Panorama Mundial

A propósito del asilo otorgado por el Estado ecuatoriano al pirata informático Julian Assange, se ha producido un interesante debate en torno a una serie de cuestiones jurídicas internacionales vinculadas a esta figura humanitaria, lo que nos motiva a llevar adelante un conjunto de precisiones, con la esperanza de aclarar ciertos puntos o levantar afirmaciones no necesariamente bien informadas.

En primer lugar, se debe precisar que el asilo diplomático —es decir, el que se otorga a una persona en una misión diplomática extranjera, cuando su vida, su libertad o su integridad está en peligro por razones políticas— es una institución exclusivamente latinoamericana, habiendo sido regulada por numerosos tratados en los que solo han participado países de esta región. Tal es el caso del Tratado de Derecho Penal de Montevideo de 1889, la Convención sobre Asilo de La Habana de 1928, la Convención sobre Asilo Político de Montevideo de 1933, el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939 y la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954. Si bien, el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos también consagra el derecho de asilo, el resto del mundo (Estados Unidos de América, Europa, Asia, etc.) ha vinculado este artículo con una institución distinta como es la del refugio. Todo esto explica por qué Gran Bretaña no se siente obligada por esta figura, negando incluso el salvoconducto que permitiría la salida de Assange hacia Ecuador.

En segundo lugar, se debe insistir en que el otorgamiento del asilo corresponde única y exclusivamente al Estado asilante, es decir, al Estado que acoge a la persona solicitante del asilo (en este caso a Ecuador). Si bien el Estado territorial (en este caso Gran Bretaña) puede no estar conforme con el asilo otorgado, esto no lo habilita a desconocer la decisión soberana tomada por el Estado asilante y menos aún a violentar la misión diplomática ecuatoriana. El cuestionamiento al asilo otorgado debe ser en todo caso, canalizado hacia cualquiera de los mecanismos de solución pacífica de controversias que establece el Derecho Internacional.

En tercer lugar, una vez otorgado el asilo, el asilado debe mantener un comportamiento acorde con la situación, estando prohibido de hacer declaraciones o intervenir en la política interna del Estado que lo acoge o del Estado que lo persigue. Esta norma tiene como propósito evitar un mayor deterioro de la relación bilateral entre el Estado asilante y el Estado persecutor. En este sentido, las declaraciones formuladas por Assange en el balcón de la misión diplomática de Ecuador en Londres resultan trasgresoras de esta obligación internacional, lamentablemente permitida por el Estado ecuatoriano.

En cuarto lugar, se debe precisar que constituye una norma universal de obligatorio cumplimiento aquella consagrada en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, según la cual, los locales de la misión diplomática son inviolables, no pudiendo los agentes del Estado receptor penetrar en ellos, sin el consentimiento del jefe de la misión. Más aún, esta norma no tiene ninguna excepción, habiendo además establecido la jurisprudencia interna e internacional, que la ejecución de un mandato judicial no puede servir como excusa para incumplir esta norma. Por lo tanto, cualquier acción británica destinada a ingresar por la fuerza a la misión diplomática ecuatoriana implicaría no solo la violación flagrante de esta disposición internacional sino también un peligroso precedente para sus propias misiones diplomáticas en el exterior.

Finalmente, un quinto y último punto importante de aclarar es que las misiones diplomáticas extranjeras no son ni equivalen a territorio extranjero enclavado en el territorio nacional. La inmunidad que se otorga a estas misiones no responde a que sean consideradas territorio extranjero sino más bien obedece a un criterio de facilitación del ejercicio de sus funciones. La famosa tesis de la extraterritorialidad de las embajadas o misiones diplomáticas para justificar su inmunidad ya fue superada por el derecho internacional en la edad media.

El próximo martes 6 de noviembre tendrá lugar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. En ellas se elegirá al Presidente y Vicepresidente de la Unión, pero también a 33 senadores y a la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes, a 11 gobernadores y a varios legisladores de diversos Estados.

El presidente Barack Obama buscará la reelección y su contrincante será al ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney. Romney será proclamado oficialmente candidato del Partido Republicano en la convención de su partido a fines de agosto, en tanto el Partido Demócrata hará lo propio con Obama a comienzos de setiembre. Observadores y analistas coinciden en señalar que se tratará de las elecciones más reñidas de los últimos tiempos. Según una encuesta de Wall Street Journal/NBC realizada a mediados de agosto, Obama cuenta con 48% de intención de voto, frente a un 44% de Romney, es decir, el presidente aventaja a su contendor por 4 puntos en un sondeo cuyo margen de error es 3%.

La reelección de Obama no resultará una tarea sencilla. Durante su gestión le ha tocado enfrentar una coyuntura económica sumamente difícil. Y cuando la economía norteamericana empezaba a levantar cabeza tras la crisis de 2008 y el crecimiento asomaba tímidamente en el horizonte, la crisis europea puso freno a la recuperación americana. No es extraño por ello que los temas del crecimiento económico y la creación de empleo figuren como primera prioridad de la agenda electoral. El objetivo de ambos candidatos es el mismo: dar solidez y sostenibilidad al crecimiento económico y apoyar, al mismo tiempo, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Lo que difieren son las herramientas para impulsar el enorme aparato productivo estadounidense y afianzar su posición de liderazgo mundial. Quien gane tendrá al frente una economía que crecerá a un ritmo de 2% (o menos) durante el próximo año, con el riesgo siempre presente de una recesión.

El presidente Obama es cuestionado por una gestión económica que no ha traído prosperidad a la Unión. La tasa de desempleo alcanzó el 8,3% en el mes de julio. Las banderas del cambio y la esperanza que enarboló Obama en las elecciones de 2006 parecieran agotadas, aun cuando el hecho mismo de su elección significó un avance histórico al haber catapultado, por primera vez en la historia, a un afroamericano a la presidencia de la nación. Romney, por su parte, si bien es percibido como alguien que podría hacer una mejor gestión en el frente económico, tiene la imagen de un empresario muy rico, poco cercano a las preocupaciones cotidianas del norteamericano de a pie. Ciertamente, la agenda electoral va más allá de la economía, y los asuntos de salud, inmigración, seguridad y política exterior ocupan también un lugar central en el debate electoral. Acercarse a las minorías y a los jóvenes, así como capturar el voto latino, son prioridades en la estrategia electoral de ambos candidatos.

Gane quien gane, las relaciones entre el Perú y los Estados Unidos no sufrirán cambios sustanciales. Ellas atraviesan por un excelente momento, con una agenda que no ha variado durante la última década y en donde los temas relevantes seguirán siendo la lucha antidroga, la promoción del comercio y el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho.

Luego de un breve lapso de incertidumbre tras la elección del presidente Ollanta Humala en 2011 debido a sus posiciones radicales que lo ubicaban en la esfera chavista en la región, las relaciones Perú-Estados Unidos han retornado a su nivel. Ha contribuido a ello la continuidad de las políticas económicas de apertura al mercado así como la aprobación de una estrategia antidroga que incluye la erradicación de cultivos ilícitos como uno de sus componentes. La salida de Ricardo Soberón de la conducción de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, y su reemplazo por Carmen Masías fue un cambio crucial que despejó las dudas y temores que tenía el gobierno norteamericano sobre la real voluntad antidrogas del gobierno peruano. Soberón era un conocido activista pro cocalero y promotor de la legalización de la marihuana, en tanto Masías es una reconocida experta en temas de prevención y decidida opositora a la legalización de las drogas.

El tema de la inclusión social con crecimiento económico es bien visto por Washington y si el presidente Obama es reelegido, es seguro que el Perú seguirá contando con el apoyo norteamericano en esta materia. Si el triunfador de noviembre fuera Romney, es probable que se enfatice un mayor impulso al comercio y a la inversión. En materia antidrogas, tanto las administraciones demócratas como republicanas no han mostrado variaciones sustanciales de política, y no se avizoran cambios en las tradicionales posiciones adversas a la legalización y promotoras de la erradicación de cultivos ilícitos y el desarrollo alternativo. Un mayor énfasis en la lucha anticorrupción, el lavado de activos y el fortalecimiento de las instituciones de aplicación de la ley como la Policía Nacional y el Poder Judicial, continuarán siendo objeto del apoyo antidrogas que brinda Washington, aunque en el marco de una progresiva reducción presupuestal debido a las limitaciones fiscales del gobierno norteamericano.

La República Islámica de Irán viene desempeñando un rol claramente desestabilizador en el orden internacional, pero con un peculiar énfasis en el estreno, más o menos reciente, de una clarísima presencia y política exterior concreta hacia América Latina. Herederos de la célebre SAVAK o policía política del Shá de Persia, los servicios de inteligencia iraníes juegan un rol preferencial en la actual estrategia internacional de dicha república, y hoy esos “nuevos” servicios, están maquilladamente “reformados”.

Es la VEVAK o Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional, el que opera cruenta y activamente en diversos escenarios internacionales: así, la confrontación abierta con los Estados Unidos resulta ser, paradójicamente, algo mucho menos preocupante para nuestra región. Irán está mucho más cerca de nuestro vecindario de lo que pensamos, con un concepto de “diplo-inteligencia” mantiene óptimas relaciones con Caracas, capital del proyecto Bolivariano, cuyo discurso anti-semita resulta más que evidente, y éste se convierte en punta de lanza y puente para su incursión por buena parte de nuestra región. Comenzó allí, con Chávez, articulando un fuerte entramado de convergencias políticas internacionales, pasando luego al campo de la relaciones económicas y comerciales, y desbocó hasta la posibilidad de apoyar los avezados proyectos de tecnología cohetera balística (en versión corto y medio alcance), del régimen venezolano, la transferencia de expertise (pericia) para desarrollar tecnología nuclear, cuyo discurso es siempre el de uso pacífico, culminando con un reciente y tropical proyecto de fabricación de vehículos no tripulados (UAV´s o DRONES).

La presencia iraní recaló en Bolivia, con visitas de altos jerarcas políticos y militares enviados por Teherán, algunos especialmente preocupantes que van más allá de ciertas efemérides de las Fuerzas Armadas plurinacionales; hubo alguna explícita mención de apoyo a la inaugurada Escuela de Defensa del ALBA, de Defensa y Soberanía, en el reciente año 2011 que pasó, en Santa Cruz, y su estrenada teorización de “Estrategia de Guerra Integral”, expresión expandida de la bolivariana “Guerra de todo el pueblo”, en evidente oposición a la seguridad hemisférica del Colegio Interamericano de Defensa y hasta del propio Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED), del Consejo Sudamericano de Defensa de la UNASUR, cuya sede es Buenos Aires.

Significativa fue la presencia en la creación de la escuela (donde se dice formarán a los militares del siglo XXI de Venezuela. Bolivia, Nicaragua y Ecuador, entre otros), del Ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi, requerido por la INTERPOL por virtuales nexos con el execrable atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la capital de Argentina en el 2004, o 18J. Aquello motivó luego la comprensible intervención del Centro Simon Wiesenthal en la reciente 42º Asamblea General de la OEA, de junio pasado, nada menos que desarrollada en Cochabamba, con un pedido al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, para que el órgano interamericano investigue los alcances de la cooperación oficial militar islámica de Irán en dicho proyecto en apariencia defensivo. Mientras que en paralelo, en La Paz, se daban oficiales muestras de interés —desde una reforzada y flamante sede de la Embajada de Irán— en financiar y apoyar ciertos proyectos clave de desarrollo, de industria metalmecánica y de petroquímica, pasando por la intención de apoyar la prospección y explotación de yacimientos de uranio, algunos en localidades colindantes a la frontera con el Perú, al parecer atractivos para impulsar los polémicos proyectos nucleares de la República Islámica.

En paralelo hubo intensa diplomacia presidencial con Ecuador, que si bien se circunscribió a un aspaviento protocolar, fue empleado hábilmente por el conocido estilo efectista de confrontación del Presidente Rafael Correa, de quien se dice, jugaba a la carta de recibir y fotografiarse expresamente con el Presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, para incomodar y generar deliberado resquemor en Washington, en contextos de tensas relaciones bilaterales.

Sigilosa es la progresiva expansión y presencia de legaciones diplomáticas iraníes por toda nuestra área y especialmente en el plano consular con Brasil. En suma, un escenario que, independientemente a su delicado carácter de confrontación internacional, es ya un aspecto de prioridad para la seguridad de la región Sudamericana.

Hace poco releí un viejo y ameno artículo sobre Irán escrito por el ex Embajador de Chile en el Perú, el periodista e internacionalista Alejandro Magnet, para una revista chilena, allá por fines de los setenta, en plena coyuntura del levantamiento en las mezquitas de los focos insurreccionales en la Universidad de Teherán. Este artículo sobre la agonía de la tiranía del Shá Reza Pahlevi, el triunfo khomeinista y consiguiente afianzamiento de la revolución islámica, alude a un pobre y lejano Irán; treinta años después, ese mismo Irán no nos es nada lejano… y desde luego, hoy nos genera justificadas interrogantes.

Hace unos días, el nuevo presidente egipcio, Mohamed anuló una declaración constitucional impuesta por los militares y que restringía considerablemente sus facultades como jefe de estado. Adicionalmente, Morsi destituyó al General Tantawi, ex jefe del CSFA, a su jefe del estado mayor y a varios otros altos oficiales del ejército. Esta movida ha sido interpretada por varios observadores y analistas de diversas maneras. Para algunos, ha comenzado un primer paso hacia una apertura democrática real. Para otros, en especial para los sectores más liberales y para simpatizantes del “antiguo” régimen, se propaga la idea de un contra golpe institucional por parte de los islamistas, y que llevaría a Egipto a una teocracia liderada por la Hermandad Musulmana. Pero ¿dichas observaciones son correctas?

Para responder esta pregunta, hay que tener en cuenta que el ejército continúa gozando de una situación privilegiada y mantiene una gran influencia en la política egipcia. De no haber sido por el visto bueno del CSFA, es difícil pensar que hubiesen ocurrido las dos elecciones que tuvieron lugar hace unos meses. El ejército egipcio no tuvo ningún problema en reprimir con violencia las protestas post Mubarak y los primeros candidatos a las elecciones presidenciales fueron descalificados sin razón alguna por el comité ejecutivo electoral. El “establishment” liderado por el ejército y los grandes empresarios aún continúa en el poder. Como mencionan algunos reporteros y analistas egipcios, lo que cayó en realidad es el “régimen policial” sobre el cual se apoyaba el poder de Mubarak, mas no la estructura subyacente. Se menciona que el ejército prefirió sacrificar una parte del régimen (a la policía y otras fuerzas de seguridad afines), en vez de arriesgarse a que el sistema en su totalidad se desmorone. De no haberse replegado las FF.AA., las protestas hubiesen continuado y radicalizado, y la situación política se habría tornado extremadamente tensa y polarizada, similar a lo que ocurrió en Siria antes de la guerra civil que hoy en día azota a dicho país.

Este “sacrificio” obedece a dos objetivos: En primer lugar, el ejército deseaba mantener aquella legitimidad de la que todavía goza frente a amplios sectores la ciudadanía. En segundo lugar, el ejército buscaba proteger sus intereses, como son el control de varias industrias claves para la economía del país, sus fuertes lazos con las élites económicas del país, etc., que le confieren un poder político de facto. Como evidencia de este poder que aun mantienen, el ex Mariscal Tantawi y su ex jefe de estado mayor fueron condecorados por el mismo Morsi y ahora se desempeñan como “asesores presidenciales”. Otra evidencia del poder de las FF.AA. es el nombramiento de oficiales más jóvenes en los cargos más altos del ejército y que recibieron entrenamiento y educación en EE.UU. Respecto a esto, varios portavoces de Washington han declarado que no se muestran preocupados ante estos nuevos nombramientos, ya que son oficiales que ellos conocen y que fueron a estudiar a academias militares estadounidenses. Así mismo, analistas locales también dicen que la “remoción” de Tantawi habría contado con el visto bueno de oficiales más jóvenes de las FF.AA. Para estos últimos, fue inaceptable y peligroso que Tantawi haya venido descuidando el manejo de la misma institución por su deseo de entrometerse demasiado en política. Así mismo, otros parlamentarios y figuras políticas han acusado al presidente de haber cedido la cámara baja del parlamento a cambio de que el presidente recupere sus antiguas funciones.

Entonces, puede decirse que lo que ha ocurrido en Egipto es similar a una “transición negociada” a la democracia, como ha pasado muchas veces aquí en América Latina. Los Hermanos se habrían visto en la necesidad de negociar con el Ejército para evitar así un baño de sangre mucho mayor y para impedir que los egipcios orienten sus preferencias políticas hacia opciones radicales como son los Salafistas (que en poco tiempo y sin experiencia política previa lograron un 27% de escaños en el parlamento frente al 42% del partido de los Hermanos), y para que no se clausure indefinidamente el parlamento y prohíban las elecciones. Como resultado de esta “transición”, puede decirse que el poder y el control político del país está de jure en manos de Morsi y el Partido de la Justicia y la Libertad, pero bajo la tutela y la supervisión de las FF.AA. y por los remanentes del régimen en el poder judicial y demás instancias del Estado.

Se ha mencionado también que este es el comienzo de un bloque islámico en la región y ahora, Egipto y los países árabes, conjuntamente con Irán, estarían tramando la destrucción de Israel. Pero esta afirmación es incorrecta. Por ahora, los islamistas de Egipto, como en el resto de países árabes donde han llegado al poder, están más preocupados por los severos problemas económicos que afectan a sus respectivos países. Egipto no puede cortar relaciones con Washington, no solo porque el ejército se lo impediría, sino porque de hacerlo se les cerraría el acceso a crédito y a beneficios económicos que Occidente podría proporcionar y que Morsi no está en capacidad de rechazar. Por último, de acuerdo a una reciente encuesta del PEW Research Institute, una mayoría de egipcios (principalmente suníes) no considera musulmanes a los iraníes, lo cual haría que una “alianza” Irán-Egipto sea políticamente inviable.