Panorama Mundial

En flagrante violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el propio Hugo Chávez hizo aprobar en referéndum en diciembre de 1999, se ha producido una sucesión de facto en el poder en dicho país. En efecto, con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia, el 10 de enero pasado, Hugo Chávez no cumplió con tomar posesión del cargo ante la Asamblea Nacional, como lo ordena el artículo 231 de la Carta Magna venezolana; por el contrario, se ha dejado abierta la toma de posesión del presidente electo, asumiendo la presidencia el ex Canciller y actual Vicepresidente Nicolás Maduro. En puridad, ante la evidente incapacidad física del presidente Hugo Chávez, debió aplicarse el artículo 233, en virtud del cual, ante la falta absoluta del Presidente de la República (previamente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia), debe asumir la jefatura de Estado el Presidente de la Asamblea Nacional quien debe proceder a convocar dentro de los 30 días siguientes a elecciones generales.

Lamentablemente, esta situación irregular fue avalada por el organismo hemisférico y por la mayoría de países de la región. Así, el mismo 10 de enero, los 18 países que conforman PETROCARIBE y el ALBA, a los que se sumaron Argentina y Uruguay, firmaron la Declaración de Caracas, en la que avalaban la interpretación constitucional del oficialismo, y con ello la sucesión de facto de Maduro. Adicionalmente, algunos jefes de Estado como Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua y José Mújica de Uruguay, estuvieron presentes en el acto de transmisión de mando; mientras otros más tímidamente visitaban la isla de Cuba —como fue el caso de los presidentes de Argentina y Perú, Cristina Fernández y Ollanta Humala respectivamente— para preguntar por la salud del mandatario venezolano.

La actitud complaciente de la gran mayoría de países de América Latina y el Caribe encuentra su explicación en la situación de dependencia que se encuentran muchos de ellos respecto de la ayuda y cooperación venezolana. Solo en el caso de Cuba, tenemos que dicho país recibe 100 mil barriles de petróleo diarios a muy bajo precio y en condiciones de financiación inexistentes en el mercado. Quizás la única voz solitaria fue la de un Embajador panameño en la OEA, lo que le valió ser destituido de inmediato. Brasil mismo, luego de la visita del asesor presidencial Marco Aurelio García, avaló esta situación, aunque señalando al mismo tiempo que la ausencia de Hugo Chávez no podía ser indefinida y que, en todo caso, luego de seis meses deberían convocarse a elecciones.

A todo lo anterior se suma el hecho que durante la permanencia de Hugo Chávez en Cuba, como lo ha denunciado la oposición venezolana, el centro político de Venezuela se trasladó de Caracas a La Habana, donde se encontraba convaleciente el presidente Hugo Chávez y donde supuestamente viajaban ministros y el propio Maduro para “consultar” a Chávez las decisiones más importantes del país. Esta situación puso aún más en evidencia lo irregular de este proceso.

En todo caso, el nuevo gobierno de Maduro —cuya permanencia no resulta del todo clara ante el regreso de Hugo Chávez el 18 de febrero a Caracas— se ha dado cuenta que resulta imposible para la sostenibilidad económica del régimen continuar gobernando sin adoptar medidas económicas de ajuste, altamente impopulares, pero que pretenden rencausar la economía venezolana. Este es el caso de la devaluación decretada por el gobierno venezolano, la quinta en lo que va del régimen, que ha merecido críticas no solo de los opositores sino incluso de algunos aliados del gobierno, que comienzan a señalar que Chávez no hubiera tomado una medida de este tipo. Lo cierto es que la devaluación va a aliviar a la empresa PDVSA pues le permitirá aumentar los ingresos en moneda local.

Sin duda, con un déficit fiscal de 15% en el 2012 y un índice inflacionario de 22,2% en los últimos meses, todo indica que esta medida será acompañada de otra de carácter monetario y fiscal que buscarán equilibrar la economía venezolana e impulsar su crecimiento. Tales medidas podría comenzar a reducir el 59% de aceptación con que cuenta hoy en día el gobierno de Nicolás Maduro, lo que sin duda será aprovechado por la oposición de cara a las elecciones generales que parecen inminentes.

Los problemas de Mali comienzan, curiosamente, con la caída del ex dictador libio, Muamar Gadafi. Durante sus 40 años a la cabeza del país norafricano, el fallecido coronel acumuló enormes cantidades de equipamiento militar. Una vez que el régimen colapsó, sus arsenales fueron saqueados. Dichas armas circulando sin control permitieron el surgimiento de un mercado negro; donde fueron vendidas al mejor postor. Esto les permitió a los tuareg malienses abastecerse de armas y retomar su lucha independentista contra el gobierno central en Bamako. Pero los tuareg no fueron los únicos que se vieron beneficiados por las armas de Gadafi. Los otros grandes beneficiados son los grupos islamistas radicales (afines a la ideología extremista de Al Qaeda) del norte de África.

Los tuareg, con ayuda de estos grupos extremistas, fueron capaces de expulsar al pobremente equipado y desmoralizado ejército maliense de varias zonas del norte del país, liberando varias aldeas y poblados. Esto generó indignación entre varios oficiales del ejército, que creyeron adecuado dar un golpe de estado para evitar el colapso del país. Sin embargo, el golpe debilitó aun más al Estado maliense y a sus fuerzas armadas, permitiendo a los rebeldes conquistar en pocos meses casi las ¾ partes del norte del país. Pero, en abril del año pasado los islamistas radicales desplazaron a los tuareg y comenzaron a expandirse por el norte de Mali con la finalidad de imponer su draconiana versión de la Sharia; y eventualmente extenderla a todo el país.

Ante esta situación, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) pidió autorización al Consejo de Seguridad de la ONU para apoyar a las tropas malienses en su lucha contra los extremistas. Pero, estos países, de por si pobres y con ejércitos bastante débiles, difícilmente podrían haber hecho alguna diferencia. Luego de ocho meses de cruentos combates, Mali estaba al borde del colapso y amenazaba con convertirse en un nuevo Estado fallido, quizá en una nueva Somalia o Afganistán: el país iba en camino de convertirse en un nuevo santuario para terroristas, bandas criminales y traficantes de armas y drogas, con los islamistas ad portas de su capital.

Esta situación fue inadmisible para Francia, que pidió también autorización al Consejo de Seguridad para intervenir en el conflicto de Mali. París adujo que era inaceptable que este país se convierta en un santuario de Al Qaeda en el Magreb Islámico. En enero de este año, Francia pone en marcha la denominada Operación Serval y en unas pocas semanas pone freno al avance Islamista. Por su parte, los rebeldes no tienen más remedio que huir a las montañas para poder luchar desde ahí una guerra de guerrillas contra las fuerzas francesas y sus aliados. Actualmente, la ofensiva ha menguado a las fuerzas islamistas, pero casi inmediatamente después de su retirada, han comenzado a ocurrir ataques suicidas contra las tropas de seguridad gubernamentales y de la ECOWAS.

Mas allá de las “relaciones culturales” entre Francia y su ex colonia, a París le preocupó más que Mali se vuelva un santuario para los extremistas islámicos. Era entonces prioritario para los franceses impedir que dicho país les sirva a estos grupos radicales para crear bases y campos de entrenamiento, desde los cuales pudieran atacar a Europa, y sobre todo, a Francia. En este sentido, a París también le preocupaba que desde Mali los islamistas pudieran planear atentados terroristas con el objetivo de dañar los intereses políticos y económicos franceses en la región, tanto en áfrica occidental como en el Magreb. De otro lado, François Hollande, el actual jefe de Estado francés, pudo haber intervenido en el país africano también para aumentar su popularidad a nivel nacional, ya que el país está atravesando una fuerte crisis económica, con tasas de desempleo importantes. Aunque Francia no tenga intereses económicos de consideración en Mali, donde si los tiene es en el vecino país de Níger, ya que este país posee importantes cantidades de uranio. El objetivo de los franceses fue entonces proteger las instalaciones de la compañía estatal francesa Areva, que actualmente explota uranio nigerino. De no haber intervenido en Mali para expulsar a los islamistas, pudo haberse replicado en las minas francesas de uranio un incidente similar al acontecido en Argelia a finales de enero de este año, donde AQMI secuestró a cientos de trabajadores de una planta de gas, dejando como saldo varios muertos. Francia intervino para garantizar que el uranio siga siendo extraído, dado que la mayor parte de la electricidad generada en el país proviene de reactores nucleares que funcionan en base a este material. Así mismo, los franceses importan todo el uranio que necesitan para satisfacer sus enormes requerimientos energéticos, y el 30% de dicho mineral radioactivo proviene de Níger. Entonces, puede afirmarse con certeza que garantizar su seguridad energética fue una de las principales razones por las cuales Francia intervino en Mali.

Pero la guerra contra los islamistas no está terminada aún: su repliegue temporal es para evitar ser masacrados por la aviación francesa. Mientras tanto, pelearán contra Francia y sus aliados una guerra de desgaste, empleando para ello ataques suicidas, similar a los ocurridos en Iraq y Afganistán. No obstante, las intervenciones militares pueden acentuar los problemas ya existentes, si es que no vienen acompañadas de medidas políticas efectivas que sirvan para combatir la extrema pobreza, la corrupción y para terminar con la concentración de la riqueza en unos pocos, que son las principales causas del descontento. Mientras estos problemas sigan existiendo, cientos de jóvenes seguirán uniéndose a los grupos radicales, creyendo que de esa manera van a poder construir una sociedad más justa.

Lamentablemente queda en duda el hecho que Francia vaya a comprometerse realmente a solucionar los profundos problemas que acarrea Mali. Más allá de proporcionar entrenamiento y equipamiento a las fuerzas de seguridad malienses, Francia no parece estar interesado en resolver los problemas mencionados; más aun, cuando sus propios inconvenientes económicos parecen estar acentuándose, lo cual hace difícil pensar en mayor involucramiento francés a largo plazo. La única solución para el conflicto en Mali parece ser entonces desplegar una misión de paz de la ONU que sirva, al menos, para ayudar a estabilizar a este país en el corto plazo.

El 17 de febrero del 2013 los ecuatorianos acudieron a las urnas con la opción de elegir a un nuevo gobernante, sin embargo, de acuerdo al conteo oficial, han decidido relegir nuevamente a Rafael Correa como presidente de Ecuador. A sólo unos días de las elecciones presidenciales, los sondeos otorgaban al actual presidente entre el 40% y 60% de apoyo, mientras que Guillermo Lasso, ex ministro de economía, le seguía en segundo lugar con apenas un 11%. Con la relección, Correa se convierte en el primer mandatario ecuatoriano en ocupar la presidencia por 10 años. A continuación, se analizarán los principales aspectos de su Revolución Ciudadana, los cuales le han permitido consolidarse en el poder y ser relegido por abrumadora mayoría.

En primer lugar, el énfasis de Rafael Correa en los programas sociales del Estado, amparados por el boom del precio del petróleo, le ha permitido construir un electorado cautivo y conseguir niveles de aprobación superiores al 70%. Como parte de su revolución, el gobierno de Correa ha implementado reformas significativas en los sectores de salud y educación. En el caso de la salud pública, el presupuesto del sector aumentó de 561 millones de dólares en el 2006 a 1,774 millones en el 2012, lo cual equivale al 6.8% del presupuesto nacional. Un trato similar ha tenido el presupuesto de educación, el cual aumentó del 2.5% del PBI en el 2006 al 6% en el 2012.

Dos de las políticas más populares y más recientes del Presidente Correa han sido el aumento del sueldo mínimo y el incremento del bono de desarrollo humano. A inicios de este año, faltando menos de dos meses para las elecciones, el gobierno incrementó la remuneración básica de 292 a 318 dólares, mientras que el bono pasó de 30 a 50 dólares. Está última medida beneficia a madres de familia en estado de pobreza, ancianos y discapacitados que suman alrededor de 1.9 millones de ecuatorianos. Cabe resaltar que en el año 2007, a sólo 15 días de haber asumido la presidencia, Correa aumentó el bono de 15 a 30 dólares.

Un segundo aspecto que permitió a Correa posicionarse cómodamente en la actual contienda es la concentración de poder que ha conseguido luego de numerosas victorias electorales. La primera fue instaurar una Asamblea Constituyente, la cual fue aprobada con el 81.70% de los votos en el referéndum realizado en abril del 2007. Ese mismo año en setiembre, su movimiento político Alianza PAIS, obtuvo 80 de los 130 escaños de la Asamblea Constituyente y un año después, en setiembre del 2008, por medio de un segundo referéndum, fue aprobada la nueva constitución con el 69.46% de los votos. Entre sus más de 400 artículos, la nueva carta magna permite la re-elección presidencial inmediata para un segundo mandato y le otorga al Presidente la potestad de decidir la política monetaria y de endeudamiento del país. Con esta victoria Correa logró fortalecer el Poder Ejecutivo y afrontar cómodamente las elecciones presidenciales y legislativas convocadas en 2009, con el fin de rectificar a las autoridades bajo la nueva constitución. En dicha ocasión, Correa resultó electo en primera vuelta con el 51.99% de los votos y Alianza PAIS obtuvo nuevamente la mayoría legislativa en la Asamblea Nacional.

Por si fuera poco, Correa obtuvo una siguiente victoria en un tercer referéndum realizado en el año 2011, consiguiendo que las 10 propuestas de su gobierno fueran ratificadas por la población, incluyendo las más polémicas: la reforma de la justicia y la regulación de los medios de difusión. Es así, que hasta el momento, Rafael Correa no ha perdido ninguna elección.

Otro factor que podría explicar el éxito electoral del presidente; sería su estilo carismático y polarizador, además de su constante enfrentamiento con sus detractores. Esta estrategia le ha permitido fragmentar a su oposición, la cual llegó a las elecciones presidenciales repartida en siete candidaturas débiles que incluyen a figuras desgastadas de la política ecuatoriana. Una de ellas es el ex-militar Lucio Gutiérrez, quien participó en el golpe de estado del año 2000, fue luego elegido a la presidencia en el 2002, para luego ser derrocado en un golpe de estado en el 2005. También participó por quinta vez el empresario Álvaro Noboa, además del izquierdista Alberto Acosta, el pastor evangélico Nelson Zavala y los candidatos independientes Norman Wray y Mauricio Rodas. Durante toda la campaña electoral, Correa se negó a debatir con ellos, evitando sufrir un posible desgaste político y así perder el terreno ganado. Por otro lado, no ha dado mayores detalles acerca de su estrategia para continuar su Revolución Ciudadana.

No causa sorpresa entonces que Rafael Correa haya ganado las elecciones presidenciales 2013, y que haya conseguido una nueva mayoría legislativa a través de Alianza PAIS, lo cual es crucial para conseguir la aprobación de medidas legislativas que, según lo ha expresado, volverían su Revolución Ciudadana irreversible.

La II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) llevada a cabo el 28 de enero, en Santiago de Chile, tuvo como uno de sus principales acontecimientos la designación del cubano Raúl Castro —presidente del único régimen comunista en la región— como presidente pro-témpore del CELAC para el año 2013. En medio del reconocimiento y las felicitaciones expresadas por el resto de Jefes de Estado, cabe preguntarse por las consecuencias de dicha designación y sus implicancias para el complicado camino que viene siguiendo la integración regional latinoamericana en los últimos años.

El nombramiento de Raúl Castro ha generado reacciones de preocupación y profundo desconcierto entre líderes opositores al régimen cubano, grupos defensores de derechos humanos, entre otros; quienes señalan la elección de Castro como un retroceso para los esfuerzos de integración en América Latina y un atentado contra los principios democráticos sobre los que se erige el proyecto. En efecto, el régimen cubano, a pesar de haber dado pasos significativos hacia la liberalización del país, aún continúa siendo un régimen profundamente autoritario, represivo y con una gran cantidad de presos políticos.

Por otro lado, el discurso pronunciado por Castro al asumir el cargo podría no hacer más que preocupar a sus detractores. Para el líder cubano, la integración latinoamericana solo puede entenderse en contraposición a la injerencia extranjera que han practicado y practican aún los Estados Unidos y otras potencias occidentales además de las grandes empresas transnacionales que “controlarían” los recursos naturales de la región. A diferencia de su antecesor, el presidente chileno Sebastián Piñera, Castro tiene una visión muy politizada de la integración regional y la CELAC sería entendida como una herramienta para consolidar la autonomía de Latinoamérica frente a los Estados Unidos.

Evidentemente, esa visión se encuentra en disonancia con la de muchos gobiernos latinoamericanos que en los últimos años han concentrado sus esfuerzos en la diplomacia comercial y aquella centrada en la energía e infraestructura, que además no se limita solo al ámbito regional sino que se proyecta hacia el norte, hacia Europa y recientemente hacia el Asia. Las profundas diferencias ideológicas entre los gobiernos latinoamericanos, que ha venido caracterizando los procesos de integración en la región, se hacen evidentes también en CELAC. En ese sentido, la designación Castro como presidente nos llevaría a pensar que esas diferencias se enfatizarían más, lo cual iría en contra de la unidad que se buscaría conformar.

Sin embargo, cabe preguntarnos también por los efectos reales de este acontecimiento. La presidencia de Castro —como el mismo lo ha señalado— no durará más de un año y es además asistida por una troika conformada por el gobierno antecesor, en este caso Chile, y el sucesor, Costa Rica; por lo tanto, la presidencia por sí sola no tiene efectos determinantes en el rumbo futuro del organismo. Por otro lado, la CELAC aún no cuenta con una institucionalidad efectiva, no tiene presupuesto y posee objetivos demasiado amplios y difusos que no hacen más que generar incertidumbre sobre el futuro de esta organización. Antes que efectos prácticos, la CELAC solo ha tenido efectos simbólicos, que han sido explotados sobre todo por los gobiernos de izquierda como el de Venezuela o Bolivia, mientras que el resto de países parecen más interesados en la proyección hacia el resto del mundo. La elección de Castro se agota en el plano simbólico (lo cual efectivamente compromete los valores democráticos por los cuales CELAC dice luchar) y no parecería tener mayores efectos positivos ni negativos concretos en el plano regional en tanto CELAC no es aún un organismo funcional.

Finalmente, los efectos concretos podrían darse en otro nivel: la reactivación de la diplomacia cubana y su reintegración en la política regional. Ausente durante mucho tiempo de los foros regionales, esta vez Cuba asume una gran responsabilidad tanto en la profundización de la relaciones entre los países miembros de CELAC como en las que se han tendido con la Unión Europea y Estados Unidos. En ese sentido, la elección de Castro es más importante para Cuba que para Latinoamérica y podría ser aprovechada para relanzar el país a nivel regional; ello dependerá finalmente de la visión que tengan los Castro de Latinoamérica.