Panorama Mundial

Las últimas semanas de Rafael Roncagliolo al frente de la Cancillería peruana se complicaron por dos problemas diplomáticos cuya gestión fue pobre y desgastante: Ecuador y Venezuela fueron los países involucrados.

Con Ecuador, un oscuro incidente entre el Embajador de ese país en Perú y dos señoras, luego de una compra de embutidos, y la posterior gresca entre los tres, durmió una semana en un Despacho de la Cancillería hasta que la prensa dio cuenta de los hechos. La opinión pública peruana se encrespó y la reacción en Quito envolvió al propio Presidente Correa. La solución se complicó y para alcanzarla tuvieron que dejar sus puestos el Embajador peruano en Quito y el ecuatoriano en Lima.

Lo de Venezuela se inició cuando Roncagliolo anunció que el Perú, Presidente pro-tempore de UNASUR, estaba consultando a los países miembros una nueva Declaración sobre el reciente proceso electoral en Venezuela. La reacción del Presidente Maduro fue violenta e inaceptable para la dignidad del Perú. Anunció Maduro, en medio de amenazas e insinuaciones temerarias, que retiraba a su Embajador en Lima. Dos días después el propio Maduro dio por terminado el incidente “luego de las explicaciones que el Presidente Humala le había hecho llegar con el Embajador venezolano”.

El Embajador En diplomacia, la discreción y la prudencia van de la mano. Son la regla de oro de la gestión de un Embajador. Sir Harold Nicolson en su clásico “Diplomacia” dice: “…un Embajador para ser exitoso debe saber ganar la confianza y ser del agrado de las autoridades del país donde está acreditado”. Más adelante, el autor señala que “un diplomático debe ser veraz, preciso, calmado, paciente y de buen temperamento”. A mayor abundamiento, el Barón Sonnino, Canciller italiano en 1918, tenía escrita en su Despacho la siguiente frase referida al comportamiento de los agentes diplomáticos: “Aliis licet: tibi non licet” (otros pueden tu no puedes).

El caso ecuatoriano El párrafo anterior explica porque la gestión del Embajador ecuatoriano tenía que terminar. Del lado peruano, el Canciller Roncagliolo cometió un grueso error al sumarse a “la diplomacia del micrófono” (en boga en América del Sur), en vez de utilizar canales diplomáticos discretos para informar al Gobierno ecuatoriano de los hechos y persuadir a la diplomacia quiteña que su representante en Lima había perdido capacidad de interlocución.

Faltó perspicacia y oficio para darse cuenta que la parte ecuatoriana, ante el carga montón a su Embajador y los adjetivos subidos de tono, no había podido “salvar cara” ante el pedido —público— del retiro de su Embajador. Ello llevó al propio Presidente Correa a intervenir en defensa de su representante. Las consecuencias: terminó sus funciones el Embajador del Ecuador en Perú (inevitable). Injustamente también cesó el Embajador peruano en Quito, un talentoso diplomático que venía conduciendo una exitosa gestión.

Llevar la relación bilateral con Ecuador a los niveles que ha alcanzado ha costado mucho. Los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998 marcaron un rumbo y los gobiernos que se han sucedido en ambos países han asumido que sus vínculos deben alcanzar la excelencia. El penoso bache que comentamos debe ser superado en lo formal y en lo sustantivo. Es preciso alcanzar las metas trazadas en los planes binacionales fronterizos y en la totalidad de la rica agenda común.

Venezuela Según Lin Yu Tang “Los sabios rara vez hablan y los que tanto hablan rara vez son sabios”. El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debería reflexionar seriamente sobre lo dicho por el pensador chino, más aún si su incontinencia verbal viene de la mano con una paranoia que delata inseguridad y deja entrever que el sucesor de Chávez no se siente ni seguro, ni cómodo en la silla que ha heredado.

Después de la breve y cuidadosa referencia hecha por el ex-Canciller Roncagliolo a los acuerdos adoptados por UNASUR sobre la elección venezolana, la reacción de Maduro no se justifica. Asimismo, su lenguaje altisonante, ofensivo e intervencionista debió merecer una respuesta enérgica del Gobierno peruano que, con su silencio, alimentó interrogantes acerca del contenido de “las explicaciones” que el mandatario venezolano dijo haber recibido del propio Presidente Humala.

Estamos acostumbrados a que el sucesor de Chávez, a la menor alusión de una autoridad extranjera sobre la situación interna venezolana, reaccione en forma destemplada y proteste por la “intromisión” en sus asuntos internos. Sin embargo, al contestar a Roncagliolo, se inmiscuyó groseramente en la política interna peruana y se atrevió a amenazar sibilinamente al propio Canciller.

La respuesta de Maduro dejó en claro que a Venezuela y al chavismo UNASUR les interesa en tanto y en cuanto responda a sus intereses. Si este organismo solicita —como lo hizo la Cumbre de Lima— que se garantice la transparencia electoral, desaparece del radar del chavismo. Esto merecería ser analizado objetivamente por los países miembros ya que Venezuela y sus aliados podrían decidir ponerle la lápida a su propio engendro —UNASUR— si algún día se atreviese a afirmar credenciales democráticas genuinas.

Una evaluación objetiva de este episodio lleva a concluir que la imagen del Perú se ha visto afectada. Veamos. El Presidente pro-témpore de UNASUR (Perú) convoca una Cumbre en Lima que recomienda a las autoridades venezolanas aclarar dudas acerca del último proceso electoral. Pocos días después, el entonces Canciller peruano recuerda dicha recomendación y adelanta que buscará un nuevo pronunciamiento de los miembros. La respuesta venezolana es violenta e insultante. No hay respuesta peruana a este agravio y, más bien, una semana después Roncagliolo deja su puesto con argumentos nada convincentes. “En tiempos de hipocresía cualquier sinceridad parece cinismo” (Somerset Maugham).

Un eventual contexto El Perú, por su importancia estratégica, sigue siendo “la joya de la corona” para “los socialistas del siglo XXI”. Estos han intentado y siguen tratando de instalarse en la política peruana; contando para ello con la ambigüedad del Presidente Humala y su ingenuo argumento de buscar una integración latinoamericana “sin exclusiones”, lo que en las circunstancias actuales es una utopía.

En ese entendido, cualquier oportunidad que se presente para amagar al Perú es aprovechada hábilmente por la órbita chavista. El dinamismo adquirido por la Alianza del Pacífico, que para Maduro reúne a “las viudas del ALCA”, irrita a los países del ALBA quienes, no sólo en este caso, cuentan con la bendición del Brasil.

Los dos penosos eventos que hemos analizado, muy lamentables para el Torre Tagle profesional, se gestaron de manera autónoma y alcanzaron, por sus propios méritos, las primeras páginas de los medios. Lo que despierta suspicacias es que las respuestas del Presidente Correa se radicalizaron en el preciso momento que las diferencias entre Perú y Venezuela alcanzaron su nivel más alto. En Relaciones Internacionales la casualidad no existe y en la coyuntura latinoamericana están sobre el tapete diferencias sustantivas en lo económico y sobre la vigencia y contenidos de la democracia. Más aún, no hay que equivocarse sobre los liderazgos al interior del conglomerado chavista. No siempre los que figuran son los que importan, ya que suelen ser meros instrumentos de un proyecto sofisticado, que tiene metas muy claras. Cabe recordar, parafraseando a Albert Camus, que las tiranías autócratas no se edifican sobre las virtudes de sus seguidores sino sobre la complacencia y las fallas de los demócratas.

Los atentados terroristas, en general, suelen convertirse en tentadoras ventanas de oportunidad para la vigencia y supervivencia de las burocracias públicas de seguridad, especialmente en lo concerniente al manejo de generosos y abultados presupuestos públicos asignados, a veces tan difíciles de justificar.

En este contexto se produce el atentando terrorista en Boston ejecutado en el marco de un masivo evento deportivo realizado en dicha ciudad por dos hermanos que migraron forzosamente a Estados Unidos de origen checheno, a los que no pocos expertos denominaron como “célula terrorista de aficionados”, por los limitados resultados obtenidos y la precaria infraestructura elaborada para realizar el atentado. Frente a esta temeraria acción, buena parte de la prensa norteamericana reaccionó calificando como errada la política y accionar de todos los responsables de garantizar la seguridad nacional en ese país, especialmente contra el terrorismo. El debate interno en Estados Unidos retornó nuevamente a la agenda de seguritización y la pertinencia, viabilidad y funcionalidad de los mecanismos con los que el país suele responder ante tales escenarios de violencia a escalas mayores.

Recordemos que luego del 11S, en el 2001, se puso en práctica, casi de inmediato, por el gobierno del Presidente Bush, el Programa de Vigilancia Terrorista TSP de escuchas telefónicas (“Viento Estelar”, en la jerga de ese siempre inintelegible y obscurantista léxico de los Planes de Inteligencia), relativizando la cuarta enmienda, dotando al FBI y la NSA (Agencia de inteligencia electrónica), de la capacidad para intervenir comunicaciones sin autorización judicial. El programa sería cancelado el 2005 a insistencia del Comité de Justicia y del propio Secretario de Justicia Alberto Gonzales, reorientando dichas acciones intrusivas de escuchas bajo la aprobación y control del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Internacional. A la par se promulgó, el 2001, el Acta Patriótica, supuesta norma de excepción que otorgaba a la CIA, FBI y NSA mayor capacidad operacional. Con la Comisión del 11S vendría la recomendación de una reforma radical de inteligencia: así se entiende el Acta de Reforma de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Terrorismo (S.2845), promulgada el 2004, bajo el sugestivo slogan Protecting America, la mayor reforma efectuada al sector desde la célebre Acta Truman de 1947. Con la nueva legislación, del 2004, nace una nueva burocracia estatal: el Director Nacional de Inteligencia, por encima de la CIA, gran coordinador y “zar” de todas las agencias; el Departamento de Seguridad de la Patria (Holmeland Security), y el Centro Nacional Contraterrorista (NCCT).

Frente a la ampulosa burocracia de seguridad e instrumentos en funciones, y especialmente presupuesto, el atentado de Boston de marzo de 2013 tuvo la virtud de mostrar descarnadamente, que el estamento de la seguridad norteamericana se encontraba más bien entretenido en una peculiar, intrascendente y dispendiosa acción de espionaje clásico de guerra fría en la Federación Rusa, intentando —por intermedio de agentes de la CIA destacados bajo la cubierta de personal diplomático acreditado en su embajada en Moscú (casos Dillon y Fogle de 2013)— captar personal ruso del FSB (servicio de inteligencia interno) para su causa.

El efecto no solo ha sido negativo internamente en los Estados Unidos, al incrementar el desprestigio de los servicios secretos americanos, sino también en la colaboración bilateral de inteligencia ruso-americana, por el clima de desconfianza generado. Mas aún, debe recordarse que el Servicio de inteligencia ruso exterior había alertado a sus pares norteamericanos, un par de años atrás, acerca del movimiento y ciertas características de la familia Tsarnaev; no obstante lo cual, las autoridades de inteligencia norteamericanas no realizaron el cotejo de tal información que, probablemente, podría haber neutralizado el efectista atentado de Boston.

Hace poco leí el libro: “Enemigos. Una historia del FBI” (2012), del periodista Tim Weiner. Allí se recrea, con gran realismo, la necesidad institucional y corporativa de supervivencia de los aparatos de seguridad y la búsqueda permanente de razones que los justifiquen. Sin embargo, esta justificación debe tener como base la eficiencia y eficacia de estos servicios en prevenir y controlar amenazas reales contra el Estado, dejando más bien de lado otras labores inútiles, históricamente desfasadas o poco democráticas, como el seguimiento a ciudadanos o líderes políticos.

En circunstancias en que se espera próximamente la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resultante de la controversia sobre delimitación marítima presentada por Perú en 2008, el Estado chileno ha sido nuevamente demandado ante la Haya por otro de sus vecinos, Bolivia, que el pasado 24 de abril inició un procedimiento ante ese alto tribunal en pos de su centenaria reivindicación de acceso soberano al Océano Pacífico. Debe considerarse que Chile y Bolivia son países ratificantes del Pacto de Bogotá de 1948 que tiene por objeto la solución pacífica de controversias y que, según el mismo, ambos Estados han aceptado el sometimiento ipso facto a la jurisdicción de la CIJ para considerar, por ejemplo, la existencia de cualquier hecho que pudiere constituir el incumplimiento de una obligación internacional. En esta oportunidad, la petición boliviana no se fundamenta en la pretendida nulidad del Tratado de Paz y Amistad de 1904, que ya fuera declarada inadmisible en 1920 por la Sociedad de Naciones, antecesora de las Naciones Unidas. Los destacados asesores jurídicos de la nación altiplánica —Remiro Brotons, Kohen, Sands, entre otros— saben bien que un tratado de paz es prácticamente inamovible y que no es condición suficiente que una de las partes invoque que es injusto o fue impuesto por la fuerza. Por tanto, resulta interesante el nuevo camino que está siguiendo Bolivia dado que fundamenta su argumentación en la validez de los actos unilaterales de los Estados como fuente de obligaciones jurídicas internacionales, tal como sería el compromiso adquirido por Chile para negociar un acuerdo con Bolivia otorgándole a ese país un acceso soberano al mar. En los fundamentos de hecho de la petición se alega que Chile prometió a Bolivia tratar el tema de su reivindicación marítima a lo largo de los años en diferentes procesos de negociación —entre otros, en 1950 con el presidente Gonzales Videla; en 1975, con el General Pinochet y la propuesta de Charaña; y en 2006, con la inclusión del tema en la agenda de los 13 puntos de Michelle Bachelet—. Se argumenta que Chile no ha observado estos compromisos e incluso actualmente, niega la existencia de cualquier obligación sobre el particular. En esta línea, para Bolivia, existe una disputa legal derivada de las promesas incumplidas por parte de Chile que han generado una expectativa frustrada o “derechos expectaticios”. En consecuencia, solicita a la Corte que se pronuncie y declare que Chile tiene que reconocer la existencia de una obligación de negociar de buena fe, prontamente y de manera formal, un acceso soberano boliviano al Océano Pacífico.

Sin duda, la estrategia boliviana en la Haya ha tomado por sorpresa a Chile porque se trata de un asunto complejo y, de difícil, pero no imposible probanza, dado que los actos unilaterales se encuentran admitidos tanto en la doctrina (Verdross,Venturini, Cassese, Jacqué, Sicault) como en la jurisprudencia internacionalista (Ensayos Nucleares,1974; Groenlandia Oriental,1933; Asunto de las Pesquerías,1951; entre otros). En otras palabras, el Derecho Internacional contempla que un Estado, además de sus obligaciones convencionales, puede comprometerse unilateralmente a través de una serie de actos con efectos jurídicos que se manifiestan en múltiples formas y circunstancias (declaraciones de autoridades competentes, negociaciones, propuestas, compromisos previos, etc.).

Como es improbable que Chile presente excepciones preliminares ante la CIJ, dado que implicaría mostrar anticipadamente sus elementos de defensa, la situación es que Bolivia tiene un buen caso y la controversia estará centrada en probar la existencia de la obligación del Estado chileno de negociar un acuerdo para que su vecino altiplánico pueda terminar su condición de mediterraneidad existente desde la pérdida de su litoral en la Guerra del Pacífico. Por su parte, Chile, tendrá la tarea no menos ardua, de convencer a los jueces que deben desestimar las pretensiones bolivianas, en el sentido que las declaraciones de los altos representantes chilenos no tuvieron como base una intención clara e inequívoca de generar compromisos con validez jurídica respecto de la cesión de derechos territoriales soberanos sino, en todo caso, facilitar de buena fe y con la mejor voluntad, a través de otros mecanismos y soluciones mutuamente acordadas, un mejor acceso de Bolivia al Océano Pacífico, pero teniendo como base segura y firme el respeto al Tratado de 1904.

Sin duda, uno de los valores fundamentales que impulsa la Pontificia Universidad Católica del Perú es el de la paz, entendida no solo como la ausencia de conflicto sino también como sinónimo de armonía y confraternidad, cuyas raíces en la doctrina católica son incuestionables.

Precisamente, en este espíritu, el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de nuestra casa de estudios y el Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, han venido promoviendo encuentros, desde hace cuatro años, alternadamente en Lima y Santiago, buscando crear un espacio de diálogo entre académicos y profesionales de diversas áreas de ambos países, con el objetivo de contribuir, desde la sociedad civil, a la normalización de nuestras relaciones y a la construcción de una relación vecinal distinta post La Haya.

En este sentido, participan en el grupo periodistas, abogados, economistas, sociólogos, historiadores, sacerdotes, músicos, miembros de las fuerzas armadas y del servicio diplomático en situación de retiro, muchos de los cuales han ocupado altos cargos en sus respectivos países. La participación a título personal de cada integrante ha sido vital para alcanzar los objetivos de este proyecto, convencidos que el fallo de la Corte Internacional de Justicia debe acatarse y ejecutarse al margen de cual sea su contenido, y que el mismo puede significar un punto de inflexión para el futuro de la relación bilateral.

En este esfuerzo, los veinticuatro miembros del grupo Generación de Diálogo Perú-Chile, hemos venido publicando una serie de documentos de trabajo, cuyo propósito es plantear propuestas concretas para un fortalecimiento de la relación. Así, se han publicado seis documentos en torno a experiencias de paz y buena vecindad, aspectos históricos, económicos y comerciales, migratorios, de seguridad y defensa y sobre el rol de los medios de comunicación. Asimismo, se encuentran en edición otros aportes sobre energía, recursos hídricos y medio ambiente, el rol de las iglesias y la educación.

De igual forma, los miembros del grupo emitimos un comunicado en setiembre del año pasado, que fue difundido en los principales medios de comunicación del país, y en el cual, sugerimos:

a) Alentar la promoción de una cultura de paz. b) En lo inmediato, trabajar con los medios de prensa, los medios oficiales y las redes sociales, para mantener un clima de paz, así como orientar a la opinión pública para el escenario posterior al fallo. Este esfuerzo debe ser convocante e inclusivo, para darle mayor sustento social a las políticas futuras. c) Incrementar las medidas de confianza mutua, dinamizando los mecanismos bilaterales de diálogo y cooperación en materia de Seguridad y Defensa ya existentes. d) Aumentar al máximo los esfuerzos de integración en las zonas fronterizas, a fin de lograr su mayor complementación, profundizando los trabajos del Comité de Fronteras. e) Trabajar conjuntamente para asegurar las mejores condiciones de trabajo y seguridad de los inmigrantes. f) Intensificar los esfuerzos conjuntos para alcanzar los mercados asiáticos y atraer inversión. g) Fomentar las alianzas empresariales, los flujos comerciales y las inversiones bilaterales. h) Fortalecer la cooperación en foros internacionales como, entre otros, la Alianza del Pacífico, la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (Trans Pacific Partnership-TPP) y las conexiones con los países del Atlántico, entre otros.

Como un punto importante en este proceso, la Fundación Konrad Adenauer decidió invitar a Alemania a siete peruanos y siete chilenos miembros del proyecto Generación de Diálogo, entre el 1 y el 13 de junio del presente año, con el propósito de conocer la experiencia alemana con dos de sus históricos rivales: Francia y Polonia. En este sentido, los que participamos de la visita, tuvimos la oportunidad de reunirnos con diversas autoridades de ese país, observando de cerca las diversas acciones emprendidas por estos países para superar las dificultades del pasado y construir una relación diferente para el futuro.

La experiencia de reconciliación de Alemania con Francia y Polonia es un largo y complejo proceso que, en el primer caso, lleva exactamente 50 años, desde que Konrad Adenauer y Charles De Gaulle suscriben el Tratado de Eliseo de 1963. En este largo camino, los tres países han construido una serie de instituciones y celebrado numerosos acuerdos destinados a consolidar su relación, superando las diferencias que en el pasado los llevaron a cruentos enfrentamientos armados.

Entre estas instituciones y acuerdos tenemos, por ejemplo, la Brigada Franco Alemana (compuesta por los ejércitos de ambos países para realizar operaciones militares conjuntas señaladas por la ONU, la OTAN y la Unión Europea); el intercambio de funcionarios diplomáticos entre los Ministerios de Relaciones Exteriores a efectos de cumplir funciones en el otro país; las oficinas para las juventudes franco-alemana y polaco-alemana, que permiten que anualmente más de 100.000 jóvenes convivan y compartan con familias del otro país y que se desarrollen más de 9.000 actividades binacionales al año; las oficinas para facilitación del empleo en zonas fronterizas a nacionales de la otra parte; colegios y universidades binacionales en zonas de frontera; oficinas de cooperación policial y aduanera fronteriza; hermanamientos de ciudades; acuerdos de cooperación entre municipalidades fronterizas; cooperación entre las iglesias; asociaciones para el cuidado de tumbas y/o monumentos nacionales.

Se trata, entonces, de una cooperación promovida desde los más altos niveles de gobierno pero que no se limita a las autoridades, sino que se extiende a la población en su totalidad. Si bien este proceso continúa, se ha llegado a un nivel de cooperación e integración notables, si tenemos en cuenta el poco tiempo transcurrido desde la culminación de la segunda guerra mundial y de las atrocidades cometidas en dicho conflicto armado.

Para la construcción de este proceso no solo fue necesaria la voluntad política de los gobiernos de turno de estos países, sino también una serie de gestos políticos (sin duda, el más importante de ellos: la petición de perdón) por parte de las más altas autoridades, que condujeron a sus poblaciones a iniciar un proceso de aproximación.

Este proceso en modo alguno pretende constituirse como un modelo a ser trasladado a otras realidades; sin embargo, algunas de las iniciativas llevadas a cabo en el proceso de acercamiento entre estos “enemigos históricos” pueden ser útiles para otros procesos de construcción de buena vecindad, como el que se pretende construir entre el Perú y Chile.