Panorama Mundial

Desde que el 26 de enero del 2011Siria se convirtiera en el país número trece en ser parte del efecto dominó de la llamada revolución de los jazmines, la situación en este Estado solo ha empeorado y el sufrimiento de la población civil sigue en aumento, gracias a la represión extremadamente violenta con la que ha respondido el Gobierno de Bashar Al Assad a la oposición que, en un inicio, se manifestaba pacíficamente.

Efectivamente, casi un año más tarde de la inmolación del sirio Hasan Ali Akleh de Al-Hasakah, el enviado especial de Naciones Unidas y de la Liga Árabe, Kofi Annan, presentaba un plan que buscaba: el cese al fuego; el retiro de tropas y de armamento pesado de los principales centros urbanos; el inicio de un proceso político abierto que diera respuesta a los requerimientos de la población; la distribución garantizada de la ayuda humanitaria; el fin a las detenciones arbitrarias; el respeto a la libertad de circulación de los periodistas en toda Siria; así como el respeto a la libertad de asociación y al derecho a manifestarse pacíficamente. En ningún momento esta propuesta consideraba la salida de Al Assad.

Sin embargo, a pesar de que el Presidente sirio aprobó este plan el 12 de abril de este año, los eventos se han recrudecido, siendo el más terrible ejemplo la masacre en la localidad de Hula del 25 de mayo, en donde más de 165 personas —en su mayoría mujeres y niños— fueran ejecutados en forma horrenda. Otra matanza se llevó a cabo a principios de junio en Al Qubeir, en la provincia de Hama, la que primero fue bombardeada por fuerzas gubernamentales.

Pero así como Hula y Al Qubeir, existen otras poblaciones como la de Homs —conformada por una población suní de aproximadamente 100.000 personas y contraria al gobierno— que se encuentran en grave peligro y a la cual la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja intentan hacer llegar ayuda humanitaria sin ningún éxito.

Ante tales acontecimientos Kofi Annan tuvo que reconocer, en el recinto de la ONU, el fracaso de su plan sin dejar de recordar que la mayor responsabilidad de la gravedad de esta situación recae en el propio Gobierno de Siria, al no cambiar sus tácticas violentas para enfrentar las demandas de la población.

Sin embargo, lejos de ceder, Annan emprendió una nueva fase y convocó al llamado “Grupo de Acción por Siria”, con el principal objetivo de preparar una hoja de ruta aceptable para ambas partes, con medidas que garanticen la plena aplicación del plan de paz de seis puntos y de las resoluciones 2042 y 2043 del CS/ONU. Pero también este grupo debe “acordar las pautas y principios para hacer posible una transición política liderada por los sirios que satisfaga las aspiraciones legítimas del pueblo sirio” y decidir qué acciones emprender.

El grupo está compuesto no solo por los ministros de Relaciones Exteriores de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto (China, Rusia, EE.UU. Francia y Reino Unido), sino también de aquellos países con influencia real en el gobierno de Bashar Al Assad y en la oposición, como son Irak, Kuwait y Catar (en representación de la Liga árabe) como también Turquía. También fueron invitados el Secretario General de la ONU y la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea.

Se espera que el trabajo y apoyo que pueda brindar este grupo de contacto pueda evitar la inminente y real guerra civil en Siria y remediar la angustiosa situación humanitaria que aqueja a este país. Hay que recordar que la ONU calcula que, desde marzo del año pasado hasta principios de junio de este año, se ha ocasionado más de 10.000 muertos —la mayoría civiles—, 230.000 desplazados internos y 60.000 refugiados sirios en los países limítrofes.

Mohamed Mursi es el primer presidente democrático en la dilatada historia de Egipto. Personaje anodino y singular, el candidato de los Hermanos Musulmanes, la organización islamista más grande del mundo, irónicamente hereda el poder del hombre que durante años impidió su legalización.

Personaje discreto y considerado hasta hace poco una pieza menor de la intrincada y compleja maquinaria político-religiosa de esta organización fundamentalista, nació en la provincia de Sharquiya en el Delta del Nilo y realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad del Cairo y luego hizo su doctorado en la Universidad de California donde posteriormente fue profesor principal.

Considerado la sombra y el eco del carismático líder Jairat al Shater, cuya candidatura tuvo que ser retirada por problemas legales, ambas figuras son percibidas como el ala conservadora de los Hermanos Musulmanes.

En las últimas movilizaciones políticas, Mursi se presentaba como el verdadero guardián de la fe y manifestaba que “caminaba este sendero para satisfacer a Dios y preocupado por nuestra nación”.

Su elección abre una gran interrogante ya que se desconoce cuál será el comportamiento político de su agrupación que estuvo 84 años en la ilegalidad y la clandestinidad. Situación, agudizada por su posición fundamentalista, que los ha llevado en múltiples oportunidades a enfrentar a otras iglesias como los coptos, a quienes han perseguido y asesinado. Evidentemente, el flamante presidente es una figura disminuida y arrinconada, sin el apoyo del ejército y con sus atribuciones políticas recortadas en comparación con sus predecesores.

Pero sin duda, hay un gran sector que se siente frustrado y desilusionado. Los millones que se levantaron en rebelión para sustraer a su país de la perversa disyuntiva de tener que elegir entre un candidato de los militares, que habían sostenido las dictaduras, y una figura religioso-fundamentalista, cuyo objetivo es imponer una creencia sobre cualquier otra.

Este grupo anhelaba una democracia moderna y participativa. Ahora una nube oscura flota sobre esta tierra de faraones.

El presidente Nicolás Sarkozy fue vencido por François Hollande en la segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales de Francia. Hollande obtuvo el 51.67% de los votos mientras que el mandatario Sarkozy logró el 48.33% de la votación. De esta manera, mientras que Sarkozy asumía la responsabilidad de la derrota de la derecha francesa y anunciaba su despedida de la carrera política, Hollande le daba a Francia un nuevo presidente socialista, después de 17 años, en que gobernó François Mitterrand (1981-1995).

Las causas del triunfo de Hollande, más tienen que ver con medidas adoptadas o características personales de su opositor, que virtudes del candidato triunfante; es decir, se trató más de un voto contra Sarkozy. Así, se le castigó por la crisis económica que atraviesa actualmente Francia como también por su personalidad difícil y autoritaria. Sobre lo primero, tenemos las diversas medidas de recorte de la ayuda social adoptadas por Sarkozy a lo largo de su gobierno, las mismas que estuvieron destinadas a reducir el déficit fiscal y paliar la crisis financiera, las cuales tuvieron un efecto devastador en su popularidad. Respecto a lo segundo, baste recordar sus declaraciones formuladas en el 2005 cuando fue Ministro del Interior, en los sucesos ocurridos en los barrios más humildes de París, donde calificó de “escoria” a los insurrectos, lo que generó una expansión de la revuelta. Adicionalmente, después de la primera vuelta, Sarkozy cometió el error de variar su discurso con el propósito de captar los votos de la ultra derecha del Frente Nacional encabezada por Marine Le Pen, lo que tuvo un efecto negativo.

En todo caso, Sarkozy quedó en el pasado y Hollande representa el futuro de Francia, aunque para muchos analistas, despierta más dudas y recelos que confianza. Todo esto en un contexto en el que Francia muestra un alto nivel de desempleo, un estacando crecimiento económico, una competitividad degradada, todo ello en medio de una crisis del euro.

Hollande ha anunciado diversas medidas internas, muchas de ellas de corte populista. En este sentido, ha ordenado el recorte de su propio salario en un 30%; el congelamiento de los precios del combustible por un período de 3 meses; la jubilación a los 60 años para las personas que hubieren pagado sus cotizaciones durante 41 años; la creación de un impuesto del 75% sobre los ingresos superiores a un millón de euros anuales; la creación de empleos estatales para 150 mil jóvenes financiados por el Estado en un 75%; el aumento del subsidio a los padres con niños en edad escolar; la autorización de los matrimonios entre personas de un mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales. Muchos expertos franceses tienen temor de las repercusiones que pueden traer la adopción de este tipo de medidas para la estabilidad de la economía francesa. Sin embargo, tales medidas le vienen dando una gran popularidad, lo que ha sido determinante para el triunfo de los socialistas en las recientes elecciones parlamentarias del mes de junio, obteniendo una mayoría absoluta que le dará a Hollande la tranquilidad de gobernar sin necesidad de llegar a mayores acuerdos.

Por su parte, en el campo de la política exterior, Hollande planeó anunciar en la Cumbre de la OTAN, que se celebró en Chicago, los días 20 y 21 de mayo, el retiro del contingente francés de Afganistán para fines del 2012. Sin embargo, se sabe que el presidente Barack Obama de los Estados Unidos, logró persuadirlo a medias, a cambio de su apoyo en la política de flexibilidad fiscal que desea implementar Hollande en Francia. Esto último, en abierta discrepancia con la posición de la Canciller alemana Ángela Merkel que más bien exige de Francia el cumplimiento del acuerdo por una política de austeridad presupuestaria en Europa.

Adicionalmente, se anuncian cambios en la posición exterior de Francia en asuntos importantes, como el programa nuclear iraní, la situación de Siria, Corea del Norte, Sudán, Libia, entre otros.

En todo caso, es aún muy temprano para poder obtener conclusiones de lo que será el gobierno de Hollande en Francia. Tiene además por delante grandes retos a nivel de su política interna, que pueden también condicionar los planes anunciados durante la campaña electoral.

El 6 de junio de 2012, en el observatorio Paranal en la región de Antofagasta, Chile, se inició formalmente la Alianza del Pacífico, un acuerdo comercial y de integración que une a los países de Chile, Colombia, México y Perú. Al evento asistieron los presidentes de las cuatro naciones, Sebastián Piñera, Juan Manuel Santos, Felipe Calderón y Ollanta Humala respectivamente. En declaraciones a la prensa, los mandatarios anunciaron la elaboración del Acuerdo Marco de la Alianza, el cual constituye un logro tangible luego de que el 28 de abril de 2011, el ex presidente Alan García, anunciara la creación de este bloque.

Los objetivos principales del Acuerdo Marco incluyen la homologación de los tratados de libre comercio entre sus miembros, la eliminación de las visas entre los países sudamericanos y México y la unión de esfuerzos para expandir el intercambio comercial entre ellos y la región Asia Pacífico. Cabe recalcar, que representantes de Panamá y Costa Rica estuvieron presentes en Antofagasta como observadores; el Perú tiene un tratado de libre comercio vigente con el primero y uno por entrar en vigencia con el último.

En el marco de la coyuntura nacional, en la cual se reavivaron temores por la posición ideológica del Presidente Humala —luego de declarar que quiere cumplir con las promesas de la gran transformación—, su participación en esta cumbre emerge como una posibilidad de consolidar su posición a favor de la inversión extranjera, el libre comercio y la integración del Perú a la economía global. Esta postura envía una señal favorable a inversionistas extranjeros y nacionales, posicionando al país como una alternativa atractiva de inversión.

Más aún, el poder ejecutivo peruano, además de apostar por plataformas multinacionales como la Alianza del Pacífico, ha puesto en marcha políticas orientadas al mediano plazo para fortalecer el comercio exterior. Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, anunciaron 12 medidas concretas a favor de las exportaciones, así como optimizar el gasto público. Esta política tiene como meta suplir las carencias a nivel de infraestructura, la cual representa una pieza clave para explotar el potencial de exportación de los productos de la sierra y de la selva. El ministro Silva estimó que alrededor de 6,000 exportadoras podrían beneficiarse de este plan y alcanzar la meta de US$48,871 millones de exportaciones, equivalente a un crecimiento de 5.6% respecto al 2011.

Lamentablemente, la lenta recuperación económica de Estados Unidos y la persistente crisis en la Unión Europea, representan una amenaza para nuestra capacidad exportadora, hechos que ameritan que el gobierno peruano redoble los esfuerzos para mitigar su impacto en el crecimiento del país. Estas dos potencias captan alrededor del 40% de las exportaciones peruanas. De tal modo que una alternativa interesante es apostar por una mayor integración económica con las economías del Asia y el Pacífico, las cuales siguen mostrando dinamismo a pesar de la incertidumbre económica, además de unir esfuerzos con los países latinoamericanos que comparten esta visión.

De otro lado, si bien el presidente peruano declaró a la prensa internacional en Antofagasta, que dicha alianza “es un espacio que no busca ser oposición a otros espacios de integración latinoamericana”, queda claro que esta estrategia económica es diametralmente opuesta a las recientes medidas proteccionistas aplicadas por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Ambos países han optado por implementar barreras a las importaciones para enfrentar la desaceleración de sus economías en el segundo trimestre del presente año.

Tal vez la opinión pública recordará más la última cumbre de la Alianza del Pacífico por las declaraciones del presidente Sebastián Piñera, quien fue objeto de críticas en su país por opinar que los mejores restaurantes de Santiago son peruanos, y que él es un gran asistente a ellos. Sin embargo, para los países involucrados, la reunión de mandatarios ha sido un paso concreto para alcanzar progresivamente la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas de cuatro países, que representan a más de 200 millones de habitantes y suman más del 50 por ciento de las exportaciones latinoamericanas. De cumplirse los objetivos de la Alianza del Pacífico, el Perú estaría en una posición aún más sólida para alcanzar el desarrollo obtenido por Chile, Colombia y México.

Del 3 al 5 de junio pasado se desarrolló el 42 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, esta vez en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Dicha Asamblea General aprobó 65 resoluciones y 2 declaraciones. Sin embrago, dos documentos quedaron sin aprobación por falta de acuerdo entre los Estados miembros, a saber, el proyecto de resolución sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en seguimiento de los mandatos derivados de las Cumbres de las Américas, y el proyecto de resolución sobre las observaciones y recomendaciones al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dos temas que generalmente han sido aprobados en años anteriores por parte del Órgano supremo de la Organización. No obstante, las delegaciones asistentes si lograron ponerse de acuerdo sobre la resolución AG/RES.2761 (XLII-O/12) “Seguimiento de las Recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Mediante esta resolución la Asamblea General acoge el Informe referido y encarga al Consejo Permanente que, sobre la base del mismo, formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas. También establece que, en el plazo de seis meses, o a más tardar en el primer trimestre de 2013, dichas propuestas se pongan a la consideración de una Asamblea General Extraordinaria de la OEA. Tanto Canadá como Estados Unidos, los dos países que durante las negociaciones presentaron los mayores puntos de desacuerdo al contenido de la resolución, se acogieron finalmente al consenso.

Para ubicarnos dentro del debido contexto, debemos recordar que como consecuencia del diálogo que sostuvieron los Cancilleres y Jefes de Delegación durante la Asamblea General celebrada en San Salvador en junio de 2011, el Consejo Permanente constituyó un Grupo de Trabajo Especial, el cual concluyó sus labores con la presentación del documento CP/doc.4675/12, conteniendo una serie de recomendaciones sobre temas relativos a la designación del Secretario Ejecutivo de la CIDH, los objetivos y desafíos de mediano y largo plazo de esta Comisión, las medidas cautelares, los asuntos de procedimiento en la tramitación de los casos y peticiones individuales, las soluciones amistosas, los criterios para la construcción del capítulo IV del Informe Anual de la CIDH, el rol de esta Comisión en la promoción de los derechos humanos en la región, y el fortalecimiento financiero del sistema interamericano de derechos humanos. El Consejo Permanente aprobó dichas recomendaciones el 25 de enero de 2012 y las remitió a la Asamblea General. La Asamblea General, a su vez, aprobó la resolución antes referida.

Varias son las implicancias que tiene la aprobación de la resolución AG/RES.2761. Las dos más importantes es que se encarga al Consejo Permanente a que formule propuestas específicas para aplicar las recomendaciones contenidas en el Informe, varias de las cuales contemplan la posibilidad de reformar los instrumentos que rigen la actuación de la CIDH, en especial, su Estatuto y su Reglamento. Si bien es cierto la modificación del Reglamento de la CIDH es de competencia exclusiva de esta Comisión, nada obsta para que el Consejo Permanente proponga a la Asamblea General que adopte reformas al Estatuto, algo que sí es de competencia de dicha Asamblea. Es más, el propio Secretario General de la OEA en un informe escrito presentado durante la Asamblea General realizó una serie de sugerencias al respecto, las que se vienen a unir con otras recomendaciones elaboradas por el Comité Jurídico Interamericano y que fueron aprobadas en su período ordinario de sesiones de marzo de 2012 y contenidas en el documento CJI/doc.400/12 rev.3. El hecho de que las propuestas del Consejo Permanente sean llevadas a la consideración de una Asamblea General Extraordinaria incluye pues la posibilidad de que se propongan y lleven a cabo dichas reformas.

Esto ha preocupado a algunos países de la región y a numerosas organizaciones de la sociedad civil. Debemos señalar sin embargo que se deben evitar las suspicacias innecesarias con relación a este proceso. El sólo hecho de iniciar un proceso para proponer reformas en el sistema interamericano de derechos humanos y en particular a con relación a la CIDH no debe ser visto como un intento por debilitar el sistema. En principio, es indiscutible que esta facultad le es atribuida a la Asamblea General en el mismo Estatuto de la CIDH. Asimismo, una evaluación objetiva y periódica del funcionamiento de todo Órgano dentro de la Organización es saludable para el propio sistema. La propia Carta de la Organización ha sido ya reformada cuatro veces desde su adopción en 1948, reflejando las nuevas realidades y necesidades del Hemisferio. Es con relación al contenido y naturaleza de las reformas donde los actores del sistema podrían plantear preocupaciones válidas. Pero aún en este caso, dichas reformas no podrán ser aprobadas por voluntad de un solo país o de un grupo de países, tal como algunos temen, sino que éstas deberán ser consensuadas de la misma manera como lo fue la resolución AG/RES.2761, es decir, por todos los países representados en la Asamblea General. Como casi siempre ocurre, quizás la decisión final no deje del todo satisfecho a ninguno de los países ahí representados, tal como sucedió con la resolución en cuestión. Pero sí reflejará el mínimo consenso al que están dispuestos a llegar todos los países, incluso aquellos que no son Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si la región no está lista para aceptar dicho mínimo consenso, el riesgo es que nuevamente la Asamblea General deje de aprobar resoluciones tan importantes relativas a los derechos humanos, tal como sucedió en Cochabamba, con lo cual efectivamente se desacredita todo el sistema y, en especial, los Órganos mismos de derechos humanos.

Los próximos meses verán una vez más una intensa actividad en el seno de la Organización de los Estados Americanos. Esperemos que al final de este proceso se logre un sistema interamericano de derechos humanos fortalecido, que permita que todos los actores interactúen de tal manera que se logre el fin último y la razón por la cual el sistema fue creado: la protección plena de los derechos humanos de los ciudadanos de las Américas.