica una política de hechos consumados que, luego, ninguna negociación podría revertir.

Otro ejercicio en Neolengua es la afirmación de que el gobierno israelí acepta el derecho de los palestinos a tener un Estado, si se recuerdan las condiciones para su creación establecidas por Netanyahu en el discurso que pronunció en 2009 en la localidad de Netanya: ese presunto “Estado” no podría tener un ejército, controlar su espacio aéreo o sus fronteras territoriales, establecer convenios de seguridad, y albergaría por tiempo indefinido una presencia militar israelí. No existe sobre la faz de la tierra Estado alguno que cumpla con semejantes condiciones. De cualquier modo, Netanyahu indicó este año tanto en la Oficina Oval de la Casa Blanca como ante el Congreso de los Estados Unidos que Israel no se replegaría a las fronteras de 1967 (es decir, las fronteras bajo las que, según el consenso internacional, debería establecerse un Estado palestino). Lo cual lleva a formular una pregunta que Netanyahu no respondió: ¿entonces dónde debería construirse esa entelequia a la que prefiere llamar Estado? Podría alegarse que el muro construido en territorios ocupados es una frontera que Israel está erigiendo de facto: sería una acción unilateral e ilegal, pero al menos sabríamos a qué atenernos. Lamentablemente no es posible siquiera asumir eso, dado que Israel sigue confiscando propiedades para construir asentamientos en lo que vendría a ser, digamos, el lado palestino del muro.

Otro ejemplo de un lenguaje que significa lo opuesto a lo que debiera bajo circunstancias normales, son las referencias a las resoluciones de las Naciones Unidas: sucesivos gobiernos israelíes esgrimen con orgullo su presunta aceptación de la resolución de partición de 1947, enrostrando a su vez a los árabes su negativa a hacer lo propio. Lo cual resulta paradójico al menos por tres razones: en primer lugar, porque entre 1947 y 1948 Israel ocupó la mitad del territorio que esa resolución le asignaba a un Estado palestino: es decir, la incumplió en la práctica. Y como revela la documentación contenida en el libro “La Política de la Partición” del historiado israelí Avi Shlaim, los líderes israelíes negociaron con el entonces rey de Jordania la posibilidad de dividirse el territorio de lo que debió ser el Estado palestino (que, en lo esencial, fue lo que ocurrió). En segundo lugar, el que los palestinos aceptaran o no la resolución era francamente irrelevante, dado que nunca fueron consultados sobre su contenido y su aceptación jamás fue una condición para que la resolución fuera aprobada (como exige ahora Israel respecto a la resolución que admitiría a Palestina en la ONU). En tercer lugar, es de mal gusto vanagloriarse por la presunta aceptación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en 1947, cuando Israel ha ignorado la virtual totalidad de las decisiones que la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional han adoptado sobre la región desde entonces.

La razón que propone el gobierno israelí para justificar su renuencia a aceptar en particular las decisiones de la Asamblea General de la ONU, es que ese organismo contiene una “mayoría automática” hostil hacia Israel. Quien vota de manera automática lo hace por definición de modo irreflexivo y, por ende, irresponsable. Formarían parte de esa mayoría automática Estados como India y China, potencias emergentes con las que Israel mantiene relaciones diplomáticas, comerciales, e incluso de cooperación militar, sin que quede por ello claro que podrían tener en su contra. ¿Quiénes entonces, por oposición, formarían parte de la minoría ética y pensante? A juzgar por los patrones de votación en la ONU, Micronesia, Nauru, Palau, y las Islas Marshall.

Así como el Estado de Israel se enorgullece de haber aceptado formalmente una resolución que incumplió en los hechos, suele también enorgullecerse de los compromisos territoriales que, según su versión, habría estado dispuesto a hacer en aras de la paz. Hay sin embargo dos inconvenientes con esa versión: el primero es que los territorios de los que estaba dispuesto a replegarse no constan en ningún documento oficial que se haya barajado en el transcurso de las negociaciones. En segundo lugar, su práctica es nuevamente más elocuente que sus palabras: si Israel estaba dispuesto a retirarse de los territorios ocupados en 1967 (cosa a la que está obligado bajo el derecho internacional, por lo que difícilmente calificaría como una concesión), ¿por qué jamás dejó de confiscar propiedades y construir asentamientos en tierras que supuestamente estaba a punto de abandonar?

En el caso de las negociaciones de Camp David, por ejemplo, sólo tenemos versiones de parte. Es cierto que la versión israelí recibió el espaldarazo del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Pero, al igual que Barak y Arafat, Clinton era en ese momento un político preocupado por evitar el costo que implicaba el fracaso de las negociaciones. Y su gobierno no era parte neutral en el proceso: los Estados Unidos son el principal aliado de Israel en el planeta (no en vano ese país es el principal receptor mundial de ayuda económica y militar estadounidense, con un total de 3,000 millones de dólares anuales). Y por cierto, hablamos del mismo Bill Clinton que negó enfáticamente haber mantenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, hasta que se le demostró lo contrario. Se trata por lo demás del mismo personaje que, ahora que ya no tiene carrera política por preservar, sostiene que (y cito) “Netanyahu mató el proceso de paz”.

Las movilizaciones estudiantiles
Asombro y desconcierto están causando en el ámbito interno e internacional la agitación social que se vive en diversas capitales del mundo democrático-liberal por el fenómeno de los “indignados” –cada cual con su peculiar reivindicación— que llenan la vía publica expresando su frustración frente a una sociedad que consideran injusta y desigual. En el caso de Chile, las mas relevantes —dentro del variopinto escenario de huelgas, paros y marchas de todo tipo— son las movilizaciones estudiantiles que ya llevan mas de cinco meses en las calles reclamando a viva voz una educación gratuita, de calidad y sin discriminación alguna, utilizando los más ingeniosos medios para expresar su descontento con el sistema no solo educativo sino societario en general. Sus carismáticos líderes, jóvenes, bien parecidos, con un mensaje articulado y convincente, utilizan el extenso y rápido poder mediático de las redes sociales y aparecen como una suerte de ídolos modernos, arrastrando a miles a protestar. Sin duda, un aspecto positivo de estas marchas es haber instalado tanto en la sociedad civil como en las altas esferas del poder político, el debate sobre la calidad de la educación en Chile y la accesibilidad para todos. A primera vista y desde lejos parece algo idealista y hasta romántico. Pero está el lado oscuro que ensombrece a los “indignados” estudiantes: una violencia sin precedentes de jóvenes antisociales que salen en cada marcha para destrozar todo cuanto se cruza a su paso; cuantiosas pérdidas económicas y la intranquilidad del vecindario; una fuerza publica, los carabineros —coactada en cierta forma para no ser acusados de represores— que no han podido mantener la paz y seguridad ciudadanas; “tomas” de centros educativos —la mayor parte con destrucción y saqueos— que impiden continuar las labores de enseñanza; incitación irresponsable a no asistir a clases como método de presión; intransigencia al demandar para sentarse a una mesa de diálogo con el gobierno la garantía previa que asegure la gratuidad de la enseñanza. En definitiva una actitud de “todo o nada” que responde a una marcada ideologización de los dirigentes estudiantiles como Camila Vallejos (FECH), Camilo Ballesteros (FEUSACH) unidos al presidente del Colegio de Profesores Jaime Gajardo, todos ellos militantes del Partido Comunista. Detrás del asambleísmo, los plebiscitos informales, las huelgas de hambre y las protestas callejeras, se incentiva el desborde social y se utiliza como slogan de arrastre popular la refundación del sistema educativo con la consigna de asentarle una derrota a la sociedad capitalista.

¿Crisis del modelo democrático?
No obstante el complejo escenario social, cuesta creer que exista una crisis democrática en un país como Chile donde en las últimas dos décadas la alternancia del poder político, el afianzamiento institucional y el ejercicio de las libertades públicas ha sido sobresaliente; un país, donde la economía, desde fines de los ochenta, ha crecido a un nivel promedio del 6% anual, con una inflación controlada, bajo desempleo y una competitividad y emprendimiento asombrosos; que ha logrado que los niveles de pobreza se hayan reducido del 45% (1988) a menos del 14%; y que ha tenido la capacidad de realizar una reconstrucción en forma bastante acelerada y eficiente después del devastador terremoto del 2010; en fin, son muchas las galas y los logros de este pequeño país al sur del continente americano. Sin embargo, es claro que su modelo democrático necesita una renovación acorde con las demandas actuales. Resulta difícil esbozar las causas que provocan fisuras en el mismo pero, sin duda, la más apremiante es el alto índice de desigualdad entre pobres y ricos. Más del 50% del ingreso nacional está en manos de casi el 20% de la población que se erige como una élite privilegiada. En un estudio revelado este año en un foro de la CEPAL se indica que el 10% de los hogares más ricos de Chile, posee un ingreso per cápita casi 80 veces superior al del 10% más pobre. No obstante, el estándar de vida de la población se ha elevado ampliamente con el consiguiente empoderamiento de las clases populares y la clase media-baja emergentes que tienen un creciente acceso a un empleo, un techo propio, a la salud, a la educación y a los bienes de mercado, y legítimamente aspiran a mucho más. Adicionalmente, existen otras realidades que enturbian el clima social como es la escasa credibilidad de los partidos políticos y sus dirigentes en ambas alianzas, la de centro izquierda —la Concertación— y la de centro derecha —la Alianza por Chile—. La Concertación, que estuvo dos décadas en el poder, no ha podido renovar su dirigencia ni avanzar mayores cambios programáticos; luego, al perder en 2010 las elecciones presidenciales, se sumió en una suerte de letargo y “meas culpas” sin lograr encausar una oposición coherente. Algunos de sus integrantes han adherido sin más al movimiento estudiantil creyendo que de esa forma sacarán algún rédito político. Por su parte, la Alianza y el Presidente Sebastián Piñera —con menos de dos años en el poder y sin una mayoría clara en ninguna de las dos cámaras— tiene dificultades para imponer su estilo de gobierno y los principios de confianza en las soluciones de mercado, en la competencia, la valoración del esfuerzo personal y apoyo a los emprendedores, el equilibrio entre derechos y responsabilidades, y el apoyo a instituciones clave como la familia. Entre otros aspectos, algunas debilidades del actual gobierno han sido las divisiones al interior de su propia coalición, una excesiva exposición de la figura presidencial y el deficiente uso mediático que, en lugar de destacar la estabilidad del país, su continuo crecimiento, las libertades democráticas a toda prueba y algunos proyectos emblemáticos hechos realidad (eficiente reconstrucción de zonas mas devastadas; postnatal de 6 meses; supresión de impuesto de salud del 7% para jubilados, entre otros) acentúa preferentemente a las protestas, paros y a la alicaída oposición. Todo lo cual resulta en un gobierno con bajo respaldo salvo la gestión relevante de algunos de sus ministros y episodios como el rescate de los 33 mineros en octubre de 2010.

Las necesarias reformas en el marco institucional democrático
Todo lo anterior, vale decir las movilizaciones de los chilenos y sus reclamos sociales, empujan hacia cambios profundos a todo nivel. Esto supone ajustes en la forma de gobernar, urgentes medidas legislativas y algunos cambios estructurales, varios de los cuales están siendo considerados por grupos de expertos a nivel gubernamental y en el Congreso nacional. Faltan ahora los consensos y las decisiones políticas para que se concreten reformas de distinto tipo; una reforma política (inscripción automática para votar en Chile y en el extranjero a fin de ampliar el mapa de electores y dar una mayor legitimidad a los gobernantes y mejor sintonía con las aspiraciones sociales; modificación del sistema binominal; tope para la reelección indefinida de los parlamentarios y las designaciones; primarias en los partidos para la elección de candidatos; renovación de los liderazgos; transparencia en el financiamiento; entre otras); una reforma educativa integral (calidad de la educación en todos los niveles –que presupone consensuar qué se entiende por calidad incluyendo la evaluación de programas y maestros; garantizar el acceso para todos con equidad; financiamiento para los sectores vulnerables; promoción de la tecnología y de la investigación, etc.); una reforma tributaria (con políticas que no estén dominadas por intereses particulares sino por el bienestar nacional y de los sectores mas pobres; incentivos para los pequeños y medianos emprendedores; etc.) Adicionalmente están pendientes otras reformas que requieren amplios debates y consensos ciudadanos como las relativas a los temas ambientales, energía, transparencia y políticas anticorrupción en los sectores público y privado. En definitiva se trata de un conjunto potente de transformaciones sustantivas que produzcan un impacto positivo para avanzar una agenda social más justa y equitativa.

¿Hacia un nuevo modelo de democracia representativa?
Por cierto debe mencionarse que no creemos que exista un colapso del modelo de la democracia representativa en Chile ni en los países occidentales. Está claro que si bien la indignación expresada en las demandas no coadyuva a edificar mayor cosa, al menos está generando una conciencia sobre la necesidad de perfeccionamiento del modelo democrático liberal en esta época globalizada, de grandes aspiraciones e inaceptables desigualdades en medio de una crisis económica mundial. La tendencia parece avanzar hacia un modelo que garantice una mayor participación, que elimine las instituciones ineficientes, las prácticas obsoletas y disfuncionales y que permita quizás una evolución hacia una “democracia digital” que incorpore la aplicación intensiva y estratégica de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC’s) y sus variados instrumentos —e-mails, blogs, páginas Web, “chats”— entre otros. El objetivo sería alcanzar una cotidiana interacción de los distintos actores sociales y políticos para que las personas y grupos de interés tengan un permanente acceso a la información sobre las políticas públicas; participen con sus opiniones y un eventual “e-voto” en las elecciones generales y locales; en el debate de las leyes, canalizando así sus iniciativas, críticas, expectativas y propuestas, seguramente en forma mas inclusiva y dinámica que las protestas callejeras. Y, por cierto, utilizándose al máximo el talento, la creatividad y la solidaridad de los ciudadanos en forma productiva, profundizando las oportunidades, libertades, derechos y responsabilidades en pos de alcanzar una sociedad más digna y más democrática para todos.

Desde que se inició el 2011 el mundo ha visto con asombro una serie de alzamientos populares en los países árabes, principalmente ubicados en el norte de África,  que se ha conocido como la Revolución Democrática Árabe o la Primavera Árabe.

Sin embargo, la caída del dictador extravagante Muamar Gadafi, con 69 años y habiendo llegado al poder en 1969, ha suscitado la mayor de las atenciones durante estos 10 meses. Su muerte en manos de los rebeldes fue registrada por casi todos los medios de comunicación del mundo.

Al igual que en los demás países árabes, todo se inició cuando un grupo de jóvenes libios entusiasmados por lo que sucedía en los países de la región, llamaron vía intranet a una revuelta el 17 de febrero, el Día de la Ira Libia, contra el gobierno de Gadafi. También es menester mencionar que uno de los factores detonantes de esta gran convocatoria, especialmente en Bengasi –la segunda ciudad en importancia de Libia–, fue la detención del abogado de las familias de los prisioneros asesinados en la prisión Abu Salim (1996).

Es cierto, que esta no era la primera expresión de descontento del pueblo libio en este año, pues ya desde el 13 de enero habían ocurrido protestas –las cuales están prohibidas–  las que fueron fuertemente reprimidas; pero, al mismo tiempo, el gobierno concentró sus esfuerzos en derribar el pedido más urgente de su población cual era el descenso del precio de la vivienda, destinando 24,000 millones de dólares en fondos de inversión para proporcionar vivienda y fomentar el desarrollo. Es obvio que estas acciones no terminaron con el descontento del pueblo, quien volvió a salir a las calles desde la quincena de febrero. La reacción de Gadafi ante estas nuevas manifestaciones fue sumamente desproporcionada y violenta, incluso utilizando a las fuerzas armadas que dispararon contra los pacíficos manifestantes ¹ y anunciando que su accionar –que incluyó hasta aviones de guerra y tanques– era parte de una operación “antiterrorista”, dando de esta manera inicio a una guerra civil.

Ante esta situación, tres hechos del 22 de febrero son de destacar: la suspensión del Perú de sus relaciones diplomáticas con Libia (primer país en hacerlo); la suspensión del suministro de gas libio a través de Greenstream (único gaseoducto que existe entre Libia y Europa) ² y el reclamo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CS de NNUU) del fin inmediato de la violencia por parte del gobierno de Gadafi.

Posteriormente, el CS de NNUU emitiría dos importantes resoluciones que marcarían el destino de Libia. Así, el 26 de febrero emitió la Resolución 1970 por la cual no solo condenaba las acciones del gobierno libio sino que autorizaba al Tribunal Penal Internacional investigar posibles violaciones a los derechos humanos y le imponía un embargo de armas y el congelamiento de las cuentas del dictador y de las personas allegadas. El 17 de marzo, la Resolución 1973 de este mismo órgano ³ autorizaba a los Estados miembros el uso de todas las medidas para proteger a la población civil libia, incluyendo la creación de una zona de exclusión área sobre el país. Dos días más tarde el Grupo de Contacto que contaba con representantes de países de la Unión Europea y la Liga Árabe, se reunía en París y daban inicio a los ataques a las fuerzas leales de Gadafi.

Por su parte, los dirigentes de la revuelta del 17 de febrero (militares, académicos, líderes de tribus, diplomáticos y políticos desertores del gobierno, manifestantes y grupos opositores contra el gobierno libio) conformaron el Consejo Nacional de Transición (CNT), ⁴que finalmente detentaría el gobierno libio y que obtendría el reconocimiento sistemático y progresivo de los Estados.

El accionar de la OTAN, bajo el mandato de la ONU, ⁵ hizo cada vez más incontrolable la situación por parte de Gadafi. Así, el 29 de agosto, su esposa y tres de sus hijos eran acogidos por el gobierno argelino, mientras que su paradero era desconocido ⁶ y se le ponía precio a su captura (vivo o muerto) por US$.1,700 millones. Para el 19 de octubre estaba cayendo el último bastión de las fuerzas leales a Gadafi, Sirte, ⁷ su ciudad natal y donde se creó la Unión Africana en 1999. Al día siguiente, Gadafi era encontrado por los propios rebeldes en las alcantarillas de esta ciudad y era asesinado como gobernó: violentamente.

Luego de tantos meses de una lucha descarnada y que, según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, habría producido entre 10,000 a 15,000 muertos en ambos bandos y un número bastante alto de violencia sexual y de otros crímenes de guerra, el desorden reina en Libia y es más que evidente el necesario apoyo de la comunidad internacional. Solo EE.UU. habría apoyado hasta el momento con 132 millones de dólares, contando los últimos 11 millones que habría prometido la Secretaria de Estado Hillary Clinton, en su visita del 19 de octubre a este país.

La nueva era que se avecina en Libia no deja de crear escepticismos. La caída del dictador no necesariamente significa el ingreso a una era democrática. En este sentido debemos de tener en claro varios factores:

1. La historia de Libia independiente es sumamente corta pues se inicia recién en 1951 y 18 años más tarde el militar Muamar Gadafi daba el golpe de estado que lo llevaría al poder por los últimos 42 años.
2. Se dice que Libia no ha tenido jamás formada una sociedad civil debido a su organización en tribus desde siempre. Efectivamente, existen alrededor de 140 clanes tribales, aunque solo 30 tienen verdadero poder.  Esta estructura es considerada un obstáculo a la movilidad social, la igualdad de oportunidades y el verdadero desarrollo de una sociedad civil en Libia.
3. Pero también esta estructura tribal hace más confrontacional la situación a futuro pues algunas tribus no desean ser gobernadas por otras. Hay que recordar también que el gobierno entre 1951 y 1969 fue una monarquía constitucional encabezada por un miembro de la familia Sanusi ⁸ (cercana a occidente) y respetada por las demás tribus principalmente por proveer educación a la población y mediar en conflictos comerciales y tribales. Pero luego del derrocamiento del rey Idris por Gadafi, ⁹ esta familia fue discriminada y maltratada, todo lo cual hace suponer un interés de esta familia por llegar al poder nuevamente, ¹⁰ aunque aún es temprano para saber si este sentir será compartido por el resto del país o si originará nuevos enfrentamientos tribales.
4. Es cierto que el CNT busca traspasar el poder en forma democrática –y así lo revela su cronograma de acciones–, pero es finalmente esta entidad la que efectivamente detenta el poder en Libia y sus dirigentes tienen poca o nula experiencia democrática, es más, muchos de ellos fueron autoridades cercanas al gobierno de Gadafi.
5. Otro factor importante sobre el futuro democrático de Libia recae en las suspicacias que ha generado el reconocimiento prematuro de Catar al CNT (luego solo de Francia) y el ser el principal país árabe en apoyar durante todos estos meses al Consejo. Acto que por demás es totalmente contradictorio al ser este mismo Estado el que en el mismo período ha venido apoyado al gobierno de Bahrein para reprimir las protestas en busca de democracia en ese otro país petrolero. Catar –que es un emirato autoritario en donde no solo nunca ha habido elecciones sino que están prohibidos los partidos y sindicatos– ha asistido directamente al CNT con dinero, combustible, abastecimiento y fue uno de los países que presionó para que se le entreguen a este Consejo las cuentas congeladas de Libia por alrededor de US$.5,000 millones en su lucha por obtener el poder.
6. No existe un líder claro ni una oposición organizada pues durante estos 42 años bajo el mando de Gadafi fue desarticulado cualquier intento.
7. Por último, con una ira propia del descontento y de la frustración de toda una vida, pero también con la esperanza de un urgente y pronto cambio, hoy quedan en Libia grupos de jóvenes armados que sin un control debido pueden desencadenar otra guerra civil.

En todo caso, esperemos que el cronograma que la CNT ha elaborado realmente funcione y que en 20 meses, pueda haber una constitución que rija el destino de Libia.

Por otro lado, el actuar del mundo occidental frente a la figura de Muamar Gadafi es por demás polémica y contradictoria. Este líder idealista y nacionalista a ultranza que se convirtió en un dictador extravagante –llegando a presentarse en reuniones oficiales con maquillaje y usando tacones, y conocido por sus viajes acompañado por una escolta de 200 vírgenes, por el uso de su propia jaima para alojarse en las cumbres internacionales y del bótox por el miedo al paso de los años–, fue un ejemplo claro de un tirano al convertir a Libia en su finca familiar, utilizar los bienes públicos como propios, vulnerar los derechos humanos de su pueblo y de otros, y aplastar cualquier sombra de oposición durante 42 años.

Gadafi no fue un dictador cualquiera. A los 27 años había obtenido el poder luego de un violento golpe de Estado y desde ese momento su alineación sufrió diversos giros  de izquierda a derecha, cambiando pertinentemente de socios estratégicos. Así, por ejemplo, su accionar ¹¹ y fuerte apoyo al terrorismo internacional le significaron ser enemigo declarado de los EE.UU., recibiendo fuertes bombardeos durante la administración Reagan, y recibir sanciones económicas y diplomáticas por parte de la ONU. Pero también su abandono tanto al patrocinio del terrorismo como al desarrollo de armas de destrucción masiva a partir de finales de los 90´, lo condujo al acercamiento con los políticos más importantes de EE.UU., Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. ¹² Su cambio de intervencionista absoluto de los años 70´ al posterior acercamiento amistoso a petroleras extranjeras, también le valió no solo un mejoramiento de la situación económica en Libia sino fortalecer sus relaciones con grupos de poder transnacionales. Es más, luego de su apoyo a EE.UU. tras los atentados del 11-S y la previa entrega de los supuestos culpables del atentado del Pan Am, se levantaron las sanciones impuestas por la ONU y G.W. Bush lo felicitó públicamente por su “contribución a la paz del mundo”.

Hoy, en cambio, la mayoría de Estados en el mundo tienen en común su alejamiento total a Gadafi y el reconocimiento del CNT. El primero de ellos fue Francia el 12 de marzo, seguido por Catar (primer país árabe en hacerlo) el 28 de ese mismo mes. El 4 de abril lo hizo Italia ¹³ –de quien se independizara en 1951 y hoy el primer importador de petróleo libio–; y, desde el 26 de setiembre, cuenta con el reconocimiento de la propia ONU. ¹⁴

Sin embargo, es importante resaltar que de los 10 Estados que han manifestado que no van a reconocer a este Consejo se encuentran los cinco del eje duro de América: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, sumado a tres países centroamericanos y 2 africanos. No es difícil imaginar la razón que los asiste.

Finalmente, solo nos queda señalar que si bien el Perú (bajo el gobierno de García) fue el primer Estado en romper relaciones con Libia, a consecuencia de la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Gadafi, aún no se ha manifestado o reconocido al Consejo Nacional de Transición, cuando ya lo ha hecho la propia ONU. Es cierto que el reconocimiento de gobiernos es un acto discrecional de los Estados, en la medida que no existe norma internacional que lo consagre como un deber jurídico; sin embargo, toda omisión de Estado tiene una causa/razón y esta ¿será la misma que impulsa a los otros países americanos a manifestarse por el no? En todo caso, no debiera existir problema para el reinicio de las relaciones con Libia.

1 Esta orden de disparar a civiles también ocasionó que las propias fuerzas armadas libias se enfrentaran y se disparan entre sí.
2 Tras ocho meses, el 13 de octubre, la compañía italiana ENI anunció la reactivación del gaseoducto Greenstream.
3 Esta resolución fue promovida por Francia, Reino Unido y Líbano, contando con diez votos favorables y cinco abstenciones (Alemania, Brasil, India, Rusia y China).
4 El CNT se conformó el 27 de febrero de 2011.
5El mandato de la ONU era realizar todas las acciones necesarias para proteger a los civiles, pero para muchos analistas el actuar de la OTAN estaba más bien dirigido a derribar el régimen de Gadafi. Para otros, la defensa de este accionar se basaba en que no se podía defender a los civiles mientras subsistiera el gobierno tirano.
6 Su desaparición no fue obstáculo para que realizara hasta cinco pronunciamientos por un medio de comunicación leal, siendo el último el del 6 de octubre de 2011.
7 Ciudad a 360km de Trípoli con unos 120,000 habitantes.
8 De la zona de Bengasi, donde se iniciaron las revueltas del 17 de febrero.
9 Perteneciente a la tribu minoritaria de los bereberes.
10 El sobrino nieto del rey Idris, Muhammad Al-Senussi, es considerado el actual pretendiente al trono libio.
11 Incluso se autodeclaró responsable de atentados tales como el de la explosión del avión Pan Am, cuando sobrevolaba Lockerbie (Escocia), el cual dejó un saldo de 270 víctimas.
12 Un tema aparte son los intereses de Italia y Francia por Libia, y de sus empresas ENI y TOTAL, respectivamente. No se puede olvidar que Libia posee US$.150,000 millones en reservas y es uno de los países petroleros más importantes para Europa; su promedio de producción diaria antes de la revuelta era de 1,500 millones de barriles diarios.
13 Gadafi y Berlusconi habían firmado un tratado de amistad en el 2008 por el que se ponía punto final a las diferencias a consecuencia de la colonia. Luego, Italia ingresó a la coalición contra Gadafi fuertemente impulsado por sus pares europeos.
14 Reconocimiento efectuado con una votación de 114 votos a favor, 17 en contra y 15 abstenciones.

Valgan verdades, en realidad es la Primavera Árabe en su conjunto la que —no obstante ser celebrada en los medios y en los pronunciamientos oficiales de los organismos multilaterales y de los gobiernos— no deja de generar inquietudes y aprensiones.

Ello, obviamente, porque trastoca un statu quo, sin duda insatisfactorio en términos de vigencia de la democracia, pero, finalmente, bastante conveniente para varias capitales. Ahora se está ante una verdadera Caja de Pandora que da pie a todos los temores, en particular en lo que se refiere al fantasma del islamismo radical y a la posibilidad del desorden regional.

Está claro que los acontecimientos en Siria generan la mayor preocupación, por la posición estratégica de ese país en el Medio Oriente.

Por lo pronto, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, ha advertido del riesgo de una sangrienta guerra civil en ese país. Hace unos meses, un general israelí, según el diario Haaretz, expresó su temor de que las revueltas en Siria derivaran en una guerra regional.  Para Israel, el régimen de Assad es un enemigo, pero que, en medio de todo, es bastante más “cómodo” que un escenario de caos al otro lado de la frontera.

Las potencias occidentales, si bien buscan que el Consejo de Seguridad de la ONU condene, cuando menos,  la sangrienta represión de las protestas, a la par de imponer por su cuenta sanciones comerciales y financieras contra el régimen sirio, exhiben de todos modos cierta prudencia sobre los pasos a dar. Así, si bien la formación del Consejo Nacional Sirio, que reúne a los diferentes grupos que luchan contra el régimen baasista, ha sido saludada por la Unión Europea, ésta se ha cuidado de reconocer esa instancia como el gobierno legítimo de Siria, tal como sucedió en su momento con el Consejo Nacional Transitorio de Libia.

La Liga Árabe, por su parte, también sujeta a divisiones internas, acaba de pronunciarse, tras reunirse en El Cairo el pasado fin de semana, otorgando a las autoridades de Damasco un plazo de 15 días, para poner fin a la represión y entablar un diálogo con la oposición, bajo pena de suspender la pertenencia de Siria a la organización. Sin embargo, muchos esperaban que la suspensión fuera decretada sin mayor plazo.

Un caso especial es el de Turquía, que había establecido estrechas relaciones políticas y comerciales con el régimen de Assad, y, que ahora, en su nuevo y auto asignado rol de “campeón” o “padrino” de la Primavera Árabe, ha acogido en Estambul la reunión del Consejo Nacional Sirio, tras haber roto prácticamente sus vínculos con Damasco. Ello se inscribe en el marco del esfuerzo del Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan para convertir a su país en la potencia regional predominante.

En el bando de los que se mantienen al lado de Bachar El Assad, se encuentra Rusia quien busca ante todo preservar los beneficios en términos militares y comerciales que le otorga su antigua alianza, y, en particular, el hecho de ser su principal proveedor de armas y de contar con una base naval en el Mar Mediterráneo.

Irán, también ve con mucha preocupación lo que sucede con su aliado sirio. Según una información difundida por el Washington Post hace varias semanas, Teherán habría enviado a un determinado número de Guardianes de la Revolución, para colaborar con la represión.

China, por su parte, mantiene, como Rusia, su posición de vetar todo proyecto de resolución de las Naciones Unidas que, siquiera, condene la represión de las protestas.

Mientras tanto, en el terreno, los muertos siguen sumándose, superando ya la cifra de 3,000, según las organizaciones de derechos humanos. En paralelo a la protesta pacífica viene emprendiéndose de a pocos, una lucha armada contra el régimen. En diversos medios, se ha dado cuenta de la  creación del Ejército de Siria Libre que el 23 de septiembre anunció su fusión con el Movimiento de Oficiales Libres. Sus filas estarían conformadas por soldados desertores y civiles que sumarían entre 8,000 y 15,000 efectivos. Ciertamente, los riesgos de una guerra civil, en un país compuesto de diversos grupos religiosos y étnicos, son reales. Ya se reportan enfrentamientos entre sunitas, que constituyen la mayoría de la población, y alauitas, la minoría de la que forma parte el presidente sirio.

Sin duda, es muy pronto para decir que la caída de Bachar El Assad es inminente; sin embargo, resulta difícil pensar que su régimen pueda sostenerse en el mediano plazo.