Panorama Mundial

Cuando el canciller peruano Rafael Roncagliolo manifestó, por medio de un comunicado, que la cuestionada visita de la fragata británica HMS Montrose, había sido suspendida pero no cancelada no tenía la más mínima idea del embrollo político mediático en el que iba a ingresar.
La decisión ministerial se enmarcaba, como lo dijo el canciller, “en el espíritu del compromiso de solidaridad latinoamericana asumido durante la reunión de cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas”. De donde se colige que la determinación peruana tenía la santidad de un acuerdo al ser absolutamente concordante con el organismo de integración regional.

Hacía muy pocos días, 17 de marzo, en la reunión de cancilleres realizada en Asunción, Paraguay, se consideró por consenso dar el apoyo solidario al reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago Las Malvinas, que ocupa Gran Bretaña desde 1833.

El reclamo argentino, a decir de su presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no es sólo por una causa de “pura integridad o de mera soberanía territorial sino que obedece a una causa conceptual, vital, una causa que engloba convicciones muy profundas más allá de la historia, geografía política y defensa de recursos naturales”.

A esta tesis se adhiere toda América del Sur en el entendido que gran parte de sus países han vivido la hora oscura del colonialismo y han sentido en su propia dignidad lo que es la expoliación de sus riquezas y que su territorio sea ocupado por potencias extranjeras.

Para abundar en el esquema argumental, se tiene que considerar que el 26 de julio del 2011, con ocasión de la toma de mando del presidente Ollanta Humala se celebró en Lima una Cumbre de UNASUR donde se ratificaron acuerdos sobre soberanía e integración.

Posteriormente el canciller Roncagliolo anunció que el Perú asumiría la presidencia pro tempore de UNASUR y que además nuestro país organizaría en octubre del presente año una reunión cumbre en Lima donde, añadió, “el presidente Ollanta Humala reforzará nuestro compromiso con la integración regional”.

Por ello es un absurdo diplomático manifestar que Torre Tagle había dado un traspiés o que el canciller había tenido un “papelón” en estos aciagos episodios. El Perú dio un paso calculado y de acuerdo con compromisos pactados con anticipación. La decisión no sólo era jurídicamente legítima sino que también se enmarcaba en planteamientos principistas e históricos de la política internacional de nuestro país.

Más aún el canciller luego expresaría que la decisión peruana es acorde con la “solidaridad latinoamericana y los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. A partir de estos comunicados se ingresó en un espiral de enredos donde cada cual tuvo su cuota de responsabilidad.

Los errores que se nos pueden endilgar son de articulación y de insuficiencia informativa al legislativo y a algunos actores políticos.
No vamos a desenredar la madeja ni vamos a citar los pormenores que han sido suficientemente abordados por los medios de comunicación y explicados por los expertos internacionalistas de acuerdo a su posición y mejor entender.

Pero ciertamente la actitud británica tuvo una intención provocadora, en la medida que conociendo los acuerdos de UNASUR de buscar una solución pacífica a la controversia poniendo énfasis en desmilitarizar el tema, envía una fragata de guerra, la HMS Montrose, con 183 tripulantes para que patrulle las aguas regionales y realice una visita protocolar a nuestro país.

A pesar de que existían algunos antecedentes que dificultaban la decisión peruana como que nuestra Armada de Guerra había realizado maniobras conjuntas con la Royal Navy, el país adoptó una resolución principista.

Evidentemente con la presencia de la fragata inglesa se estaba militarizando el escenario del Atlántico Sur con el agravante que esta unidad de la clase 23 y equipada con el sistema de lanzamiento vertical de misiles Sea Wolf y torpedos antisubmarinos portaba también un helicóptero Lynx, tenía un mensaje críptico que no era muy difícil de descifrar.

Se tenía información que desde noviembre último, la Montrose patrullaba la región Atlántica, especialmente entre las Malvinas y las Sandwich y que desde hacía algunos días Londres había anunciado que la fragata sería reemplazada por la HMS Dauntiess que es de superior envergadura y mayor capacidad de fuego.

Con estos antecedentes y con la información respectiva en la reunión de UNASUR en Asunción se acordó que “En conocimiento de la comunicación emitida por fuerzas militares británicas acerca del desplazamiento de la fragata HMS Montrose al Atlántico Sur por un periodo de seis meses” se reitera “El rechazo a la presencia militar británica en las islas Malvinas , Georgia y Sandwich del Sur”, es decir no podía ser más explicito y puntual el documento que fue, además, firmado por todos los cancilleres.

Pero hay un acontecimiento que acerca más a nuestras dos naciones. El 8 de febrero del presente año, el presidente Ollanta Humala envía una carta a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner diciendo “Mi gobierno respalda la aspiración argentina para lograr un entendimiento pacífico con el Reino Unido a través del diálogo y la negociación y compartimos su preocupación por el incremento de la presencia militar en las islas”.
Esta carta de apoyo del Perú fue la única, de las cientos que recibió el gobierno argentino, en ser subida al sitio web de la Casa Rosada, lo que la hace pública y se tiene entendido que los británicos la conocían.

Alguien por ventura podía dudar de la posición adoptada por el Perú. Imaginemos cómo se hubiera presentado nuestra nación a asumir la presidencia pro tempore de UNASUR si hubiéramos aceptado en nuestro primer puerto a la fragata inglesa. Sin embargo una pregunta flota en el ámbito diplomático, porqué se infló tanto el desaguisado y cuál fue la intención británica en insistir en los errores de articulación de Torre Tagle.

A pesar de que nuestro país preparaba el viaje a Londres del ministro de economía Luis Miguel Castilla con un grupo de empresarios en busca de socios comerciales, de que Gran Bretaña es el segundo país con mayor inversión en nuestro país y que el Perú ha pasado la página de que un grupo de argentinos liderados por Carlos Menem le vendieron armas al Ecuador en pleno conflicto del Cenepa, con el agravante de que el país gaucho era uno de los garantes del Protocolo de Paz Amistad y Límites de Río de Janeiro, lo cierto es que alguna información no ha sido suficientemente procesada en este delicado episodio.

Finalmente debemos entender que la verdad es la primera baja en las contiendas políticas.

La vorágine informativa en torno al conflicto entre REPSOL y el gobierno argentino por la nacionalización de YPF alcanzó su clímax el lunes 16 de abril cuando la presidente Fernández anunció que se dispone a nacionalizar el 51% de la empresa. La pregunta que muchos se formulan es por qué se toma esta medida ahora y por qué exclusivamente contra Repsol y no contra otros operadores presentes en el país. Para responder estas cuestiones hay que tener en cuenta consideraciones políticas y económicas.

Cuando en octubre pasado Cristina Fernández fue reelegida con más del 54% de los votos y una diferencia de casi 40 puntos con su rival más próximo, parecía que el plus de legitimidad alcanzado la situaba en una posición de fuerza para abordar una serie de temas controvertidos, entre ellos el de YPF. Éste se vincula al considerable déficit energético, 13.000 millones de dólares en 2012, en un contexto de elevados precios internacionales de los combustibles, alta inflación y salida de capitales.

Tras el paréntesis del fin de semana, obligado por la asistencia de la presidente Fernández a la Cumbre de las Américas, en Cartagena de Indias, se materializó el peor escenario posible. Esto mostró que las esperanzas de los últimos días fueron vanas, frustrándose así las posibilidades de llegar a un acuerdo entre las partes. Aparentemente la gestión presidencial solucionó los conflictos internos, que habían obstaculizado la toma de decisiones. Al repartirse el control de la empresa entre el gobierno de la nación (51%) y el de las provincias se intentaría acallar las voces discrepantes. El otro problema, la contradicción entre la fracción más radical y la más posibilista del kirchnerismo (Alex Kicillof frente a Guillermo Moreno y Julio de Vido), se habría saldado con la victoria de los primeros, especialmente de “La Cámpora”, cada vez más poderosa.

Una vez más el kirchnerismo ha redoblado la apuesta, en una clara estrategia de un gobierno que se ha negado a negociar con Repsol, ya que, en palabras de la presidente Fernández, “vamos por todo”. Habrá que ver ahora cuál es la respuesta española. Aquí se produjo un nuevo error de cálculo de Cristina Fernández, convencida de que la crisis económica en España la enfrentaba a un gobierno debilitado, que sólo daría una respuesta testimonial. La contundencia de los gestos del gobierno de Mariano Rajoy, rápidamente respaldados por el PSOE, mostró a las claras que se trata de una cuestión de estado.

La postura española también tuvo el apoyo de la UE y EEUU. En la Cumbre de las Américas, la presidente Fernández seguramente recibió, además de las reclamaciones de Obama, las quejas de otros damnificados colaterales. Entre ellos México (PEMEX es accionista de Repsol), Chile y Brasil, cuyas empresas petroleras (ENAP y Petrobras) están presentes en Argentina y en algún caso comparten la explotación de campos con Repsol.

El secretario de estado español para la UE, Iñigo Méndez de Vigo, apuntó que Argentina se convertiría en “un apestado internacional” si materializaba la nacionalización de YPF. Sus * Este artículo fue publicado en Información y Análisis de América Latina (Infolatam) el 15 de abril de 2012. duras palabras fueron, sin duda, de las que peor cayeron al otro lado del Atlántico, pero expresaban todo lo que Argentina va a perder de seguir avanzando por el camino trazado. Para ello el kirchnerismo cuenta con un fuerte respaldo social, cercano al 50%, que ve positivamente la nacionalización de YPF. Pero lo que no se dice claramente es que Argentina carece de política energética, algo confirmado por este último vodevil. Esto implica que aunque se nacionalice YPF, se dé rienda suelta a los sentimientos nacionalistas o sean empresas chinas quienes reemplacen a Repsol, el problema de fondo quedaría sin resolver.

El 20 de febrero de 2012, el primer ministro y actual presidente electo de Rusia, Vladimir Putin, publicó un artículo en el diario ruso Rossiiskaya Gazeta, en el cual detalló su propuesta para fortalecer las fuerzas armadas de su país. Si bien el artículo fue escrito antes de ganar las elecciones presidenciales, se puede considerar como un referente para vislumbrar los temas que podrían guiar la política exterior rusa en los próximos años. Este artículo es además un ejemplo del populismo electoral de Putin, quien se muestra como un asiduo defensor de la madre patria y de las fuerzas armadas.

La propuesta de Putin se centra en reposicionar a Rusia como una potencia militar moderna. Para ello, propone los siguientes objetivos: profesionalizar las fuerzas armadas, impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías militares y basar el poderío ruso en brigadas de respuesta rápida. De manera complementaria, Putin plantea luchar contra la corrupción dentro del establecimiento militar, propiciar la inversión privada en la industria de armas y reformar el servicio militar. Con sólo leer las propuestas de Putin queda claro que sus metas son altamente ambiciosas y de ningún modo inmediatas.

Para ello, en el transcurso de esta década, el Estado ruso invertirá alrededor de 23 trillones de rublos rusos en sus fuerzas armadas. Para poner en perspectiva esta cifra, de acuerdo al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo el presupuesto de defensa ruso en el año 2010, hace menos de dos años, era de 52,586 millones de dólares, lo cual representó más del 4 por ciento del producto bruto interno ruso. En palabras de Putin, esta inversión buscará compensar el abandono que sufrió el sector defensa luego de la caída de la Unión Soviética. No obstante, considerando los problemas estructurales que arrastra Rusia desde el fin de la década de los 80, cabe preguntarse si esta inversión habría podido tener un mejor impacto en modernizar las instancias del Estado ruso.

Cabe recalcar que en las primeras líneas del artículo, Putin enfatiza la protección de las reservas energéticas de Rusia, las cuales incluyen las mayores reservas probadas de gas natural a nivel mundial. Dichos recursos, así como la red de gaseoductos de gas natural que unen a Rusia con Europa y posibles exploraciones en el Océano Ártico, serán resguardadas con celo por el gobierno ruso. Es justamente esta gélida parte del globo, la que podría convertirse en la nueva frontera de exploración petrolera y gasífera, lo cual ha creado gran expectativa entre los países árticos, que incluyen a Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, además de Rusia. Contar con una presencia naval imponente en esta zona será una prioridad para el Kremlin.
Por otro lado, los recientes acontecimientos en el Medio Oriente y en especial en Siria, han vuelto a poner sobre el tablero la posición de Rusia en contra de cualquier tipo de intervención militar, tal y como sucedió en Libia. Putin argumenta que estas acciones van en contra de los principios de derecho internacional, léase infringir la soberanía de regímenes como el de Bashar al-Assad, para evitar la cruel represión de su población. Rusia y China votaron en contra de una resolución de la Naciones Unidas que exhortaba a Siria a terminar con la violencia en Homs y pedía al presidente sirio abandonar su cargo. Uno de los principales factores que contribuyeron a esta decisión, fueron los fuertes lazos diplomáticos y militares entre Rusia y Siria, siendo este último el único país en el Medio Oriente que actualmente ostenta una base naval rusa en la ciudad portuaria de Tartus.

En los últimos años se podría considerar como el punto más álgido entre el Kremlin y Occidente la guerra del 2008 entre Rusia y Georgia por Osetia del Sur y Abjasia. Dicha acción del gobierno ruso demuestra que su retórica anti-intervención no llega muy lejos. Recientemente, el domingo 25 de marzo de 2012, Osetia del Sur organizó elecciones presidenciales, con el apoyo de Rusia y el rechazo de Georgia y Estados Unidos. En los próximos años, esta parte del Cáucaso, continuará generando fricciones y mantendrá en alerta a las fuerzas armadas rusas. Por otro lado, es importante resaltar que uno de los primeros retos que tuvo el ejército ruso en la década de los 90 se originó en el Cáucaso. Fue en esta región, durante el conflicto con Chechenia en diciembre de 1994, dónde a pesar de su superioridad militar, Rusia no pudo someter a las fuerzas separatistas chechenas. Los actos terroristas que se originaron tras estos eventos han sido una constante amenaza para Rusia, a pesar de que en el 2009 se declaró oficialmente el fin de la lucha separatista chechena. Putin reconoce esta situación en su artículo y arguye que el terrorismo seguirá siendo una preocupación para las fuerzas armadas.

Es necesario tomar en cuenta las protestas internas en Moscú, las mismas que posiblemente han influenciado la decisión de Putin de reinsertar el nacionalismo y la rivalidad con Estados Unidos en la agenda política. Mientras tanto Bruselas, Washington y Pekín, seguirán muy de cerca los pasos que de Rusia, posiblemente reviviendo los antiguos fantasmas de la carrera armamentista de la guerra fría. Esperemos que el ejército ruso no llegue a ejercitar su poder y más bien se convierta en una pieza clave en el equilibrio geopolítico de Asia

El reciente conflicto en Siria1 ha generado un debate respecto a si debe o no aplicarse en este país el concepto de la “responsabilidad de proteger” (RP) bajo el lema de la intervención humanitaria. Desde hace un año, las tropas leales al partido Baath,2 liderado por el presidente Bashar Al-Assad,3 han venido reprimiendo sistemáticamente a manifestantes pertenecientes a grandes sectores de la población siria.4 A inicios del conflicto, estos manifestantes buscaban reformas frente a la corrupción masiva en la que participaba el gobierno. Sin embargo, la brutalidad en el comportamiento del ejército respecto a las manifestaciones alienó a una fracción del ejército, la cual desertó y creó el denominado Ejército Libre Sirio,5 el cual actualmente está luchando por defender a aquellos sectores opuestos al gobierno. Esta represión tan grande tampoco ha apagado las protestas y estas continúan, cada vez con más intensidad.

El concepto de RP6 es una iniciativa establecida por las Naciones Unidas en el 2005, a raíz del conflicto armado en Ruanda entre las etnias Hutu y Tutsi, en el cual la comunidad internacional intervino tardíamente cuando ya se había cometido un genocidio que causó la muerte de 800,000 personas.7 Consiste en la posibilidad de que la comunidad internacional intervengan en situaciones de crisis humanitaria mediante mecanismos políticos y económicos siendo la intervención militar un último recurso. No obstante, aun cuando se han aplicado sanciones económicas —tales como aquella de la UE que impidió que sus países miembros importasen petróleo de Siria—8 el régimen ha seguido asesinando manifestantes y destruyendo ciudades, causando hasta el momento la muerte de 9 mil personas.

El desafío de Al Assad a la comunidad internacional y la magnitud de esta crisis humanitaria genera razones de peso para una posible intervención militar en el país de parte de las potencias mundiales, tal y como se hizo durante la guerra civil en Libia. Sin embargo, la gran diferencia entre estos dos casos es que en Siria existen profundas divisiones entre las diversas confesiones religiosas que habitan el país. Desde 1970, con el ascenso al poder de Hafez al Assad,10 la minoría alawita11 ha monopolizado el poder dentro del país, acaparando todas las instancias del gobierno con el apoyo del sector mercantil sunita y de la minoría cristiana, y marginado a la gran mayoría sunita. En Libia, al contrario, las divisiones no eran religiosas sino regionales, y la disputa era mayoritariamente por los recursos petroleros del país.

Además, la situación geopolítica, estratégica y diplomática de ambos países es distinta. Libia exportaba12 una enorme cantidad de petróleo a Europa, su sociedad está basada en clanes tribus y había un descontento bastante grande en el Este del país porque si bien ellos tenían el petróleo, las rentas las disfrutaba el oeste y Trípoli. La capacidad defensiva13 de Gadafi era obsoleta14 y la población libia es menor y está distribuida en un área geográfica mayor.
En Siria, hay una situación de mayor complejidad. Tanto Irán como Rusia tienen intereses y lazos muy fuertes con el régimen de Al Assad. Siria es el único aliado iraní en todo el mundo árabe y es a través de este que los iraníes pueden ejercer influencia política y religiosa en países como Líbano, donde opera Hezbolah, un grupo islamista chiita armado, enfrentado a occidente e Israel. Por otro lado, Siria ha sido un aliado tradicional de los rusos por casi 40 años. Además de haberle comprado grandes volúmenes de armas a Moscú en las últimas décadas, Siria le alquila a Rusia el puerto de Tartus, el único acceso al mediterráneo que tiene la marina rusa y que desean mantener por razones de seguridad.

Por último, si bien en muchos aspectos las fuerzas armadas sirias son obsoletas —de acuerdo a estándares de la OTAN— si posee sistemas antiaéreos y anti-buque modernos, ambos suministrados por Rusia, y que podrían dificultar enormemente cualquier intención de intervenir militarmente por parte de EE.UU. o la OTAN en este país. También se debe considerar que el ejército sirio en su mayoría está compuesto por alawitas, los cuales permanecen leales al régimen.

Está claro que las diferencias entre el caso libio y sirio demuestran que la RP está sujeta a consideraciones políticas imposibles de ignorar y que tienen un peso enorme a la hora de decidir si intervenir o no en crisis humanitarias. La comunidad internacional está sopesando las consecuencias de una posible intervención, y es claro que una de sus mayores preocupaciones es desencadenar una guerra sectaria entre la minoría alawita y la mayoría sunita, mucho más sangrienta y duradera que el actual conflicto, particularmente si se decide armar al Ejército Sirio Libre como se hizo en el caso libio.

No obstante, a pesar de los costos que puede significar actuar en Siria o armar a los rebeldes, la inacción podría ser incluso peor. Arabia Saudita y Qatar han expresado su deseo de apoyar con pertrechos y armamento a los rebeldes sirios17 tal y como lo hicieron en el pasado en Afganistán al armar a los muyahidines en la década de los 80, quienes compartían en su mayoría su interpretación radical del Islam. Esto podría acentuar las diferencias religiosas ya que en el pasado esta ayuda vino acompañada de propaganda religiosa extremista y que permitió a Al Qaeda conformarse como organización. De pasar de ser una revuelta o insurgencia con motivos políticos y por descontento económico y social, la situación podría escalar hasta convertirse en un conflicto religioso con consecuencias desastrosas para la región.

En conclusión, decididamente el conflicto en Siria presenta un desafío para la aplicación de la responsabilidad para proteger, debido a su gran complejidad y al fuerte impacto que tendría en el Medio Oriente, ya que podría escalar hasta convertirse en un conflicto de mayores proporciones. Existe la creencia que se debe seguir afinando los criterios para la intervención humanitaria de manera que la comunidad internacional sepa cuándo utilizarla. Sin embargo, el caso sirio nos recuerda que cada conflicto se lleva a cabo en su propio contexto político, el cual termina influyendo de manera determinante en las acciones del sistema internacional.