Gobernabilidad y Amenazas a la Seguridad:

“El mayor recurso de un país es el cerebro de sus habitantes, capaz de transformar en riqueza aquello que la naturaleza nos brinda y dar los saltos científicos y tecnológicos que llevan al progreso de la humanidad”. La frase es del amauta Javier Pulgar Vidal (1911-2003) y el lúcido pensador, abogado y geógrafo la repetía incansablemente tratando de llamar la atención sobre la necesidad  de cuidar tan valioso e importante recurso natural. Un tesoro de 100 mil millones de neuronas. Su conservación y salud, la nutrición adecuada para su óptima formación durante los fundamentales primeros años —incluso mientras se gesta en el vientre materno— y la estimulación temprana para desarrollar al máximo su potencial, debiera ser el eje del discurso de los y las candidatas presidenciales.

Un país sano, optimista, creativo, emprendedor y capaz de convertirse en parte del Primer Mundo, depende de brazos trabajadores y de mentes creadoras y lúcidas de la gente de a pie y sus autoridades. Si nos preocupa la contaminación de un río, más debiera angustiarnos los estragos causados por las sustancias tóxicas en el cerebro de un niño, una niña o un adolescente (ya sea procedentes de la contaminación ambiental y más de las drogas). Con una generación disminuida por el vicio, debilitada por la dependencia, sin más preocupación que conseguir la próxima dosis, cualquier nación va directo al fracaso.

Cuando el bosque desaparezca y el agua escasee aún más, cuando la economía colapse (una y otra vez por los ciclos del mercado) y las fuentes de energía se agoten, será el cerebro humano el que encontrará las soluciones; así como nos llevó a conquistar el espacio, a transformar el hidrógeno en combustible, a encontrar la cura y las vacunas para erradicar enfermedades que antaño diezmaban poblaciones enteras, y así como conectó el planeta a través de internet.

Diversas encuestas nacionales muestran que alrededor del 90% de la población rechaza la legalización de las drogas. Seamos sinceros, ¿Quién no ha vivido de cerca el drama de un hijo, primo, sobrino o amigo, enfermo de adicción? ¿Quién no ha sufrido por la degradación moral, física e intelectual de un ser querido a consecuencia del vicio? Madres que descuidan y maltratan a sus hijos; empresarios que quiebran por tomar decisiones fuera de sus cabales; adolescentes —hombres y mujeres—capaces de prostituirse por una línea de cocaína; enfermedades mentales latentes gatilladas; talentosos artistas cuya producción decae por la falta de disciplina, de horarios, de orden.

Las drogas “recreacionales”, en todas sus variantes (suaves y duras): marihuana, cocaína, pasta, éxtasis, opio, entre otras, son una amenaza para la salud cerebral. Frente a esto surge la pregunta: ¿Cómo asegurar un futuro mejor para el Perú, si las autoridades responsables de tomar las decisiones pueden estar bajo el influjo de sustancias que embotan la razón y distorsionan la percepción?

El ser humano dejó la húmeda oscuridad de la caverna y construyó ciudades. Desarrolló el lenguaje para entenderse con sus semejantes, arte para volcar su mundo interior y observó el entorno hasta comprender que no tenía que pasar la vida errando tras las huellas de los animales salvajes ni recolectando frutos para su subsistencia. Aprendió a cultivar la tierra, domesticó animales, se asentó en un lugar y empezó a construir la civilización. Mientras los monos siguieron en su hábitat, nuestra especie construyó hogares, familias y normas para mejorar la convivencia o al menos tratar de hacerlo. Dejó de lado la superstición y empezó a descifrar el mundo con los ojos de la ciencia. Y todo esto gracias a un cerebro que es único y nos permite reflexionar, hablar y soñar. ¿Qué sería del Perú sin una juventud capaz de soñar con un mañana mejor y tener el vigor y las ganas para conquistar ese sueño? Soñar, y no alucinar bajo el influjo de algún estupefaciente, se entiende.

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(1) El Comercio, 5 de febrero de 2011.

Ningún candidato a la Presidencia está tomando en serio el problema del narcotráfico en el Perú. En una campaña plagada de navajazos de poca monta, solo aparece en la foto cuando se quiere acusar a un adversario de tener contactos con alguna mafia o de ser financiado por ellos.

La negligencia de estos últimos años frente al narcotráfico recuerda cómo los gobiernos y la “clase política” enfrentaron a Sendero Luminoso en sus momentos iniciales. En última instancia, era un asunto de abigeos en serranías lejanas. Tuvo que verse el desembarco de Sendero en Lima para que los reflectores se dirigieran hacia el horror que hace rato ya venía siendo. La consecuencia fue que Sendero había adquirido la capacidad de amenazar al país. La hipótesis de que el Estado podía desfondarse terminó por ser verosímil a finales de la década de 1980 y en los primeros años de la de 1990.

Como hace años escribiera el politólogo italiano Norberto Bobbio, el narcotráfico se puede convertir en un fenómeno más poderoso que el terrorismo, pues mientras que este último busca destruir el Estado para establecer uno nuevo, al segundo le basta con capturarlo, penetrarlo y hacerlo funcional a sus objetivos, lo cual dificulta su derrota.

El fenómeno senderista mostró la extraordinaria debilidad del Estado. Hoy, y a pesar de los años de crecimiento de la economía, al narcotráfico le abren las puertas la enorme desigualdad social y económica, la corrupción como moneda corriente y el desprestigio del Estado como instancia ordenadora y reguladora, a lo que debemos sumar la altísima informalidad de la economía.

México ha tenido décadas de crecimiento; y a pesar de la corrupción, su Estado siempre fue bastante más legítimo que el peruano. Pero las consecuencias de la economía mafiosa están a la vista y son tremendas. Sin llegar a tanto, el Estado peruano puede naufragar. El reto requiere no solo la simplona ‘mano dura’ militar, sino políticas eficaces como el control de los insumos, persecución estricta del lavado de dinero, trabajo de la SUNAT sobre transacciones sospechosas o enriquecimientos sorprendentes, seguimiento de los vínculos entre políticos y presuntos narcotraficantes y labor rigurosa de una policía de élite y de la fiscalía.

Es cierto que el narcotráfico es un negocio multinacional, pero el Perú no puede esperar a ponerse de acuerdo con Estados Unidos y los otros países involucrados para desarrollar una política nacional propia, eficaz y disuasiva. La cosa está llegando al sálvese quien pueda y hay que actuar en correspondencia con el reto. ¿Tienen los políticos actuales voluntad para enfrentarlo? Poca o ninguna. En estas circunstancias, se impone una amplia y multicolor alianza social para presionar sobre los que gobiernen.

Es inaceptable en un país como el Perú, considerado como uno de los principales productores de clorhidrato de cocaína a nivel mundial y con agudos problemas de corrupción desde décadas pasadas, que las entidades encargadas de fiscalizar el correcto desempeño del proceso electoral que está en curso (ONPE, Unidad de Inteligencia Financiera, JNE, Ministerio Público, etc.) hasta la fecha hayan hecho muy poco —por no decir nada—, en lo que respecta a la verificación de la licitud y transparencia de los fondos económicos con que se están financiando las distintas campañas políticas.

Lo escandaloso es que existe una legislación administrativa y penal, así como convenios interinstitucionales que obligan bajo diferentes tipos de sanciones y responsabilidades a todas las agrupaciones políticas sin excepción, a informar y sustentar en un determinado plazo el origen del dinero con que cada una financia su campaña.

Que se sepa y hasta la fecha, dicha información financiera solo en algunos casos ha sido puesta en conocimiento de la opinión pública con cuentagotas y de una manera empírica y esporádica, a pesar de que la legislación lo exige bajo responsabilidad penal tanto en lo que respecta a los funcionarios que omiten sus responsabilidades, como a los candidatos particulares o partidos políticos que son reticentes a proporcionar esta clase de información, siendo aún más grave que algunas agrupaciones o candidatos hayan sido de manera reiterada vinculados o acusados con casos gravitantes de corrupción, narcotráfico y otras actividades perniciosas.

Evidentemente que la falta de una correcta fiscalización del origen de los fondos empaña, menoscaba y enturbia la transparencia de todo el proceso electoral en tanto que para sorpresa de los electores hasta la fecha y que se sepa, nadie y menos alguna agrupación o partido político han sido denunciados por haber lavado dinero o activos en un proceso electoral, teniéndose en cuenta de la importancia que estas actividades criminales tienen en el manejo y desarrollo de la economía nacional en cada uno de sus estratos.

La transparencia de los fondos con que se financia una campaña política y la labor aguda de fiscalización en cada una de las etapas, son en realidad la piedra angular de todo proceso electoral en cualquier lugar del mundo, en tanto que de soslayarse estos aspectos es previsible que quienes los proporcionaron con fines dolosos en un determinado momento de la gobernabilidad lograda exijan la devolución de los favores que fueron prestados.