Gobernabilidad y Amenazas a la Seguridad:

Mientras en Lima se discutía sobre la necesidad de una política integral contra las drogas, y particularmente el papel y peso de la erradicación de los cultivos ilegales de coca dentro de dicha estrategia, el narcotráfico continuaba su avance en el nuevo mapa de la coca en el país. Eso es lo que está ocurriendo en San Gabán, uno de los valles de la región Puno frontera con Madre de Dios, donde los cultivos de coca han ingresado a un acelerado crecimiento. Una visita a esta zona, puso al descubierto este proceso.

Este acelerado crecimiento se produce en una etapa post erradicación. Efectivamente, los cultivos de coca empezaron a crecer después del primer trimestre del año 2005, luego de que el CORAH erradicara unas 1,500 has de coca. Según ONUDD, San Gabán llego a tener unas 2700 hectáreas el año 2004, convirtiéndose así en la principal zona de producción de coca ilegal para el narcotráfico de la región de Puno.

Tras la erradicación empezó la resiembra. Al inicio, esta fue lenta y gradual pero sostenida en las comunidades donde se erradicó. Entre el año 2008 e inicios de 2010, la resiembra fue incrementándose en más comunidades pero en aéreas alejadas de la carretera interoceánica en construcción. La ausencia de programas de desarrollo alternativo, favoreció ese proceso. Eso fue un grave error. La erradicación tampoco volvió a la zona. ¿Cuál es la situación actual? Un recorrido por el valle nos da luces de lo que está pasando en el paisaje de este valle.

Loromayo. “los ayacuchanos siembran mucha coca”
El crecimiento de la coca se percibe desde la comunidad de Loromayo, pueblo ubicado a 10 minutos de la ciudad de Mazuko, capital del distrito de Inambari, hasta la ciudad de San Gabán. Los plásticos negros con hojas de coca secando al sol, son las primeras imágenes que se obtiene al ingresar a este pequeño pueblo. Los fardos de coca en las puertas de las viviendas, están a la vista de todos. Estas imágenes, junto al dominante olor a coca, son el  signo inequívoco que la coca es el producto más importante de la zona.

Por otro lado, a diferencia de hace más de un año, que los cocales estaban fundamentalmente en el monte, es decir a varias horas del pueblo y sin poder ser observados a simple vista, ahora se puede ver —en las partes altas del monte— las chacras de coca desde la nueva carretera interoceánica. Una señora de la zona que está viajando a otra comunidad cercana, lo confirma: “los ayacuchanos son los que siembran mucha coca”. Según esta versión, los impulsores del crecimiento de la coca serían un importante número de familias ayacuchanas que llegaron a esta comunidad el año 2007.

El crecimiento de los cultivos de coca en Loromayo no ha pasado desapercibido en la zona. Es vox populi. Un poblador de una comunidad cercana afirma: “allá (en Loromayo) cada familia ayacuchana siembra cada una 10 hectáreas. Ellos son los que más siembran coca y allí mismo la procesan (lo convierten en PBC). Sin duda alguna, es altamente probable que las familias ayacuchanas sean las que más siembran coca, pues son familias que han migrado del Valle del rio Apurímac y Ene. Pero eso excluye a las demás familias, procedentes de Puno y otras regiones. Todas las familias de esa comunidad siembran coca. Los demás productos, frejol de palo, yuca, plátanos, etc., son para autoconsumo.

Lechemayo: “en monte hay cantidad de coca”
En la comunidad de Lechemayo, comunidad ubicada a una hora de Loromayo y sede del centro poblado del mismo nombre, los cultivos de coca también están incrementándose mucho más. Allí, los cultivos de coca no están en las partes altas del monte –como en Loromayo- sino cerca, a pocos metros de la carretera. Se trata de varias chacras contiguas entre sí a vista de cualquier viajero. “Esas chacras son de varias familias de Andahuaylas (Apurímac) que han llegado a esta comunidad hace algún tiempo atrás” señaló un poblador.

El mismo poblador, que llegó a esta comunidad el año 2003, antes de la erradicación de inicios del 2005, contó que “este año la mayoría se ha dedicado a sembrar coca”. “Si ingresas al monte, a unas 3 a 4 horas de camino de Lechemayo, hay cantidad de coca. Todo el monte está lleno de coca”, señaló el poblador. Asimismo, refirió que “mucha gente está llegando de muchos lugares alejados a esta comunidad. Ellos llegan, compran terrenos en el monte y ‘rocean’ (talan árboles y arbustos) y abren chacras donde siembran coca.”

En efecto, a las comunidades de San Gabán están llegando muchos migrantes que llegan a sembrar coca. Una conversación circunstancial, en el colegio de esta comunidad, con un joven de unos 27 años que recién había llegado a Lechemayo de Sandia que estaba buscando terrenos para —sin ningún rubor— sembrar coca, me señaló: “Tengo un contacto en la comunidad que me llevará al monte para adquirir un terreno”. En suma, mucha gente está llegando con ese propósito.

Los cultivos de coca en esta zona, según las fuentes consultadas, empezaron a crecer con mayor fuerza desde fines del año pasado y, sobre todo, este año. “Ahora todos solo siembran coca. Antes siquiera sembraban piña; ahora ya no. No es negocio. Otros, incluido los cocaleros, se dedican al oro. Muchas “empresas” mineras nuevas están operando en la ruta hacia San Gabán, específicamente en las riberas del río Inambari. Eventualmente, cualquier poblador, sea niño, joven o adulto, se dedica a “chichiquiar” oro en el río”.

Algo más. La presencia del narcotráfico en esta comunidad ya produjo violencia. El mes de febrero del año pasado, según un miembro de esta comunidad consultado, una familia conformada por cuatro miembros fueron desaparecidos de la zona por encargo de un acopiador de coca del narcotráfico. En realidad se habría tratado de un “ajuste de cuentas” en manos de sicarios. El acopiador, según refiere la fuente, sería un huanuqueño que tenía a su servicio a un grupo de jóvenes que usaban armas largas como AKM y FAL. La familia “desaparecida” hasta la fecha no aparece.

El crimen de esta familia está impune. Las denuncias de los familiares y dirigentes de Lechemayo cayeron en saco roto. Nadie investigó a fondo para dar con los responsables de la muerte de dicha familia. Y el responsable, según refieren internamente, se trasladó a otro lugar de la zona. Es decir, que seguiría operando en algún lugar del monte. El probable “ajuste de cuentas”, el mes de junio pasado, de un joven entre el puente Inambari y Lechemayo, a quien no le robaron su moto, sería el reinicio de violencia. “Esta zona no es tranquila como parece.  Es una zona roja”, alude un poblador que resume la situación.

El panorama en la comunidad “Carmen”, ubicada en la ruta a San Gabán, es similar a las demás comunidades: se puede ver amplias chacras de coca al borde de la carretera y del río Inambari, cosa que no se veía desde el 2005. La dueña de una tienda grande que vende diversos productos pero sobre todo zapatillas, zapatos, ropa, etc., describió la situación de la zona: “aquí la gente no produce nada; solo produce coca o sacan oro del río. Una vendedora reforzó eso: “aquí hay plata de la coca y del oro”. La anciana mostró 150 soles por un gramo de oro que había vendido. En la comunidad de Cuesta Blanca ocurre lo mismo. Allí, junto a las mineras informales, las chacras de coca adornan partes de las riberas del río Inambari.

En la comunidad de Challhuamayo, otro centro poblado del valle, la situación tiene una dimensión mayor que las demás. En ella los cultivos de coca son visibles a cualquier transeúnte. En las partes altas de la montaña, poco antes de llegar a esta comunidad, se podía observar unas tres hectáreas de coca. Un chofer que hacia ruta por la zona dijo: “aquí siembran coca como si nada. Aquí la coca arde”. Eso era real: tres hectáreas estaban a vista y paciencia de todo aquel que pasara por allí.

En el centro Puerto Manoas, más conocido con el nombre de Oroya, el crecimiento de coca también ha sido notable. Este centro poblado es quizá la zona de mayor producción de coca en todo San Gabán. Hay chacras de coca entre la carretera interoceánica y el río Inambari y de la población. Un botero del puerto fue contundente: “acá todo es coca. También hay piña y cítricos (naranja, limón y mandarina), pero es poco. Lo que más hay es coca”.

La causa de este auge. El precio de la coca
Hay, pues, un nuevo auge de crecimiento de los cultivos de coca ¿Cómo se explica el nuevo auge de la coca en San Gabán? Varias personas de distintas comunidades dieron la repuesta: desde el mes de julio hasta la segunda semana de setiembre, la arroba de coca llegó a costar, más o menos, 450 soles. Incluso, varias personas de las comunidades visitadas, dijeron que la arroba había llegado a costar 500 soles. El precio descendió, a mediados del mes de setiembre, a 350 soles la arroba. Aun así es un altísimo precio. El más alto del país.

Corolario, lo real es que —con ese precio alto de la coca— el narcotráfico está alentando la siembra de más coca en San Gabán. Eso es lo que impulsa a la gente de la zona y, también, foránea que está sembrando aceleradamente los cultivos de coca. Si consideramos las cuatro cosechas anuales podemos tener una comprensión más cabal de porqué los productores de la zona se han dedicado a sembrar coca. Según fuentes consultadas en la zona, la coca ha crecido mucho desde el año pasado (más en el segundo semestre) y todo este año.

Así, de haber cambios rápidos, San Gabán, marcha a un nuevo esplendor de  la coca para el narcotráfico. Seguramente, creen que difícilmente volverá a ingresar la erradicación a esta zona. Evidentemente que la ausencia de control estatal así como la cercanía al Brasil y Bolivia, son factores que favorecen este reimpulso del  narcotráfico a promover los cultivos de coca en esta zona. Eso está ocurriendo mientras, simultáneamente, se consolida como ruta de la droga que viene del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) rumbo a Brasil o Bolivia, la misma que se ha visto favorecida con la construcción de la carretera interoceánica.

Evitemos que la situación se complique aún más.

Me remonto a medio siglo atrás: éramos niños,  jugábamos  a “policías y ladrones”  y cantábamos entre miedosos y felices  ¿”Lobo estás”? Era clarísimo, en nuestro imaginario,  la línea divisoria entre “los buenos y los malos”, “entre  los  lobos y los  corderos”  y era  sólo en la ficción que nos atrevíamos a cambiar de roles, para volver, rápidamente, al sosiego de la certidumbre de que nada malo podía sucedernos.

¿Cómo se fue haciendo la realidad amenazante? ¿Cuándo oímos, por vez primera, mencionar  las palabras  “crimen” y “narcotráfico”? ¿Qué ha ido significando, hoy, este fenómeno, en nuestras vidas, como peruanos y ciudadanos de un mundo cada vez más global e interdependiente? Sin lugar a dudas, mucho.

El narcotráfico es una actividad  ilícita y perversa que logra penetrar  países, gobiernos,  familias y personas. Tiene la facultad, incluso, de romper los límites de la cordura. Observemos, por ejemplo, a un paciente dependiente a pasta básica de cocaína y su desesperado afán de consumirla. O a un delincuente disparando a una niña, bajo los efectos de la cocaína. O a una  persona atropellada por alguien que condujo un vehículo bajo los efectos de la marihuana o el alcohol. La droga distorsiona la realidad, fomenta el sentimiento de omnipotencia, a la vez  que debilita  conciencias y convierte  la existencia de individuos y grupos involucrados, en un eslabón utilitario donde producir, traficar y consumir se refuerzan mutuamente.

México hoy llega a los 30,000 asesinatos (FDA. 2,010). Muchos de ellos tienen por víctimas a hombres y mujeres que alzaron sus voces contra el narcotráfico. Ya son más de 67 periodistas y 7 defensores de los derechos humanos, aniquilados. En los 14 primeros días del año 2,011, en este país hermano, cada 40 minutos murió una persona a causa del crimen organizado, es decir, 507 seres humanos se sumaron a aquellos que han dejado a los  que hoy llamamos “narco huérfanos” calculados en 50,000 niños, niñas y adolescentes.

Colombia, en más de 50 años de violencia, asociada a la subversión y al narcotráfico, ha producido casi cuatro millones de desplazados y numerosas personas con discapacidades por efecto de las minas antipersonales. Muchos niños y niñas se encuentran entre estas víctimas.

Perú se estaría convirtiendo en el primer exportador de cocaína y para ello doblega conciencias e incluso emplea a niños y niñas en las pozas de maceración de la hoja de coca y a adolescentes en el traslado de la droga.

Las líneas telefónicas, pidiendo ayuda, cada día suenan más y las instituciones del Estado, en el Perú, a penas pueden responder, con 700 camas, a las necesidades de internamiento de adictos. Y más grave aún: son plazas sólo para varones, ya que a veces en nuestros sistemas, pareciera que las mujeres no requiriesen de servicios de este tipo “porque se trata de un asunto de machos”. Si se analiza la cultura de las drogas, “la masculinidad exacerbada” se hace sentir: en los crímenes por competencia entre bandas, en el sojuzgamiento de colectividades y en la sujeción de la mujer que se torna, en muchos casos, en  co adicta, ya sea por ingresar al consumo o por  encubrir a la pareja o recibir sus golpes.   Son también las mujeres forzadas, en numerosos casos, a dejar su hogar y su tierra de origen frente a los riesgos del crimen organizado. En Colombia, por ejemplo, del total de desplazados forzosos, el 53% lo constituyen mujeres y el 17% niñas y adolescentes. (Andrade, 2,010).

Podríamos, entonces, decir que la infancia se ha acortado. Que los juegos inocentes pueden, en muchos casos, perder su condición de sosiego y certidumbre, sobre todo para aquellos niños y niñas que viven en zonas donde la producción, el tráfico y el consumo se han venido instalando.

La cultura de la ilegalidad, que pretende imponer el narcotráfico y otros rubros del crimen organizado, tiñe, de uno u otro modo, la vida de las familias, sobre todo de aquellas de menores recursos y cercanas a la problemática.

La socialización primaria de niños y niñas viviendo inmersos en zonas y países donde el narcotráfico tiene un marcado protagonismo, está, en muchos casos, ligada a la desestructuración de la familia y del propio yo. El niño, la niña y el adolescente, “se acomodan” al escenario en el cual deben defenderse, incorporándose a él, venciendo, así  el miedo y haciendo suya esa nueva realidad. Comercializar la droga o consumirla  es, al fin y al cabo, “comulgar” siendo partícipes de un fenómeno que no llegan a comprender del todo, pero que promete aliviarlos. Sabemos, sin embargo que el desengaño se dará más temprano que tarde.

En los últimos años, el narcotráfico ha terminado por convertirse en la principal amenaza para la seguridad del Perú. Su crecimiento y desarrollo tienen como punto de partida el incremento progresivo de la producción ilegal de la hoja de coca durante la última década.

Esta situación es muy preocupante, porque si bien en los últimos años la actividad cocalera en el Perú ha mantenido un incremento constante, a partir del presente año, esta tendencia parece marcarse aún más debido a ajustes de patrones de producción de coca en países vecinos, así como por la consolidación de tendencias hacia el alza en producción y extensión en zonas intermedias como Palcazú, Pichis, Pachitea, San Gabán, y Aguaytía,  inclusive en zonas de reciente expansión de la frontera amazónica.

Así lo demostraría el Informe de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para Perú y Ecuador (UNODC) sobre el “Monitoreo de Cultivos de Coca 2010” presentado en junio del presente, según el cual el Perú obtiene el primer lugar tanto como país productor de hoja de coca como de clorhidrato de cocaína. El informe señala que nuestro país tendría 62,500 hectáreas de cultivo ilegal de coca frente a las 59,000 hectáreas que tendría Colombia. En lo que respecta a la producción de clorhidrato de cocaína, el Perú produciría 350 toneladas al año frente a las 330 toneladas producidas por Colombia.

Estas cifras demuestran fehacientemente que los esfuerzos que se realizan por luchar contra el narcotráfico en nuestro país son claramente insuficientes, ineficaces e inconexos. Por ello, desde nuestro particular punto de vista, se requiere un replanteamiento total de la estrategia de lucha contra el narcotráfico que contemple un mando ejecutivo centralizado (unidad de comando) con control real de todos los diversos factores  que involucra la lucha eficaz contra este flagelo: a) erradicación y sustitución de cultivos; b) interdicción terrestre, aérea y acuática; c) control de insumos químicos; y d) lavado de activos.

DEVIDA, que funge como el líder de la lucha antinarcóticos, en la práctica no ejerce tal liderazgo puesto que, según su propia normatividad, esta entidad sólo se limita a planificar y monitorear la lucha antidrogas en el Perú. De la erradicación se encarga el CORAH dependiente del Ministerio del Interior y aquí nos limitamos a erradicar las insuficientes  10,000 hectáreas al año gracias al financiamiento de los Estados Unidos. El Estado peruano prácticamente no compromete recursos propios para financiar mayores niveles de erradicación, lo que claramente demuestra su falta de compromiso con el tema. Además está claro que una política más agresiva de erradicación de cultivos de coca debe ir necesariamente de la mano de un fuerte programa de sustitución de cultivos. Si la erradicación no viene acompañada de un fuerte apoyo para la sustitución de cultivos, estamos condenando al fracaso cualquier programa de erradicación.

De la interdicción al narcotráfico se encarga la DINANDRO y pese a sus esfuerzos los resultados son desalentadores. Por ejemplo para la elaboración de las 302 TM de cocaína en el 2009 se requirieron 23,123 TM de insumos químicos, de los cuales sólo en ese año fueron incautados 475 TM, lo que representa apenas el 2% de los mismos, porcentaje nada satisfactorio. En lo que a incautación de clorhidrato de cocaína se refiere no vamos mucho mejor, según cifras de UNODC del 2008 de 302 toneladas producidas sólo se incautó algo más de 16 toneladas.

Si se considera que más del 50% de la producción de cocaína se  produce en el VRAE, zona donde se encuentran desplegadas 28 bases del Ejército que luchan contra los remanentes de Sendero Luminoso, no tiene mucho sentido que las FF.AA. no participen de la lucha contra el narcotráfico en apoyo a la Policía Nacional. Ante esta situación, el Estado tiene todo el derecho de adoptar las medidas necesarias a fin de utilizar eficientemente todos los medios a su alcance para combatir el tráfico ilícito de drogas y sus insumos químicos, e impedir que se continúe generando zozobra en la población y evitar así el incremento de actos delictivos que afectan el normal desarrollo integral y equilibrado del país.

En cuanto al lavado de activos se requiere dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera, actualmente adscrita a la SBS de mayores recursos humanos y materiales, pero sobre todo de un claro y firme respaldo político en el desarrollo de su labor que lo blinde de interferencias externas.

Por su parte, un efectivo control de insumos químicos requiere que se invierta en un software que permita realizar el seguimiento detallado de los mismos desde que ingresan  al país vía importación, hasta su comercialización considerando aspectos tales como comprador, volumen de venta, finalidad del insumo, y obligación de reportar posteriores ventas a terceros.

Todo lo recomendado en las líneas precedentes resulta imprescindible si de verdad existe la voluntad política de llevar adelante una lucha frontal y exitosa contra el narcotráfico, pero lo más importante de todo es que las diversas líneas de lucha antinarcóticos aquí esbozadas estén bajo la conducción y supervisión directa de una autoridad del Estado del más alto nivel, con total respaldo político e institucional, que reporte directamente al Presidente de la República y porque no, que tenga asiento y voz en el Consejo de Ministros. En tal sentido, en mi opinión requerimos con urgencia una suerte de “Director Ejecutivo Nacional de Lucha contra el Tráfico de Drogas” que dirija y articule todos los esfuerzos del Estado con ese norte.

Tal como nos enseñara el General Sun –Tzu, unos de los principales principios de la guerra es la unidad del comando, cosa que no podemos darnos el lujo de olvidar en la guerra contra el narcotráfico que debe asumir el Perú durante las primeras décadas del siglo XXI.