Panorama Mundial

Luego de seis largos años de litigio, el fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha puesto fin a la controversia marítima entre el Perú y Chile, reconociendo finalmente, derechos de soberanía y jurisdicción en favor de nuestro país sobre un área aproximada de 50,000km2, de los poco mas de 66,000km2 en disputa. En otras palabras, se reconoció el 100% del denominado triángulo externo y cerca del 55% del triángulo interno, todo lo cual arroja un resultado favorable para nuestro país de casi el 75% del espacio marítimo reclamado.
Esto, lamentablemente, no mejora la situación de Tacna, pues la Corte reconoció la existencia del paralelo como límite marítimo entre los dos países, desde la intersección del paralelo trazado a partir del hito 1 con la baja mar, hasta la milla 80, basándose en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 y las Actas de 1968 y 1969. Tales instrumentos, impidieron que el éxito fuese total, sentando además la Corte un peligroso precedente, al establecer que un acuerdo tácito puede fijar una frontera marítima.
Ahora corresponde llevar a cabo la ejecución del fallo, resguardando debidamente los derechos peruanos en la importante zona marítima incorporada a nuestro dominio marítimo. Si bien la Corte no ha definido las coordenadas de la intersección del paralelo que parte del hito 1 con bajamar (porque extrañamente, no le fue solicitado), esto no requiere de negociación alguna, pues es un tema matemático que debe ser establecido con prontitud por las partes sobre base técnica y de buena fe. Asimismo se impone la adopción inmediata de un conjunto de medidas en favor de Tacna, que destierren el sentimiento de abandono señalado por sus habitantes, incorporándolos en la senda del desarrollo y el crecimiento emprendidos desde hace mucho por nuestro país. Se impone también un estudio sobre los recursos vivos y no vivos comprendidos en este espacio marítimo, que nos permitan tener cabal idea sobre las potencialidades económicas del mismo y su proyección futura.
De otro lado, debe precisarse que este fallo en modo alguno puede ser aprovechado para afirmar la posición chilena sobre el denominado triángulo terrestre, en tanto la competencia de la Corte ha sido limitada en este caso al ámbito marítimo, pero además porque el propio fallo así lo establece (ver párrafos 163 y 175). En consecuencia, si bien a partir del fallo el triángulo terrestre se convierte absurdamente en una costa seca, es y seguirá siendo territorio peruano, según el Tratado de Lima de 1929 y las Actas de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites de 1930.
Estamos convencidos que una ejecución inmediata del fallo, servirá para atenuar las desconfianzas existentes, creando las condiciones para iniciar la construcción de una relación distinta entre ambos países, basada en la cooperación y la integración, en beneficio de ambos pueblos.

El lunes 27 de enero de 2014 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio lectura, en audiencia pública —como lo mandan los artículos 58 de su Estatuto y 94 de su Reglamento— a la sentencia que pone fin a la controversia sobre la delimitación marítima entre el Perú y Chile. Desde esa fecha, el fallo es obligatorio, definitivo e inapelable, según lo establecen los artículos 60 del citado Estatuto y 94.2 del Reglamento de la CIJ.
En esta sentencia la CIJ ha decidido lo siguiente:
a) En cuanto al punto de inicio en la costa de la frontera marítima, ha determinado que será aquel en el que se intersecten la línea de marea baja con la proyección del paralelo de latitud sur que atraviesa el Hito N° 1, conforme lo solicitado por Chile. Esta determinación se ha basado, principalmente, en las Actas de 1968 y 1969 referidas a la instalación de marcas de enfilación visibles desde el mar que “materialicen el paralelo de la frontera marítima”; es decir, los faros colocados en esos años alrededor del Hito N°1.
b) En cuanto a la frontera marítima, en primer lugar, ha determinado que el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 recoge un acuerdo tácito entre Perú y Chile, en el sentido de considerar el paralelo geográfico como la frontera marítima. Sin embargo, reconoce la CIJ que la ubicación de ese paralelo y su extensión no fueron claramente establecidas por las partes. Así, en cuanto a su ubicación, de acuerdo con lo señalado en el punto anterior determinó, por las razones expuestas, que debía ser el paralelo de latitud sur que atraviesa el Hito N° 1.
En cuanto a la extensión del citado paralelo, determinó que debe tener 80 millas náuticas; es decir 148.16 Km. Sobre esto último, la CIJ primero descartó la posibilidad de que el paralelo tenga una extensión de 200 millas, en atención a que no ha encontrado norma alguna que respalde esa posición chilena, sumado al hecho de que en los años 50´s la mayoría de los Estados no reconocían tal cantidad de millas como mar sobre el que podían ejercer soberanía y jurisdicción. Luego, determinó que en los años 50´s la actividad pesquera de Perú y Chile “con seguridad” se concentraba en las primeras 60 millas y, aunque existían incidentes de pesca y captura de naves incluso en zonas alejadas a más de 100 millas de las costas, la CIJ ha determinado que no puede afirmar con completa convicción que se realizara actividad constante más allá de las 80 millas. En ese sentido, decidió que el paralelo que constituye la frontera marítima entre el Perú y Chile tendría una extensión de 80 millas marinas.
Ahora bien, en segundo lugar, la CIJ determinó que a partir de la milla 80 no se había establecido una frontera marítima y que, por tanto, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional, es decir, el Derecho del Mar contenido fundamentalmente en la CONVEMAR, corresponde trazar una línea equidistante hasta la milla 200 en dirección sur-oeste (que figura en el mapa contenido en la sentencia como la línea que une los
2
puntos A y B), que luego debe prolongarse en dirección sur hasta el punto en que coinciden las proyecciones de 200 millas del Perú y Chile (lo que figura en el citado mapa como aquella línea que une los puntos B y C).
Finalmente, en tercer lugar, habiendo determinado tal frontera marítima y, por tanto, la pertenencia al Perú del área antes conocida como “triángulo externo o exterior”, señaló que no era necesario pronunciarse sobre el pedido del Perú en relación con dicho triángulo, ahora dentro de su jurisdicción.
En este orden de ideas, si bien la CIJ ha puesto fin a la controversia limítrofe marítima entre el Perú y Chile, es necesario precisar que quedan tareas pendientes en torno a temas directa e indirectamente tratados en la sentencia bajo comentario.
Así, si bien en el Acta de Lima de 1930 referida a la colocación de los hitos en la frontera terrestre entre ambos países se determinó que el Hito N°1 estaría ubicado en la latitud sur 18°21´03”, hay que tomar en consideración que la CIJ recuerda que “el 09 de enero de 2001 el [Perú] informó al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas de su desacuerdo con la interpretación chilena según la cual la frontera que separa a los dos Estados estaría constituida por el paralelo de 18°21´00” de latitud sur”. Esos 03” representan, aproximadamente, 92 metros de diferencia (norte – sur) entre dichos paralelos que, recordemos se proyectan 80 millas náuticas y sirven para la determinación de la línea equidistante. Confiemos que esta diferencia se deba a un cambio o actualización de la metodología utilizada para la determinación de la localización de los hitos en 1930 y que la metodología actual, con la que esperamos que coincidan Chile y Perú, permita salvar o aclarar esta situación.
Por otro lado, tanto Chile como Perú deberán establecer la metodología a utilizar para la determinación de la línea de marea baja que se empleará para la fijación del punto de inicio de la frontera marítima, pues hoy cada país tiene una metodología propia.
Fijada la ubicación del Hito N°1 y determinada la línea de marea baja, podrá recién fijarse el punto de inicio de la frontera marítima, según hemos indicado líneas arriba, para luego poder medir la distancia de 80 millas náuticas para fijar el, así llamado, punto A, a partir del cual partirá la línea equidistante cuyas coordenadas geodésicas hasta el punto B y luego hasta el C deberán, también, ser establecidas por las partes, ya que la CIJ no las ha determinado. Sólo en ese momento podrán elaborarse y notificarse las cartas náuticas de ambos países y, desde el lado peruano, modificarse la Ley de Líneas de Base que hoy considera como punto de inicio de la frontera marítima al punto Concordia (18°21´08”).
A propósito de la modificación de normas, convendría también recordar que la CIJ ha señalado que “el agente del Perú formalmente ha declarado, en nombre de su gobierno, que «la expresión ‘dominio marítimo’ que figura en la Constitución peruana es utilizada de conformidad con la definición de los espacios marítimos previstos por la Convención de 1982 [CONVEMAR]» (…) [y que] La Corte toma nota de esta declaración que expresa un compromiso formar del Perú”.
Esto último ha motivado a un sector de políticos chilenos a señalar, como condición para el cumplimiento de la sentencia, que el Perú debe modificar su Constitución y adherirse a la Convención sobre el Derecho de Mar. Al margen de la falta de respeto
3
que esto representa, es evidente según lo citado, que la CIJ no demanda tal cosa del Perú. Sin embargo, sería prudente aclarar este asunto e informar a la población de cada país sobre las normas que se aplicarán tanto en el mar peruano como en el mar chileno, al margen de la posición que cada uno de nosotros pueda tener en torno a la CONVEMAR.
Adicionalmente, habría que recordar que el Convenio de 1954 antes citado sigue en vigor, según la misma CIJ ha señalado. Dicho instrumento internacional establece, como sabemos, una zona especial de tolerancia pesquera que tiene un ancho de 10 millas náuticas a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre el Perú y Chile, y que parte de la milla 12. Al respecto, convendría aclarar que dado que el citado paralelo que constituye el límite marítimo, según lo señalado por la CIJ, tiene 80 millas de largo, debiera fijarse en la milla 80 el final de esa zona de tolerancia pesquera. Esto, sólo para evitar “dudas” y con la salvedad, evidente, de que ambos Estados podrían acordar prolongar dicha zona a lo largo de la nueva línea de frontera marítima o algo distinto, en función de las nuevas tecnologías y de las necesidades actuales de los pescadores de la zona.
Finalmente, como se establece en la sentencia, “la Corte no ha sido llamada a pronunciarse sobre el emplazamiento del punto Concordia, o comienzo de la frontera terrestre. Ella hace notar que este último punto podría no coincidir con el punto de partida de la frontera marítima, tal como ella lo ha definido. La Corte nota, sin embargo, que una situación así sería la consecuencia de los acuerdos concertados entre las Partes” (véase párrafo 175).
En torno a este tema, la posición chilena ha sido que en tanto que la Corte ha determinado el paralelo como la frontera marítima, estaría confirmando que dicho paralelo, también, es la frontera terrestre. Es más que evidente, de la lectura del fallo, que esta posición no es correcta. Como el Perú sostiene, el punto de inicio de la frontera terrestre fue determinado en el Tratado de Lima de 1929, en el que se establece que dicho punto estará ubicado en un lugar en la costa (orilla del mar) a 10 Km al norte del puente del río Lluta, lo que el Perú entiende que está en el punto de intersección de la costa (orilla del mar) con el paralelo de latitud sur de 18°21´08”.
De acuerdo con la posición peruana, entonces, el fallo habría generado un triángulo en tierra, que forma parte del territorio peruano, que estaría bañado por mar chileno, lo que se conoce como “costa seca”. Así, convendría aclarar este tema, pero de ninguna manera considerarlo como un impedimento, traba o condición para el cumplimiento de la sentencia y la determinación de las coordenadas de la frontera marítima fijada por la CIJ.
En suma, si bien la CIJ ha resuelto la controversia limítrofe marítima entre el Perú y Chile, ha dejado, algunos temas pendientes. La gran mayoría de ellos son de naturaleza técnica y, por tanto, se presume que pueden resolverse mutua y rápidamente. Sin embargo, como se puede apreciar, algunos temas se refieren a cuestiones que requerirán un manejo político prudente.

Saludamos con entusiasmo el retorno al seno de la patria de 50,000 km2 de espacios marítimos (22 mil km2 recuperados de la ZEE de Chile y la ratificación de nuestros derechos sobre 28 mil km2 supuestamente de la Alta Mar), los cuales desde 1947 deberían haber formado parte de la proyección peruana, con la cual se inició en su época, un justo reclamo sobre los recursos naturales contenidos en las 200 millas frente a sus costas; los nuevos espacios marítimos como la zona económica exclusiva (ZEE) y la plataforma continental, fueron recién reconocidos universalmente en noviembre de 1994, cuando entró en vigor la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Ilustres oficiales hidrógrafos de la Armada Peruana observaron con preocupación, el absurdo técnico de los paralelos geográficos, así como la necesidad de establecer las líneas de base para definir adecuadamente las fronteras laterales con los países vecinos y con alta mar aun pendiente de concretar. El Almirante Guillermo Faura G., hizo pública la preocupación de la Armada en 1976, situación que ha sufrido un largo proceso de evolución.

El fallo de la Corte establece la “delimitación” marítima entre el Perú y Chile, por lo cual ambos países deben efectuar la “demarcación”; este proceso, debe arrancar con el establecimiento del “punto inicial”, ubicado por la Corte en la intersección de la línea proyectada por el paralelo de latitud desde el Hito Nro. 1 y la línea de baja marea. Este punto debe ser definido, de común acuerdo por ambos países, ya que cada cual utiliza un plano diferente de baja mar. Una vez establecido el “punto inicial” y determinadas las coordenadas geográficas en un Datum común, debería amojonarse en el terreno, mediante el hincado de un pilote o riel, a fin de perennizar la ubicación de este “punto inicial”.

Luego se podrá trazar la línea hasta el punto “A”, a 80 millas del “punto inicial”, siguiendo la dirección del paralelo de latitud del Hito Nro. 1 y determinar sus coordenadas geográficas; posteriormente, a partir del punto “A”, mediante la definición de una línea equidistante de ambas costas peruano-chilenas, se continuará el trazado, hacia el suroeste, hasta la intersección con el círculo de las doscientas millas chilenas con Alta Mar, determinando el punto “B”; finalmente, en dirección sur, se deberá seguir la línea de doscientas millas chilenas hasta interceptar el círculo de doscientas millas peruanas en el punto “C”, el cual además, es el punto final de la línea equidistante de las costas peruano-chilenas a partir del “punto inicial”.

Cuando en el párrafo 178 de su sentencia del 27 de enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) inicia la parte referida al trazado mismo de la frontera marítima entre el Perú y Chile, lo hace indicando lo que en un principio podrían parecer dos diferencias entre los Estados litigantes, en relación a la legislación internacional sobre el mar. Así, en primer lugar, la Corte indica que si bien Chile es parte de la CONVEMAR, el Perú no lo es; y, en segundo término que, mientras Chile reclamaba 12 millas de mar territorial y una zona económica exclusiva extendida a 200 millas de su costa, el Perú reclamaba 200 millas de “dominio marítimo”.

Sin embargo, inmediatamente después, la Corte nos recuerda que el Agente peruano ya había declarado formalmente en representación de su Gobierno que el término “dominio marítimo” (utilizado en nuestra Constitución) se aplicaba en forma coherente con las zonas marítimas establecidas en la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 (CONVEMAR).1 Por tanto, no existía esta segunda diferencia pues el Perú no reclamaba 200 millas de mar territorial sino que lo hacía igual que Chile: 12 millas de mar territorial y una zona económica exclusiva extendida a 200 millas de su costa, en la cual se tienen, principalmente: a) derechos soberanos para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales (tanto vivos como no vivos), de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y otras actividades económicas; b) jurisdicción con respecto al establecimiento y utilización de islas artificiales; la investigación científica marina; y, la protección y preservación del medio marino.2

Es decir, desde el inicio de este caso el Perú aceptó que si bien no era parte de la CONVEMAR, sus normas le eran aplicables en la medida que reflejaban los principios y las normas de la Costumbre Internacional sobre la materia, fuente principal del derecho internacional y de igual jerarquía que las provenientes de un tratado.3 Además, se debe tener presente que el Perú invocó como fundamento legal de su demanda el principio rector de la delimitación de la zona económica exclusiva (ZEE) y de la plataforma continental entre Estados con costas adyacentes, recogido en la CONVEMAR, por lo que era vital que quedara sentado, desde un inicio, que el Perú reconocía como válidas para si las normas de este instrumento.

De esta manera, el Perú habría reconocido implícitamente ante un órgano de las Naciones Unidas, que su mar territorial tiene una extensión de 12 millas y que a partir de ahí hasta la milla 200 lo que posee es zona económica exclusiva además de una plataforma continental. Así también, el gobierno peruano daba por concluida cualquier discusión que pudiera haberse suscitado sobre la expresión “dominio marítimo”, concepto que verdaderamente nunca ha existido dentro de la terminología del derecho internacional del mar.

El párrafo 178 citado concluye señalando que “la Corte toma nota de esta declaración que expresa un compromiso formal de parte del Perú”, lo que significa que no solo le son aplicables los principios de la CONVEMAR en tanto recoge normas consuetudinarias universales sino también porque estas fueron aceptadas por nuestro país a través de un acto unilateral como es el reconocimiento, en este caso, de una norma que le es aplicable.

Este reconocimiento a los principios y por tanto a las zonas establecidas por la CONVEMAR fue ratificado en el acuerdo alcanzado en la Reunión del 2+2 Perú-Chile, el 6 de febrero último, como lo indica el numeral 3 de este documento:

3. Conforme a lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia en el párrafo 178 del Fallo, el Perú ejercerá sus derechos y obligaciones en toda su zona marítima, en forma consistente con el Derecho Internacional como se encuentra reflejado en la Convención de 1982, tanto respecto de Chile como frente a terceros Estados. Chile declara, a su vez, que continuará ejerciendo sus derechos y obligaciones en toda su zona marítima conforme a la Convención de 1982.

Como corolario ineludible de esto, se señala expresamente una segunda obligación que cierra el círculo de coherencia entre la norma internacional y la nacional:

4. Cada país asume el compromiso de efectuar la identificación de su normativa interna que pudiere ser inconsistente con el Fallo, teniendo en cuenta lo antes expresado, y procederá a adecuar dicha normativa de conformidad con dicho Fallo. Sin perjuicio de lo anterior, Chile y el Perú coinciden en que el Fallo prevalece sobre su normativa interna.

Finalmente, si bien no existe duda alguna que la intención del Gobierno chileno de condicionar la ejecución del fallo a la ratificación de la CONVEMAR por parte del Perú, era impertinente e inaceptable por ser un acto de injerencia en un asunto estrictamente interno, lo cierto es que ser parte de este tratado resulta necesario para que el Perú pueda velar —bajo protección internacional— por todos sus derechos en los espacios marítimos bajo su jurisdicción.

Las obligaciones principales ya las hemos asumido formalmente, ¿cuáles son, entonces, los verdaderos temores a ser parte de este tratado? Parecieran ser más temores de índole de política interna por no aceptar en el discurso nacional lo que ya se aceptó a nivel internacional: no tenemos 200 millas de mar territorial. Es más, nunca las tuvimos porque el derecho internacional jamás reconoció esta posición.

————————————————————-

1 Efectivamente en el alegato oral del Estado peruano de 3 de diciembre de 2012, se manifiesta lo siguiente:
“26. Señor Presidente, en nombre del Gobierno del Perú, deseo formalmente dejar constancia del compromiso del Perú con el moderno derecho del mar reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. La Constitución peruana de 1993, su legislación interna y la práctica del Perú se encuentran en total conformidad con el derecho del mar contemporáneo. El término “dominio marítimo” que utiliza nuestra Constitución se aplica de manera coherente con las zonas marítimas establecidas en la Convención de 1982; la Constitución se refiere expresamente a la libertad de comunicación internacional. [Lo resaltado es nuestro].
27. En síntesis, el Perú acepta y aplica las normas del derecho internacional consuetudinario del mar tal como se encuentran plasmadas en la Convención.”
2 Véase artículo 56 de la CONVEMAR referido a los derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva.
3 Así en la demanda del Perú ante la CIJ, se indica lo siguiente:
“IV. El Fundamento Legal de la Reclamación Peruana
7. Los principios y normas del derecho internacional consuetudinario sobre delimitación marítima, tal como se encuentran reflejados en las disposiciones relevantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (“CONVEMAR”) y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y de otros tribunales, constituyen las principales fuentes de derecho aplicables a la presente controversia”.