Panorama Mundial

Hasta la confirmación del resultado del referéndum en el Reino Unido del pasado 23 de junio la gestión de refugiados parecía ser el principal problema europeo. Sin embargo, un mecanismo relativamente marginal a una identidad europea tan profundamente arraigada en la democracia representativa1 sirvió para demostrar cuan fácilmente la demagogia puede impregnar referendos y plebiscitos, en este caso proyectando sus amenazantes consecuencias al Reino Unido, a la Unión Europea y al resto del Mundo.

Permitiendo que emociones colectivas derroten fácilmente a la lógica de la economía, al consejo de la buena política, e inclusive al sentido común ciudadano, el referendo convocado por el ahora renunciante Primer Ministro Cameron, erosiona a la Unión Europea, una de las pocas episodios de éxito de la historia moderna, como lo reconoce Kazuo Ishiguro, uno de los escritores mas destacados de la lengua inglesa contemporánea al recordar que la “…tan envidiada transformación del matadero de guerras totales y regímenes totalitarios que era Europa en una región de democracias liberales que viven en una amistad sin fronteras se ve hoy profundamente amenazada por la miopía británica”2.

Las consecuencias potenciales del Brexit son diversas y nada esperanzadoras y su análisis extensivo excedería el espacio disponible. Intentaré acercarme a una motivación que pareciera estar hasta ahora alejada de la opinión pública como consecuencia de una campaña que ha querido poner todo el énfasis en el enojo ciudadano con normas europeas de libre circulación de personas.

Lo que más llama la atención en la disección de las emociones y acciones británicas es que los políticos que alentaron el Brexit nunca tuvieron presente como gestionar el éxito de su cometido, tal como lo evidencia la posterior renuncia de Boris Johnson, ex-Alcalde de la “City” de Londres3 a su esperada candidatura al liderazgo Conservador, o de Nigel Farragel, líder del Partido Independentista del Reino Unido (UKIP) y parlamentario europeo. Ambos, junto con otros, demagógicamente arguyeron contra el impacto de los trabajadores migrantes centroeuropeos que la UE obligaba al Reino Unido a recibir, omitiendo aludir al alto número de sus connacionales que reside en el sur de Europa amparados por esas mismas normas de movilidad. Con ello, ocultaron que mientras en el primer caso se trata de trabajadores que pagan impuestos y cotizan a la seguridad social británica, en el segundo se trata mayormente de pensionistas que por edad presionan sobre los servicios de salud y mecanismos de protección social de Grecia, Italia, España y Portugal, entre otros.

No tenían un plan de gestión para el Brexit porque con la decisión de abandonar la UE obtenían su objetivo final: liberar a la City de Londres de los marcos regulatorios de Bruselas, en especial los que resultan de la crisis financiera del 2008 que hizo prioridad política para Bruselas la supervisión bancaria y de manera general la regulación financiera. Ello incluye la creación de una unión bancaria europea —en la que previsiblemente los Estados que no son parte de la Eurozona, con excepción del Reino Unido, buscarán participar para no quedar al margen en la toma de decisiones— así como de las normas conocidas como MiFIT II4, para regular mercados de capital que debieran incorporarse a la legislación nacional respectiva el pasado 3 de julio y entrar en aplicación en el 2018.
De hecho, las cuatro demandas presentadas en octubre de 2015 por el Primer Ministro Cameron a sus socios de la UE para prevenir el referéndum de junio pasado, no mencionaban de manera explícita el tema migratorio esgrimido por los promotores del Brexit. Por el contrario, estas demandas se centraban en5:
a) Dejar al Reino Unido fuera de cualquier avance hacia un Estado supranacional europeo, exceptuando del principio fundacional de “una cada vez mayor Unión”;
b) Una “declaración explícita” que reafirme que la UE es una unión con múltiples monedas nacionales y por lo tanto que el Euro no es la moneda oficial de la UE;
c) Establecimiento de un sistema de “tarjeta roja” que conceda a los parlamentos nacionales el poder de detener directivas no deseadas aprobadas por Bruselas o derogar legislación existente a la fecha; y,
d) Una nueva estructura en la Unión que prevenga que aquellos países miembros de la UE que no están en la Eurozona no sean dominados por las normas que decida el Eurogrupo, con protecciones particulares al respecto para la “City” de Londres.

Las expectativas de Cameron no fueron avaladas por sus socios europeos que, sin desconocer los problemas políticos que confrontaba el gobierno de la isla, no parecían dispuestos a permitir lo que hubiese significado un retroceso decisivo en el proceso integrador6. Sin embargo, la naturaleza de esos cuatro puntos no dejan lugar a dudas que el verdadero objetivo británico ha tenido en todo momento que ver con la “City” y no con los migrantes que fue el argumento empleado para movilizar votantes a favor del Brexit.

El proyecto de unión bancaria europea ser orienta a estimular en el continente europeo el crecimiento de mecanismos de financiamiento no bancario, reduciendo así la vulnerabilidad que produce la alta dependencia que hoy existe respecto de los bancos, como quedó expuesto en el 2008. Los colapsos bancarios en un contexto globalizado pueden tener consecuencias para la economía global por lo que resulta indispensable asegurar un régimen de supervisión estricto a la vez que uniforme para todos los operadores que evite perforaciones de la supervisión.

Es que esa crisis sucedió a un período de muy importante crecimiento del sector bancario en Europa. En aproximadamente diez años países como Alemania o el propio Reino Unido vieron duplicarse la relación en el tamaño de sus respectivos sectores bancarios respecto de los mercados de bonos o de acciones; mientras que en los Estados Unidos esa misma relación permanecía casi inalterada. Esta diferencia fue aun mayor en los países de la Eurozona, en la que hasta dos terceras partes del financiamiento obtenido por empresas no financieras procedía de créditos bancarios, a diferencia de los Estados Unidos donde esa relación no llega al 20%. En el Reino Unido, por su parte, los mercados de valores y de bonos tienen una importancia bastante mayor en el financiamiento de la inversión empresarial a lo que sucede en el resto de Europa.

Como se sabe, el resultado ha tenido y tiene aun consecuencias de mayor y más largo plazo en la Europa continental pues los bancos se vieron forzados a restringir el crédito para preservar y reconstituir la proporción de su capital respecto de sus carteras crediticias, afectando con ello el crecimiento y prolongando hasta ahora el período de recuperación.

En el Reino Unido, sin embargo, el crecimiento acumulado entre el 2008 y el 2015 fue superior —cerca del 6% vs. 2% en el caso de la Eurozona— aunque aún débil como para salir de una recesión tan marcada como la que produjo la crisis, sin embargo, es evaluada como un crecimiento intermedio entre el logrado en ese período por los Estados Unidos y el del resto de la UE.

Al menos en parte ello pudiera contribuir a explicar porqué en Londres —ciudad que votó mayoritariamente por permanecer en la UE— aun los pro-Europa prefieren abordar los desafíos del sector bancario desde la dimensión nacional que asumen no será en todo caso muy diferente a la europea, pero respecto de la que mantendrían en el ámbito nacional la última palabra. Sin embargo, al no pertenecer a la unión bancaria no habrían participado de los procesos de toma de decisión del Banco Central Europeo.

Entendidas así las motivaciones, el referendo se vio además favorecido por el hecho que el Reino Unido es principalmente una isla, su lengua es cada vez más cercana a ser universal y posee armamento nuclear, lo que sin duda constituye un importante aporte a la autoconfianza colectiva, aunque sin consultar los verdaderos costos que esta decisión les puede llegar a infligir.

En cuanto a la UE lo ocurrido puede ser una oportunidad si decidieran no agotarse en el control de daños, dejar de lado la auto-complacencia que la acompaña en un contexto de bajo crecimiento, alta imposición tributaria y exagerada regulación; y hacer de esta crisis una oportunidad para avanzar en una integración que en muchos aspectos era frenada por el Reino Unido. Políticas comunes en campos como la defensa, el fiscal y el energético, complementados por una democratización de la elección a cargos críticos en Bruselas, haciéndolos resultado de la voluntad ciudadana y no de arreglos políticos en el Consejo, sumados a un sinceramiento en políticas de protección social, la liberalización de servicios, entre otros, deberán permitir a la UE fortalecerse, recuperar liderazgo y con ello volver a asegurar que los valores de occidente sobrevivan a los embates de la globalización.

1 Con tal vez la excepción de Suiza, donde los referendos tienen una fuerte tradición.

2 Financial Times 1 Julio 2016. Life & Arts. Kazuo Ishiguro on his fears for Britain after Brexit. Véase en: <https://next.ft.com/content/7877a0a6-3e11-11e6-9f2c-36b487ebd80a.> Consultado el 1 de julio de 2016.

3 Nombre con el que se alude a la milla cuadrada dentro de la ciudad de Londres en la que funcionan las corporaciones financieras que han hecho del Reino Unido un centro mundial de primer orden y que constituyen hoy el motor de la economía británica.

4 MiFID son las siglas en inglés de la Directiva para Mercados de Instrumentos Financieros. Adoptada originalmente como Directiva 2004/39/EC se modificó como consecuencia de la crisis financiera luego de ser aprobada por el Consejo de la UE en Mayo de 2014

5 Véase:http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/11924603/David-Camerons-four-key-demands-to-remain-in-the-EU-revealed.html. Consultada el 1 de julio de 2016.

6 Si bien circularon versiones que no resulta inverosímiles acerca de la preparación en Frankfurt de un plan para no perjudicar a la City, un entendido esencial y preocupación europea consistía en no dejar espacios tan abiertos como para el funcionamiento no supervisado de mercados financieros, en especial luego de la experiencia del 2008.

Con el cese al fuego del pasado 23 de junio, Colombia da un paso firme en su búsqueda de un acuerdo definitivo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Claramente este cese tiene tres connotaciones importantes: una social, una política y una militar.

A nivel social, claramente esta noticia favorece a los municipios más afectados por los enfrentamientos entre los actores armados. Algunos pueblos como Caloto y Toribío en el Departamento del Cauca, dos de los pueblos más golpeados por el conflicto, celebraron la decisión y abrazaron la posibilidad de poder vivir sin guerra. Es decir, a nivel social, los pobladores de las zonas que estuvieron dentro de los planes geoestratégicos de los combatientes, consideran que es un momento histórico y apoyan todo lo que salga de la Mesa de La Habana con miras a la firma definitiva.

El escenario político por su parte, se encuentra dividido entre quienes acompañan la iniciativa presidencial y quienes consideran que es otra burla al país que ha sufrido tantos años enfrentando a este grupo guerrillero. Por supuesto esto tensiona el proceso de paz y genera una presión adicional a los puntos que se están negociando. Las grandes críticas se enfocan en algunos puntos que han sido tomados como indicadores de impunidad hacia a un grupo que el mismo Estado colombiano considera terrorista. Estos puntos son: la aplicación del esquema de justicia transicional, desde la cual se impondrán las penas para los integrantes de las FARC; también la entrega de las armas, ya que se ha hablado exclusivamente de la “dejación” ¿qué pasará con dichas armas entonces? Otro punto es la participación política de los guerrilleros, ¿será directamente en el Congreso de la República con algunas curules? En cuyo caso se ampliarán las curules o se le quitarán a otros partidos. Por supuesto existen también los opositores políticos que desde los sectores de derecha se lanzan a cuestionar el acuerdo y en general todo el proceso; porque consideran que el presidente Santos ha “vendido” el país al terrorismo y se mira con temor el camino que sigue y que se asume como de crisis económica y social, por supuesto con una persecución política contra quienes se han opuesto a negociar y a apoyar todo este proceso.

Finalmente, en el campo de lo militar, desde la presidencia y el ministerio de Defensa, se ha mantenido la posición de que el diálogo fue posible por la victoria militar frente a las FARC. Sin embargo, si bien las capacidades militares de las Fuerzas en Colombia son incuestionables, incluso a nivel internacional; el tufo político que algunos uniformados retirados y condenados por delitos mientras eran activos detectan en sus procesos judiciales, los hace pensar que son la cuota que la guerrilla ha pedido para poder seguir dialogando en Cuba. Algunos militares privados de la libertad como el Coronel Hernán Mejía, consideran que hay una persecución política y judicial y así lo ha plasmado en su libro: “Me niego a arrodillarme”, el cual ha tenido un gran índice de ventas y va por su segunda edición en menos de 6 meses. Solamente por señalar uno de los ejemplos más relevantes. De igual manera, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (ACORE) siempre ha tenido una posición crítica y se ha convertido en un interlocutor válido desde el sector militar retirado para mantener un cuestionamiento frente al proceso de paz.
Por supuesto que las Fuerzas Militares y de Policía siguen trabajando bajo las órdenes de mantener el control y la seguridad en el país. De igual manera cada vez más cooperan a nivel internacional y han empezado a debatir abiertamente su participación en la seguridad regional e internacional a partir de operaciones de mantenimiento de paz y algunos apoyos humanitarios en zonas que se requieran. Además porque el problema de las disidencias y las bandas criminales que ya existen, sin contar la otra guerrilla que es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen representando una amenaza en términos de la seguridad nacional y la seguridad pública.

Consecuencias: firma e implementación
Lo que viene es quizás el desafío más grande que haya tenido el país, en toda su historia desde su misma conformación republicana. Así de desafiante es el futuro, ya que el tejido social está totalmente roto después de 60 años de división social del país. No porque necesariamente haya habido una guerra civil en el sentido pleno de su significado, sino porque las consecuencias sobre la población civil, de un conflicto como el que se ha vivido, obligan a repensar por completo a la sociedad colombiana. La reparación a las víctimas, implica el concurso de todas las instituciones. Desde la misma empresa privada que genere las oportunidades de desarrollo y estabilidad económica para evitar la repetición y la generación iterada del discurso de la exclusión social; hasta los esfuerzos individuales y colectivos de la ciudadanía para lograr lo que parece más difícil: el perdón para la reconciliación. El desastre humanitario es lo que queda de una guerra que políticamente parece tener solución.

El proceso de implementación de lo que finalmente se acuerde, es la consecuencia inmediata. Esto implica una reforma política que defina los interrogantes expuestos anteriormente. Si el conflicto inició, al menos en el discurso, por el cierre de la participación política, la primera consecuencia es el rediseño del sistema político colombiano, es decir, hay una reforma política en el horizonte que debe incorporar a la mayor cantidad de sectores y posturas políticas.

En segundo lugar, y como se señaló, las disidencias de las FARC serán la consecuencia militar y política que afecte a la seguridad y a la estabilidad del país. El primer frente de las FARC en un comunicado abierto expresó su decisión de no desmovilizarse, afirman: “hemos decidido no desmovilizarnos, continuaremos la lucha por la toma del poder por el pueblo y para el pueblo; independientemente de la decisión que tomen el resto de integrantes de la organización guerrillera. Respetamos la decisión de quienes desistan de la lucha armada, dejen las armas y se reincorporen a la vida civil, no los consideramos nuestros enemigos”.1 Sin embargo, ya apareció un comunicado desde el secretariado, máximo órgano de las FARC, rechazando esta decisión y señalando los intereses económicos (la región donde opera este frente es de conocida actividad narcotraficante, Vaupés y Guaviare en los Llanos Orientales del país). En el comunicado, el secretariado señala: “El sector de mandos y combatientes del Primer Frente que decidió renegar de sus principios, apela a argumentaciones ideológicas y políticas a fin de ocultar la evidente influencia de intereses económicos opuestos a la terminación del conflicto. El conocimiento de lo acordado en la Mesa de La Habana fue negado y tergiversado a los guerrilleros de base por los mandos implicados. (…) El Estado Mayor Central y su Secretariado son las máximas instancias de dirección y mando en las FARC-EP. Sus determinaciones, órdenes y orientaciones son de obligatorio cumplimiento para todos sus integrantes. Declararse al margen de la Dirección pone por tanto a quien lo hace por fuera de las FARC-EP, no puede usar su nombre, armas y bienes con ningún propósito.”2

Es decir, el debate político y la lucha por lo que deja la eliminación de las FARC como estructura combatiente, apenas comienza.

1 Caracol Radio. El frente “Armando Ríos” de las Farc asegura que no se desmovilizará. 8 de julio de 2016. Recuperado de: http://caracol.com.co/radio/2016/07/06/nacional/1467835688_851283.html
2 Revista Semana. La dura advertencia de las FARC al frente primero. : 8 de julio de 2016. Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-hace-una-advertencia-al-frente-primero/481045

La Organización de los Estados Americanos (en adelante, OEA), desde su creación en el año 1948, ha tenido como una de sus piedras angulares al sistema democrático, siendo el fortalecimiento de la democracia y promoción de la buena gobernabilidad una de sus principales tareas.

La aprobación de la Carta Democrática Interamericana (en adelante, la CDI) en setiembre de 2001, es una prueba de ello. La CDI ciertamente simboliza el consenso que existe entre los países miembros de la OEA sobre el concepto de democracia y su responsabilidad de protegerla. Este instrumento, sin dejar de reconocer la diversidad de los regímenes democráticos, establece las características mínimas a partir de las cuales se puede considerar qué país es democrático. Así, enuncia, diferenciándolos en dos artículos, lo que califica como “elementos esenciales” (artículo 3) y “componentes fundamentales del ejercicio” (artículo 4) de la democracia representativa. Dichos conceptos hacen notar que la CDI ha logrado plasmar en su texto una definición amplia de democracia: democracia no sólo significa ser elegido democráticamente, sino también gobernar democráticamente.

Sobre dicha base, la CDI prevé distintas situaciones de crisis de las instituciones democráticas, así como los procedimientos y medidas de acción colectiva para dar respuesta a cada una de ellas. Estas situaciones son: (1) el riesgo del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder (artículo 17); (2) las situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder (artículo 18); (3) la alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático (artículo 20); y (4) la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro, a juicio de la Asamblea General (artículo 21).
Si bien la CDI no define en qué consiste cada uno de esos supuestos, cada caso concreto debe ser objeto de un análisis particular a fin de calificar el calibre de la lesión a la democracia, la cual puede resultar de un acto único o de una política gubernamental que la menoscabe gravemente o destruya su esencia.

Esto comporta una dificultad para la puesta en marcha de la CDI. Salvo en el caso del artículo 17, cuya aplicación inicial depende exclusivamente de la voluntad del gobierno afectado, en los demás supuestos la apreciación de la gravedad de la situación depende en definitiva del juicio que se formen los gobiernos de los Estados partes, lo que sucede en la aplicación del artículo 20 de la CDI. En caso de grave “alteración” de la democracia, el artículo 20 faculta al Secretario General o a cualquier Estado miembro a convocar inmediatamente al Consejo Permanente de la OEA para evaluar la situación.

Fue en base a dicho artículo, que el 30 de mayo de 2016, en su calidad de Secretario General, Luis Almagro solicitó al Consejo Permanente que realice “una apreciación colectiva de la situación” en Venezuela y adopte “las decisiones que estime conveniente”.

Para ello, Luis Almagro expuso detalladamente en un informe las razones en las cuales basaba su solicitud, alegando los problemas que atacan a los venezolanos, como es la inexistencia de la separación de los poderes públicos, los altos grados de corrupción, los ataques a la libertad de expresión y de prensa, el gran número de presos políticos, la escasez de alimentos y medicinas, el inminente colapso de los servicios públicos, entre otros; haciendo hincapié en la necesidad de la realización del referendo revocatorio a Nicolás Maduro, conforme a lo establecido en la Constitución.
A efectos de ello, el 23 de junio del presente año, se convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en la que se requería el voto de la mayoría de los 34 países miembros (al menos 18) con el objeto de aprobar la realización de gestiones diplomáticas para promover la “normalización de la institucionalidad democrática” en Venezuela.

Si bien no se alcanzó dicha mayoría, sí se decidió tomar nota de la presentación del informe de Almagro y se dejó abierta la posibilidad de conformar un “grupo de países amigos” que sirva de mediador ante la crisis venezolana.

Sin embargo, Almagro ha asegurado que la CDI está activada y que la evaluación colectiva de la situación de Venezuela se ha iniciado, sin que esto signifique que haya sido aprobada su aplicación por la mayoría de países miembros. Se entra en una “evaluación del tipo político”, aseguró, por su parte, el secretario de asuntos jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi. Desde mi punto de vista, considero que dichas afirmaciones son un poco forzadas.

Independientemente de las ventajas que implica el artículo 20, cuya aplicación no requiere del consentimiento del Estado afectado, será necesaria la cooperación del gobierno venezolano a fin de que las gestiones a realizarse tengan posibilidades de éxito, por lo que podríamos decir que, implícitamente, este dispositivo también entraña en algún grado el acuerdo del gobierno.

Es conocido el hecho de que el actual gobierno venezolano mantiene una posición de rechazo a la OEA, por lo que, siendo realistas, resulta difícil que las gestiones diplomáticas prosperen.

Dentro de un escenario real y actual, en caso se activen los mecanismos de defensa de la democracia previstos en la CDI en contra del Estado venezolano, lo más seguro es que la Asamblea General de la OEA tenga que optar por la sanción más grave contemplada en la Carta: la suspensión de Venezuela como miembro pleno de la OEA hasta que se supere la situación de ruptura del orden democrático, estipulada en el artículo 19 de la CDI.

Atendiendo a la grave situación por la que atraviesa actualmente el pueblo venezolano, considero que la OEA tiene al frente un escenario evidente para aplicar la cláusula democrática. Si la situación antidemocrática persiste en
Venezuela junto a la inacción de la OEA, entonces la credibilidad y eficacia de esta Organización están en juego.
Lo sucedido el 23 de junio en el seno del Consejo Permanente evidencia que si bien la promoción de la democracia supone una de las prioridades de la OEA, aún se conforma como un objetivo en construcción por el cual se debería continuar batallando.

En efecto, si bien uno de los pilares de la OEA es la promoción y fortalecimiento de la democracia en el continente, siendo una de las prioridades de la agenda hemisférica, el diagnóstico de la situación hoy en América Latina evidencia que la democracia continuará puesta a prueba en el futuro inmediato, prueba de ello es lo que sucede en Venezuela.

Debemos reconocer que la labor que desempeña la OEA en el campo de la democracia es sostenida por los diversos órganos, organismos y entidades que conforman el Sistema Interamericano, y su garantía reposa en la acción colectiva y la decisión y compromiso unilateral de cada uno de sus Estados miembros. Es en este último aspecto en el que reside el éxito o el fracaso de toda iniciativa hemisférica, promovida en el seno de la Organización. Difícilmente podemos separar a la OEA de sus partes componentes, los Estados.

Los Estados miembros de la OEA no deben caer en una complicidad pasiva con el gobierno venezolano al no aplicar la CDI. Dicho instrumento les otorga las herramientas y las pautas para buscar una salida a la crisis venezolana.
Lo sucedido el 23 de junio dejó en claro que el Estado venezolano no está dispuesto a cooperar, que solo depende de los Estados miembros de la OEA lograr que la aplicación de la CDI se haga afectiva, y que los fundamentos democráticos de la misma Organización no sean solo una ilusión. Aún las puertas no se han cerrado para ello.
El desafío ya está planteado. Basta poner manos a la obra

El domingo 26 de junio de 2016, tras la disolución de la legislatura más corta de la historia democrática de España (la XI legislatura), se celebraron las elecciones generales en España, dando inicio a la XII legislatura de las Cortes Generales, sobre la cual recae la noble labor de elegir al nuevo presidente de España y no repetir la actuación de la legislatura pasada.

El fracaso del Congreso de Diputados en otorgar la confianza a algún presidenciable en los dos meses posteriores a la elecciones generales de diciembre de 2015 provocó, por primera vez desde el establecimiento de la democracia en España, la firma del decreto que disolvía las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Así, el pasado 3 de mayo del presente año, el Rey Felipe VII, mediante el Real Decreto de Disolución de las Cortes Generales y Convocatoria de Elecciones, puso fin a la XI legislatura en aplicación del inciso 5 del artículo 99 de la Constitución, el cual señala que: “si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso”.

Las Elecciones Generales de 2015
El 20 de diciembre de 2015, 25´350,447 ciudadanos españoles acudieron a las urnas para participar de los comicios electorales y decidir la renovación de 558 de los 616 escaños que conforman las Cortes Generales1.
El vencedor de las elecciones fue el Partido Popular, presidido y liderado por el presidente y candidato a la reelección Mariano Rajoy, que obtuvo en el Congreso de los Diputados una mayoría simple de 123 escaños (28,71 % de los votos), seguido del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) liderado por Pedro Sánchez, que obtuvo 90 escaños (el 22,01 % de los votos). Como tercera fuerza, el partido liderado por Pablo Iglesias, Podemos, que se presentó por primera vez a las elecciones generales, obtuvo 42 diputados (un 12,69 % de los votos) que sumado a las coaliciones electorales autonómicas vinculadas a Podemos, como En Comú Podem (3,69 % de los votos), Podemos-Compromís (9, 2,67 %) y En Marea (6,1,63 %), dieron un total de 69 diputados y el 20,68 % del total de los votos2. En el Senado, el Partido Popular mantuvo la mayoría absoluta, con 124 escaños. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consiguió 47 escaños, seguido de Podemos y sus aliados con 16 escaños.

¿Por qué los comicios electorales de 2015 resultaron en una fallida investidura?
Existen diversas razones por las cuales fue imposible que el Congreso de los Diputados de España otorgara confianza para la investidura a uno de los candidatos a la presidencia durante los dos meses posteriores a las elecciones generales de diciembre de 2015. Por un lado, la pérdida de votos de los dos partidos grandes de España provocó que ninguno de ellos pudiera alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de Diputados, dificultando la formación de alianzas a fin de obtener los votos necesarios para una sesión de investidura exitosa. El Partido Popular y el Partido Socialista, que hace cuatro años sumaron casi el 75% de los votos, consiguió en estas elecciones tan solo el 50% de los sufragios, perdiendo 3.7 millones y 1.6 millones de votos respectivamente. La consecuencia directa de la no existencia de una mayoría absoluta es la incertidumbre sobre la identificación del nuevo presidente; ya que, para poder conocer a ciencia cierta su identidad sería necesario una coalición PP-PSOE, lo cual es inimaginable dada las orientaciones políticas de cada uno de ellos3. Por otro lado, el ascenso de Podemos como fuerza política es otra de las razones que dificulta el consenso al disipar los votos en el Congreso. Este partido se caracteriza por ser de izquierda y expresar abiertamente su oposición al partido que cuenta con mayor aceptación, el PP. Asimismo, Podemos se presenta como una opción alternativa en contra del bipartidismo en la democracia española, marcada por la alternancia entre el PSOE y el PP en el poder, que ha provocado la crisis económica en España y la deficiente recuperación frente a esta en los últimos años.

Elecciones Generales de 2016 ¿Podría ocurrir lo mismo que en la anterior legislatura?
En esta segunda convocatoria, la candidatura del Partido Popular obtuvo el mayor número de votos y escaños con 137 diputados y un 33,03 % de votos, no pudiendo nuevamente alcanzar la mayoría absoluta.

El panorama para la elección de un presidente en los próximos dos meses es incierto y similar al que se vivió durante la disuelta legislatura XI debido al gran número de partidos políticos en el Congreso y a la negativa de estos en negociar alianzas. En la actualidad, el PSOE ha manifestado expresamente su negativa a negociar una alianza con el PP, señalando que ellos “no facilitarán la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy”4. Por su parte el líder del PP, Mariano Rajoy, ha planteado el pasado 04 de julio la necesidad de contar a la mayor celeridad posible con un Gobierno que esté dotado de estabilidad para lo que plantea alcanzar “un acuerdo al menos de mínimos y abarcar los temas en los que haya discrepancias”, mostrando de esta forma su flexibilidad a fin de formar nuevas alianzas que le permitan su reelección5.

1 Los 58 escaños restantes serán ocupados por aquellos que las Comunidades Autónomas designen, de acuerdo con el artículo 69 inciso 5 de la Constitución española.
2 MINISTERIO DEL INTERIOR. Elecciones Generales 2015. 20 de diciembre de 2015. En: <https://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES> Consultado el 09 de Julio de 2016.
3 MIZHARI, Mario. “Elecciones en España: cómo se elige al futuro presidente”. 1 en: Infobae. 19 de diciembre de 2015. En: <http://www.infobae.com/2015/12/19/1777598-elecciones-espana-como-se-elige-al-futuro-presidente>Consultado el 10 de julio de 216.
4 ABC. “El PSOE avisa a Rajoy de que seguirá diciéndole «no» tras su Comité Federal”. 04 de julio de 2016. En: <http://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-psoe-avisa-rajoy-seguira-diciendole-no-tras-comite-federal-201607041801_noticia.html> Consultado el 11 de julio de 2016
5 ABC. “Rajoy apuesta por un «acuerdo de mínimos» para formar un Gobierno dotado de «estabilidad»”. 04 de julio de 2016. En: <http://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-rajoy-apuesta-acuerdo-minimos-para-formar-gobierno-dotado-estabilidad-201607041059_noticia.html> Consultado el 11 de julio de 2016.